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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03697-00

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03697-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: RECONOCER a los señores Alberto Mario Quintana Majul y Andrés Mejía Tabares como coadyuvantes de la presente acción de tutela. SEGUNDO: NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación realizada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), y la Universidad Libre, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa. TERCERO: Declarar la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO respecto a la petición radicada por el señor Javier Darío León Rosso, el día 26 de junio de 2024, por las razones expuestas en la parte considerativa. CUARTO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de las demás pretensiones formuladas dentro de esta acción de tutela por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad. QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03697-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

12 de septiembre de 2024

Demandante: Javier Darío León Rosso
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y Otros.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03697-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03697-00
Demandante: JAVIER DARÍO LEÓN ROSSO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema: Tutela contra Concurso de Méritos

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por el señor Javier Darío
León Rosso, contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, da Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y La Unidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia y Distribución.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito presentado el 18 de julio de 20241, el señor Javier Darío León
Rosso, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura, la Unidad de Administración de Carrera Judicial, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, y la Unidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Distribución,
deprecando el amparo de sus derechos fundamentales «de petición, al debido
proceso administrativo, a la defensa, a la confianza legítima y al acceso a cargos
públicos».

El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la falta de respuesta frente a la petición elevada, en virtud de las

1 Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus

de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1

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Demandante: Javier Darío León Rosso
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y Otros.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03697-00

presuntas irregularidades y fallas técnicas presentadas en el desarrollo de los
exámenes de la sub fase general del Curso de Formación Judicial adelantado en
la Convocatoria 27 para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial, especialmente en lo relativo al traslado, presentación de documentos e
identificación y justificación de las preguntas anuladas o modificadas según el
informe psicométrico del 21 de junio de 2024.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

«1. Tutelar mis derechos fundamentales a la petición, al debido proceso
administrativo, a la defensa, a la confianza legítima y al acceso a cargos públicos.

2. Ordenar, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, a las
entidades accionadas que, en un término perentorio, den respuesta clara, precisa y
de fondo a las peticiones presentadas, especialmente en lo relativo al traslado,
presentación documentos e identificación y justificación de las preguntas anuladas
o modificadas según el informe psicométrico del 21 de junio de 2024.

3. Declarar como no respondida en las contestaciones públicas y generales días 15
y 16 de julio de 2024 el señor FELIPE WILSON MARTINEZ representante legal de
la UT FORMACIÓN JUDICIAL 2019, denominados “RESPUESTA MASIVA A
DERECHO DE PETICIÓN PRESENTADO POR DISCENTES DEL IX CURSO DE
FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL”, por incumplir los presupuestos de la sentencia
SU 0067 DE 2022, asociados a los fallos del presente proceso de selección de la
convocatoria 27.

4. Ordenar la interrupción del término para interponer el recurso de reposición contra
la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, hasta tanto no se proporcione la
información solicitada y se garantice el ejercicio pleno del derecho de defensa.

5. Ordenar a las entidades accionadas que como medida moderatoria, permitan el
acceso a la información necesaria para ejercer el derecho de defensa, incluyendo
informes psicométricos, copias y demás información relevante, sin perjuicio de las
reservas legales que puedan aplicar a ciertos aspectos específicos del mismo»2.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:

Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior
de la Judicatura convocó el proceso de selección para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial3.Según lo consignado en la Resolución CJR23-

2 Transcripción literal que puede contener errores.
3 Índice 15 de Samai.

2

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0061 del 08 de febrero de 20234, el accionante aspiró al cargo de Juez Promiscuo
Municipal5, siendo admitido para continuar a la siguiente fase, después de haberse
verificado por la autoridad competente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la respectiva Convocatoria para tal fin6.

Luego, mediante Resolución No. EJR24-298 del 21 de junio de 20247, expedida
por la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» del Consejo Superior de la
Judicatura, se publicaron los puntajes finales obtenidos por los discentes de la
convocatoria a la que se ha hecho referencia, en la subfase general del IX Curso
de Formación Judicial Inicial.

Así mismo, y de acuerdo con la Certificación expedida el día 9 de agosto de 2024,
por el Representante Legal de la Unión Temporal Formación Judicial 2019, el
señor JAVIER DARÍO LEON ROSSO, participó activa y efectivamente en las dos
sesiones de exhibición de la evaluación programadas para las jornadas del 07 y
14 de julio de 2024, en el marco del IX Curso de Formación Judicial Inicial.8

1.4. Fundamentos de la vulneración

El actor indicó que, en el presente asunto se cumplen los requisitos establecidos
por la jurisprudencia para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
actos administrativos en concursos de méritos; aduciendo además que la falta de
respuesta clara y completa frente a las peticiones presentadas, así como la
negativa a proporcionar información crucial para ejercer el derecho de defensa,
configuran una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de
petición, a la defensa y de acceso a cargos públicos.

Además, que existe un riesgo inminente de perjuicio irremediable, dado que el
plazo para interponer el recurso de reposición está próximo a vencer, lo que
justifica la intervención urgente del juez de tutela.

1.5. Trámite de la acción de tutela

La magistrada ponente mediante auto del 1º de agosto de 2024, admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y, como parte
demandada, al Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y la Unidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

4 Índice 14 de Samai.
5 Índice 14 de Samai.
6 Índice 14 de Samai.
7 Consultado en la página web: https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/publicaciones-ix-cfji
8 Índice 16 de Samai.

3

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y Distribución9.

A través de proveído del 16 de agosto de 2024, se ordenó vincular a la Unión
Temporal Formación Judicial 2019, al considerar que a la misma le asiste un
posible interés en las resultas del proceso.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Alberto Mario Quintana Majul

El señor Alberto Mario Quintana Majul, quien aduce ostentar la calidad de
participante del IX curso de formación judicial, allegó escrito mediante el cual
manifestó su voluntad de coadyuvar la presente acción constitucional al considerar
que, la entidad accionada no puede invocar reserva legal frente a los aspectos que
le fueron planteados, pretendiendo ocultar la información que le fue solicitada a los
discentes del concurso, toda vez que ello va en contravía de lo señalado por la
Corte Constitucional en sentencia SU-067 de 2022; además de considerar que la
información requerida por el accionante es necesaria, pertinente y conducente
como material probatorio para el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que se pretende ejercer en contra de la Resolución
EJR24-298 del 21 de junio de 202210.

Por lo anterior, considera importante que el juez de tutela garantice el mínimo
ejercicio de defensa de los discentes y se den a conocer a los mismos el contenido
del informe que revela los errores de los ítems 35, 50, 143, 275 y 295 de las
pruebas de la subfase general, para así evaluar si los mismos persisten en otros
ítems para su contradicción, motivo por el cual solicita, se ordene a las entidades
accionadas informen el contenido del ítem 43 de la evaluación realizada el día 2
de junio de 2024 en la jornada PM, modulo Interpretación Constitucional y filosofía
del derecho (Ítem 295 en la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2022) y la
clave de respuesta.

1.6.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

En documento allegado el 6 de agosto del presente año11, indicó que dicha entidad
no es la competente para administrar la carrera judicial, en tanto la misma recae
en el Consejo Superior de la Judicatura, de manera que esta es la autoridad

9
Índice 4 de Samai.
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Índice 9 de Samai.
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Índice 10 de Samai.

4

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legitimada para responder por la presunta amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el actor, motivo por el cual solicita, se declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva respecto de la DEAJ y, de manera
consecuente, se ordene su desvinculación de la presente acción.

1.6.3. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC

Mediante memorial allegado el 6 de agosto de 202412, refirió que la acción de tutela
promovida es improcedente, toda vez que no se cumple con el requisito de
subsidiaridad, aunado a que de los mismos hechos que fundamentan la acción
constitucional, dan cuenta que la accionada ha actuado conforme a la competencia
y participación que le fue atribuida en el desarrollo del objeto de la Unión Temporal
Formación Judicial 2019.

Así mismo refiere que, en el caso particular no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable contra el accionante derivado de la presunta vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales invocados, conforme a lo señalado por
la Corte constitucional en sentencia T 554 de 2019.

Por último, señala que las entidades accionadas han actuado con observancia de
las normas de orden constitucional y legal que regulan el IX Curso de Formación
Judicial Inicial; toda vez que los actos administrativos proferidos en el marco de la
actuación han sido sustentados y difundidos ampliamente a todos los discentes,
garantizando la posibilidad de controvertirlos en ejercicio de su derecho a la
defensa y corrigiendo las falencias detectadas en las distintas fases del Curso-
Concurso; sin que se evidencie la vulneración al debido proceso que se alega.

1.6.4. Andrés Mejía Tabares

El señor Andrés Mejía Tabares, manifestó su voluntad de coadyuvar la presente
acción constitucional, en su condición de discente del Curso de Formación
Judicial13 señalando que, a su juicio la Unión Temporal Formación Judicial 2019,
no ha brindado respuesta de fondo frente a las peticiones realizadas por el señor
Javier Darío León Rosso.

Así mismo, señaló que se torna necesario que la UT brinde el informe técnico de
las respuestas manifestadas en la Resolución 298 de 21 de junio de 2024 , dado
que las mismas carecen de precisión, además de aseverar que si bien el operador
privado garantizó que los discentes del curso concurso contarían con las
grabaciones como mecanismo de prueba, en este momento dicha entidad no

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Índice 11 de Samai.
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Índice 12 y 13 de Samai.

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puede alegar una presunta reserva, ya que dicho acto va en contravía del
precedente establecido por la Corte Constitucional mediante sentencia SU-067 de
2022, en el cual se establece que la reserva legal sobre las pruebas y
documentación de soporte en concursos judiciales no es oponible al directamente
implicado, sino que, puede interpretarse como una conducta que bordea los límites
de la legalidad.

1.6.5. La directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura

Compareció al plenario mediante escrito allegado el día 9 de agosto de 202414 en
el que solicita en primer lugar que se declare la falta de legitimación en la causa
por pasiva frente a dicha entidad, y de manera consecuente se le desvincule de la
presente acción constitucional, por cuanto no tiene competencia para decidir o
pronunciarse sobre las pretensiones, además de considerar que con el actuar
administrativo no se han vulnerado ni afectado los derechos fundamentales
invocados por el actor.

Así mismo, manifiesta que los derechos de petición presentados por el señor Javier
Darío León, no fueron radicados ante dicha dependencia y corresponden a temas
en los que dicha Unidad no tiene competencia ni injerencia alguna para emitir
ningún pronunciamiento sobre lo peticionado, ya que ello invade la órbita funcional
de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, entidad ante la cual se radicó el
derecho de petición que dio origen a la presente acción.

1.6.6. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

Mediante escrito allegado el 9 de agosto de 202415, la entidad accionada señaló
que, si bien la pretensión del accionante se concreta en que le sean resueltas unas
solicitudes sobre cuestiones técnicas relacionadas con el desarrollo de la prueba
de la Subfase General del curso – concurso, dicha entidad dio respuesta de fondo
a las inquietudes planteadas a través del Oficio EJO24-1138 del 9 de agosto de
2024.

Así mismo, precisó que, respecto del ticket 20945, se dio respuesta a través del
documento denominado «Respuestas a peticiones masivas dentro del IX Curso de
Formación Judicial Inicial» del 2 de agosto de 2024, en el que se informó la
identificación de las preguntas P35, P50, P143, P275 y P295, y a que módulo
correspondió cada una, así como también, el sustento de la imposibilidad por parte
de la Escuela Judicial de proporcionar a cada discente los videos que dan cuenta

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Índices 14 y 15 de Samai.
15
Índice 16 de Samai.

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de la vigilancia antifraude o «proceso de proctoring» ejecutado por dicha unidad
en relación con la presentación de las pruebas realizadas los días «19 de mayo y
2 de junio».

Refirió que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la satisfacción del
derecho de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo
que se entiende por contestada incluso la petición si la respuesta es en sentido
negativo y se explican los motivos que conducen a ello.

De ahí que se diferencie el derecho de petición del «derecho a lo pedido», que se
usa para destacar que «el ámbito de protección constitucional de la petición se
circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, y en
ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal», por lo que
considera que, con la expedición del Oficio EJO24-1138 del 9 de agosto de 2024
y la respuesta al ticket 20945, se satisfizo el derecho fundamental de petición del
accionante, al haberse resuelto de fondo las peticiones por él elevadas.

Por último señaló que, en lo atinente a la pretensión de «Ordenar la interrupción
del término para interponer el recurso de reposición contra la Resolución EJR24-
298 del 21 de junio de 2024 «Por medio de la cual se publican los resultados de la
subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial», hasta tanto no se
proporcione la información solicitada y se garantice el ejercicio pleno del derecho
de defensa»; dentro del término establecido en el cronograma del IX Curso de
Formación Judicial Inicial, el tutelante presentó recurso de reposición contra la
citada Resolución, precisando que dicha entidad tiene hasta el 24 de septiembre
para resolverlo, por lo que se le garantizó el ejercicio pleno del derecho de
contradicción.

Por lo anterior solicita, se niegue el amparo solicitado por el accionante en razón
a que se configura la inexistencia de vulneración al derecho fundamental invocado,
toda vez que dicha entidad atendió de fondo la petición elevada por éste, o en su
defecto, negarlo por la configuración de la carencia actual de objeto por hecho
superado.

1.6.7. La Unión Temporal Formación Judicial 2019

A través de su representante legal, manifestó que se opone a todas y cada una de
las pretensiones elevadas por el accionante16, al no observarse vulneración alguna
por parte de los involucrados en la presente causa, al considerar que las
actuaciones adelantadas se han llevado a cabo conforme a lo establecido en los
acuerdos pedagógicos PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, PCSJA19-

16 Índice 25 de Samai.

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11400 del 19 de septiembre de 2019 y PCSJA1911405 de 2019 y posteriores
comunicados, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, los cuales rigen
la convocatoria y reglas del IX Curso de Formación Judicial Inicial.

Refirió que en el caso sub examine no es dable acceder a la protección de los
derechos fundamentales invocados por el accionante, por cuanto se ha
demostrado de forma contundente que las peticiones por él elevadas le fueron
contestadas de manera oportuna, además de evidenciarse que la garantía del
debido proceso así como a la defensa se ha garantizado con las jornadas de
exhibición realizadas los días 5 y 14 de julio en el cual el discente tuvo la
oportunidad de obtener la información de sus exámenes, y de presentar en
igualdad de condiciones el recurso de reposición a través del medio dispuesto para
ello.

De otro lado, y en lo concerniente a la confianza legitima, señaló que no se ha
cumplido presupuesto alguno que pueda ser desvirtuada por el actor, como
tampoco se le ha vulnerado el derecho a acceder a cargos públicos como lo
sostiene, razón por la cual solicita, se declare la improcedencia de la acción de
tutela formulada, al haberse configurado la existencia de un hecho superado, en
los términos del artículo 26 del Decreto 2591 de 1991.

1.6.8. La Universidad Libre17, integrante de la Unión Temporal Formación Judicial
2019, allegó escrito en el que manifestó que de la lectura del escrito de tutela se
infiere que no se ha presentado por parte de dicha entidad vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales invocados por el accionante, ya que se ha ceñido
a respetar y a salvaguardar cada uno de ellos; agregando además que su
actuación se circunscribió al objeto del contrato suscrito por la referida unión en
torno a la realización del diseño y la estructuración curricular para la construcción
de algunos planes de estudio en modalidad virtual, enfocados a la práctica judicial,
de acuerdo a los lineamientos metodológicos definidos en el Plan de Formación
de la Rama Judicial.

En consideración a lo anterior solicita, se declare la falta de legitimación por pasiva
respecto de dicha entidad, y se absuelva de toda responsabilidad que se pueda
determinar dentro del presente asunto.

1.6.9. Javier Darío León Rosso.

Mediante memorial allegado el 9 de septiembre de 2024, quien actúa en calidad
de accionante dentro del presente asunto, allegó escrito18 en el que manifiesta
que, si bien la Unión Temporal Formación Judicial 2019, en el escrito de

17 Índice 24 de Samai.
18 Índice 35 de Samai.

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contestación a la tutela manifiesta que las peticiones por él presentadas han sido
debidamente respondidas y que se ha garantizado el debido proceso en el
desarrollo del IX Curso de Formación Judicial Inicial, argumentando además que
los días 5 y 14 de julio de 2024 el discente tuvo acceso a jornadas de exhibición
de exámenes, lo que le permitió obtener información sobre sus evaluaciones y
presentar recursos en igualdad de condiciones, a su juicio dichos argumentos no
satisfacen los cuestionamientos por él realizados.

Lo anterior, al considerar que una de las razones principales de la petición es la
afectación al debido proceso, por la negativa al acceso al informe técnico emitido
en la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, el cual contiene información
sobre la justificación de las respuestas correctas y la validez de los ítems, en
especial el caso de la pregunta 35, que posteriormente fue referida como la
pregunta 203 del módulo de ética judicial.

Así mismo, precisó que se debe tener en cuenta que la referida unión temporal no
ha brindado precisión sobre las modificaciones o anulaciones de las preguntas ni
sobre la metodología empleada para corregir los errores, generando confusión en
los discentes, por lo que su actuación ha sido confusa y errática.

Acto seguido precisó que pese a que los días 13 y 26 de agosto del presente año,
la UT vinculada emitió unas respuestas masivas, respecto de algunos de los
módulos fueron evaluados en la primera jornada del examen de la fase subgeneral,
las mismas continúan generando confusión en los s discentes del respectivo
concurso dada las anomalías presentadas a lo largo de su desarrollo;
circunstancias todas que vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso,
petición y de defensa, y en dicho entendido reitera se acceda cada una de las
peticiones elevadas en el escrito de amparo.

1.6.10. El Consejo Superior de la Judicatura19, y el Politécnico
Grancolombiano20 - integrante de la Unión Temporal Formación Judicial 2019,
pese a estar debidamente notificados de la existencia del presente asunto,
guardaron silencio.

19 Notificación efectuada a la entidad accionada al correo electrónico:
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co – índice 07 de Samai,
20 Notificación efectuada al correo electrónico archivo@poligran.edu.co; índice 23 de Samai, el cual

coincide con el establecido en la página web de la entidad para dicho fin:
https://www.poli.edu.co/contacto-politecnico-
grancolombiano#:~:text=Canales%20de%20Atenci%C3%B3n%20Poli%20para%20P%C3%BAbli
co%20Externo,-
Si%20no%20eres&text=Bogot%C3%A1%3A%20Calle%2057%20N%C2%BA%203,Carrera%207
4%20%23%2052%20%E2%80%93%2020.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros,
de conformidad con lo establecido por el Decreto No. 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto No. 1069 de 2015 modificado por el Decreto N.º 333
de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

Tanto la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, como la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ),
solicitaron la desvinculación del presente trámite constitucional, toda vez que a su
juicio carecen de legitimación en la causa por pasiva para soportar las
pretensiones elevadas por la parte actora; frente a lo cual, advierte la Sala que no
se accederá a la solicitud, comoquiera que su vinculación al proceso obedeció a
que el reparo señalado por el accionante se encuentra dirigido contra dichas
entidades, motivo por el cual dicho aspecto será analizado en el caso concreto.

Así mismo, tampoco se accederá a la solicitud de desvinculación realizada por la
Universidad Libre, integrante de la Unión Temporal Formación Judicial 2019, como
quiera que su vinculación al proceso se dio en calidad de tercero con interés.

2.3. De la Coadyuvancia

Los señores Alberto Mario Quintana Majul, y Andrés Mejía Tabares,
manifestaron su intención de coadyuvar las pretensiones formuladas en la
presente acción de tutela, al ser discentes del concurso de méritos en cuestión.
En relación con los requisitos de procedencia de la coadyuvancia, la Corte
Constitucional21 ha dispuesto las siguientes reglas:

I) La participación del coadyuvante debe estar acorde con la postura y las
pretensiones formuladas por la parte actora o el demandado en el trámite de tutela,
esto es, no puede formular pretensiones propias de amparo de sus derechos
fundamentales.

II) La coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de que se expida la
sentencia que finalice el proceso de tutela, es decir, hasta antes de la sentencia de
única, de segunda instancia o de revisión ante la Corte Constitucional.

21 Al respecto, ver, entre otros: Auto 401 del 2020.

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Demandante: Javier Darío León Rosso
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y Otros.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03697-00

En virtud de lo expuesto, la sala reconocerá a los señores Alberto Mario Quintana
Majul y Andrés Mejía Tabares como coadyuvantes en el presente proceso
constitucional, dado que cumplen con los requisitos dispuestos por el alto tribunal
para el efecto. Lo anterior pues manifestaron su voluntad de coadyuvar
íntegramente la solicitud de amparo de la parte actora, petición que fue formulada
previo a que se profiera sentencia de primera instancia.

No obstante, se descartarán las pretensiones adicionales formuladas por las
mencionadas personas, dado que, tal como lo ha establecido la Corte
Constitucional22, esta figura no supone que el interesado pueda realizar
pretensiones distintas o adicionales a las del escrito inicial. Lo anterior puesto que,
de permitirse, se estaría ante una nueva tutela, lo que desvirtúa la naturaleza
jurídica de la coadyuvancia.

2.4. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y el informe presentado, el problema jurídico a resolver en
el caso concreto es el siguiente:

¿Las autoridades demandadas vulneraron los derechos fundamentales invocados
por la parte actora ante la falta de respuesta frente a la petición elevada, con
ocasión a las presuntas irregularidades y fallas técnicas presentadas en el
desarrollo de los exámenes de la sub fase general del Curso de Formación Judicial
adelantado en la Convocatoria 27 para la provisión de los cargos de funcionarios
de la Rama Judicial?

Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela, (ii) naturaleza subsidiaria de la acción de
tutela e improcedencia de esta cuando existen otras vías judiciales disponibles y
eficaces, (iii) el derecho de petición; y (iv) el análisis del caso concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

22 Sentencia T1062 de 2010.

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La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable23.

2.6. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de esta
cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial».
Dicho precepto fue reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo
su competencia.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela. Todos los mecanismos judiciales
deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.

Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son la
esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2.º del
artículo 2.º de la Constitución. De ahí que, la garantía de los derechos
fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que
es vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado
y en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.

23 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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2.7. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior precisa que
el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 201524, que señala 15 días para resolver la misma,
de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la petición.

24 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de

2015, que señala:

ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las
siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.

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Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

La respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse
libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial
de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego,
este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad
suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario,
pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta
dada.

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante».

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

[E]s un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él
se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la
información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido
esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva
de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta
oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la
autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su
competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados
(plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas
evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario,
con independencia de que su sentido sea positivo o negativo.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en el requerimiento y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho
subjetivo.

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2.8. Caso concreto

2.8.1. Mediante el presente asunto, la parte actora pretende le sean amparados
sus derechos fundamentales «de petición, al debido proceso administrativo, a la
defensa, a la confianza legítima y al acceso a cargos públicos», los cuales estima
trasgredidos por las entidades accionadas ante la falta de respuesta frente a la
petición elevada, en virtud de las presuntas irregularidades y fallas técnicas
presentadas en el desarrollo de los exámenes de la sub fase general del Curso de
Formación Judicial adelantado en la Convocatoria 27 para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

Revisado el material probatorio allegado al plenario, se observa que el 26 de junio
de 2024, la parte actora remitió a los correos electrónicos
escujud@cendoj.ramajudicial.gov.co, e info@cendoj.ramajudicial.gov.co, petición
mediante la cual solicitó:

«PRIMERO-: Se remita por este medio o se realice de manera pública, por medio
del portal de la Escuela Judicial, la publicación de la Resolución. EJR24-298,
discriminación de los valores obtenidos por cada uno de los módulos cursados, en
aras de tener un panorama claro y detallado de las notas obtenidas en los exámenes
realizados.

Lo anterior, se hace primordial, para poder realizar un análisis a profundidad de los
resultados producto del desarrollo de la etapa general del curso de formación.
Fundamento mi solicitud, en lo ocurrido en los anteriores cursos de
formación, en donde sin distinción alguna, la Escuela ha realizado la
publicación de todas las notas al momento de proferir el correspondiente acto
administrativo.

SEGUNDO-: En cuanto a la forma de evaluar la subfase general de este IX Curso
de Formación Judicial Inicial, me permito solicitar se indique, expresa y claramente,
así como se certifique por ustedes, frente al elemento técnico usado en caso de
haberse aplicado, si se aplicó la teoría clásica del test o en su defecto, la teoría de
respuesta a ítem. Si lo aplicado, fue la teoría de respuesta al ítem, indicar
expresamente y certificar, qué distribución estadística fue agotada para el caso
concreto.

TERCERO-: Expresar las razones por las cuales, una u otra forma de calificación
de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial fue la elegida, así
como los criterios objetivos, cualesquiera forma, fuera la elegida finalmente.

CUARTO-: Se me informe expresamente cuáles fueron los criterios técnicos, y en
suma, objetivos para resolver las preguntas erróneamente formuladas dentro de las
pruebas de la subfase general y, si las condensadas en el acto administrativo de la
referencia, fueron las únicas detectadas por la Escuela y/o la Unión Temporal de
entre este grupo, o si, se detectaron más, porqué solo aquellas indicadas en la
resolución en comento fueron objeto de medida de arreglo.

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QUINTO-: Frente a las preguntas erróneamente formuladas por ustedes dentro de
la prueba de la subfase general, conforme numeral que antecede, se indique
expresamente la razón objetiva, y técnica, por medio de la cual se decidió dar
tratamiento diferenciado, validando positivamente como criterio general a todos los
y las discentes algunas de ellas, y por contravía, dándole puntaje positivo solo a los
y las discentes que en su criterio se acercaron a alguna de las claves de respuesta,
es decir, negando puntaje pese a ser pregunta mal formulada, para el universo total
de discentes, entratándose de las preguntas identificadas por ustedes, P35, P50,
P143 y P295, para el primer grupo, y P275 en el segundo grupo, aquí referido,
respectivamente.

SEXTO-: Informar y certificar, expresamente, si los resultados obtenidos por el
suscrito como discente, y en general las demás personas en igual calidad, fueron
obtenidos calificando aciertos parciales de las preguntas formuladas en cada uno
de los programas de la subfase general que fueron evaluados. Y de ser así, cuál fue
el criterio aritmético para llegar a resultados parciales por pregunta.

SÉPTIMO-: Se expida informe, condensando expresamente la cantidad de aciertos
y desaciertos que como discente obtuve en la calificación de la subfase general,
disgregándose efectivamente las preguntas respectivas en cada uno de los
programas evaluados. En caso de no acceder a esta solicitud, respetuosamente
me permito solicitar en el marco del procedimiento que desarrolla el artículo
(1) 26 de la Ley 1755 de 2015, la causal de reserva específica que se invoca, en
todo caso INSITIÉNDOSE desde ya en lo pedido, remítase el particular ante el
juez competente.

OCTAVO-: Solicito se me expida copia íntegra y certificada del denominado por
ustedes, dentro del acto administrativo referido en este petitorio “informe del análisis
psicométrico, expedido en el marco del proceso de calificación de la evaluación de
la subfase general, entregado el 21 de junio de 2024”. En caso de no acceder a
esta solicitud, respetuosamente me permito solicitar en el marco del
procedimiento que desarrolla el artículo (1) 26 de la Ley 1755 de 2015, la causal
de reserva específica que se invoca, en todo caso INSITIÉNDOSE desde ya en
lo pedido, remítase el particular ante el juez competente.

NOVENO-: En mi calidad de titular por demás del iusfundamental al HÁBEAS
DATA, en primer lugar, solicito se certifique que cuentan en su poder con la totalidad
del material audiovisual de respaldo a las pruebas realizadas en el marco de la
subfase general el 19 de mayo y 02 de junio pasados.

Requiero además y en relación con este petitum en concreto, se me brinde copia
íntegra y certificada, del registro audiovisual respectivo, como documental que
reposa en su poder. En caso de no acceder a esta solicitud, respetuosamente
me permito solicitar en el marco del procedimiento que desarrolla el artículo
(1) 26 de la Ley 1755 de 2015, la causal de reserva específica que se invoca, en
todo caso INSITIÉNDOSE desde ya en lo pedido, remítase el particular ante el
juez competente.»

Así mismo, se evidencia que en el escrito de contestación a la tutela la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla señaló que, en efecto los días 26 de junio de 2024 y
3 de julio de la misma anualidad25, el señor Javier Darío León Rosso, radicó ante

25 Índice 16 de Samai.

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dicha entidad petición tendiente a que le fueran resueltas algunas cuestiones
técnicas relacionadas con el desarrollo de la prueba de la Subfase General del
curso – concurso, aduciendo que mediante Oficio EJO24-1138 del 9 de agosto de
2024, se dio respuesta de fondo a las inquietudes planteadas por el actor.

La anterior respuesta, fue remitida a la parte actora el día 9 de agosto de 202426
al correo electrónico suministrado por ésta para efectos de notificaciones, esto es,
jdleonrosso@gmail.com27.

Cotejada la petición elevada por el accionante, con la respuesta que le fue
otorgada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, considera la Sala que a
través de la misma se resuelve de fondo la petición, la cual además se constituye
en una respuesta de fondo, que resuelve de manera clara, precisa y congruente
cada uno de los aspectos que le fueron formulados a la entidad, además, de haber
sido puesta en conocimiento del tutelante, conforme lo prevé la norma.

En este orden de ideas, y si bien el señor Javier Darío presentó escrito en el que
manifiesta se opone a las respuestas emitidas por la entidad accionada, al
considerar que las mismas carecen de «discriminación y especificidad en las
respuestas», además de evidenciarse una «ausencia de fundamentación técnica,
e imposibilidad de ejercer el derecho de defensa»28, en criterio de la Sala la
respuesta emitida por la entidad resulta ser suficiente, ya que resuelve
materialmente la solicitud y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio
de que la contestación sea negativa a las pretensiones del peticionario.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha precisado
que: «la satisfacción del derecho de petición no depende de la respuesta favorable a lo
solicitado, por lo que hay contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se
explican los motivos que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición
del «derecho a lo pedido», que se usa para destacar que «el ámbito de protección
constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una
contestación para la misma, y en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud
como tal…»29

De otro lado, y si bien la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla resolvió la petición
elevada por el actor el 9 de agosto de 2024, esto es, encontrándose en curso el
proceso de tutela de la referencia, debe precisarse que esta colegiatura en

26 Índice 16 de Samai.
27 Página 15 del escrito de tutela.
28 Índice 17 de Samai.
29Sentencia T-051 del 8 de marzo de 2023 Referencia: Expediente T-8.951.284. Magistrado
Ponente José Fernando Reyes Cuarta.

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anteriores oportunidades30 ha explicado que este mecanismo de defensa judicial
ha sido instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la
protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de
una manera actual e inminente.

En línea con lo anterior, se ha señalado que existen eventos en los que la
amenaza o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el
trascurso de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la
vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del
proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la
intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la
vulneración de los derechos fundamentales.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado, (ii) por daño consumado, y (iii)
por una situación sobreviniente.

En ese sentido, dicha alta corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la sala
cita como criterio auxiliar, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia
que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que
dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de
estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su
razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección
judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación
que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en
peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente
previsto para esta acción.31

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se
destacó sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente
que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del
derecho fundamental como su amenaza parten de una objetividad, es
decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento

30 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
(ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de
2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
31 SentenciasSU-225 de 2013; T-317 de 2005.

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sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como
en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya
subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar
la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para
dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le
han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye
en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede
materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii)
“daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por
la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente”32.

Con base en el anterior marco referencial, el máximo tribunal constitucional ha
sostenido que:

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición
de la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela,
por lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta
perenne.

Al respecto ha sostenido el tribunal constitucional: [l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación
que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad
de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible
que el juez de tutela dé una orden al respecto.33

(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de
daño consumado y hecho superado.

32 Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013.
33 Sentencia SU-225 de 2013.

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La citada corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:

El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena34 como por las
distintas Salas de Revisión35. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija
casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y
hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que
determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la
demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”36. No
se trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada. […].37

Así las cosas, se advierte que, encontrándose en curso el presente proceso, la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla resolvió la petición elevada por el actor y
notificó su respuesta al interesado.

De conformidad con lo anterior, la sala declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado, respecto a la protección del derecho de petición formulado con
relación a las presuntas irregularidades presentadas en el desarrollo de la sub fase
general del Curso de Formación Judicial adelantado en la Convocatoria 27 para la
provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

De otro lado, y en lo concerniente a las demás pretensiones elevadas por la parte
actora considera la Sala que la acción de tutela se torna improcedente, toda vez
que las mismas están encaminadas a plantear reparos en cuanto al trámite
impartido al interior del Curso de Formación Judicial adelantado para la provisión
de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, y las actuaciones surtidas
delante éste; aspectos todos que pueden ser controvertidos ante el juez natural a
través de los mecanismos judiciales dispuestos para tal fin.

En relación con la procedencia de la acción de tutela en el ámbito de los concursos
de mérito, la Corte Constitucional38 en reiterada jurisprudencia ha manifestado que
el juez de lo contencioso administrativo es quien debe dirimir las controversias que
se deriven de este tipo de actuaciones, sin que la acción de tutela pueda ser
utilizada para cuestionar los actos proferidos por las autoridades administrativas
en el marco de este tipo de procedimientos, ya que para ello se han previsto otros
instrumentos judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011.

34 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas

Ríos.
35 Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas

Ríos; T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo; T-379 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
T-009 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
36 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
37 Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
38 Al respecto ver, entre otras, la sentencia SU-067 de 2022.

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En línea con lo anterior, ha de precisarse que en caso de que el accionante no se
encuentre de acuerdo con la decisión adoptada mediante la Resolución No.
EJR24-298 del 21 de junio de 2024, el mismo puede promover el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción correspondiente.

De otro lado, y en lo concerniente a la pretensión tendiente a que se ordene a las
entidades accionadas suministren la información necesaria para ejercer el derecho
de defensa, incluyendo los informes psicométricos, copias y demás información
que resulte relevante, sin perjuicio de las reservas legales que se puedan aplicar
a ciertos aspectos específicos39; se hace menester precisar que el numeral 3º del
artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, es claro en establecer que los documentos que
involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las
hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros
de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o
privadas, ostentan el carácter de reservado.

En la misma línea, y si bien el accionante manifiesta que la negativa de la entidad
frente a la información que le fue solicitada le genera un perjuicio irremediable, ya
que la ausencia de dichos documentos le impide fundamentar los recursos
pertinentes dentro de la convocatoria No. 27, afectando de manera definitiva la
posibilidad de continuar en el mismo o de impugnar decisiones que podrían ser
erróneas; considera la Sala que sobre el particular la parte actora puede hacer uso
del recurso de insistencia consagrado en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015, el
cual a la letra establece:

«Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona
interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la
autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con
jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de
autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al
juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en
única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada.

(…)

Parágrafo. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y
sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella.»

Tal como se infiere de las normas trascritas, el recurso de insistencia hace relación
al derecho de petición de información o de documentos, cuando se controvierte el
carácter reservado de los documentos públicos objeto de la solicitud, lo que

39 Argumentación que a su vez fue reiterada por el actor mediante el escrito de oposición allegado

el día 12 de agosto de 2024 - Índice 17 de Samai.

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significa que el accionante cuenta con otro mecanismo idóneo y eficaz para
solicitar lo pretendido.

Aunado a lo anterior, considera la Sala que los argumentos expuestos por la parte
actora respecto a la existencia del perjuicio irremediable, no constituyen un criterio
suficiente que haga parte de las características que revisten la existencia de dicho
perjuicio, además que dentro del presente asunto no se acreditó la configuración
de una situación particular y concreta que posibilite al juez constitucional actuar
transitoriamente con el fin de salvaguardar intereses de orden superior.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: RECONOCER a los señores Alberto Mario Quintana Majul y Andrés
Mejía Tabares como coadyuvantes de la presente acción de tutela.

SEGUNDO: NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación realizada por la Unidad
de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), y la Universidad Libre,
conforme a las razones expuestas en la parte considerativa.

TERCERO: Declarar la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO
respecto a la petición radicada por el señor Javier Darío León Rosso, el día 26 de
junio de 2024, por las razones expuestas en la parte considerativa.

CUARTO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de las demás pretensiones
formuladas dentro de esta acción de tutela por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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