Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02350-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02350-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02350-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
31 de octubre de 2024
Radicación: 13001-23-33-000-2024-02350-01
Demandante: Esmeralda Emperatriz Daza Martínez
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02350-01
Demandante: ESMERALDA EMPERATRIZ DAZA MARTÍNEZ
Demandados: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA Y OTROS
Temas: Fallas en la evaluación de proceso de selección pública. No
supera presupuesto de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo del 28 de junio de 2024, por medio del cual, la Sección Tercera,
Subsección A de esta corporación declaró improcedente la acción constitucional
de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Esmeralda Emperatriz Daza Martínez, actuando en nombre propio,
presentó solicitud de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (en
adelante EJRLB), el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, el acceso a cargos
públicos y de petición.
Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales por las falencias
ocurridas en la evaluación de la sub fase general del curso de formación judicial
realizado en el marco de la convocatoria número 27 de 2018, para elegir, en
propiedad, a los funcionarios judiciales del país.
1.2. Pretensiones
La accionante solicitó el amparo de las garantías constitucionales invocadas y
que, como consecuencia de ello, se dicten las siguientes órdenes:
PRIMERO: Se tutele mis derechos fundamentales a protección de mis derechos
fundamentales al debido proceso, confianza legítima, igualdad, acceso a cargos
públicos, derecho de petición, debido a las conductas asumidas por las
accionadas.
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Radicación: 13001-23-33-000-2024-02350-01
Demandante: Esmeralda Emperatriz Daza Martínez
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
SEGUNDO: Ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
ESCUELA JUDICIAL RODIGO LARA BONILLA, que en un término perentorio,
se me permita el acceso a la plataforma Klarway y con ello, el desarrollo del
simulacro de examen, ya que por motivos ajenos a mi voluntad, y que hasta
ahora desconozco, la plataforma no permitió mi acceso el 21 de abril de 2024, y
frente al simulacro realizado el sábado 5 de mayo, aunque alcancé a realizar el
registro biométrico y contestar 3 preguntas, el sistema me sacó, sin darme la
oportunidad de realizar el ensayo que en un total tenía 42 preguntas, es decir, mi
ejecución alcanzó escasamente el 7% del ejercicio.
TERCERO: Ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
ESCUELA JUDICIAL RODIGO LARA BONILLA, que en un término prudencial,
en todo caso por lo menos con 5 días de antelación a la primera fecha prevista
para el examen, disponga de un lugar físico, con habilitación de la red de internet
que se exige, para que los discentes puedan acudir con su equipo de cómputo, a
presentar los exámenes de la Subfase General del IX Curso de Formación
Judicial, garantizando asistencia técnica inmediata, a los discentes que registren
inconvenientes en el funcionamiento de la plataforma Klarway, con el fin de
garantizar la efectiva oportunidad de presentar el examen sin injerencia de
problemas tecnológicos.
CUARTO: Ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
ESCUELA JUDICIAL RODIGO LARA BONILLA, que reprograme la evaluación
prevista para el 19 de mayo próximo, hasta que el muestreo de funcionamiento
de la plataforma Klarway, muestre un 100% de eficiencia, de tal suerte que se
garantice en igualdad de condiciones a todos los discentes y concursantes la
posibilidad real, efectiva y transparente de desarrollar el examen que
corresponda a la Subfase general.
QUINTO: Que la decisión tenga efectos inter comunis, en lo que permita
garantizar los derechos fundamentales de otros discentes en la misma situación.
(Sic a lo transcrito1)
1.2.1. Pretensiones adicionales
La accionante, estando en trámite la acción de tutela, presentó memorial en el
que adicionó la demanda, y en relación con las pretensiones agregó las
siguientes:
Que en virtud del amparo de mis derechos fundamentales, se me permita
presentar nuevamente la evaluación realizada el 19 de mayo de 2024 en horas
de la mañana, permitiéndome el uso de las 4 horas dispuestas para contestar la
evaluación, ya que por motivos ajenos a mí, estuve en imposibilidad de contestar
21 preguntas, lo que incide negativamente en mi calificación, y pone en riesgo mi
proceso, pues la calificación que se debe obtener es superior a 800 puntos, so
pena de resultar eliminado del proceso de selección de jueces.
1.3. Hechos
1.3.1. Hechos narrados en el escrito inicial
Los supuestos jurídicamente relevantes, extraídos de la narración realizada por
la parte actora y los documentos allegados al plenario, pueden sintetizarse de
la siguiente manera:
1 Se transcribe con posibles errores ortográficos y gramaticales.
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Demandante: Esmeralda Emperatriz Daza Martínez
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
La señora Esmeralda Emperatriz Daza Martínez manifestó que es participante
de la convocatoria número 27 de 2018, realizada por el Consejo Superior de la
Judicatura (en adelante CSJ) mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018,
para elegir a los funcionarios judiciales del país.
Señaló que se encuentra realizando la III fase del IX curso de formación
judicial. Manifestó que ha realizado todas las actividades propuestas en el
desarrollo del curso y cumplido todas las exigencias hechas sobre los 8
programas que componen la sub fase general del curso.
Refirió que la EJRLB escogió la plataforma Klarway para el desarrollo del
examen virtual, pero que, el día 21 de abril de 2024, realizó un ensayo del uso
de la herramienta, con la finalidad de que los discentes conocieran previo a la
presentación del examen el manejo de la plataforma. Sin embargo, el ensayo
fue fallido, aseguró, pues a muchos discentes la plataforma no les permitió el
acceso.
Relató que, en su caso, no fue posible autenticar el usuario, se bloqueó la
plataforma, el chat de ayuda nunca respondió y, agotado el tiempo previsto
para el referido ensayo, no tuvo oportunidad de conocer el manejo de la
herramienta.
Debido a las falencias presentadas, narró que se programó un nuevo ensayo
para el 5 de mayo de 20919, pero, aunque se corrigieron varias fallas en el
funcionamiento de la plataforma, un porcentaje de discentes no logró acceder a
esta.
Explicó que ella alcanzó a realizar el registro biométrico, pero solo se le
permitió contestar 4 de las 42 preguntas que componían la prueba de ensayo,
pues el sistema la sacó, dejándola bloqueada, hasta pasadas las 10:30 de la
mañana.
Indicó que la EJRLB expidió un comunicado, en el cual, admite que un
porcentaje de discentes no logró desarrollar la prueba con éxito, pero que, igual
que ella, cumplieron con los recursos tecnológicos y físicos.
Afirmó que desconoce las razones, por las cuales, la plataforma no le permitió
el avance completo de la prueba de ensayo, pese a que elevó solicitud a través
de la mesa de ayuda, desde el mismo 5 de mayo de 2019.
Aseguró que, la accionada no ha logrado ejecutar en un 100% de eficiencia las
pruebas de funcionamiento de la plataforma Klarway, con la que pretende
evaluar las competencias de los concursantes.
Agregó, que la EJRLB aceptó que estuvo bajo ataque cibernético, lo que
implica que, incluso sus datos personales están en riesgo, sin garantías para la
presentación del examen con carácter eliminatorio en la modalidad virtual.
Expuso que, en calidad de discente tuvo que correr con gastos de cámaras,
baterías, aparatos, internet, movilización de routers entre otros, y, aun así, no
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se ha logrado mostrar la efectividad de la herramienta con la que pretenden
evaluar el proceso formativo.
1.3.2. Hechos narrados en la adición de la demanda
Indicó que, la primera sesión de exámenes correspondiente a la fase general
se llevó a cabo el 19 de mayo de 2024 en el horario de 8:00 am a 12:00 m.;
fecha en la cual, estuvo atenta a la plataforma desde las 6:00 a.m., siguiendo
las instrucciones impartidas, y trató de ingresar al aplicativo desde las 7:15,
a.m., pero sólo hasta cerca de las 10:00 a.m., logró iniciar el cuestionario del
examen, pese a que cumplía con los requisitos de internet y demás exigencias
técnicas.
Relató que, una vez se le permitió el ingreso a la plataforma y el acceso a los
cuestionarios de la prueba, escribió al personal asignado en el chat, que le
indicara que debía hacer, que ya había perdido casi 2 horas, a lo que
respondieron que empezara a responder porque le iban a reponer el tiempo y,
sobre esa instrucción, empezó a responder pensando que se le garantizaría el
tiempo de 4 horas. Sin embargo, la prueba se cerró a las 12 del día, sin dar
opción de reponer el tiempo como falsamente se le indicó en el chat y, como
consecuencia, no alcanzó a responder todo el cuestionario.
Sostuvo que, en la jornada de la tarde, aunque el ingreso no tardó tanto,
tampoco pudo ingresar en punto de las 2:00 p.m. y, adicionalmente el sistema
la sacó de la prueba en varias oportunidades, siendo necesario apelar al chat
para buscar una solución, pues la situación interrumpía la concentración para la
presentación de la prueba, sumado a que, por la presión que se sentía por lo
sucedido desde las horas de la mañana, presentó un cuadro de migraña
durante la jornada de la tarde.
Añadió que, se le indicó que podía presentar la prueba de la jornada de la tarde
mientras se hacía el cargue de la información de la jornada de la mañana, sin
embargo, la plataforma no la dejaba acceder y recibió la instrucción de cerrar el
aplicativo para poder ingresar, no obstante, dos días después, el cargue de la
prueba seguía en proceso.
Resaltó que, la problemática asociada al funcionamiento de la plataforma fue
ampliamente puesta en evidencia a través de la red social X, donde varios
discentes pusieron de presente varias falencias, incluso uno de los
concursantes manifestó que resultó en servicio de urgencias médicas por un
ataque de ansiedad (aportó algunos pantallazos tomados de la red social).
1.4. Sustento de la petición
La accionante manifestó, que el examen tiene carácter eliminatorio, motivo por el
cual, las eventuales fallas que se presenten con la herramienta afectarían de
manera grave su derecho a permanecer en el curso, por causas ajenas a su
responsabilidad.
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Sostuvo que el curso de formación judicial debería garantizar el principio del
mérito para la ubicación de los concursantes en el registro de elegibles, lo que
implica transparencia y eficiencia en los métodos o herramientas de evaluación.
Indicó que: «las circunstancias especiales de cada persona, su proceso
formativo y la aprehensión de los conocimientos objeto de los módulos, deben
ser los únicos factores que deben tener injerencia en la evaluación, la brecha
digital, las herramientas dispuestas para la evaluación y sus falencias, son en
este caso un asunto de Estado y no debe siquiera dar lugar a que una sola
persona tenga limite en el acceso, o dificultades para la presentación de la
prueba, sin que resulte razonable que las accionadas se escuden en que los
discentes deben proveer todos los medios tecnológicos bajo una interpretación
que pueda resultar arbitraria, abusiva y excluyente y que por cuenta exclusiva de
cada discente se deba superar los impases de orden tecnológico, pues es una
carga que no nos corresponde asumir».
Argumentó, que la problemática planteada de manera inicial en el escrito de
tutela, se confirmó con las vicisitudes que se vivieron en la práctica de la primera
sesión de examen, ya que no pudo contar con las 4 horas para la presentación
de la prueba en horas de la mañana, circunstancia que la afectó de manera
notoria, pues debido al recorte de tiempo para la presentación del examen le
quedaron 21 preguntas sin contestar, situación que claramente incide en la
calificación del examen.
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto del 3 de abril de 2024, el despacho del magistrado sustanciador
admitió la acción de tutela y notificó esa decisión al Consejo Superior de la
Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia, para que rindieran informe sobre los hechos objeto
de la solicitud de amparo.
Además, dispuso vincular a todos los discentes del IX Curso de Formación
Judicial como terceros interesados; negar la solicitud de medida provisional y de
pruebas, formulada por la accionante; correr traslado a la parte demandada
sobre los documentos aportados como junto a la demanda; y, comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Luego, a través de auto del 30 de mayo de 2024, resolvió negar la solicitud de
medida provisional y de pruebas incoada por la actora; vincular al proceso a la
sociedad E. Distribution S.A.S. en calidad de tercero con interés y; correr
traslado a la parte demandada y a los terceros vinculados sobre el memorial
allegado por la accionante con posterioridad a la presentación de la demanda,
para que, si a bien lo tenían, se pronunciaran al respecto.
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
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1.5.1. Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia
Arguyó que, la UPTC cumplió con sus obligaciones contractuales y solo
participó en la organización del concurso a través de la Unión Temporal
Formación Judicial 2019 (en adelante UTF 2019), y no tuvo una responsabilidad
directa sobre la plataforma Klarway.
Aseguró que, el concurso se llevó a cabo conforme a las normas legales y
reglamentarias, garantizando el debido proceso a los participantes y que las
fallas técnicas fueron excepcionales y ajenas a la responsabilidad de la UPTC.
Agregó que la plataforma Klarway cuenta con altos estándares de seguridad y
confidencialidad y los inconvenientes son excepcionales y no invalidan todo el
proceso.
1.5.2. Edwin Fabian Castellanos Flórez
Manifestó que se opone ni apoya la pretensión principal de la tutela, pero
expresó su preocupación por la divulgación indebida de datos personales por
parte de la acora y las autoridades judiciales que conocen el proceso. Solicitó
que se ordene el envío de copias a las autoridades disciplinarias
correspondientes, para que tomen medidas para prevenir futuras violaciones a
la ley de protección de datos.
1.5.3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Indicó que no tiene competencia para decidir sobre la participación de la
accionante en el concurso, ya que, la unidad encargada de dicho proceso es la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Propuso la falta de legitimación por pasiva sustentada en la ausencia de
competencia y de causalidad directa entre sus acciones y la situación planteada
por la accionante, en atención a la separación de funciones y competencias que
existe dentro del Consejo Superior de la Judicatura.
1.5.4. Juan Carlos Villarreal Córdoba
El señor Juan Carlos Villarreal Córdoba presentó escrito para coadyuvar la
acción de tutela, bajo el argumento de que las fallas de la plataforma Klarway y
el diseño del proceso de evaluación vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso y la igualdad de los participantes.
Describió problemas similares a los ocurrido a la accionante con la plataforma
Klarway durante las evaluaciones de la sub fase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial.
Expuso que en el desarrollo del curso se modificaron las condiciones de
capacitación y evaluación, se implementó un sistema considerado «antitécnico»,
con un gran volumen de información y sin pedagogía.
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Reseñó que, la plataforma Klarway presentó fallas reiteradas en ambas jornadas
de evaluación (19 de mayo y 2 de junio de 2024), y le impidió el acceso
oportuno a las pruebas. Además, que en varias ocasiones, su acceso fue
bloqueado y, pese a que solicitó apoyo a la mesa de ayuda, la activación del
sistema se retrasó, afectando la realización del examen en condiciones de
igualdad con otros discentes.
1.6. Sentencia de primera instancia
La Sección Tercera, Subsección A de esta corporación explicó que, las
pretensiones inicialmente formuladas carecían de objeto, pues durante el curso
del proceso desaparecieron los supuestos de hecho que, a juicio de la actora,
amenazaban los derechos fundamentales invocados, por cuanto ya se llevó a
cabo la primera sesión que se tenía programada para evaluar la sub fase
general del Curso de Formación Judicial.
Respecto a la pretensión formulada con posterioridad a la presentación de la
demanda, referida a que se ordenara a la accionada permitir repetir la prueba
realizada el 19 de mayo de 2024 en la jornada de la mañana, consideró que no
cumplía con el requisito de subsidiariedad, toda vez que no se acreditó haber
agotado el mecanismo eficaz e idóneo que tenía a su alcance para obtener el fin
perseguido, esto es, el supletorio.
Refirió que, ante situaciones como las descritas, el Consejo Superior de la
Judicatura, contempló en el capítulo VII8 - numeral 69 - del Acuerdo PCSJA19-
11400 de 201910 la posibilidad de solicitar una evaluación supletoria, que debe
presentarse dentro de los 5 días siguientes a la fecha del examen a través del
canal dispuesto para ello y adjuntar la prueba idónea de las circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito que le impidieron presentar la prueba en la fecha y
hora programada.
Finalmente, decidió negar la solicitud de desvinculación elevada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la compulsa de copias planteada por el
tercero vinculado.
1.7. Impugnación
Mediante escrito enviado por correo electrónico, el actor impugnó el fallo de
primera instancia, recurso que gira en torno a las siguientes inconformidades:
Aseguró que la evaluación supletoria no resultaba procedente para su caso,
pues está diseñada para las situaciones en las cuales los discentes por causas
de fuerza mayor o caso fortuito no presentan la evaluación, mientras que ella, si
se hizo presente en el día y hora de la citación, para el examen.
Relató que no tuvo la oportunidad de contar con las 4 horas dispuestas para la
evaluación, y que su tiempo estuvo reducido a 2 horas para contestar la totalidad
de las preguntas que componían la evaluación de la sub fase general para la
jornada de la mañana del 19 de mayo, lo que ocasionó que dejara 21 preguntas
sin resolver.
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1.8. Actuación procesal en segunda instancia
A través de proveído del 5 de septiembre de 2024, se declaró infundado el
impedimento manifestado por el magistrado sustanciador del proceso.
Mediante auto del 7 de octubre de 2024, el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil
decidió no acumular este expediente a la tutela de radicado 11001-03-15-000-
2024-02307-00, al señalar que aquella fue resuelta mediante sentencia del 4 de
julio de 2024 y el expediente fue archivado el 6 de agosto de 2024.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada
contra la sentencia de primera instancia proferida en el expediente de la
referencia, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20152, así
como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
El inciso 2 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que «quien
tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud».
La Corte Constitucional ha precisado que el coadyuvante es un tercero que tiene
una relación sustancial con las partes que, indirectamente, se pueden ver
afectadas si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable y que
«aquellos no reclaman un derecho propio para que sobre él haya decisión en el
proceso, sino un interés personal en la suerte de la pretensión de una de las
partes. Se trata de intervenir para afianzar y sostener las razones de un derecho
ajeno»3.
En este caso, el señor Juan Carlos Villarreal Córdoba manifiesta que también se
ha visto afectado por la decisión cuestionada, en ese sentido, le asiste interés
en la resolución de la presente acción de tutela. El juez de primera instancia no
se pronunció frente a esta petición, pese a que fue radicada antes de proferirse
el fallo. Por consiguiente, en esta instancia se resolverá al respecto, en el
sentido de indicar que es procedente la petición de admisión de coadyuvancia
formulada.
2.3. Problemas jurídicos
En orden a decidir si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión
proferida en primera instancia, se determinará si se cumplen en el presente caso
los presupuestos de procedencia de la acción de tutela, y en caso de
2
Modificado por el artículo 1. º del Decreto 333 de 2021.
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Sentencia Su-134 de 2022.
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encontrarlos acreditados, pasará a estudiar si se presenta vulneración a los
derechos fundamentales del actor, con ocasión de las irregularidades
presentadas en el desarrollo de la prueba realizada en la fase general del curso
de formación judicial, dentro de la convocatoria número 27 de 2018.
En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) generalidades de
la acción de tutela; (ii) el fondo del asunto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según
el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6.º ibid., entre otros motivos, la relativa a la existencia
de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del
derecho que se alega amenazado o vulnerado.
2.5. Estudio del caso concreto
La señora Esmeralda Emperatriz Daza Martínez cumplió con todos los requisitos
y superó satisfactoriamente todas las actividades y evaluaciones
correspondientes a la fase I y II de la Convocatoria No. 27 adelantada por el
Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de
2018 (prueba de aptitudes y conocimientos y verificación de requisitos mínimos),
para designar, en propiedad, a los funcionarios judiciales del país.
Actualmente, se encuentra en desarrollo la fase III del proceso de selección,
denominada Curso de Formación Judicial Inicial, a cargo de la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla (en adelante EJRLB). Este curso está regulado por el
Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019.
Según estos preceptos, el curso tiene dos sub fases: la general y la
especializada. Cada una de estas se evalúa con una prueba que tiene carácter
eliminatorio. Las clases y las pruebas han sido realizadas por la Unión Temporal
Formación 2019, operador del curso, en virtud del contrato suscrito con la
EJRLB.
La evaluación de la sub fase general se llevó a cabo de manera virtual, a través
de una plataforma denomina Klarway, en dos jornadas: 19 de mayo y 2 de junio
de 20244. La UTF2019 adelantó un primer ensayo para probar el manejo de la
plataforma el 21 de abril del presente año.
4
Guía de Orientación al Discente para la Evaluación Virtual de la Sub-fase General.
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La accionante manifiesta, que durante este primer simulacro experimentó fallas
técnicas que le impidieron completar la prueba, dado que, la plataforma se
bloqueó después de que ella contestara solo 3 preguntas, además se le impidió
el acceso al chat de soporte y la posibilidad de continuar con la prueba.
Indica que reportó inmediatamente el problema a través de los canales de
soporte de la plataforma Klarway y solicitó asistencia técnica (petición radicada
con el ID 11579).
La actora, afirma que, en el segundo simulacro, que tuvo lugar el 5 de mayo de
2024, a pesar de iniciar la prueba con éxito y completar el registro biométrico, la
plataforma Klarway presentó nuevas fallas y solo pudo responder 3 de las 42
preguntas antes de ser expulsada del sistema, logrando un avance del 7%.
De acuerdo a lo expuesto por la peticionaria, a pesar de los inconvenientes
presentados, reportados y la proximidad del examen final a la fecha de
presentación de la acción de tutela (ocho días de diferencia entre la fecha de
presentación de la tutela y la del examen), el problema de acceso y
funcionamiento de la plataforma Klarway no se había resuelto, por lo que, a su
juicio, no existían garantías de que el examen final del 19 de mayo de 2024
pudiera desarrollarse sin interrupciones.
La presente acción fue admitida el 27 de mayo del presente año, es decir, con
posterioridad a la realización de la primera jornada del examen (19 de mayo de
2024). Estando en trámite, la actora allegó un memorial, mediante el cual,
informó los hechos acaecidos durante dicha jornada. De esta manera, refirió
que, a pesar de presentarse en la fecha y hora establecidas para el examen del
19 de mayo, y cumplir con los requerimientos técnicos impuestos por el
operador del concurso, tuvo problemas en la plataforma que le impidieron
acceder a la prueba hasta casi dos horas después de su inicio, reduciendo su
tiempo de evaluación a solo 2 horas en lugar de las cuatro programadas. Esto le
impidió responder 21 preguntas.
Argumentó que, la imposibilidad de responder completamente al examen, a
causa de fallas en la plataforma que estaban por fuera de su control, constituye
una vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad.
La actora modificó también, las pretensiones para adecuarlas a los hechos
recientes, y solicitó el aplazamiento de la segunda jornada programada para el 2
de junio siguiente y la repetición de la jornada del examen llevado a cabo en la
mañana del 19 de mayo de 2024. La primera solicitud, elevada como medida
provisional, fue negada por el magistrado sustanciador de primera instancia.
La sentencia impugnada determinó que, algunas de las pretensiones de la tutela
carecían de objeto porque al momento de la expedición de la decisión ya se
habían realizado las jornadas evaluativas, de manera virtual, es decir, en la
forma prevista por la EJRLB, estas eran: permitir a la actora desarrollar
nuevamente un simulacro; proporcionar un espacio físico con habilitación de la
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red de internet que se exige, para que los discentes pudieran acudir con su
equipo de cómputo a presentar el examen, y; reprogramar la evaluación hasta
que el aplicativo Klarway garantizara un 100% de eficiencia en su
funcionamiento.
En su escrito de impugnación, la accionante no presentó reparos frente a dicha
determinación.
En relación con la pretensión relativa a que se autorizara la repetición de la
jornada de evaluación de la mañana del 19 de mayo de 2024, el a quo consideró
que, no superaba el requisito de subsidiariedad, toda vez que no acreditó haber
agotado el mecanismo eficaz e idóneo que tenía a su alcance para obtener el fin
perseguido, esto es, el examen supletorio, y tampoco «ofreció alguna razón que
justificara de forma razonada haber prescindido del instrumento que, se insiste,
resultaba ser idóneo y eficaz para salvaguardar los derechos fundamentales que
estima vulnerados».
La actora recurrió la providencia de primera instancia, bajo el argumento de que,
el examen supletorio no estaba previsto para casos como el suyo, puesto que su
regulación indica que esa posibilidad aplica para eventos en que el discente no
puede acudir en la fecha programada por razones de caso fortuito y fuerza
mayor.
De las pruebas allegadas al proceso se advierte que, el Acuerdo Pedagógico
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, dispone:
6 EVALUACIONES SUPLETORIAS
En el caso en el que el discente no presente las evaluaciones en las
fechas y horas dispuestas y justifique las circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito, y una vez tal justificación sea aceptada por la Escuela
Judicial, habrá lugar a la programación de evaluaciones supletorias, previo
cumplimiento de los siguientes requisitos:
La solicitud deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha de la evaluación, por medio del aplicativo dispuesto
para tal fin, adjuntando la prueba idónea de las circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito.
En los eventos en los cuales la causal de inasistencia a la evaluación sea
incapacidad médica, maternidad o paternidad del discente, calamidad
doméstica, enfermedad grave o muerte del cónyuge o compañero(a)
permanente y parientes dentro del 3º grado de consanguinidad o segundo
de afinidad y único civil, deberá informar esta circunstancia en el mismo
aplicativo dispuesto para tal fin, anexando el registro civil para efecto de
acreditar el parentesco y los documentos expedidos o validados por la
correspondiente EPS, o la prueba que acredite el estado civil o la calidad
de compañero (a) permanente.
Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se prolonguen
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en el tiempo, una vez cese o sea superada la causal aludida para la no
asistencia o presentación de la evaluación, dentro de los cinco (5) días
siguientes el discente deberá informar tal circunstancia por medio del
aplicativo dispuesto para tal fin, adjuntando los documentos idóneos para
demostrar la fecha en la cual cesó la fuerza mayor o el caso fortuito.
La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” evaluará la solicitud y las
pruebas allegadas para determinar si procede o no la presentación de la
evaluación supletoria, señalando para el efecto nueva fecha, hora y lugar
para su reprogramación, la cual será de carácter obligatorio para el
discente.
Como se puede observar, la disposición trascrita no indica, entre sus supuestos,
una situación similar a la narrada por la accionante o el coadyuvante, esto es,
que se presenten fallas relativas al funcionamiento de la plataforma digital
contratada para la presentación del examen.
Esta situación sin embargo, debe ser resuelta por la EJRLB y el operador del
curso de formación, en el marco de sus obligaciones contractuales, quienes
deberán determinar si las fallas de disponibilidad de la plataforma obedecieron a
causas atribuibles a la plataforma o a la accionante, ello teniendo en cuenta que,
de acuerdo a lo manifestado por la actora, el día de la prueba, ella cumplió con
los requerimientos tecnológicos realizados a los discentes para la presentación
de la evaluación.
De esta forma, la situación debía ser puesta en conocimiento de la entidad, tal
como lo consideró el juez de primera instancia, en el marco de un proceso de
selección reglamentado, como es la convocatoria 27 para la elección de
funcionarios judiciales.
En este sentido, si la accionante considerada que el supletorio no aplicaba para
su caso, debió de todas maneras elevar ante la EJRLB, la pretensión que
expone a través del mecanismo constitucional esto es, solicitar la repetición de
la jornada evaluativa en la que, según relata, tuvo inconvenientes técnicos.
Esta sección5, al analizar un caso de contornos fácticos similares a los que se
exponen en esta ocasión, cuando un grupo de discentes manifestó que la
plataforma Klarway no brindaba garantías suficientes para realizar las
evaluaciones del curso de formación judicial (entre otras cosas) y, con base en
dicho argumento, solicitaron el aplazamiento de la prueba hasta que se
verificara el cumplimiento de las condiciones técnicas adecuadas para su
presentación; declaró la carencia actual de objeto por hecho superado (frente a
esa pretensión).
En aquella oportunidad la sala consideró lo siguiente:
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CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
QUINTA, Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL, Sentencia del cuatro (4) de julio
de dos mil veinticuatro (2024), Radicación: 11001-03-15-000-2024-02307-00 acumulada con
11001-02- 30-000-2024-00656-00, 20001-31-09-001-2024-00060-00, 11001-03-15-000-2024-
02764-00, 11001-03-15-000-2024- 02320-00 y 11001-03-15-000-2024-02226-00.
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78. Cabe destacar que, en todo caso, ante situaciones como la falta de
conexión repentina o una grave interrupción, los discentes deberán poner
de presente su caso y los técnicos especialistas, en caso de no poder
brindar una solución y tras la evaluación concreta de lo ocurrido a cada
participante, dispondrán la reprogramación de la prueba.
En esa ocasión, la sala determinó que, las mejoras introducidas por la UTF2019,
en la herramienta digital Klarway, para adelantar los exámenes de forma virtual
y reducir los riesgos identificados por los concursantes durante los simulacros,
consistían, entre otras en:
De acuerdo a los informes rendidos en dicho caso por la EJRLB, los riesgos de
caída de la plataforma por problemas de indisponibilidad o falta de capacidad
del sistema para manejar la carga de datos, o aquellos relativos a la pérdida de
datos de los participantes, debían ser informados a la UTF2019.
En el caso objeto de estudio, el escenario fáctico ha variado, en atención a que,
la prueba ya tuvo lugar (los días 19 de mayo y 2 de junio de 2024), y según lo
manifestado por la actora, en su realización se presentaron fallas técnicas
atribuibles a la plataforma klarway, que le impidieron iniciar el examen en la hora
programada, es decir, que las medidas adoptadas por la UTF2019, fueron
insuficientes para garantizar el acceso y disponibilidad de la herramienta digital
ante la concurrencia de participantes.
La actora manifestó que informó los fallos que tuvo la plataforma al soporte
técnico durante el desarrollo del examen, con el fin de que, corrigieran las
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situaciones presentadas y permitieran el acceso al aplicativo.
Sin embargo, la accionante no aportó soporte acerca de que, una vez culminada
la evaluación, informó la situación a la EJRLB, junto con la sustentación de las
razones, por las cuales, consideraba que las fallas técnicas afectaron el tiempo
de la prueba y, con ello, la objetividad del resultado de su examen.
En este orden, la accionante debía hacer uso de los mecanismos
correspondientes para exponer esos hechos ante la EJRLB, bien fuese a través
de la solicitud de supletorio o de una petición de repetición, dado que, no es
posible que este juez constitucional reemplace a la autoridad competente para
adelantar el proceso de formación judicial sin que aquella tenga el conocimiento
previo de los hechos u omisiones presuntamente trasgresoras y la oportunidad
de decidir al respecto.
En efecto, la intervención del juez de tutela no puede darse sin que previamente
se agoten las herramientas y recursos puestos a disposición de los participantes
de un proceso de selección, por tratarse de un escenario regulado con
mecanismos para garantizar los derechos de los concursantes y, en este caso,
operado por un particular contratado por contar con la capacidad técnica para
prevenir este tipo de eventos y, en caso de que se presenten, adoptar las
medidas correctivas a que haya lugar.
En conclusión, la presente acción de tutela no cumple con el presupuesto de
subsidiariedad, como lo consideró el juez de primera instancia, y en esa medida,
se confirmará la decisión recurrida.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Aceptase la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Juan
Carlos Villarreal Córdoba.
SEGUNDO: Confirmase la sentencia 28 de junio de 2024, por medio del cual,
la Sección Tercera, Subsección A de esta corporación declaró improcedente la
acción constitucional de la referencia.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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