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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02069-00

Tutela contra providencia judicial

Fecha
1 de junio de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
109 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02069-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Problema jurídico

  1. ¿La acción de tutela cumple el presupuesto de relevancia constitucional para cuestionar la sentencia de 30 de marzo de 2023 del Tribunal Administrativo del Quindío?

  2. ¿Puede la tutela utilizarse para reabrir el debate legal sobre la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a docentes afiliados al FOMAG?

Reglas

  1. La relevancia constitucional es requisito de procedencia de la tutela contra providencias judiciales y busca evitar que la tutela se convierta en una instancia adicional.

    «que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional»
  2. La tutela contra providencias judiciales no puede usarse para reabrir un debate legal ya superado en el proceso ordinario.

    «ese debate legal ya superado por el juez natural de la controversia»
  3. Una tutela que discute una cuestión meramente legal o patrimonial, sin afectar derechos fundamentales, carece de relevancia constitucional.

    «impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales»
  4. Una sentencia de tutela de otra subsección del Consejo de Estado, impugnada y sin cosa juzgada constitucional, es un precedente horizontal que no vincula a la Sala.

    «no obliga a esta Sala a decidir en el mismo sentido»
  5. La tutela contra providencias judiciales es improcedente cuando no cumple el presupuesto de relevancia constitucional.

    «no cumplirse el presupuesto de relevancia constitucional»

Decisión

DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. Si no se impugna, el expediente se remitirá a la Corte Constitucional para eventual revisión.

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Julia Inés Fernández González, quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-02069-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

1 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00
Actor: Julia Inés Fernández González

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02069-00
Demandante: JULIA INÉS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento y
pago de las cesantías definitivas y de la sanción moratoria prevista en
la Ley 50 de 1990

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Julia Inés Fernández González, quien actúa mediante
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Quindío, en la que pide el
amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad social y de acceso a la administración de justicia, así como de los
principios de favorabilidad, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica,
supuestamente vulnerados con la sentencia de 30 de marzo de 2023, que
confirmó el fallo de 22 de agosto de 2022 dictado por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Armenia que negó las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG), con el fin de obtener
el reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías
correspondientes al año 2020.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora relató que desde 1996 se encuentra vinculada como docente al
departamento del Quindío. Agregó que el 15 de febrero de 2021, el Ministerio de
Educación Nacional no efectuó el giro al FOMAG de las cesantías
correspondientes al año 2020.

Afirmó que el 13 de julio de 2021 solicitó al Ministerio de Educación Nacional que
realizara la respectiva consignación y el reconocimiento de la sanción moratoria
establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, petición que se remitió a La
Previsora S.A., por considerarla competente para resolverla.

Indicó que no obtuvo respuesta, por lo que en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho demandó el acto ficto producto del silencio
administrativo negativo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00
Actor: Julia Inés Fernández González

Narró que, en primera instancia, por sentencia de 22 de agosto de 2022 el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia negó las pretensiones de
la demanda, al considerar que la sanción moratoria no procedía respecto de los
afiliados al FOMAG porque son beneficiarios de un régimen especial.

Señaló que contra esa decisión presentó recurso de apelación, en el que puso de
presente “abundante jurisprudencia” proferida por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 para los docentes del
sector oficial en aras de garantizar el derecho de igualdad con los demás
empleados públicos.

Por último, manifestó que por sentencia de 30 de marzo de 2023 el Tribunal
Administrativo del Quindío confirmó la decisión recurrida, bajo el argumento de
que “no existe una posición unificada en la jurisprudencia sobre el reconocimiento
de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 al sector docente”, por
lo que en virtud de la autonomía judicial acogió el criterio jurisprudencial según el
cual “los docentes oficiales afiliados al FOMAG no tienen derecho al
reconocimiento y pago de las sanciones moratorias consagradas en la Ley 50 de
1990 y la Ley 52 de 1975, toda vez que el régimen docente es especial y en lo
atinente a las cesantías dicha autonomía surge de lo dispuesto en el artículo 3 de
la Ley 91 de 1989, así como lo señalado en la Ley 344 de 1996, disposición última
que extendió la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los servidores de las entidades
territoriales, excluyendo de ello específicamente al sector docente oficial regido
por la Ley 91 de 1989”.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social y de acceso a la administración
de justicia, así como de los principios de favorabilidad, perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo
del Quindío con la sentencia de 30 de marzo de 2023, que confirmó el fallo de 22
de agosto de 2022 dictado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Armenia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho promovida contra el FOMAG, con el fin de obtener el reconocimiento
de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías anualizadas.

En primer lugar, la actora se refirió al cumplimiento de los presupuestos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Al respecto,
sostuvo que es un asunto que reviste relevancia constitucional porque se pretende
el amparo de los derechos fundamentales invocados, los cuales resultaron
vulnerados con la sentencia de 30 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, se agotaron los recursos ordinarios y extraordinarios
(subsidiariedad), la acción de tutela se radicó en un plazo razonable desde que se
notificó la sentencia de segunda instancia (inmediatez), se justificaron los hechos
considerados como causa de la vulneración ius fundamental invocada, no se trata
de un caso de tutela contra tutela.

Concretamente, alegó la configuración de los siguientes defectos:

2.1. Defecto sustantivo: Adujo que la autoridad judicial accionada desconoció
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el cual es aplicable a los docentes del sector
oficial teniendo en cuenta que también son servidores públicos.

Del mismo modo, alegó el desconocimiento del artículo 10 de la Ley 91 de 1989
que establece la obligación de consignar las cesantías al FOMAG. En ese sentido,
explicó lo siguiente:

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00
Actor: Julia Inés Fernández González

“Este artículo contempla sin realizar ninguna elucubración mental diferente, la
expresión: “... La deuda liquidada a cargo de la Nación que resulte de los convenios
interadministrativos celebrados entre la Nación y las entidades territoriales se pagarán
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio…”, es decir es necesario la
transferencia de estos recursos del patrimonio de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y de las entidades territoriales al patrimonio del Fomag, situación que
controvierte los argumentos expuestos en la sentencia de reproche en la presente
acción de tutela contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del
Departamento del Quindío, pues es claro que para poder cancelar las cesantías a los
docentes, se necesita que el patrono, en este caso las entidades territoriales y la
Nación hayan transferido los recursos al Fomag”.

Afirmó que la autoridad judicial accionada confunde la existencia de un régimen
especial de cesantías de los docentes con la obligación de consignar las cesantías
al respectivo fondo de cesantías que, en el caso de los docentes, es el FOMAG.

2.2. Violación directa de la Constitución: Al respecto, alegó el
desconocimiento del artículo 53 de la Constitución Política que consagra el
principio de favorabilidad. Explicó en este punto que han existido otros casos en
los cuales la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están
amparadas bajo un régimen especial, sin que conlleve tal situación al
desconocimiento del principio de inescindibilidad, como es el caso de la aplicación
de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías
a los servidores públicos por el pago tardío de las mismas en favor de los
docentes del sector oficial (sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU-336 de
2017 y SU-098 de 2018).

2.3. Desconocimiento del precedente judicial: Alegó el desconocimiento de
sentencias proferidas por el Consejo de Estado en donde se ha establecido la
aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados del FOMAG, al considerar
que no existe un régimen especial de cesantías porque se liquidan de la misma
forma como se liquidan las de los demás empleados públicos y privados del país,
la única diferencia radica en los intereses que se liquidan de acuerdo a la DTF
sobre el saldo acumulado.

Al respecto, sostuvo:

“Debe centrarse en establecer un tema importante: no fueron tenidas en cuenta las
ultimas 21 sentencias del Consejo de Estado, donde esta alta jurisdicción contenciosa
administrativa se hace la pregunta, ¿le es aplicable sí o no, La Ley 50 de 1990 a los
docentes afiliados al FOMAG? Y el Consejo de Estado, al unísono, en su sección
segunda en sus diferentes salas, compuestas por sus 6 Consejeros, cada uno de ellos
en sus diferentes ponencias han expedido sentencias haciéndose la misma pregunta y
la respuesta ha sido siempre positiva, y aquí es donde se centra el debate, porque las
demandadas insisten, en que NO EXISTE la obligación de que la Nación deba
consignar las cesantías al FOMAG, situación que fue replicada en la decisión del
Tribunal Administrativo del Quindío que ha sido tutelada en esta oportunidad, pero es
claro que existe la obligación de su consignación antes del 15 de febrero de cada año,
como están encaminadas las pretensiones de este asunto, puntualmente, las cesantías
del año 2020, de esta manera garantizar las prestaciones a los trabajadores, eso es lo
que estamos pretendiendo acá”.

Señaló que la decisión cuestionada es contraria a lo expresado por la Sección
Segunda del Consejo de Estado “en más de 22 ocasiones entre los años 2021,
2022 y 2023”, en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria por pago
tardío de que resulta vinculante para el Tribunal Administrativo del Quindío, en
tanto son proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso
administrativa, en aras de garantizar el principio de seguridad jurídica.

En ese orden, elaboró un listado con las sentencias proferidas por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, que considera desconocidas por la autoridad judicial

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00
Actor: Julia Inés Fernández González

accionada, respecto de algunas efectuó una transcripción in extenso de sus
apartes, tales como:

• Sentencia de unificación de 6 de agosto de 2020. Expediente No 08001-23-33-000-2013-
00666-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 24 de enero de 2019. Expediente No. 76001-23-31-000-2009-00867-01.
M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 29 de julio de 2019. Expediente No. 11001-0315-000-2018-03499-01. M.P.
Nicolás Yepes Corrales.

• Sentencia de 2 de diciembre de 2019. Expediente No. 08001-23-33-000-2014-00173-01.
M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

• Sentencia de 10 de junio de 2020. Expediente No. 08001-23-33- 000-2014-00208-01. M.P.
Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 22 de octubre de 2020. Expediente No. 08001-23-31- 000-2014-00254-01.
M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 12 de noviembre de 2020. Expediente No. 08001-23-31- 000-2014-00132-
01. M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001-23-31-000-2014-00815-01. M.P.
Gabriel Valbuena Hernández.

• Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001-23-33- 000-2015-00331-01. M.P.
César Palomino Cortés.

• Sentencia de 4 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001-23-33-000-2015-00445-02.
M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001-23-33-000-2015-00445-02.
M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 40001-23-40-000-2017-00134-01.
M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001-23-40-000-2015-90008-
01. M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001-23-40-000-2015-90008-
01. M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001-23-40-000-2014-90022-
01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

• Sentencia de 20 de enero de 2022. Expediente No. 080001-23-33-000-2017-00931-01.
M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-33-000-2017-00931-01.
M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01. M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.

• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-00795-01.
M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00359-01.
M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 19 de mayo de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00359-01.
M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00
Actor: Julia Inés Fernández González

• Sentencia de 1 de julio de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00376-01. M.P.
Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 22 de agosto de 2022. Expediente No. 08001-23-33-000-015-00509-01. M.P.
César Palomino Cortés.

• Sentencia de 22 de septiembre de 2022. Expediente No. 08001-23-33-000-015-90124-01.
M.P. César Palomino Cortés.

Igualmente, se refirió al desconocimiento de las siguientes sentencias proferidas
por la Corte Constitucional respecto de las cuales efectuó la transcripción de
algunos de sus apartes.

• SU-098 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

• SU-332 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

• SU-041 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Por último, aludió a sentencias proferidas por Juzgados Administrativos del
Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la
Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vinculante que
tienen para el Tribunal Administrativo del Quindío.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO en la sentencia proferida el día 30 de marzo de 2023, en el expediente rad.
No. 63001-3333-001-2022-00056-02, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA
SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de
este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se
encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por
mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en
los siguientes expedientes: (…)”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente los siguientes documentos:

• Sentencia de 22 de agosto de 2022, proferida por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Armenia.
• Sentencia de 30 de marzo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo
del Quindío.

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Actor: Julia Inés Fernández González

Del mismo modo, obra copia digitalizada del expediente No. 63001-33-33-001-
2022-00056-02, correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por la señora Julia Inés Fernández González.

5. Trámite procesal

Por auto de 27 de abril de 2023, el despacho de la Magistrada Sustanciadora
admitió la demanda y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como
al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, a la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
a Fiduprevisora S.A. y al departamento del Quindío, como terceros interesados en
el resultado del proceso.

De igual forma, dispuso oficiar al Tribunal Administrativo del Quindío y al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Armenia, en el evento de que el expediente
hubiese sido devuelto, para que allegara copia digitalizada del proceso No. 63001-
33-33-001-2022-00056-02, demandante: Julia Inés Fernández González.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 38042, 38046, 38048,
38051, 38053 y 38057 todos de 28 de abril de 20231, con el fin de notificar a las
partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

El jefe de la oficina jurídica de esa cartera ministerial alegó la falta de legitimación
en la causa por pasiva respecto de la entidad, por lo que pidió que se desvinculara
del trámite constitucional, teniendo en cuenta que no tiene injerencia en los
hechos que la actora alega como causa de la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

6.2. Respuesta de Fiduprevisora S.A.

La coordinadora de tutelas de la entidad manifestó actuar en calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, por lo que pidió que la desvincule del trámite de la acción
de tutela teniendo en cuenta que no tiene competencia para atender las
pretensiones de la demanda.

En todo caso, se pronunció sobre la materia objeto de tutela y señaló que de
conformidad con el Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de
cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas
individuales los recursos para el pago de las cesantías, no obstante, aseveró que
esa modalidad de administración corresponde exclusivamente a las entidades
administradoras de cesantías creadas por esa disposición dentro de las cuales no
está el FOMAG, pues se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de
unidad de caja y, por lo tanto, aseveró que las cesantías de los docentes no se
administran en cuentas individuales.

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La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados
a las siguientes direcciones de correo electrónico: yobanylopeznotijud@gmail.com,
sectribadmarm@cendoj.ramajudicial.gov.co tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
contactenos@gobernacionquindio.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co,
notjudicial2@fiduprevisora.com.co, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co.

.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00
Actor: Julia Inés Fernández González

Además, explicó que en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes
y que “los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya
están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada
vigencia”. En ese punto, señaló que Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y
administradora del FOMAG, emite comunicados a las diferentes Secretarías de
Educación certificadas y a los encargados de las oficinas de prestaciones
económicas de las entidades territoriales, sobre la fecha de entrega del reporte de
cesantías para pago de intereses en la primera nómina de cada vigencia.

En ese marco, aseveró que se produce imposibilidad jurídica de crear cuentas
individuales para cada uno de los afiliados del FOMAG, en virtud del principio de
unidad de caja y, en consecuencia, no es posible aplicar la figura de “consignación
de cesantías”, pues en el caso de los docentes tienen la posibilidad de retirar sus
cesantías cuando cumplan los requisitos establecidos para tal efecto, por lo tanto
no puede aplicarse la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990 pues esa figura se consagró para los eventos en que se da consignación
tardía en las cuentas individuales lo que no ocurre en el caso de los docentes.

También señaló que la decisión judicial cuestionada no desconoce el precedente
judicial, puntualmente, hizo referencia a la Sentencia SU-098 de la Corte
Constitucional en la que ordenó a la Sección Segunda, Subsección “B” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado emitir un nuevo fallo en el
que se tuviera en cuenta las consideraciones referentes a la aplicación del
principio de favorabilidad e interpretación conforme a la Constitución sobre el
derecho de los docentes al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
establecida en la Ley 50 de 1990. Agregó que en cumplimiento de esa decisión se
condenó al municipio de Santiago de Cali al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria “prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1999, equivalente a un día de
salario por cada día de retardo desde el 15 de febrero de 2007 hasta el 1 de
octubre del mismo año”.

No obstante, precisó que la sanción moratoria reclamada devenía del hecho de
que el municipio de Cali no realizó la afiliación del docente al FOMAG y, por ende,
tampoco realizó el pago de las cesantías, circunstancia que difiere del caso bajo
análisis.

En ese orden, resaltó que en dicha providencia se advirtió que “la existencia de
regímenes especiales no puede considerarse discriminatorio per se sin analizar
previamente las particularidades de cada caso concreto”.

Finalmente, aseveró que no se vulneraron los derechos fundamentales a la
accionante, toda vez que la decisión judicial cuestionada aplicó los precedentes
judiciales vinculantes para la decisión adoptada.

6.3. La autoridad judicial accionada y la vinculada, pese a que fueron debidamente
notificadas del auto admisorio, guardaron silencio frente a los hechos y las
pretensiones de la demanda.

7. Intervención de la actora frente a las respuestas de la acción de tutela

La actora presentó un escrito en el que anuncia un pronunciamiento en torno las
respuestas dadas por el Ministerio de Educación Nacional y el FOMAG. En ese
sentido, reiteró los argumentos expuestos en la demanda en torno al
desconocimiento del precedente judicial que establece la aplicación del artículo 99
de la Ley 50 de 1990 y a la inexistencia de un régimen especial de cesantías para
los docentes teniendo en cuenta que las mismas se liquidan anualmente como las

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Actor: Julia Inés Fernández González

de cualquier empleado del sector público o privado, el único aspecto diferencial es
el pago de los intereses.

De igual forma, aportó copia de la sentencia de tutela de 23 de marzo de 2023
proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado dentro
del expediente No. 110010315000-2023-01063-00, en la que se ampararon los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de la accionante y ordenó al Tribunal Administrativo del Huila proferir una
decisión de reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas
en dicho fallo, frente a la aplicación de lo establecido en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío
de cesantías.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 30 de marzo de 2023,
dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social y de acceso a la administración
de justicia, así como de los principios de favorabilidad, perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica, al supuestamente incurrir en defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, por
no reconocer la sanción moratoria por la mora en el pago de las cesantías,
supuestamente, al incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución.

De manera previa, la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el
presupuesto de la relevancia constitucional, establecido como requisito de
procedencia general de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin

2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P.
María Victoria Calle Correa.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00
Actor: Julia Inés Fernández González

que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-
01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Actor: Julia Inés Fernández González

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La actora promovió acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social y de acceso a la administración
de justicia, así como de los principios de favorabilidad, perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica, los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo
del Quindío con la sentencia de 30 de marzo de 2023, que confirmó el fallo de 22
de agosto de 2022 dictado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Armenia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido contra el FOMAG, con el fin de obtener el reconocimiento
de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

Concretamente, alegó la configuración de (i) defecto sustantivo por inobservar lo
establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, (ii) desconocimiento del
precedente judicial relativo al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías establecida en dicho precepto en favor de los docentes,
que se ha reconocido en sentencias del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, y (iii) violación directa de la Constitución por la inobservancia de lo
consagrado del artículo 53 de la Constitución Política.

4.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque
no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con
el propósito de dar continuidad al debate legal que fue resuelto en dos instancias.

Se observa que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho la señora Julia Inés Fernández González demandó al Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con
el objeto de acceder al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío
de cesantías correspondientes al año 2020, en virtud de lo establecido en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1999.

En primera instancia, por sentencia de 22 de agosto de 2022, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Armenia negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que la señora Julia Inés Fernández González no tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción por consignación extemporánea de las
cesantías consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como tampoco al
reconocimiento de la indemnización por pago tardío de los intereses a las
cesantías establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

Lo anterior, porque los docentes gozan de un régimen prestacional especial, que
de acuerdo con lo establecido en la Sentencia C-928 de 2006 lo que no
desconoce principio de igualdad, a lo que agregó que no es posible reconocer la
sanción moratoria porque el FOMAG no es un fondo de cesantías que administra
cuentas individuales y, por lo tanto, la obligación de consignación de cesantías en
el caso de los docentes es inexistente.

De igual forma, explicó que el pago de la sanción establecida en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 en favor de los docentes afiliados al FOMAG, conllevaría una
doble imposición sancionatoria al coexistir con la dispuesta en la Ley 1071 de
2006.

Advirtió que el departamento del Quindío al cual está vinculada la demandante,
acreditó que realizó el reporte de cesantías e intereses en el plazo establecido por
la ley, esto es, antes del 5 de febrero de 2021, y que Fiduprevisora S.A. había
realizado el pago de los intereses a las cesantías el 31 de marzo de 2021.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00
Actor: Julia Inés Fernández González

Aseveró que “ni la sentencia SU-098 de 2018 ni las decisiones del Consejo de
Estado invocadas por la parte demandante son aplicables al presente caso pues
además de no tener carácter vinculante no guardan identidad fáctica con el asunto
de la referencia, pues en éste siempre ha existido afiliación de la parte
demandante al FOMAG, especialmente en el año 2020”.

La demandante presentó recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia, bajo los siguientes argumentos:

• Indicó que “es clara la existencia de precedente jurisprudencial tanto de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, sin embargo, el juzgado en su
análisis hace mención a una postura contraria a la misma, no vigente, la cual
es el fundamento para dictar su decisión, sin embargo, vale la pena anotar,
que en asuntos laborales, el Consejo de Estado ha sido enfático en la
aplicación de la postura más favorable. [En ese sentido], (…) en la Sentencia
SU-098 de 2018 la Corte Constitucional señaló que el régimen especial
docente no puede traer condiciones menos favorables a las que gozan los
demás servidores públicos, por lo que la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías es posible concederla a los docentes del sector oficial”.

• Sostuvo que es cierto que no existía un criterio unificado sobre la aplicación
del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes, sin embargo, aseveró que
esa circunstancia se superó con la sentencia de unificación. En el recurso de
apelación no identificó la providencia a la que hacía referencia, no obstante,
acto seguido elaboró un listado con una sentencia de la Corte Constitucional y
17 sentencias del Consejo de Estado6

• El Consejo de Estado ha acogido la postura de la Corte Constitucional
sobre la posibilidad de reconocer la sanción moratoria por el pago tardío de
cesantías y eso lo plasmó en la sentencia de 6 de agosto de 2020, proferida
dentro del proceso radicado 08001-23-33-000-2013-00666-017.

• Adujo que la competencia de girar los recursos al Fondo es de la Nación, y
que su actuar desencadena unas situaciones lamentables convertidas en
vulneración de derechos prestacionales, los cuales han sido protegidos por las
altas cortes y que el gobierno debe corregir para evitar detrimento del erario.

• Afirmó que no puede confundirse la mora por la tardanza en el
reconocimiento con la de la consignación al fondo del trabajador el 15 de
febrero de 2021.

• Aseveró que los docentes son empleados públicos y legalmente no existe
una razón que justifique el trato diferenciado en el ejercicio de sus derechos
respecto de los demás servidores públicos, cuando las prestaciones sociales
son consignadas de manera extemporánea, como es el caso de la
consignación de las cesantías.
• Señaló que las pretensiones de la demanda se encuentran fundamentadas
en “la interpretación unificada de la Corte Constitucional de la aplicación del
artículo 99 de la ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag que tenga
su régimen de cesantía anualizado y es que la indemnización contenida en la
ley 52 de 1975, hace parte integral del artículo 99 de la ley 50 de 1990, puesto
que así se estableció en el artículo 3° del Decreto Reglamentario 1176 de
1991”.
6
Habilitó este link para consultar estas providencias
https://drive.google.com/drive/folders/1zTK__OVzm2UBO1g2sYpXXqLkmo6RedLB?usp=sharing.
7
M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00
Actor: Julia Inés Fernández González

• Manifestó su desacuerdo con el argumento expuesto en la sentencia de
primera instancia referente a que no existe identidad fáctica con el caso
resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-098 de 2018. En ese
sentido, afirmó lo siguiente:

“El juez sistemáticamente muestra, las condiciones fácticas expuestas en cada caso
contenido en las sentencias allegadas y concluye que al tratarse de docentes que, en
determinado momento de su vida laboral, no fueron afiliados por sus entidades
nominadoras al FOMAG, no existe identidad fáctica con el asunto de marras, pero es
que NO EXISTE SANCIÓN POR LA NO AFILIACIÓN AL FONDO, LA NO AFILIACIÓN
AL FONDO TRAE COMO CONSECUENCIA LÓGICA QUE NO VA A EXISTIR UNA
CONSIGNACIÓN Y LO QUE SE PUEDE SANCIONAR A FAVOR DEL TRABAJADOR
ES LA FALTA E CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTÍAS EN UN TIEMPO
DETERMINADO Y ESTE ES EL TERMINO CONTENIDO EN LA LEY 50 DE 1990”.

• Explicó que la finalidad de la Ley 91 de 1989 fue la creación del Fondo
Prestacional del Magisterio y de esta manera unificar la entidad que pagaría
las prestaciones de los docentes del sector oficial, aplicando el modelo de
liquidación de cesantía anualizada para aquellos docentes que se vincularan
con posterioridad al 1 de enero de 1990, pues a los docentes vinculados con
anterioridad se les respetó el régimen anterior. Agregó que el FOMAG debe
estar atento a que se giren los recursos para el pago de las prestaciones
sociales, los cuales provienen de varias fuentes de financiamiento, entre otras,
de la Nación y las entidades territoriales, y los aportes realizados por cada
trabajador.

• Aseveró que es evidente que se omite la consignación de las cesantías al
FOMAG a partir del hecho que “les prohibían reclamar sus cesantías y sacaron
un acuerdo interno, una especie de circular donde establecen reclamar
cesantías parciales cada 3 años después del pago” el cual siempre se
demoraba excesivamente hasta que con la sentencia SU-098 de 2018 se
admitió la posibilidad de reconocer sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías.

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Quindío a través de la
sentencia de 30 de marzo de 2023 confirmó la decisión recurrida, bajo las
siguientes consideraciones:

“Ahora bien y de acuerdo con lo probado en el expediente, se demostró que la
demandante es una docente oficial debidamente escalafonada, estando afiliada al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, perteneciendo al
régimen de cesantías anualizado, consagrado en la Ley 91 de 1989.

Por lo anterior, a la parte actora no se le aplica las disposiciones que consagran la
sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizados y de los
intereses a las mismas, que están consagradas en los artículos 99 de la Ley 50 de
1990 y 1 de la Ley 52 de 1975, ya que el régimen de cesantías docente es especial y
en él se determina específicamente como se reconoce, liquida y paga las cesantías y
los intereses a las mismas, lo anterior, como se expresó, teniendo unas características
propias que hacen que el pago de las sanciones solicitadas sea incompatible.

Además, en el presente caso no es exigible para la Corporación como precedente lo
dispuesto en la sentencia de unificación SU-098 de 2018, pues los supuestos fácticos
del presente proceso difieren de la mencionada sentencia.

Bajo los anteriores presupuestos, acierta el Juzgado de instancia en negar las
pretensiones y como consecuencia se debe de confirmar la sentencia apelada proferida
el 22 de agosto de 2022, por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Armenia (Q)”.

Bajo el escenario expuesto, la Sala observa que la señora Julia Inés Fernández
González emplea la acción de tutela para dar continuidad al debate superado en el

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trámite del proceso ordinario pues, como se evidenció, reitera los argumentos
expuestos en el recurso de apelación referentes a la aplicación del artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, al desconocimiento de la sentencia SU-098 de 2018 proferida
por la Corte Constitucional y a las sentencias del Consejo de Estado que
acogieron ese criterio jurisprudencial, incluso elaboró el mismo listado de los fallos
que, a su juicio, resultaban vinculantes para proferir la decisión cuestionada.

Ahora bien, aun cuando la demandante alega que la providencia objeto de tutela
incurre en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa
de la Constitución, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate jurídico
sobre si la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes del sector oficial públicos a
efectos de reconocer la sanción moratoria que prevé el artículo 99 de esa
normativa, lo cual fue decidido por el Tribunal Administrativo del Quindío en
decisión que explicó las razones por las que no era posible acceder a las
pretensiones de la demanda acogiendo las reglas fijadas en la sentencia SU-098
de 2018. No obstante, la actora acude al mecanismo de amparo para insistir en
ese debate legal ya superado por el juez natural de la controversia.

En este punto, resulta importante señalar que en la solicitud de amparo se refirió a
nuevas sentencias que han abordado el mismo asunto, lo cierto es que las invoca
con el mismo propósito con el que citó otras en la demanda ordinaria y en el
recurso de apelación que formuló contra la sentencia dictada por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Armenia, que negó las pretensiones de la
demanda, esto es, intenta demostrar que sí debió hacerse extensivo el régimen de
cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 al personal docente para reconocer la
sanción moratoria de que trata el artículo 99 de ese marco normativo.

Sobre el particular, la Sala considerar relevante señalar que la Sección Cuarta del
Consejo de Estado ha adoptada decisiones en sentido similar en las sentencias de
25 de mayo de 20238 que declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplirse el presupuesto de relevancia constitucional ya que la actora pretendía
reabrir el debate legal en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990, en tanto
reiteraba los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación.
En igual sentido, en la sentencia de 18 de mayo de 2023 9, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado abordó un caso de contornos fácticos similares y también
advirtió que el asunto no revestía relevancia constitucional porque la actora acudió
al medio de protección constitucional para revivir el debate ya superado en el
trámite del proceso ordinario.

Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte
Constitucional, en sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela
carecía de relevancia constitucional, por las siguientes razones:

(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues
se proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de
los docentes les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o
la Ley 50 de 1990, Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva
establecer aspectos legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes
(territoriales, nacionales o nacionalizados) y sobre el fondo administrador de
cesantías en que debe efectuarse la afiliación para que se cause la penalidad por
no consignación oportuna de la prestación social.

8
M.P. Expediente No11001-03-15-000-2023-00705-01. Actora: Luz Myriam García Camacho.
M.P. Milton Chaves García.
9
M.P. Wilson Ramos Girón. Expediente No. 11001-03-15-000-2023-01500-00. Actora: Sandra
Elena Espinosa López.

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Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la
sentencia y, en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de la
jurisdicción contencioso administrativo deben acoger acerca del alcance del artículo 99
de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de
1998, en cuanto al reconocimiento de una penalidad por no consignación oportuna de las
cesantías en el régimen docente”.

ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos
fundamentales y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del
precedente y del principio de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un
efecto decisivo en las sentencias cuestionadas y tampoco conllevaba la afectación
de un derecho fundamental, por cuanto “las decisiones impugnadas en sede de tutela
no constituyen “desvíos del juez ordinario” ni decisiones carentes de motivación y no dan
cuenta prima facie de la inaplicación de una prerrogativa de carácter constitucional.”

(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras
obtener una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los
demandantes acudían a la tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos
específicos con el fin de que el juez constitucional accediera a las mismas
pretensiones incoadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Al respecto, es necesario recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU-
573 de 201910, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”11 (Negrilla y resalta de la Sala)

En la sentencia SU-215 de 202212, la Corte Constitucional recordó que el
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional requiere “involucrar algún
debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe limitarse a una
puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los
derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.

Por lo demás, en relación con la sentencia de tutela de 23 de marzo de 2023
proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado dentro del
expediente No. 110010315000-2023-01063-00, aportada por el actor en el trámite de
la acción de tutela, la Sala considera relevante señalar que no tiene fuerza
vinculante en este asunto, toda vez que esa decisión fue impugnada y no ha hecho
tránsito a cosa juzgada constitucional material. Adicionalmente, en aplicación del
principio de autonomía e independencia judicial, esa decisión, que es un precedente
horizontal, no obliga a esta Sala a decidir en el mismo sentido, máxime cuando,
como se expuso, la decisión que aquí se adopta es concordante con la sentencia
SU-573 de 2019 de la Corte Constitucional.
10
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
11
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
12
M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Lo expuesto es suficiente para concluir que la accionante acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social y de acceso a la administración
de justicia, así como de los principios de favorabilidad, perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica, supuestamente vulnerados con la sentencia de 30 de marzo
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en este caso, a la
manera de una tercera instancia, toda vez que insiste en el mismo debate litigioso
relacionado con hacer extensivo el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de
1990 al personal docente para reconocer la sanción moratoria de que trata el
artículo 99 de esa normativa.

Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por
no cumplirse el presupuesto de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Julia Inés Fernández González, quien actúa por conducto de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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