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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01648-00

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01648-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría de Educación Departamental del Cesar. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01648-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01648-00
Accionante: Álvaro de Jesús Bolaños López
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia -– Reiteración

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por el señor
Álvaro de Jesús Bolaños López en contra de la sentencia proferida el 28 de agosto de
2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar.

SÍNTESIS1

El accionante cuestiona la sentencia proferida el 28 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho llevada a cabo contra el Ministerio de Educación Nacional
y el Departamento del Cesar con el fin de que se le reconocieran y pagaran las
diferencias salariales causadas con ocasión al incremento salarial decretado por el
Gobierno Nacional. Se declara la improcedencia de la demanda de tutela, por cuanto
no se superó el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 2 de marzo de 2026, el señor Álvaro de Jesús Bolaños, mediante apoderada
judicial, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva, los cuales a su juicio, fueron
vulnerados por la sentencia del 28 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que confirmó la decisión de primera instancia del 30 de abril
de 2025, emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 20001-33-33-007-2024-00171-
01, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la sentencia proferida
el día 28 DE AGOSTO DE 2025, en el expediente radicado bajo número 20-001-33-33-

1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia / Relevancia constitucional / Escalafón
docente.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01648-00
Accionante: Álvaro de Jesús Bolaños López
Se declara la improcedencia de la demanda

007-2024- 00171-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) ALVARO DE JESUS
BOLAÑOS LOPEZ, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el
material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente
ALVARO DE JESUS BOLAÑOS LOPEZ a la luz de los argumentos planteados en la
demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.

B. Hechos

3.El señor Álvaro de Jesús Bolaños es docente oficial ubicado en la categoría 2B del
escalafón docente regulado por el Decreto 1278 de 20022.

4. El Gobierno Nacional decretó aumentos porcentuales diferenciados para la
asignación básica salarial del personal docente. De manera que, para el año 2009, el
grado 2A recibió un incremento del 15,61%, mientras que la categoría 2B obtuvo un
aumento del 7,67%.

5.El señor Álvaro de Jesús Bolaños interpuso reclamación administrativa ante la Nación
– Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental del
Cesar con el fin de que se le reconocieran y pagaran las diferencias salariales causadas
con ocasión de los incrementos dispuestos para los años 2008 y 2009.

6.Tales solicitudes fueron atendidas desfavorablemente mediante los oficios núm.
2024-EE-055965 del 27 de febrero de 2024 y núm. CES2024ER006606-
CES2024EE003334 del 23 de febrero de 2024, expedidos por el Ministerio de
Educación Nacional y el departamento del Cesar, respectivamente.

7. El señor Álvaro de Jesús Bolaños presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y el departamento del Cesar, con el fin de que (i) se inaplicara el Decreto núm.
284 de 2024, (ii) se declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron su
reclamación administrativa y (iii) se reconociera y pagara las diferencias salariales
causadas en los últimos tres años anteriores a la reclamación administrativa, con
ocasión de las diferencias salariales decretadas para los años 2008 y 2009.

8. Mediante sentencia del 30 de abril de 2025, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Valledupar negó las pretensiones de la demanda, tras advertir que no hubo una
discriminación salarial, ya que tales ajustes obedecieron a parámetros objetivos y
razonables.

9. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, mediante el cual cuestionó las diferencias salariales e indicó que tal trato

2
Presidente de la República de Colombia. Decreto 1278 de 2002. “Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente”

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Accionante: Álvaro de Jesús Bolaños López
Se declara la improcedencia de la demanda

desigual no persigue un fin legítimo ni se sustentó en un criterio razonable, razón por la
cual solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, y en su lugar, se
accedieran a las pretensiones de la demanda.

10. El 28 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la sentencia
del 30 de abril de 2025, tras determinar, entre otros, que las diferencias salariales en la
asignación docente se encuentran ajustadas a derecho, ya que el Gobierno Nacional no
se encuentra obligado a incrementar el mismo porcentaje a todos los docentes del
escalafón, por el contrario, cuenta con una amplia facultad para fijar la escala salarial
siempre que se limite a lo dispuesto en la Ley 4° de 1992, tal como ocurrió en el caso
concreto. Además, de acuerdo con la estructura del escalafón docente, no se puede
predicar la igualdad entre las categorías 2A y 2B, debido a que no gozan de las mismas
características y requisitos.

C. Fundamentos de la vulneración

11. El accionante indicó que la sentencia del 28 de agosto de 2025 incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico, razón por la cual se transgredieron sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad acceso a la administración de justicia, tutela
justicia efectiva y el principio de favorabilidad.

12. Sobre el defecto sustantivo, manifestó que el Tribunal realizó una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcional del marco normativo aplicable al caso
concreto, en particular, frente al artículo 13 de la Constitución Política, la Ley 4 de 19923
y el Decreto 1278 de 2002.

13. Señaló que la conclusión a la que arribó la autoridad judicial accionada desconoció
que la discusión no giraba en torno a la diferencia estructural y permanente entre los
grados del escalafón, sino a un trato diferenciado respecto los incrementos porcentuales
decretados para los años 2008 y 2009, diferencia que afectó la base salarial y que no
fue compensada en años posteriores.

14. Alegó que la sentencia cuestionada desconoce el alcance normativo del principio
de igualdad y el mandato de progresividad, ya que la decisión adoptada se limitó a
realizar una comparación abstracta entre los grados del escalafón, sin verificar la
existencia de criterios objetivos y constitucionalmente válidos para sustentar los
incrementos salariales desiguales dispuestos para categorías que, si bien son
diferentes, tienen la misma fuente de regulación.

15. Además, adujo que el Tribunal inaplicó la sentencia C-1064 de 2001 de la Corte
Constitucional, mediante la cual se exige una justificación objetiva para otorgar tratos
diferenciados en materia salarial.

16. Respecto el defecto fáctico argumentó que el Tribunal desplegó una indebida
valoración probatoria frente a la discusión planteada, ya que no se allegó prueba alguna

3
Congreso de Colombia. Ley 4 de 1992. “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que
debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las
prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”

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Accionante: Álvaro de Jesús Bolaños López
Se declara la improcedencia de la demanda

que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran la decisión
administrativa, lo que compromete la legalidad y desnaturaliza los fines del servicio
educativo.

17. Destacó que hay una falta de justificación legal y técnica, pues si bien pueden existir
diferencias en las asignaciones salariales, tal decisión debe fundamentarse en
requisitos objetivos y claros, lo cual no ocurrió en el caso concreto, por el contrario, la
autoridad judicial accionada desestimó las pretensiones de la demanda bajo el supuesto
de la corrección de una brecha salarial, sin embargo, tal aspecto no fue acreditado en
el proceso ordinario, así la decisión se adoptó con fundamento en meras conjeturas.

18. Destacó que el Tribunal redujo la controversia planteada a una comparación
abstracta entre los grados y las categorías del escalafón docente, desconociendo el
principio de progresividad en materia laboral y convalidando una medida regresiva, la
cual se encuentra prohibida de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 25, 53 y 93 de
la Constitución Política, así como por los tratados internacionales ratificados por
Colombia en materia laboral.

D. Trámite procesal

19. Mediante auto del 4 de marzo de 20264, se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Cesar, y en calidad de terceros con interés, al
Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar, a la Nación – Ministerio de Educación,
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al Departamento
del Cesar, para que, rindieran un informe sobre los hechos objeto de la demanda de
tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

20. El Tribunal Administrativo del Cesar5 (accionado) remitió el enlace del expediente
digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 20001-33-33-
007-2024-00171-01, obtenido del aplicativo SAMAI, en cumplimiento del requerimiento
efectuado en el auto admisorio. Además, manifestó que reiteraba y acogía los
fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales expuestos en la sentencia de
28 de agosto de 2025 y señaló que los despachos administrativos del circuito de
Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar han mantenido una línea uniforme en
los procesos relacionados con el incremento salarial por concepto de escalafón docente,
desestimando las pretensiones formuladas en ese tipo de demandas conforme al marco
legal y constitucional vigente.

21. El Ministerio de Educación Nacional6 (tercero con interés) solicitó que se declare
improcedente la demanda de tutela y alegó que la controversia recae exclusivamente
sobre una providencia judicial del Tribunal Administrativo del Cesar. Señaló que no
profirió la sentencia cuestionada ni desplegó acción u omisión alguna que pudiera
configurar una vulneración de derechos fundamentales o una vía de hecho judicial.
Asimismo, sostuvo que la tutela contra providencias judiciales tiene carácter excepcional

4
Índice 5 del expediente digital disponible en Samai.
5
Índice 16 del expediente digital disponible en Samai.
6
Índices 11, 12, 14 y 18 del expediente digital disponible en Samai.

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Accionante: Álvaro de Jesús Bolaños López
Se declara la improcedencia de la demanda

y subsidiario, que el asunto carece de relevancia constitucional por tratarse de una
controversia de naturaleza estrictamente económica y que el accionante no acreditó el
cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia fijados por la
jurisprudencia constitucional para controvertir decisiones judiciales mediante acción de
tutela.

22. La Secretaría de Educación Departamental del Cesar7 (tercero con interés) solicitó
que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de esa entidad y
que se declare improcedente la demanda de tutela. Sostuvo que la presunta vulneración
de derechos fundamentales deriva exclusivamente de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar y no de una actuación atribuible a la Secretaría, que
solo intervino como parte demandada en el proceso ordinario. Además, señaló que no
tiene competencia para fijar o modificar el régimen salarial docente y que la tutela
pretende reabrir un debate jurídico ya resuelto, sin demostrar la existencia de defectos
sustantivos, fácticos o procedimentales en la providencia cuestionada.

23. El Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar, pese a ser debidamente
notificado, no rindió informe.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

24. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de tutela interpuesta por el señor Álvaro de Jesús Bolaños López
contra el Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el
Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

H. Cuestión previa

25. La Sala negará la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría de
Educación Departamental del Cesar, toda vez que dicha autoridad fue vinculada al
proceso de la referencia en calidad de tercero con interés en vista de que fue la
autoridad demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

I. Sentido de la decisión – Reiteración

26. La Sala, en consonancia con decisiones recientes de naturaleza similar8, declarará
la improcedencia de la demanda de tutela, por cuanto no se satisfizo el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que la controversia planteada por el accionante
corresponde a la reiteración de los argumentos expuestos en sede de apelación en el
proceso ordinario y se circunscribe a un asunto de mera legalidad y de naturaleza
exclusivamente económica.

7
Índice 20 del expediente digital disponible en Samai.
8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. radicados
núm. 11001-03-15-000-2025-08198-00; 11001-03-15-000-2025-07052-01; 11001-03-15-000-2026-00234-
00; 11001-03-15-000-2026-01070-00 y 11001-03-15-000-2025-07187-00.

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Se declara la improcedencia de la demanda

27. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela9.

J. El requisito de relevancia constitucional

28. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.10 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada11, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.

29. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.12

En la sentencia SU-215 de 202213, la Corte Constitucional estableció, entre otros14, que
la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra una providencia judicial no debe
limitarse a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico.
En ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como una tercera instancia o un

9
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
10
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
11
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
12
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto
Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
14
La Corte Constitucional identificó los siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda de
tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional: (i) el caso debe
involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras,
el asunto debe ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o
para la determinación del alcance de un derecho fundamental, (ii) se deben plantear argumentos
suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental, entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental y (iii) el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.

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Se declara la improcedencia de la demanda

recurso adicional para reabrir debates meramente legales y la solicitud debe trascender
la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;

K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

30. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

31. En el sub iudice, el accionante cuestiona la sentencia del 14 de agosto de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico. A continuación, la Sala describirá las características y
elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el objeto de la litis
y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.

32. El defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.

33. Por su parte, el defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o
valoración del material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en
esencia, se configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”15.

L. Análisis del caso concreto – tesis reiterada

34. El accionante cuestiona la sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo, sin embargo, la Sala advierte que la discusión planteada por el accionante
carece de relevancia constitucional.

35. Se evidencia que la demanda de tutela, más allá de procurar el amparo a los
derechos fundamentales invocados, está orientada a reabrir un debate de mera
legalidad a partir de los argumentos expuestos en el proceso ordinario con el fin de que
se tome una determinación favorable respecto el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas de los incrementos porcentuales desiguales decretados
por el Gobierno Nacional.

36. Así, en el recurso de apelación y en la demanda el accionante alegó, entre otros,
que hubo una falta de justificación frente a las asignaciones salariales, lo que configuró
un trato discriminatorio y conllevó a la transgresión de los derechos fundamentales de
los docentes y los principios de equidad, igualdad, legalidad y proporcionalidad. En
particular, se destacan los siguientes argumentos:

[…] se evidencia la ilegalidad de los actos administrativos sometidos a control jurisdiccional,
puesto que los escalafones 2B, 2C Y 2D, que son reubicaciones del escalafón dos y que

15
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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son categorías superiores en el escalafón, que requieren mayor preparación y requisitos de
la categoría 2A, en cuanto requieren mayor ejercicio en su trabajo, esfuerzo, especialidad,
mayor tiempo de prestación de servicio docente para poder acreditar en las diferentes
evaluaciones diagnóstico formativas, siendo evidente que condiciones superiores a la
exigida a la categoría 2A quien es el menor escalafón de esta línea y que tuvo un aumento
porcentual del doble que fue aplicado al 2B, 2C Y 2D. Contrario al argumento de defensa
de la entidad demandada, fueron decretados sin tener en cuenta el grado de formación,
quedando en evidencia ese aumento caprichoso que se realizó en esta anualidad.

Diferente hubiese sido que se incrementara un porcentaje superior a las categorías 2B, 2C
Y 2D, sobre la categoría 2A, pues así el acto administrativo demandado y la decisión
podrían ajustarse a una decisión razonable por el grado de preparación y el esfuerzo que
realiza el docente de su propio patrimonio para completar la preparación académica,
requiere mayor ejercicio en su trabajo, esfuerzo, especialidad, mayor tiempo de prestación
de servicio docente para poder acreditar en las diferentes evaluaciones diagnóstico
formativas, se exige en completar mayores requisitos para justificar una mayor
remuneración o un mayor incremento salarial, circunstancia que desdibuja claramente los
argumentos del acto administrativo demandado y por lo cual debe ser declarado nulo y
acceder a las súplicas de la demanda, con debido restablecimiento del derecho, dado que
mi representado aún se encuentra vinculado al magisterio oficial.

37. Del mismo modo, en el escrito de tutela, el accionante reiteró, en términos similares,
los argumentos expuestos en el trámite del proceso ordinario para sustentar los defectos
invocados, en específico el accionante indicó:

Así las cosas, la ausencia de justificación suficiente que avale la asignación de incrementos
salariales en favor del personal docente que ostentan menores niveles de formación,
experiencia o desempeño (como se otorgó al nivel 2A), en detrimento de quienes cumplen
condiciones superiores (como en el caso de la parte demandante que se ubica en la
categoría 2B), comporta una vulneración de los principios constitucionales de igualdad
material y mérito, así como del derecho fundamental al debido proceso en su dimensión de
estabilidad y progresividad dentro de la carrera administrativa, razón por la cual
corresponde al juez de control de legalidad verificar rigurosamente la razonabilidad y
legalidad de los actos administrativos que afecten las condiciones salariales derivadas de
la progresión legítima en el escalafón, y, en caso de advertirse violaciones, proceder a su
corrección en aras de garantizar la protección efectiva de los derechos laborales adquiridos.

[…] se evidencia la ilegalidad de los actos administrativos sometidos a control jurisdiccional,
puesto que los escalafones 2B, 2C Y 2D, que son reubicaciones del escalafón dos y que
son categorías superiores en el escalafón, que requieren mayor preparación y requisitos de
la categoría 2ª, en cuanto requieren mayor ejercicio en su trabajo, esfuerzo, especialidad,
mayor tiempo de prestación del servicio docente para poder acreditar en las diferentes
evaluaciones diagnóstico formativas, siendo evidente que condiciones superiores a la
exigida a la categoría 2A quien es el menor escalafón de esta línea y que tuvo un aumento
porcentual del doble que fue aplicado al 2B, 2C Y 2D, Contrario al argumento de defensa
de la entidad demandada, fueron acreditados sin tener en cuenta el grado de formación,
quedando en evidencia ese aumento caprichoso que se realizó en esta anualidad.

Diferente hubiese sido que se incrementara un porcentaje superior a las categorías 2B, 2C
Y 2D, sobre la categoría 2A, pues así el acto administrativo demandado y la decisión
podrían ajustarse a una decisión razonable por el grado de preparación y el esfuerzo que
realiza el docente de su propio patrimonio para completar la preparación académica,
requiere mayor ejercicio en su trabajo, esfuerzo, especialidad, mayor tiempo de prestación

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01648-00
Accionante: Álvaro de Jesús Bolaños López
Se declara la improcedencia de la demanda

de servicio docente para poder acreditar en las diferentes evaluaciones de diagnóstico
formativas, se exige completar mayores requisitos para justificar una mayor remuneración
o un mayor incremento salarial, circunstancia que desdibuja claramente los argumentos del
acto administrativo demandado y por lo cual debe ser declarado nulo y acceder a las
súplicas de la demanda, con el debido restablecimiento del derecho, dado que mi
representado aún se encuentra vinculado al magisterio oficial.

38. No obstante, tal discusión ya fue resuelta mediante la sentencia del 28 de agosto
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar, tras concluir:

En el caso concreto se evidencia que, el demandante ubicado en el escalafón 2B, está
inconforme con el aumento del salario del grado 2A respecto al suyo, es decir, con un grupo
que si bien comparte el mismo grado, se encuentra en diferente nivel salarial, pues uno se
encuentra en el nivel B y el otro en el nivel A; en esa medida, aunque es cierto que el
incremento de quienes se encuentran en el escalafón 2A fue mayor respecto a los miembros
del escalafón 2B, éstos corresponden a niveles salariales diferentes, por tanto, no podría
predicarse en ellos la igualdad, porque no lo son, acorde con la estructura de la población
docente, dejando infundado el argumento de desigualdad alegado por la parte activa.

Además; pese a que se evidencia una diferencia en el porcentaje de aumento ente los
niveles 2B y 2A, al nivel 2B le correspondió una asignación salarial superior frente a quienes
se encontraban en el nivel 2A, por lo que el decreto demandado acató los criterios y
objetivos del artículo 2° de la Ley 4ª de 1992, toda vez que el nivel 2B es de una categoría
superior a la 2A, hecho que destaca nuevamente su desigualdad.

Desde este análisis, es posible afirmar que no existe discriminación al aplicar incrementos
salariales desiguales, pues si bien desempeñan las mismas funciones, bajo las mismas
condiciones y con el mismo nivel de responsabilidad, la estructura del escalafón docente
clasifica por grupos a los maestros oficiales acorde con su formación académica, y, prevé
que éstos puedan ascender en el escalafón, si cumplen con los requisitos académicos y la
evaluación del período de prueba, desempeño o competencias según el caso, descritos en
el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002, sin que se advierta en el caso de estudio, que la
parte activa haya solicitado el ascenso de escalafón.

Bajo esa óptica, no es posible evidenciar una vulneración al principio de “a trabajo igual
salario igual”, bajo el entendido de que, conforme fue indicado en párrafos precedentes, la
población que se encuentra en el escalafón 2A y 2B no son iguales, dado que para
pertenecer a uno o al otro se necesita acreditar el cumplimiento de unos requisitos que
disten entre sí, en consecuencia, se despacharan desfavorablemente estos cargos.

39. Así las cosas, es claro que el accionante se limita a reiterar los argumentos
expuestos en el proceso ordinario para sustentar la supuesta configuración de los
defectos fáctico y sustantivo, sin advertir una discusión novedosa que trascienda la mera
inconformidad del accionante respecto la interpretación y decisión adoptada por la
autoridad judicial accionada.

40. En ese sentido, la Sala advierte que la discusión presentada corresponde a un
asunto de mera legalidad, por cuanto pretende que el juez de tutela realice,
nuevamente, el análisis de los elementos de prueba que obran en el expediente y el
marco normativo que regula el régimen salarial docente, aun cuando tal discusión ya
fue agotada con suficiencia por parte del Tribunal Administrativo del Cesar.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01648-00
Accionante: Álvaro de Jesús Bolaños López
Se declara la improcedencia de la demanda

41. Aunado a lo anterior, el debate que propone el accionante corresponde a un asunto
exclusivamente económico, ya que no se plantean argumentos suficientemente dirigidos
a demostrar que la providencia judicial cuestionada afectó de manera grave las
garantías iusfundamentales invocadas, por el contrario el objeto de la solicitud de
amparo se circunscribe a que se reconozcan y paguen las diferencias salariales
causadas con ocasión del incremento porcentual fijado para los años 2008 y 2009 por
el Gobierno Nacional.

42. En suma, la Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela, por cuanto
no se superó el requisito de relevancia constitucional, ya que la controversia que
presentó la parte accionante (i) corresponde a un asunto de mera legalidad en el cual
se busca una tercera instancia para cuestionar la decisión adoptada por el juez natural
del asunto, (ii) se limita a un asunto predominantemente económico y (iii) se reduce a
los argumentos expuestos en sede de apelación en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito
de relevancia constitucional

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría de
Educación Departamental del Cesar.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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