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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00393-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00393-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el Instituto Financiero de Casanare, por lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00393-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 00393 00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Acción: Acción de Tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el Instituto Financiero de Casanare1
contra las providencias del 19 de mayo y 31 de julio de 2025, proferidas por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Yopal2 y el Tribunal Administrativo de Casanare3,
respectivamente, en el proceso ejecutivo identificado con el radicado núm. 85001 33 33
005 2025 00197 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El IFC, actuando por conducto de su representante legal4, promovió acción de tutela en
contra de las precitadas providencias, y para ello, formuló las siguientes pretensiones5:

PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso
a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE,
que se desconocieron por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL en auto emitido en fecha 19 de Mayo de 2025 y su
confirmatorio, emitido el 31 de Julio de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CASANARE dentro del proceso 85001-33-33- 005-2025-00197-00

SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 19 de
Mayo de 2025 emitido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desato la apelación, proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 31 de Julio de
2025, dentro del medio de control 85001-33-33-005- 2025-00197-00, por
encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al
restarle merito ejecutivo al pagare 4119624 y exceso ritual manifiesto al exigir
adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito,
ajena a este tipo de contratos de régimen civil, y tener por no aportado el original

1 En adelante IFC.
2 En adelante el Juzgado.
3 En adelante el Tribunal.
4 Oscar Javier Araque Garzón.
5 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2026 00393 00.

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Accionante: Instituto Financiero de Casanare
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del pagare, pese a que a la luz de la ley 2213 de 2022 “Es deber de los sujetos
procesales, realizar sus actuaciones (…) a través de medios tecnológicos;
así como por defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el
desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar
injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.

TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el impostergable término de 48
horas, contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, rehacer las
actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, libre mandamiento de pago y/o
ordene seguir adelante en la ejecución, decrete medidas cautelares a favor del
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE en contra del demandados JULIO
FERNANDO FUENTES FUENTES y MILENA ALEXANDRA RIVERA BARÓN,
dentro del proceso ejecutivo 85001-33-33-005-2025-00197-00, adelante el
proceso hasta su finalización, y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en
este tipo de procesos.

CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis12 o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagare como título
ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se
presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de
incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.

QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido. (Sic a toda la cita).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La parte accionante informó que es una empresa industrial y comercial del Estado del
orden departamental, creada mediante los Decretos 107 de 1992 y 073 de 2002, cuyo
régimen contractual se rige por lo previsto en los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998,
el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado a su vez por el artículo 93 de la Ley
1474 de 2011.

Indicó que, en desarrollo de su objeto social, el IFC otorga créditos de fomento educativos
a personas de escasos recursos del departamento de Casanare, los cuales se respaldan
mediante pagarés y cartas de instrucciones, sin que medie contrato de mutuo escrito, por
tratarse de una actividad comercial regida por el derecho privado.

Señaló que ante el incumplimiento de las obligaciones crediticias por parte de los usuarios
y agotadas las gestiones administrativas de cobro, el IFC promueve los correspondientes
procesos ejecutivos para obtener el pago de las acreencias.

Adujo que, en ese contexto, el 25 de febrero de 2025 el IFC presentó demanda ejecutiva
contra los señores Julio Fernando Fuentes Fuentes y Milena Alexandra Rivera Barón,
con fundamento en el pagaré núm. 4119624, por valor de $15.600.000, cuyo
conocimiento correspondió al Juzgado.

2

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Sostuvo que, mediante auto de 19 de mayo de 2025, el Juzgado negó librar mandamiento
ejecutivo, al considerar que el pagaré no constituía un título ejecutivo suficiente por
tratarse, a su juicio, de un título ejecutivo complejo, que requería la aportación de un
contrato de mutuo escrito. Adicionalmente, cuestionó que el pagaré hubiera sido aportado
en copia digitalizada y no en original.

Manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto por el Tribunal mediante providencia de 31 de julio de 2025, de manera
confirmatoria.

Como fundamento de la acción de tutela, el accionante sostuvo que las providencias
cuestionadas vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, al desconocer la autonomía y exigibilidad del título valor,
imponer exigencias formales inexistentes y apartarse del precedente constitucional, lo
que además genera un grave riesgo patrimonial para la entidad.

Sostuvo que las decisiones controvertidas adolecen de defectos fáctico, sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto, por desconocimiento del precedente y por
violación directa de la Constitución.

En cuanto al defecto fáctico, indicó que se realizó una indebida valoración del material
probatorio obrante en el expediente, al desconocerse que el pagaré base de la ejecución
contiene una obligación clara, expresa y exigible, y al omitirse la apreciación integral de
los documentos allegados por la entidad ejecutante.

Respecto del defecto sustantivo, adujo que este se materializó en la medida en que las
autoridades judiciales omitieron aplicar las normas que ordenaba que cualquier acto
proferido con ocasión de la actividad contractual constituía un título ejecutivo, como sería
el caso del pagaré objeto de exigibilidad.

En lo atinente al defecto procedimental absoluto, sostuvo que las decisiones reprochadas
lo configuran por exceso ritual manifiesto, al negar el acceso al proceso ejecutivo con
base en exigencias formales innecesarias y desproporcionadas, como la obligación de
aportar un contrato de mutuo escrito y la presentación del pagaré en original físico, pese
a que el trámite se adelantó conforme a las reglas de virtualidad judicial vigentes.

En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, alegó que los jueces accionados
se apartaron del criterio fijado por la Corte Constitucional en el Auto A-2014 de 2024, en
el cual se reconoció que los pagarés suscritos en desarrollo de contratos de mutuo
celebrados por empresas industriales y comerciales del Estado, regidas por el derecho
privado, prestan mérito ejecutivo y no requieren la existencia de un contrato escrito para
su exigibilidad.

Finalmente, en lo concerniente a la violación directa de la Constitución, indicó que las
providencias cuestionadas vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, desconocen la prevalencia del derecho sustancial
y se apartan de los estándares constitucionales que deben orientar la actividad judicial.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3

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Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare

3.1. La tutela fue radicada el 22 de enero de 20266 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 28 de enero de 20267 la admitió, negó la medida provisional
solicitada y dispuso notificar8 al Tribunal y al Juzgado, en calidad de autoridades judiciales
accionadas; así como vincular a los señores Julio Fernando Fuentes Fuentes y Milena
Alexandra Rivera Barón, como terceros con interés directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió tanto al Juzgado como al Tribunal para que allegaran copia
digital del expediente correspondiente al proceso ejecutivo, identificado con radicado
núm. 85001 33 33 005 2025 00197 00/01.

3.2. El Tribunal Administrativo de Casanare9 allegó informe en el que indicó que la
decisión cuestionada en la presente acción de tutela se ajustó a las normas y a la
jurisprudencia aplicables.

Explicó que el título cuya ejecución solicitó el IFC es de carácter complejo, pues la
acreencia contenida en el pagaré núm. 4119624, suscrito con la parte ejecutada, proviene
de la celebración de un contrato de mutuo, acuerdo de voluntades que no fue aportado
por la entidad accionante y sin el cual no es posible determinar con certeza las
obligaciones allí contenidas. A ello agregó que la parte ejecutante tampoco allegó el título
valor en original, como se exige para su cobro.

3.3. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal10 allegó el hipervínculo del
proceso ejecutivo, sin embargo, no se observa informe alguno.

3.4. Los señores Julio Fernando Fuentes Fuentes y Milena Alexandra Rivera Barón
guardaron silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 11 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,12 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201914, modificado por el Acuerdo núm. 434 del

6 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00393 00.
7 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00393 00.
8 Esta orden se cumplió el 29 de enero de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00393 00.
9 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00393 00.
10 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00393 00.
11 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
12 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
13 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
4

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10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:

4.2.1. El IFC formuló demanda ejecutiva contra los señores Julio Fernando Fuentes
Fuentes y Milena Alexandra Rivera Barón, en calidad de deudores, con fundamento en
el título valor (pagaré) núm. 4119624, con el fin de que se librara mandamiento de pago
por la suma de $15.600.000. Dicho proceso ejecutivo correspondió al Juzgado, el cual se
le asignó el número único de radicación 85001 33 33 005 2025 00197 00.

4.2.2. Mediante providencia de 19 de mayo de 2025, el Juzgado resolvió negar el
mandamiento de pago solicitado por el IFC. Decisión frente a la cual el accionante
interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación.

4.2.3. Con auto de 17 de junio de 2025, el Juzgado resolvió el recurso de reposición en
el sentido de mantener lo dispuesto en el proveído de 19 de mayo de 2025 y concedió el
recurso de apelación.

4.2.4. El Tribunal mediante auto de 31 de enero de 2025, confirmó la providencia de 19
de mayo de 2025, proferida por el Juzgado.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez de tutela debe verificar es la relevancia
constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que16:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela

15 Lo que se desprende del expediente del proceso ejecutivo identificado con radicado núm. 85001 33 33

005 2025 00197 00/01.
16 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.

5

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debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de exponer de manera clara,
expresa y suficiente las razones por las cuales el asunto sometido a su consideración
reviste de relevancia constitucional; pues, de no hacerlo, correría el riesgo de inmiscuirse
en cuestiones que son propias del juez natural de la causa. Justamente, esa indebida
interferencia es la que pretende evitarse mediante el examen del requisito de relevancia
constitucional.

A partir de la sentencia C-590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha sido
desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU – 573
de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades17:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista verdadera trascendencia constitucional es
indispensable que se encuentren acreditados de manera concurrente los tres elementos
que integran el requisito de la relevancia constitucional18. En consecuencia, la ausencia
de cualquiera de ellos conduce, de forma inexorable, a la improcedencia de la acción de
tutela, por no superarse dicho presupuesto de procedibilidad.

4.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el
segundo y el tercer criterio que la compone, esto es, (i) Preservar la competencia y la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por
tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; e
(ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

4.3.2.1. Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica

Frente al segundo elemento, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:19

17 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este

criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
18 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
19
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
6

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[…] la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente
legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de
orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole económica, deben
ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse
en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones” […]. (Subrayado
fuera del texto).

En ese sentido, anotó que20:

[…] en tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general” […]. (Subrayado fuera del texto).

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el segundo elemento que la compone, esto es, preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos
de mera legalidad o de naturaleza económica, no está superado.

Lo anterior, debido a que, si bien la entidad accionante invoca la protección de derechos
fundamentales, lo cierto es que la discusión que propone en esta acción constitucional
tiene también un alcance y repercusiones de contenido económico, en la medida en que,
a través de este mecanismo, busca que se adopte una decisión que permita continuar el
proceso ejecutivo y obtener el pago de la obligación dineraria reclamada, a partir de una
valoración distinta de los requisitos del título base de recaudo.

Por lo anterior, en el caso en cuestión, el segundo criterio de la relevancia constitucional
no se cumple.

4.3.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a
los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)21. (Se
destaca) […].

En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del

20
Ibidem.
21 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que el accionante pretende que se dejen
sin efectos las providencias del 19 de mayo y 31 de julio de 2025, proferidas por el
Juzgado y el Tribunal, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo identificado con el
número único de radicación 11001 03 15 000 2026 00393 00.

En vista de lo anterior, se observa que el accionante promovió demanda ejecutiva contra
los señores Julio Fernando Fuentes Fuentes y Milena Alexandra Rivera Barón, en calidad
de deudores, con fundamento en el pagaré núm. 4119624, con el propósito de que se
librara mandamiento de pago por la suma de $15.600.000.

Mediante auto de 19 de mayo de 2025, el Juzgado resolvió no librar mandamiento de
pago, al considerar que el accionante omitió acreditar la existencia de un título ejecutivo
complejo, pues no aportó el contrato que dio origen a la obligación y únicamente allegó
el pagaré y la carta de instrucciones, los cuales, por sí solos, no contienen una obligación
clara, expresa y exigible.

Adicionalmente, señaló que dichos documentos fueron aportados en copia simple,
cuando debían allegarse en original o en copia auténtica. Sobre este requisito formal,
precisó que el Consejo de Estado, a partir de la sentencia de unificación de 28 de agosto
de 2013, ha sostenido en reiteradas ocasiones que, en los procesos ejecutivos, la parte
actora debe aportar el título ejecutivo con el cumplimiento de tales exigencias, postura
acorde con lo previsto en el inciso segundo del artículo 215 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo22.

En el recurso de apelación, el accionante sostuvo que el Juzgado debió librar
mandamiento de pago, pues el pagaré núm. 4119624, junto con la carta de instrucciones
y los soportes del crédito, constituía un título ejecutivo simple, claro, expreso y exigible.

Señaló que no era necesario aportar un contrato de mutuo escrito, dado que dicho
negocio se perfecciona con la entrega del dinero y su existencia se refleja en el propio
pagaré, por lo que exigir un documento adicional constituía un formalismo indebido que
obstaculizaba el acceso a la administración de justicia.

22 En adelante CPACA.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado:11001 03 15 000 2026 00393-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare

Al resolver el recurso mediante providencia del 31 de julio de 2025, el Tribunal señaló
que el título valor cuya ejecución solicitó el IFC es de carácter complejo, en la medida en
que la acreencia consignada en el pagaré proviene de la celebración de un contrato de
mutuo, acuerdo de voluntades que no fue aportado por la parte ejecutante y sin el cual
no es posible determinar con certeza las obligaciones allí contenidas.

Agregó que la parte actora debió aportar el título valor en original y no en copia
digitalizada, pues la exhibición de dicho documento constituye un requisito para su cobro.

De la lectura del escrito de tutela se advierte que las inconformidades planteadas por la
entidad accionante consisten en que, a su juicio, las autoridades accionadas: (i)
desconocieron que el pagaré presta mérito ejecutivo por sí mismo cuando corresponde a
operaciones regidas por el derecho privado; (ii) exigieron la aportación de un contrato de
mutuo escrito, pese a tratarse de un negocio consensual; (iii) no tuvieron en cuenta los
documentos allegados para integrar el título; (iv) interpretaron de forma indebida el
régimen aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan
actividad crediticia; e (v) incurrieron en un formalismo excesivo al exigir la exhibición física
del título valor, aun cuando el proceso se adelantó bajo las reglas de virtualidad judicial.

A juicio de la Sala, el debate así planteado por el Instituto Financiero de Casanare
constituye la reiteración del que ya fue objeto de análisis y decisión dentro del proceso
ejecutivo, en torno a la suficiencia del pagaré como título ejecutivo autónomo y a la
necesidad de aportar el contrato de mutuo para integrar el título complejo cuando la
obligación tiene origen en la actividad contractual de una entidad estatal.

En efecto, lo que se advierte es que la accionante pretende que el juez constitucional
reexamine la valoración probatoria y la interpretación normativa efectuadas por los jueces
naturales de la causa, particularmente en lo relativo a la naturaleza del título base de
recaudo y a los requisitos necesarios para su exigibilidad en sede ejecutiva. Por lo tanto,
es claro que la finalidad de la presente acción no es la protección inmediata de derechos
fundamentales, sino la obtención de un nuevo pronunciamiento sobre un asunto de
estricta legalidad que ya fue resuelto en las instancias ordinarias.

Bajo este contexto, la Sala observa que el accionante utiliza este mecanismo con el
propósito de que el juez constitucional reexamine un asunto ya resuelto por el juez natural
de la causa, con el fin de obtener una decisión distinta y favorable a sus intereses.

En tal sentido, se considera que no se configura un problema de naturaleza estrictamente
constitucional, sino el intento de utilizar la acción de tutela como un mecanismo adicional
para obtener una decisión favorable a sus intereses.

En consecuencia, no le corresponde al juez constitucional sustituir a la autoridad judicial
accionada en la valoración probatoria ni en la aplicación de la normatividad o del
precedente, ni mucho menos convertirse en un superior funcional encargado de revisar
el acierto de sus decisiones.

Aceptar un estudio de fondo en sede de tutela implicaría una injerencia indebida en la
valoración jurídica y fáctica efectuada dentro del trámite del proceso ejecutivo, lo cual
desnaturalizaría el carácter subsidiario y excepcional de este mecanismo y afectaría la
estabilidad de las decisiones adoptadas en el marco del procedimiento ordinario.

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Radicado:11001 03 15 000 2026 00393-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare

En consecuencia, sin que resulte necesario efectuar consideraciones adicionales, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela, por cuanto no se cumple el requisito general
de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el Instituto
Financiero de Casanare, por lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 5 de
marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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