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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01500-00

Acción de tutela contra providencias judiciales

Fecha
18 de mayo de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
120 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01500-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Problema jurídico

  1. ¿Cumple con el requisito general de relevancia constitucional la acción de tutela contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó la sanción moratoria por cesantías de una docente afiliada al magisterio?

Reglas

  1. La tutela contra providencias judiciales no puede convertirse en una instancia adicional del proceso ordinario ni reabrir debates ya decididos por los jueces competentes.

    «Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una»
  2. Por más informal que sea la tutela, quien la interpone contra una providencia debe presentar serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones judiciales.

    «fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo»
  3. Para que la tutela contra providencias tenga relevancia constitucional, no deben proponerse argumentos nuevos que no fueron expuestos en el proceso ordinario.

    «nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario»

Decisión

Declara improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, sin pronunciarse de fondo sobre los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente alegados contra la sentencia del tribunal.

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Sandra Elena Espinosa López, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01500-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

18 de mayo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01500-00
Demandante: Sandra Elena Espinosa López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01500-00
Demandante: SANDRA ELENA ESPINOSA LÓPEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN C

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Sandra Elena Espinosa
López contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 21 de marzo de 20231, en ejercicio de la acción de tutela, a través de apoderado, la
señora Sandra Elena Espinosa López pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la
administración de justicia.

A juicio de la actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del 22
de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, que denegó las pretensiones de reconocimiento y pago de la
sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA en la sentencia
proferida el día 22 de febrero de 2023, en el expediente rad. No. 11001-33-42-050-2022-00131-
01, transgredió́ los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA
EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO,
GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL,
de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados
de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la
jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se
profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema
edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la
Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…).

1 Índice 1 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01500-00
Demandante: Sandra Elena Espinosa López

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

En 1993, la señora Sandra Elena Ospina López fue vinculada como docente de la
Secretaría de Educación de Bogotá.

El 3 de agosto de 2021, la señora Ospina López solicitó a la Secretaría de Educación
de Bogotá el reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía de las
cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el régimen
establecido en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses
de las cesantías.

La Secretaría de Educación de Bogotá remitió por competencia la petición a la
Fiduprevisora S.A. como vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y esa entidad no se pronunció de fondo sobre la solicitud.

La actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y la Secretaría de Educación de Bogotá, para que se declarara
la existencia y consecuente nulidad del acto ficto originado en el silencio administrativo
negativo por la falta de respuesta de la petición del 3 de agosto de 2021. A título de
restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria prevista en el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990 y la
indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías.

La demanda correspondió al Juzgado 50 Administrativo de Bogotá, que, por sentencia
del 30 de septiembre de 2022, declaró la existencia del acto ficto y denegó las demás
pretensiones. Expuso que la Ley 50 de 1990 no se aplica a los docentes afiliados al
FOMAG, porque tienen norma especial que regula la materia (Ley 91 de 1989) y en
ese régimen no está contemplada la sanción moratoria.

Explicó que el FOMAG se rige por el principio de unidad de caja por lo que no existen
cuentas individuales para la consignación de las cesantías. Encontró acreditado que,
conforme con el Acuerdo 039 de 1998, expedido por el Consejo Directivo del Fondo,
la Secretaría de Educación de Bogotá realizó el reporte de cesantías dentro del plazo
previsto para el efecto.

Sobre las sentencias del Consejo de Estado invocadas en la demanda, el juzgado
explicó que no había identidad fáctica que permitiera la aplicación y que, en todo caso,
no existía un criterio unificado del Consejo de Estado sobre la aplicación de la Ley 50
de 1990. Frente a la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, expuso que
no era aplicable porque los supuestos fácticos eran diferentes, sumado a que la
posición fijada en esa sentencia fue recogida por la sentencia SU-573 de 2019 de la
misma Corporación.

Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por sentencia del 22 de febrero de
2023 (notificada el 23 de febrero de 2023), la confirmó básicamente por las mismas
razones del juzgado de primera instancia.

4. Argumentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió:

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Demandante: Sandra Elena Espinosa López

En defecto sustantivo, pues no tuvo en cuenta que el Decreto 1582 de 19982 extendió
el sistema de cesantías del sector privado, esto es, la Ley 50 de 1990, a los empleados
del sector público del nivel territorial, vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996.
Que, por lo tanto, los empleados públicos del nivel territorial quedaron cobijados por la
sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Que si bien los docentes gozan de un régimen salarial y prestacional especial, lo cierto
es que, en virtud de los principios de favorabilidad, igualdad y condición más
beneficiosa, se les debe aplicar las normas del régimen general, que sí establecen la
sanción moratoria, por consignación tardía de las cesantías en el fondo.

En desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional,
fijado en las sentencias de unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de
2020, y de la Sección Segunda del Consejo de Estado establecido en las siguientes
sentencias: del 6 de agosto de 20203, 24 de enero de 20194, 29 de julio de 20195, 2 de
diciembre de 20196, 10 de junio de 20207, 22 de octubre de 20208, 12 de noviembre
de 20209, 17 de junio de 202110, 4 de noviembre de 202111, 25 de noviembre de 202112,
11 de noviembre de 202113, 20 de enero de 202214, 3 de marzo de 202215, 28 de abril

2 Que reglamentó el régimen de cesantía de la Ley 344 de 1996, ley que la actora estimó aplicable por virtud del

Decreto 1252 de 2000.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2013- 00666-

01 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000- 200900867-

01 (4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315- 000-2018- 03499-01,

C.P. Nicolás Yepes Corrales.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2009, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-

01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00208-

01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014- 00254-

01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014-

00132-01, C.P. William Hernández Gómez.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia s del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815

01 (4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-01), C.P. César
Palomino Cortés.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33- 000-2015-

00445- 02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014-

01127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de
noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2015-

90008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11
de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017- 00931-

01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015- 00075-

01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01500-00
Demandante: Sandra Elena Espinosa López

de 202216, 9 de mayo de 202217, 19 de mayo de 202218, 1 de julio de 202219, 22 de
agosto de 202220 y 22 de septiembre de 202221.

Que, además, desconoció sentencias dictadas por diferentes juzgados administrativos
de circuitos judiciales del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas,
reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.

5. Trámite procesal

Por auto del 27 de marzo de 2023, el Despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, y, como terceros con interés, a la juez 50 administrativa de Bogotá, la
ministra de educación nacional, al presidente de la Fiduprevisora S.A como vocero del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y a la secretaria de
educación de Bogotá́ .

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 10 de abril de
202322.

6. Intervenciones

La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, ponente de la decisión cuestionada dijo no haber vulnerado los
derechos fundamentales de la actora y pidió que se analizara la sentencia del 22 de
febrero de 2023 como prueba de su dicho.

La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. solicitó que se declarara
improcedente el amparo, pues no se cumplían los requisitos generales y específicos
de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. En síntesis, adujo que la
sentencia judicial cuestionada estuvo ajustada a derecho y, por ende, no se vulneraron
los derechos fundamentales invocados por la actora.

La jefe (E) de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional solicitó la
desvinculación de esa entidad de la presente tutela, por cuanto, según dijo, no vulneró
ningún derecho fundamental. Que, de todas maneras, la tutela no era procedente,
pues no cumplía los requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales.

El jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación de Bogotá solicitó que
se declarara improcedente la solicitud de amparo porque pretendía reabrir la discusión
sobre un asunto ya resuelto por el juez natural de la causa.

El Juzgado 50 Administrativo de Bogotá se limitó a remitir el expediente digital del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pero nada dijo sobre el fondo del
asunto.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013- 00756-

01 (2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017- 00795-

01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00359-

01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00376-

01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00509-

01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33- 000-2015-

90124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
22 Índice 8 de Samai.

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CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la tutela cumple el requisito de
relevancia constitucional, pues se trata de un requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De encontrarse cumplido ese requisito y los
demás señalados por la jurisprudencia, la Sala procederá a estudiar el fondo del
asunto en los términos planteados en la acción de tutela.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto, como se verá, la demandante insiste en los argumentos
propuestos en el proceso ordinario. Por lo tanto, se declarará improcedente.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) a la relevancia constitucional como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales23 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los
requisitos específicos24 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se
analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. Sobre la relevancia constitucional como requisito general de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal
que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios
y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

23 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
24 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
25 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Demandante: Sandra Elena Espinosa López

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por
los jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

Del expediente digital26 N°. 11001334205020220013100, la Sala encuentra que la
señora Sandra Elena Espinosa López demandó al Ministerio de Educación Nacional
– FOMAG y a la Secretaría de Educación de Bogotá, con el objeto de que se ordenara
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el régimen de cesantías
de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las
cesantías.

La demanda estuvo fundamentada en que “las previsiones contenidas en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 amparan el auxilio de cesantías a que tienen derecho los servidores
públicos docentes, bajo los preceptos de la Ley 344 de 1996 y del Decreto 1582 de 1998, de
modo que frente a la mora en la consignación de dicha prestación resulta procedente el pago
de una sanción correspondiente a un día de salario por cada día de retardo. De tal suerte, si
al 15 de febrero de la siguiente anualidad no se verifica el depósito del monto correspondiente
en el fondo de cesantías al que el empleado se encuentre afiliado, el mismo podrá́ requerir el
reconocimiento y pago de la sanción contemplada en el articulo 99 de la Ley 50 de 1990,
antes citado”.

Además, pidió que se aplicaran las sentencias SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y
SU-041 de 2020 de la Corte Constitucional y del 6 de agosto de 2020, 24 de enero de
2019, 21 de febrero de 2019, 10 de junio de 2020, 12 de noviembre de 2020 y 17 de
junio de 2021.

En la sentencia de primera instancia, el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá, concluyó
que (i) el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1975 y el
decreto 1176 de 1991 no son aplicables a los docentes afiliados al FOMAG, por cuanto
tienen norma especial que regula la materia; (ii) la sanción moratoria por consignación
extemporánea de las cesantías de los docentes no está́ prevista en el régimen especial
(Ley 91 de 1989).

En cuanto al precedente citado por la actora, sostuvo que no existe identidad fáctica
en relación con las sentencias del Consejo de Estado y que, en todo caso, no existe
un criterio unificado de esa Corporación sobre la aplicación del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 a los docentes. Frente a la sentencia SU–098 de 2018, el juzgado
consideró que no se aplica al caso y que, de todos modos. la sentencia SU – 573 de
2019 recogió́ el criterio fijado en esa decisión.

A partir de lo anterior, la Sala advierte que la señora Sandra Elena Espinosa López
propone la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho donde es demandante. Si bien la demandante alega que
las providencias objeto de tutela incurrieron en defecto sustantivo y desconocimiento
del precedente, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate
jurídico sobre si la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes públicos a efectos de
reconocer la sanción moratoria que prevé el artículo 99 de esa norma.

En efecto, en el recurso de apelación que presentó la parte demandante contra la
sentencia del 30 de septiembre de 2022 que denegó pretensiones (resumido en la
providencia de segunda instancia), sostuvo lo siguiente:

Reiteró los argumentos ya expuestos en la demanda y agregó, en resumen, que los docentes
tienen derecho a la aplicación del artículo 99 de la ley 50 de 1990 en virtud de la sentencia SU –
098 de 2018 de la Corte Constitucional, la cual ha sido acatada por el Consejo de Estado.

26 Aportado por el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá.

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Demandante: Sandra Elena Espinosa López

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la única manera de garantizar
el disfrute de la prestación es tener disponibles los recursos.

Solicitó dar aplicación al principio de favorabilidad o in dubio pro operario, y que las pruebas
aportadas sean valoradas de acuerdo con el contexto legal y jurisprudencial que corresponde.
(…)

Por su parte, en la demanda de tutela, la señora Sandra Elena Espinosa López dijo
que la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, incurrió en defecto sustantivo al no aplicar los principios de
favorabilidad, igualdad y condición más beneficiosa y hacer extensivo el régimen de
cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 (en principio sólo los empleados del sector
público del nivel territorial, vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996), a los
docentes públicos.

Que también incurrió en desconocimiento del precedente porque desconoció, además
de las sentencias de la Corte Constitucional y de la Sección Segunda del Consejo de
Estado invocadas en la demanda y el recurso de apelación, las sentencias del 29 de
julio de 2019, 2 de diciembre de 2019, 22 de octubre de 2020, 17 de junio de 2021, 27
de junio de 2021, 4 de noviembre de 2021, 25 de noviembre de 2021, 11 de noviembre
de 2021, 20 de enero de 2022, 3 de marzo de 2022, 28 de abril de 2022, 9 de mayo
de 2022, 19 de mayo de 2022, 1 de julio de 2022, 22 de agosto de 2022 y 22 de
septiembre de 2022, dictadas por la Sección Segunda de Esta Corporación.

Como se ve, al margen de que la demandante esté alegando el desconocimiento de
nuevas sentencias, lo cierto es que las invoca con el mismo propósito con el que las
invocó en la demanda y en el recurso de apelación que formuló inconformidades contra
la sentencia del 30 de septiembre de 2022, dictada por el Juzgado 50 Administrativo
de Bogotá que denegó las pretensiones de la demanda, esto es, intenta demostrar que
sí debió hacerse extensivo el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 al
personal docente para reconocer la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de
esa norma.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en providencia del 22 de febrero de
2023, que, en lo que interesa, consideró:
De conformidad con el marco normativo y la orientación jurisprudencial analizada en acápites
anteriores, considera este Tribunal que no es procedente acceder a las pretensiones de la
demanda, en cuanto al reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación
oportuna de sus cesantías, de conformidad con el artículo 99 de la ley 50 de 1990, por las
siguientes razones:

i) Es una afiliada forzosa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y sus
cesantías se rigen por la ley 91 de 1989, norma que no contempla esta sanción;
ii) En el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio los docentes no tienen una
cuenta individual en la cual se consignen sus cesantías; ese fondo recibe los aportes según un
programa anual de caja;
iii) La ley 344 de 1996 dispuso que, sin perjuicio de los derechos convencionales y lo estipulado
por la ley 91 de 1989, a partir de su publicación, las personas que se vinculen a los órganos y
entidades del Estado tendrán el régimen anualizado de cesantías, por lo que a 31 de diciembre
de cada año se les debe hacer la liquidación definitiva por la anualidad o fracción correspondiente
y les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías que correspondan al
órgano o entidad a la cual se vinculen y que no sean contrarias a la liquidación anualizada.
iv) El decreto 1582 de 1998 dispuso que la ley 50 de 1990 se aplicaría a los servidores públicos
del nivel territorial vinculados a partir del 1° de diciembre de 1996 afiliados a los fondos de
privados de cesantías.

Además, como se indicó anteriormente, la sentencia SU – 098 de 2018 no es aplicable al
presente caso, por no guardar identidad fáctica, especialmente porque en el caso aquí estudiado
la demandante sí está afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tal
como lo consideró la misma Corte en sentencia SU – 573 de 2019 (…)

De otra parte, es imperioso señalar que en el Consejo de Estado: i) no existe una sentencia de
unificación sobre la materia; ii) en los pronunciamientos aportados por el demandante y que
7
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01500-00
Demandante: Sandra Elena Espinosa López

guardan identidad fáctica con el aquí planteado (No. interno 0324-2016 del 10 de julio de 2020;
1689-2018 del 12 de noviembre de 2020; 4979-2017 del 17 de junio de 2021 y 5865 -2019 del
17 de junio de 2021) no se entró a analizar de fondo el derecho; únicamente analizó si había
operado o no la prescripción del mismo; iii) el fallo que sí accede a las pretensiones de la
demanda en un caso simular al aquí estudiado (No. interno 4854-2014 del 24 de enero de 2019),
fue dictado en reemplazo de otro, en virtud de un fallo de tutela que ordenó dar aplicación a la
sentencia SU – 098 de 2018 que, como se indicó anteriormente, fue posteriormente inaplicada
por la misma Corte Constitucional en un caso con identidad fáctica al aquí planteado; iv) el otro
pronunciamiento que accede a las pretensiones de la demanda (sentencia CE-SUJ-SII-022-2020
del 06 de agosto de 2020) no guarda identidad fáctica con el caso aquí estudiado, pues allí se
estudió el caso de la Secretaria de Salud Municipal de Sabanagrande.

Siendo así, como se expuso, aunque la demandante alega que la providencia objeto
de tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente y citó además de las sentencias a las que recurrió en
la demanda y el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
sentencias nuevas de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo cierto es que, en
últimas, lo que pretende es que se reabra el debate respecto de si la Ley 50 de 1990
es aplicable a los docentes públicos a efectos de reconocer la sanción moratoria que
prevé el artículo 99 de esa norma, por lo que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional.

Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre los defectos alegados por la parte demandante. Por tanto, la Sala
declarará improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Sandra Elena
Espinosa López.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Sandra Elena Espinosa
López, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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