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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01351-00

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01351-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el señor Juan Manuel Devia Zabala. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos». 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Juan Manuel Devia Zabala Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-01351-00 TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01351-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

25 de abril de 2024

Demandante: Juan Manuel Devia Zabala
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01351-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veinticinco [25] de abril de dos mil veinticuatro [2024]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01351-00
Demandante: JUAN MANUEL DEVIA ZABALA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por
no cumplir el requisito de inmediatez1.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 19 de marzo de 2024, el señor Juan Manuel Devia Zabala presentó acción de
tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el
Tribunal Administrativo del Tolima, con el fin de que se le amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión
de la expedición de las sentencias de 30 de septiembre de 2021 y 31 de agosto de
2023, que respectivamente decidieron el medio de control de reparación directa
identificado con el radicado 73001-33-33-005-2020-00013-00/01, en el sentido de
negar las pretensiones dirigidas en contra de la Nación –Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial [en adelante Rama Judicial] y la Fiscalía General de la
Nación.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

PRINCIPALES:

1. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por el
accionado y vulnerado por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE IBAGUE Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
al absolver a las entidades LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y FISCALIA

1 Ver al respecto, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, fallo de 12 de mayo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01726-00; 6 de octubre de
2022, expediente 11001-03-15-000-2022-04855-00; 9 de febrero de 2023, expediente 11001-03-
15-000-2022-05795-01; 3 de agosto de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-01729-01, y 5 de
octubre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-04653-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

1
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Demandante: Juan Manuel Devia Zabala
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01351-00

GENERAL DE LA NACIÓN, de la Responsabilidad Patrimonial y extra
patrimonial siendo estas responsables de los perjuicios materiales, morales
causados a los accionantes debido a la privación injusta de la libertad de que
fue víctima el señor JUAN MANUEL DEVIA ZABALA, por razón del proceso
penal que se adelantó en su contra por la presunta comisión del delito de
HOMICIDIO AGRAVADO Y FABRICACIÓN, TRAFICO O PORTE DE
ARMAS DE FUEGO, el que termino con sentencia de 29 de Mayo 2018
proferida por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CON
FUNCIONES DE CONOCIMIENTO – , por medio de la cual absolvió de los
cargos que le fueron formulados en su contra por la Fiscalía General de la
Nación.

Como consecuencia de lo anterior:

a) DEJAR SIN EFECTOS las sentencias de 30 de Septiembre de 2021 y 31
de Agosto de 2023 emitidas por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUE y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
TOLIMA en el proceso de MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA
identificado con el radicado No. 73001333300520200001300, por la flagrante
vía de hecho en el errado orden de ABSOLUCIÓN de las pretensiones del
MEDIO DE CONTROL deprecado.

b) ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA dictar nueva
sentencia ajustada a derecho, en la cual se REVOQUE la decisión dictada en
primera instancia dentro del Medio de Control de Reparación Directa Radicado
No. 73001333300520200001301, para en su lugar DECLARAR administrativa,
patrimonial responsable a la NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA
NACIÓN Y RAMA JUDICIAL, de los perjuicios derivados de la privación de la
libertad de JUAN MANUEL DEVIA ZABALA2.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

 El señor Juan Manuel Devia Zabala y otros3 presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación, por la presunta privación injusta de la libertad4 que padeció el primero en
mención con ocasión de un proceso penal adelantado por la coautoría de los
delitos de «[h]omicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego»,
cuya libertad se dio con fallo absolutorio en aplicación del principio in dubio pro
reo5.

 El 30 de septiembre de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué negó las pretensiones del medio de control6, al considerar que
la medida restrictiva impuesta al señor Devia fue «razonable, proporcionada y

2 Transcrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y énfasis del texto original.
3 Johan Andrés Devia Velásquez, Dana Sofía Devia González, José Miguel Peña Castaño, Diana

Paola Castaño, Luisa Fernanda Murillo Devia, Laura Viviana Murillo Devia, Hercilia Devia Zabala,
Leonel Murillo Henao y Herminda Zabala de Devia.
4 El hecho punible se dio en el siguiente contexto: «Indican que el 7 de enero del 2008, en la

habitación que tenía arrendada el señor Juan Manuel Devia Zabala dentro del […], se causó la
muerte con arma de fuego a la señora Karen Mayerli Henao Murillo, arribando al lugar de los
acontecimientos el señor Juan Manuel Devia Zabala en compañía de su novia Alejandra González
Rueda y Dayan Arbey Rojas Molina».
5 Locución latina que expresa el principio jurídico de que, en caso de dudas, estas se resuelven a

favor del imputado.
6 El juzgado declaró no probadas las excepciones de «ausencia de daño antijurídico e

imputabilidad del mismo a la Fiscalía General de la Nación e inexistencia del nexo de causalidad».

2
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legal7».

 La parte desfavorecida interpuso recurso de apelación, oportunidad en la que
advirtió que el ente acusador no contaba con los prepuestos para solicitar dicha
restricción, ya que el hecho de que una persona fuera asesinada en la habitación
del señor Devia no era suficiente para decretar la privación de la libertad.

 Agregó que la víctima directa fue vinculada «con fundamento en un informe
policial carente de su acuciosa labor de identificación e individualización del
presunto implicado en cabeza de mi mandante afectado, lo que por supuesto, para
ese momento no constituía un medio de prueba idóneo para la Fiscalía General de
la Nación […]8».

 El 31 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo del Tolima, luego de hacer
alusión, entre otras, de la sentencia de unificación 072 de 2018 de la Corte
Constitucional, y de destacar la consumación del daño antijurídico, confirmó el
fallo del a quo.

 Para llegar a la anterior conclusión expuso que la restricción de la libertad no
fue injusta, porque «no solo la jurisdicción penal, sino el ente investigador,
actuaron dentro del margen de sus competencias, y en concordancia con los
mandatos constitucionales y legales establecidos que les imponen a la Fiscalía, la
obligación de ejercer la acción penal e investigar todas aquellas conductas que
puedan constituir una conducta punible e identificar a los presuntos autores».

 Destacó que «al inicio de la investigación se contó con unos elementos
materiales probatorios para edificar la formulación […]», ya que «existían indicios
para endilgar responsabilidad penal en contra del señor JUAN MANUEL DEVIA
ZABALA».

 Para llegar a esa determinación, el ad quem destacó el análisis, como respaldo
de la razonabilidad de la medida que limitó la locomoción del entonces imputado,
las siguientes pruebas: (i) informe de inspección técnica a cadáver FPJ-10-, en
donde se recolectó el testimonio del dueño del bien inmueble donde residía el
señor Devia9; (ii) copia de la audiencia preliminar y legalización de la captura, (iii)
escrito de acusación, y (iii) copia de la audiencia de formulación de acusación.

7 Los fundamentos del a quo para negar, se basaron en establecer que «si bien se acreditó la

privación de la libertad del señor Juan Manuel Devia Zabala, lo cierto es que con los elementos de
prueba allegados, la medida de aseguramiento impuesta se ajusta a los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad, atendiendo a la actual postura frente al tema por parte del Honorable
Consejo de Estado, por lo que no es posible imputar el daño a los entes demandados».
8 Citó tres sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado en las que se condenó porque

se encontró que la medida restrictiva se profirió sin pruebas que la soportaran, expedientes con
radicados internos: 39.684 61.061 y 49.941
9 En el informe en el que se expuso, como hipótesis de los hechos, que: «SEGÚN LO

MANIFESTADO POR LOS VECINOS DEL SECTOR Y ENTREVISTAS TOMADAS AL
PROPIETARIO DEL INMUEBLE SEÑOR ALVARO CASALLAS TORRES, EN EL APARTAMENTO
DONDE FUE ENCONTRADO EL CADÁVER HABITABA UN SEÑOR QUE DICE LLAMARSE
JUAN, […], QUE EN LA MAÑANA DE HOY LO OBSERVÓ SALIR Y QUE AL RATO LLEGÓ EN
COMPAÑÍA DE LA NOVIA QUE SE LLAMA ALEJANDRA Y UN MUCHACHO ALIAS CALIMEÑO,
QUE PIDIÓ PRESTADO UN PALO PARA ABRIR LA PUERTA ADUCIENDO QUE LAS LLAVES
SE LE HABÍAN QUEDADO, MIENTRAS SU NOVIA LO ESPERABA AFUERA, Y LA MISMA DECÍA
SAQUE RAPIDO LA PLATA, SAQUE RAPIDO LA PLATA Y QUE LO VIO SALIR
APRESURADAMENTE, MANIFIESTA NO CONOCER LA OCCISA, ADEMÁS AFIRMA NO HABER
ESCUCHADO RUIDOS EXTRAÑOS EN TODA LA NOCHE».

3
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 La providencia de segunda instancia fue notificada el 5 de septiembre de 2023 y
la acción de tutela de la referencia fue radicada el 19 de marzo de 2024.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El tutelante, luego de exponer los hechos que consideró relevantes y de alegar por
qué en el proceso contencioso se acreditó el daño antijurídico, consideró que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto sustantivo, comoquiera
que:

1. La interpretación y el análisis equivocado que suscita los requisitos y
presupuestos para la imposición de medida de aseguramiento, en tanto
desconoce cual es la competencia de su jurisdicción y en este sentido
transgrede la TEORIA DE PROHIBICIÓN DEL REGRESO, teoría bajo el cual
esta vedado al Juez Administrativo valorar o estudiar situaciones que se den
por fuera del proceso administrativo, es decir, que al momento de estudiar una
eventual exoneración de responsabilidad por culpa exclusiva de la victima
dentro del proceso de privación injusta de la libertad, los argumentos por los
cuales debe proceder deben estar encaminados a que sucedieron dentro del
marco del proceso administrativo y no del proceso penal para garantizar la
independencia de las jurisdicciones al momento de administrar justicia10.

1.5. Trámite procesal de la acción

El 21 de marzo de 2024 el ponente de la decisión de primera instancia admitió la
acción y ordenó la notificación del tutelante y de las autoridades accionadas.

Además, a los señores Johan Andrés Devia Velásquez, Dana Sofía Devia
González, José Miguel Peña Castaño, Diana Paola Castaño, Luisa Fernanda
Murillo Devia, Laura Viviana Murillo Devia, Hercilia Devia Zabala, Leonel Murillo
Henao y Herminda Zabala de Devia [demandantes en el proceso ordinario] y las
demás partes, personas, terceros y/o entidades que hayan participado en el
proceso ordinario identificado con radicado 73001-33-33-005-2020-00013-00/01,
como tercero con interés en las resultas del proceso.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:

1.6.1. El Tribunal Administrativo del Tolima, luego de exponer los fundamentos
de la decisión de segunda instancia aquí controvertida, solicitó declarar
improcedente el mecanismo constitucional, ya que lo pretendido por el accionante
es usar la acción de tutela como si se tratara de una tercera instancia del proceso
contencioso.

1.6.2. La Rama Judicial, solicitó negar lo pretendido por el tutelante, comoquiera
que no se acreditó la existencia de la trasgresión de algún derecho fundamental,
máxime cuando en la «acción de tutela el actor trae a colación los mismos
argumentos en que fundamentó su defensa en el proceso contencioso […]».

1.6.3. La Fiscalía General de la Nación, alegó que en este asunto no se cumple

10 Transcrito con posibles errores ortográficos y mayúsculas sostenidas del texto original.

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el presupuesto de la inmediatez, porque han «pasado más de seis (6) meses, esto
es, el escrito de tutela fue presentado en ventanilla virtual el 19 de marzo de 2024,
esto es, después seis meses, 6 días, ello contado desde el 13 de septiembre de
2023, la fecha que cobró firmeza la providencia judicial donde se negaron las
pretensiones de la demanda de la acción de reparación directa».

Destacó que en todo caso el accionante no sustentó las causales específicas de
procedibilidad y tampoco se configuró la vulneración de una garantía fundamental.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Juan Manuel Devia Zabala, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

En primer lugar, esta colegiatura advierte que el estudio de esta acción se limitará
a la providencia que puso fin al proceso.

En consecuencia, corresponde a la sala determinar si, en el caso concreto, se
presenta una vulneración a los derechos fundamentales advertidos por los
accionantes, de parte del Tribunal Administrativo del Tolima con ocasión de la
providencia proferida en segunda instancia el 31 de agosto de 2023.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad adjetiva, y (iii) el
caso en concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 11
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema12.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales13.

11 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
13 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».

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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 14, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. La sala considera que la presente solicitud de amparo no cumple con el
requisito de la inmediatez, por las razones que a continuación se explican:

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable15, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues
de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo16.

De acuerdo con lo anterior, esta sección17 ha considerado como plazo prudencial
el de seis [6] meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador, el cual es
la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada que da lugar a la solicitud
de protección y la consecuencia de su presentación cuando se sobrepasa este
límite es que se declara su improcedencia.

En el caso objeto de estudio, como el accionante pretende que se deje sin efectos
las sentencias proferidas al interior del proceso contencioso identificado con
radicado 73001-33-33-005-2020-00013-00/01, este requisito se debe estudiar a la
luz de la ejecutoria de esa providencia que puso fin al proceso ordinario, esto es,
la sentencia de 31 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima.

Al respecto, esta colegiatura encontró que:

14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de
fecha 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-
Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia del 26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre
del 2015, Radicación 2015-01605-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
17 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada

Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01,
12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12
de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto
Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada
Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.

6
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 La sentencia de 31 de agosto de 2023 del Tribunal Administrativo del
Tolima se notificó electrónicamente el 5 de septiembre de 2023.
 La ejecutoria18 de esta providencia operó el 12 de septiembre de 202319.
 La solicitud de tutela se radicó el 19 de marzo de 2024.

Así las cosas, como la acción constitucional se presentó el 19 de marzo de 2024,
la sala concluye que para esa fecha transcurrió, desde la ejecutoria de las
respectivas providencias, un término superior a 6 meses, lo cual desatiende el
plazo que, tanto la Corte Constitucional como esta Sección, han considerado
como prudencial para presentar la solicitud de amparo constitucional.

En esta línea argumentativa, en relación con aquellas circunstancias que justifican
el retardo para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia
T-256 de 2015, cuya tesis es acogida por este juez colegiado como criterio
auxiliar, indicó que la acción de tutela será procedente:

Cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada
vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la
decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y
la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación desfavorable de la actora derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual20.

En este orden de ideas, esta colegiatura considera como plazo prudencial el de
seis [6] meses, contados desde la ocurrencia del hecho generador, el cual, para
el caso concreto es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada.

En este punto cabe destacar que, de aceptarse un término superior, sin que se
exponga una razón de trascendencia constitucional, se atentaría en contra del
derecho a la igualdad de los demás usuarios de la administración de justicia a
quienes se les ha declarado improcedente su solicitud de amparo, por superar el
lapso en mención.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 21, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200522,

18 Ver índice 15 del aplicativo Samai:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=73001333300520200
0013017300123
19 Si se tiene en cuenta que la notificación se realizó el 5 de septiembre, los 3 días de ejecutoria

que contempla el artículo 302 de la Ley 1564 de 2012 y los 2 días que contempla el inciso tercero
del artículo 8. º del Decreto 806 de 2020, cuya vigencia se estableció de manera permanente
mediante la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 y el numeral 2.º del artículo 205 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2011, los cuales se establecen desde cuándo
se entiende realizada la notificación cuando se efectúa por medios electrónicos.
20 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de

2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Manuel Devia Zabala
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01351-00

para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados.

De igual manera se destaca que controvertir una providencia judicial supone
cuestionar principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, lo cual
impone al interesado que se haga en un plazo pertinente, salvo justificación
razonable, carga que le corresponde alegar y demostrar a la parte accionante y
que en este asunto no se hizo.

Por ello, el estudio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las
tutelas contra providencias judiciales resulta ser estricto y basta con que la
decisión que se señala como vulneradora de derechos fundamentales sea
conocida en razón de la efectiva notificación y se encuentre ejecutoriada para que
la persona acuda ante el juez constitucional y solicite el amparo de sus garantías.

Ahora bien, la sala resalta que en el presente asunto la parte accionante no probó
la imposibilidad de acceder o conocer la decisión que hoy se controvierte en sede
de tutela o la incapacidad de acudir a los medios digitales para presentar su caso
ante el juez constitucional, donde cabe advertir que la existencia de una
providencia posterior, como por ejemplo la de obedecimiento y cumplimiento por
parte del a quo, no habilita que este requisito sea más flexible.

Solo en casos excepcionales y debidamente acreditados es posible ponderar el
principio de la seguridad jurídica con el derecho de acceso a la administración de
justicia, pero como ya se expuso, ello no corresponde los supuestos fácticos aquí
analizados.

2.5. Conclusión

Así las cosas, es claro para esta colegiatura que en el sub examine, no puede el
juez constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda vez
que no se supera el requisito de inmediatez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Juan Manuel Devia Zabala.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».

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TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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