Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01685-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01685-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01685-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01685-00
Accionante: Juan Carlos García Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia -– Reiteración
La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por el señor
Juan Carlos García Acosta en contra de la sentencia proferida el 28 de agosto de 2025
por el Tribunal Administrativo del Cesar.
SÍNTESIS1
El accionante cuestiona la sentencia proferida el 28 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho llevada a cabo contra el Ministerio de Educación Nacional
y el Departamento del Cesar con el fin de que se le reconocieran y pagaran las
diferencias salariales causadas con ocasión al incremento salarial decretado por el
Gobierno Nacional. Se declara la improcedencia de la demanda de tutela, por cuanto
no se superó el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 2 de marzo de 2026, el señor Juan Carlos García Acosta, mediante apoderada
judicial, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva, los cuales a su juicio, fueron
vulnerados por la sentencia del 28 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que confirmó la decisión de primera instancia del 12 de junio
de 2025, emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 20-001-33-33-003-2024-00175-
01, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la sentencia proferida
1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia / Relevancia constitucional / Escalafón
docente
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01685-00
Accionante: Juan Carlos García Acosta
Se declara la improcedencia de la demanda
el día 28 DE AGOSTO DE 2025, en el expediente radicado bajo número 20-001-33-33-
003-2024-00175- 01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) JUAN CARLOS GARCIA
ACOSTA, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia
emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio
obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente
JUAN CARLOS GARCIA ACOSTA a la luz de los argumentos planteados en la demanda
ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.
B. Hechos
3.El señor Juan Carlos García Acosta es docente oficial ubicado en la categoría 2C del
escalafón docente regulado por el Decreto 1278 de 20022.
4. El Gobierno Nacional decretó aumentos porcentuales diferenciados para la
asignación básica salarial del personal docente. De manera que, para el año 2009, el
grado 2A recibió un incremento del 15,61%, mientras que la categoría 2C obtuvo un
aumento del 7,67%.
5.El señor Juan Carlos García Acosta interpuso reclamación administrativa ante la
Nación – Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental
del Cesar con el fin de que se le reconocieran y pagaran las diferencias salariales
causadas con ocasión de los incrementos dispuestos para los años 2008 y 2009.
6.Tales solicitudes fueron atendidas desfavorablemente mediante los oficios núm.
2024-EE-060390 del 28 de febrero de 2024 y núm. CES2024ER007809-
CES2024EE003752 del 27 de febrero de 2024, expedidos por el Ministerio de
Educación Nacional y el departamento del Cesar, respectivamente.
7. El señor Juan Carlos García Acosta presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y el departamento del Cesar, con el fin de que (i) se inaplicara el
Decreto núm. 284 de 2024, (ii) se declarara la nulidad de los actos administrativos que
negaron su reclamación administrativa y (iii) se reconociera y pagara las diferencias
salariales causadas en los últimos tres años anteriores a la reclamación administrativa,
con ocasión de las diferencias salariales decretadas para los años 2008 y 2009.
8. Mediante sentencia del 12 de junio de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo de
Valledupar negó las pretensiones de la demanda, tras advertir que no hubo una
discriminación salarial, ya que tales ajustes obedecieron a parámetros objetivos y
razonables.
9. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, mediante el cual cuestionó las diferencias salariales e indicó que tal trato
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Presidente de la República de Colombia. Decreto 1278 de 2002. “Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente”
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01685-00
Accionante: Juan Carlos García Acosta
Se declara la improcedencia de la demanda
desigual no persigue un fin legítimo ni se sustentó en un criterio razonable, razón por la
cual solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, y en su lugar, se
accedieran a las pretensiones de la demanda.
10. El 28 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la sentencia
del 12 de junio de 2025, tras determinar, entre otros, que las diferencias salariales en la
asignación docente se encuentran ajustadas a derecho, ya que el Gobierno Nacional no
se encuentra obligado a incrementar el mismo porcentaje a todos los docentes del
escalafón, por el contrario, cuenta con una amplia facultad para fijar la escala salarial
siempre que se limite a lo dispuesto en la Ley 4° de 1992, tal como ocurrió en el caso
concreto. Además, de acuerdo con la estructura del escalafón docente, no se puede
predicar la igualdad entre las categorías 2A y 2C, debido a que no gozan de las mismas
características y requisitos.
C. Fundamentos de la vulneración
11. El accionante indicó que la sentencia del 28 de agosto de 2025 incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico, razón por la cual se transgredieron sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad acceso a la administración de justicia, tutela
justicia efectiva y el principio de favorabilidad.
12. Sobre el defecto sustantivo, manifestó que el Tribunal realizó una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcional del marco normativo aplicable al caso
concreto, en particular, frente al artículo 13 de la Constitución Política, la Ley 4 de 19923
y el Decreto 1278 de 2002.
13. Señaló que la conclusión a la que arribó la autoridad judicial accionada desconoció
que la discusión no giraba en torno a la diferencia estructural y permanente entre los
grados del escalafón, sino a un trato diferenciado respecto los incrementos porcentuales
decretados para los años 2008 y 2009, diferencia que afectó la base salarial y que no
fue compensada en años posteriores.
14. Alegó que la sentencia cuestionada desconoce el alcance normativo del principio
de igualdad y el mandato de progresividad, ya que la decisión adoptada se limitó a
realizar una comparación abstracta entre los grados del escalafón, sin verificar la
existencia de criterios objetivos y constitucionalmente válidos para sustentar los
incrementos salariales desiguales dispuestos para categorías que, si bien son
diferentes, tienen la misma fuente de regulación.
15. Además, adujo que el Tribunal inaplicó la sentencia C-1064 de 2001 de la Corte
Constitucional, mediante la cual se exige una justificación objetiva para otorgar tratos
diferenciados en materia salarial.
16. Respecto el defecto fáctico argumentó que el Tribunal desplegó una indebida
valoración probatoria frente a la discusión planteada, ya que no se allegó prueba alguna
3
Congreso de Colombia. Ley 4 de 1992. “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que
debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las
prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01685-00
Accionante: Juan Carlos García Acosta
Se declara la improcedencia de la demanda
que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran la decisión
administrativa, lo que compromete la legalidad y desnaturaliza los fines del servicio
educativo.
17. Destacó que hay una falta de justificación legal y técnica, pues si bien pueden existir
diferencias en las asignaciones salariales, tal decisión debe fundamentarse en
requisitos objetivos y claros, lo cual no ocurrió en el caso concreto, por el contrario, la
autoridad judicial accionada desestimó las pretensiones de la demanda bajo el supuesto
de la corrección de una brecha salarial, sin embargo, tal aspecto no fue acreditado en
el proceso ordinario, así la decisión se adoptó con fundamento en meras conjeturas.
18. Destacó que el Tribunal redujo la controversia planteada a una comparación
abstracta entre los grados y las categorías del escalafón docente, desconociendo el
principio de progresividad en materia laboral y convalidando una medida regresiva, la
cual se encuentra prohibida de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 25, 53 y 93 de
la Constitución Política, así como por los tratados internacionales ratificados por
Colombia en materia laboral.
D. Trámite procesal
19. Mediante auto del 4 de marzo de 20264, se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Cesar, y en calidad de terceros con interés, al
Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar, a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y al Departamento del Cesar – Secretaría de Educación, para que, rindieran
un informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.
E. Oposiciones e intervenciones
20. El Tribunal Administrativo del Cesar5 (accionado) remitió el enlace del expediente
digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 20001-33-33-
003-2024-00175-01, obtenido del aplicativo SAMAI, en cumplimiento del requerimiento
efectuado en el auto admisorio. Además, manifestó que reiteraba y acogía los
fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales expuestos en la sentencia de
28 de agosto de 2025 y señaló que los despachos administrativos del circuito de
Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar han mantenido una línea uniforme en
los procesos relacionados con el incremento salarial por concepto de escalafón docente,
desestimando las pretensiones formuladas en ese tipo de demandas conforme al marco
legal y constitucional vigente.
21. El Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar6 (tercero con interés) remitió el
expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm.
20001-33-33-003-2024-00175-00 e informó que este fue enviado a través de la
plataforma SAMAI como salida temporal, para los fines pertinentes dentro del trámite
constitucional.
4
Índice 6 del expediente digital disponible en Samai.
5
Índice 18 del expediente digital disponible en Samai.
6
Índice 16 del expediente digital disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01685-00
Accionante: Juan Carlos García Acosta
Se declara la improcedencia de la demanda
22. El Ministerio de Educación Nacional7 (tercero con interés) solicitó que se declare
improcedente la demanda de tutela por considerar que el accionante pretende
controvertir, por vía constitucional, una decisión judicial legítimamente adoptada dentro
del proceso ordinario. Señaló que la tutela no puede convertirse en una instancia
adicional ni reemplazar al juez natural de la causa, pues ello desconocería la autonomía
e independencia judicial y la presunción de legalidad de la providencia cuestionada.
Además, sostuvo que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni de una
vía de hecho, reiteró el carácter subsidiario y excepcional de la tutela contra
providencias judiciales y expuso consideraciones sobre la autonomía de la función
judicial y los requisitos jurisprudenciales para la procedencia excepcional de este
mecanismo constitucional.
23. La Secretaría de Educación Departamental del Cesar8 (tercero con interés) solicitó
que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela y que se le desvincule del trámite
por considerar que no vulneró derecho fundamental alguno del accionante. Sostuvo que
la providencia cuestionada fue proferida por autoridad judicial competente, dentro de un
proceso en el que se garantizaron los derechos de defensa, contradicción e igualdad
procesal. Alegó que la inconformidad del actor recae sobre la interpretación jurídica
realizada por el Tribunal Administrativo del Cesar, asunto propio de la autonomía e
independencia judicial. Además, afirmó que no se configuró ningún defecto sustantivo,
orgánico, procedimental o perjuicio irremediable que habilitara la procedencia
excepcional de la tutela contra providencias judiciales.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
24. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de tutela interpuesta por el señor Juan Carlos García Acosta contra
el Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de
la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento
del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
H. Cuestión previa
25. La Sala negará la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría de
Educación Departamental del Cesar, toda vez que dicha autoridad fue vinculada al
proceso de la referencia en calidad de tercero con interés en vista de que fue la
autoridad demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
I. Sentido de la decisión – Reiteración
26. La Sala, en consonancia con decisiones recientes de naturaleza similar9, declarará
la improcedencia de la demanda de tutela, por cuanto no se satisfizo el requisito de
7
Índices 17 y 19 del expediente digital disponible en Samai.
8
Índice 14 del expediente digital disponible en Samai.
9
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. radicados
núm. 11001-03-15-000-2025-08198-00; 11001-03-15-000-2025-07052-01; 11001-03-15-000-2026-00234-
00; 11001-03-15-000-2026-01070-00 y 11001-03-15-000-2025-07187-00.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01685-00
Accionante: Juan Carlos García Acosta
Se declara la improcedencia de la demanda
relevancia constitucional, toda vez que la controversia planteada por el accionante
corresponde a la reiteración de los argumentos expuestos en sede de apelación en el
proceso ordinario y se circunscribe a un asunto de mera legalidad y de naturaleza
exclusivamente económica.
27. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela10.
J. El requisito de relevancia constitucional
28. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.11 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada12, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.
29. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.13
En la sentencia SU-215 de 202214, la Corte Constitucional estableció, entre otros15, que
10
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
12
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
13
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto
Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
15
La Corte Constitucional identificó los siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda de
tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional: (i) el caso debe
involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras,
el asunto debe ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o
para la determinación del alcance de un derecho fundamental, (ii) se deben plantear argumentos
suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental, entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01685-00
Accionante: Juan Carlos García Acosta
Se declara la improcedencia de la demanda
la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra una providencia judicial no debe
limitarse a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico.
En ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates meramente legales y la solicitud debe trascender
la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
30. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.
31. En el sub iudice, el accionante cuestiona la sentencia del 14 de agosto de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico. A continuación, la Sala describirá las características y
elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el objeto de la litis
y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.
32. El defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.
33. Por su parte, el defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o
valoración del material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en
esencia, se configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”16.
L. Análisis del caso concreto – tesis reiterada
34. El accionante cuestiona la sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo, sin embargo, la Sala advierte que la discusión planteada por el accionante
carece de relevancia constitucional.
35. Se evidencia que la demanda de tutela, más allá de procurar el amparo a los
derechos fundamentales invocados, está orientada a reabrir un debate de mera
legalidad a partir de los argumentos expuestos en el proceso ordinario con el fin de que
se tome una determinación favorable respecto el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas de los incrementos porcentuales desiguales decretados
por el Gobierno Nacional.
36. Así, en el recurso de apelación el accionante alegó, entre otros, que hubo una falta
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental y (iii) el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
16
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01685-00
Accionante: Juan Carlos García Acosta
Se declara la improcedencia de la demanda
de justificación frente a las asignaciones salariales, lo que configuró un trato
discriminatorio y conllevó a la transgresión de los derechos fundamentales de los
docentes y los principios de equidad, igualdad, legalidad y proporcionalidad. En
particular, se destacan los siguientes argumentos:
El punto de discusión radica en la desigualdad presente en los incrementos
porcentuales aplicados a los salarios de los docentes durante los años 2008, 20099
y 2011. Aunque se reconoce la legitimidad de los salarios diferenciados según el escalafón,
lo que se cuestiona es la aplicación inequitativa de los aumentos salariales en dichos
años. Esta diferencia en los porcentajes de incremento afecta a cierto grupo de docentes
de manera desproporcionada como se analizó en el líbelo de la demanda, generando un
trato discriminatorio que se perpetúa a lo largo del tiempo. Al calcularse los aumentos
futuros sobre las bases salariales ya ajustadas, las disparidades iniciales se consolidan,
perpetuando la desigualdad en el sistema salarial del magisterio.
Tal situación vulnera principios constitucionales, particularmente el de la igualdad, que
exige que todos los trabajadores sean tratados de manera justa y equitativa. En este
sentido, es imperativo indicarle al Despacho que dentro de la defensa ejercida por la parte
demandada brillan por su ausencia los criterios utilizados para los incrementos porcentuales
salariales, ya que no se garantizó para los años 2008, 2009 y 2011 recibieran aumentos
proporcionales y justos.
Es relevante señalar que la defensa por parte de las entidades demandadas se ha limitado
a argumentar que las remuneraciones están basadas en la formación, experiencia y
desempeño de los docentes según su escalafón, lo cual no está en disputa. Lo que
verdaderamente se controvierte es la inequidad en los incrementos porcentuales
aplicados en los años 2008, 2009 y 2011, incrementos que han dejado una huella en
la estructura salarial actual, perpetuando una desigualdad contraria a los derechos
laborales y constitucionales de los docentes oficiales.
[…]
EL HECHO DE QUE EL MINISTERIO NO HAYA OTORGADO UN TRATO IGUALITARIO
A LOS DOCENTES DE AMBOS ESCALAFONES, NI HAYA JUSTIFICADO DE MANERA
ADECUADA LAS DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS
SALARIALES, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LOS DOCENTES Y A LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y LEGALIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ESTA FALTA DE COHERENCIA Y JUSTIFICACIÓN NO
SOLO DEBILITA LA VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO, SINO QUE CONFIGURA
UNA CAUSAL DE NULIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(LEY 1437 DE 2011).
37. Del mismo modo, en el escrito de tutela, el accionante reiteró, en términos similares,
los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado contra la sentencia
del 12 de junio de 2024 para sustentar los defectos invocados, en específico el
accionante indicó:
El defecto sustantivo se materializa porque la providencia desconoce el alcance normativo
del principio de igualdad y del mandato de progresividad, al asimilar el debate a una
comparación abstracta entre grados del escalafón, en lugar de verificar si existían razones
objetivas y constitucionalmente válidas para justificar un incremento salarial tan dispar en
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01685-00
Accionante: Juan Carlos García Acosta
Se declara la improcedencia de la demanda
un mismo año para categorías que, si bien son diferentes en requisitos, comparten la misma
fuente de regulación y están sujetas a un régimen salarial unitario establecido por la Ley 4
de 1992. Al asumir que cualquier trato diferenciado queda automáticamente justificado por
el diseño del escalafón docente, el Tribunal desnaturalizó el test de igualdad, omitiendo
indagar por la proporcionalidad de la medida y por la obligación del Estado de no generar
retrocesos o discriminaciones arbitrarias en materia de remuneración laboral.
En el sub examine, el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria respecto del
debate jurídico planteado, por cuanto no se allegó prueba alguna que demostrara la
existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa, resulta
imperativo cuestionar qué aspectos válidos y concretos incidieron para otorgar un trato tan
inequitativo, toda vez que ni el expediente ni la sentencia ofrecen explicación alguna al
respecto, lo que genera una profunda incertidumbre sobre la legitimidad y justificación de
la decisión administrativa que avaló este incremento salarial desigual, por lo que la ausencia
de sustento en tales parámetros no solo vulnera el principio de igualdad material
consagrado en el artículo 13 de la Constitución, sino que también desnaturaliza los fines
del servicio educativo y compromete la legalidad del acto administrativo cuestionado.
En este sentido, se reprocha la falta de justificación legal y técnica que se exige en estos
casos, como lo reconoció la jurisprudencia de las Altas Cortes al señalar que, si bien puede
darse diferencias en los aumentos salariales, tal decisión debe sustentarse en requisitos
claros y objetivos.
38. No obstante, tal discusión ya fue resuelta mediante la sentencia del 28 de agosto
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar, tras concluir:
En el caso concreto se evidencia que, el demandante estuvo ubicado en el escalafón 2C
sin especialización desde 1 de octubre de 2019, éste expresó su inconformidad con el
aumento del salario del grado 2A respecto al suyo en los años 2008 y 2009, es decir, con
un grupo que si bien comparte el mismo grado de escalafón se encuentran en diferentes
niveles salariales, pues uno se encuentra en el nivel A, otro en el C; aunque es cierto que
el incremento de quienes se encuentran en el escalafón 2A sin especialización fue superior
en los año 2008 y 2009 a los miembros del escalafón 2C estos corresponden a grados de
escalafón diferentes y no podría predicarse ellos la igualdad, porque no lo son acorde con
la estructura de la población docente, dejando infundado el argumento de desigualdad
alegado por la parte activa.
Además, no obstante se evidencia una diferencia en el porcentaje de aumento ente el nivel
2A y los niveles 2C, a los niveles 2C les correspondió una asignación salarial superior que
a quienes se encontraban en el nivel 2A, por lo que el decreto demandado acató los criterios
y objetivos del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, toda vez que los niveles 2C son de una
categoría superior a la 2A, hecho que destaca nuevamente su desigualdad.
[…]
Bajo esa óptica, no es posible evidenciar una vulneración al principio de “a trabajo igual
salario igual” el entendido que conforme fue indicado en párrafos precedentes, la población
que se encuentra en el escalafón 2A, 2C no son iguales, dado que para pertenecer a uno o
al otro se necesita acreditar el cumplimiento de unos requisitos que disten entre sí, en
consecuencia, se despacharan desfavorablemente estos cargos.
De manera conclusiva, la diferencia porcentual en el aumento de la asignación salarial para
los dos grupos de docentes es ajustada a derecho, pues contrario a lo afirmado por el
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01685-00
Accionante: Juan Carlos García Acosta
Se declara la improcedencia de la demanda
apelante el Gobierno Nacional no está obligado a incrementar en un porcentaje igual el
valor año tras año, pues cuenta con amplia potestad de configuración normativa para fijar
la escala salarial en tanto se limite a lo dispuesta en la Ley 4 de 1992, como lo hizo en el
caso de estudio.
39. Así las cosas, es claro que el accionante se limita a reiterar los argumentos
expuestos en el proceso ordinario para sustentar la supuesta configuración de los
defectos fáctico y sustantivo, sin advertir una discusión novedosa que trascienda la mera
inconformidad del accionante respecto la interpretación y decisión adoptada por la
autoridad judicial accionada.
40. En ese sentido, la Sala advierte que la discusión presentada corresponde a un
asunto de mera legalidad, por cuanto pretende que el juez de tutela realice,
nuevamente, el análisis de los elementos de prueba que obran en el expediente y el
marco normativo que regula el régimen salarial docente, aun cuando tal discusión ya
fue agotada con suficiencia por parte del Tribunal Administrativo del Cesar.
41. Aunado a lo anterior, el debate que propone el accionante corresponde a un asunto
exclusivamente económico, ya que no se plantean argumentos suficientemente dirigidos
a demostrar que la providencia judicial cuestionada afectó de manera grave las
garantías iusfundamentales invocadas, por el contrario el objeto de la solicitud de
amparo se circunscribe a que se reconozcan y paguen las diferencias salariales
causadas con ocasión del incremento porcentual fijado para los años 2008 y 2009 por
el Gobierno Nacional.
42. En suma, la Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela, por cuanto
no se superó el requisito de relevancia constitucional, ya que la controversia que
presentó la parte accionante (i) corresponde a un asunto de mera legalidad en el cual
se busca una tercera instancia para cuestionar la decisión adoptada por el juez natural
del asunto, (ii) se limita a un asunto predominantemente económico y (iii) se reduce a
los argumentos expuestos en sede de apelación en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito
de relevancia constitucional
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría de
Educación Departamental del Cesar.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01685-00
Accionante: Juan Carlos García Acosta
Se declara la improcedencia de la demanda
CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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