Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03262-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03262-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-03262-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
5 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019)
Demandantes : Fabiola Bejarano Chaves
Demandado : Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional
Tema : Sanción disciplinaria de suspensión e inhabilidad
Actuación : Decide apelación de sentencia- Ley 1437 de 2011
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia inhibitoria de 24 de enero de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección
B)1 dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 252 a 264). La señora Fabiola Bejarano Chaves, a
través de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, para que se acojan las pretensiones que
en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declaren nulos: (i) el acto administrativo de 5 de abril de
2013, proferido por el inspector general de la Policía Nacional, mediante el cual
sancionó a la teniente coronel (TC) Fabiola Bejarano Chaves con destitución e
inhabilidad general por once (11) años2; (ii) la decisión administrativa de 6 de
septiembre siguiente, con la que el director general de la institución disminuyó
la sanción a suspensión e inhabilidad especial por seis (6) meses3; y (iii) el
Decreto 2960 de 20 de diciembre de ese año, con el que el señor presidente de
la República ejecutó la sanción4.
A título de restablecimiento del derecho, solicita se condene a la Nación –
1
Folios 506 a 513.
2
Folios 991 a 1078, cuaderno 5.
3
Folios 1114 a 1156, cuaderno 5.
4
Folios. 1171 y 1172, cuaderno 5.
Expediente: 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Fabiola Bejarano Chaves contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional a que la reintegre al servicio,
con reconocimiento de los ascensos y antigüedad, de conformidad con el
reglamento interno y escalafón de oficiales; al pago indexado de los salarios y
demás emolumentos dejados de devengar durante la suspensión del cargo; a
eliminar de sus registros el antecedente disciplinario de la sanción impuesta; se
declare que no existió solución de continuidad en la prestación del servicio y
cumplir la sentencia en los términos de los artículos 191 y 195 del CPACA.
1.3 Fundamentos fácticos. Se relata en la demanda que la señora Bejarano
Chaves ingresó a la carrera de oficiales de la Policía Nacional el 1° de febrero
de 1995 y durante su trayectoria de más de 19 años de servicio recibió 16
condecoraciones y 75 felicitaciones.
Que entre el 31 de enero de 2007 y el 6 de diciembre de 2009 se desempeñó
como administradora del centro social de oficiales de la Policía Nacional, con
sede en Bogotá, y luego la reemplazó la teniente coronel Claudia Jesús Guío
Vera, quien denunció que el 29 de noviembre de 2010 fue informada por la
tesorera de dicho centro de la falsedad de un certificado de depósito a término
(CDT), que se creía existir en el Banco BBVA por 400 millones de pesos,
irregularidad que se advirtió porque no aparecía el pago de los respectivos
intereses y la entidad financiera certificó la inexistencia de tal certificado.
Que la tesorera de ese centro social, Claudia Yaneth Ramírez Castillo, admitió
su exclusiva responsabilidad en el fraude, el cual realizaba de manera frecuente,
a través de la elaboración de conciliaciones bancarias falsas.
Que la accionante fue vinculada a la investigación disciplinaria que motivó los
actos aquí demandados, pese a que no desempeñaba la función de
administradora de ese centro social en 2010, cuando supuestamente se abrieron
varios CDT; para ese momento ejercía otra actividad, esto es, como jefe del área
de asistencia social de la dirección de bienestar social de la Policía Nacional.
1.3.1 Síntesis de las circunstancias que generaron la investigación
disciplinaria y la sanción. El señor director general de la Policía Nacional, en
2013, sancionó a la demandante, entre otros, en segunda instancia, con
suspensión e inhabilidad especial por seis (6) meses, como teniente coronel de
la institución. Disminuyó la sanción impuesta, que en primera instancia era de
destitución e inhabilidad por 11 años.
Lo anterior, en razón a que la halló disciplinariamente responsable de que «[…]
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Expediente: 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
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durante todo el tiempo que regentó el Centro Social de Oficiales [de Bogotá]
no ejerció ningún control sobre el personal que manejaba los dineros,
permitiendo, desde luego, la malversación de los recursos dada la misma
libertad que les permitía decidir sin ninguna restricción […]. Permitió que
otros -la tesorera- malversara los bienes representados en dinero del CESOF,
que habían sido puestos bajo su responsabilidad en el momento en que asumió
y ejerció funciones como administradora de ese lugar» (f. 166, vuelto).
La conducta fue tipificada en la descrita por el artículo 34 de la Ley 1015 de
2016, según el cual «Son faltas gravísimas las siguientes: […] 21. Respecto de
los bienes y equipos de la Policía Nacional, o de otros puestos bajo su
responsabilidad, violar la ley, reglamentos o instrucciones superiores mediante
las siguientes conductas: […] f) Malversarlos o permitir que otros lo hagan».
Calificó la falta como gravísima, a título de culpa.
El señor Procurador General de la Nación, mediante acto de 26 de septiembre
de 2014, revocó de oficio la sanción impuesta por la Policía Nacional a la
accionante, pero la medida ya se había ejecutado. Adujo el ente de control que
se quebrantaron manifiestamente los derechos de defensa y debido proceso de
la implicada, entre otras razones, porque «la evaluación y formulación del
pliego de cargos no cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 163 de
la ley en cita [734 de 2002], teniendo en cuenta además que la descripción y
determinación de la conducta con la indicación de las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que se realizó, el Juez Disciplinario no determinó las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales la señora TC. FABIOLA
BEJARANO CHAVEZ [sic], pudo haber infringido la ley disciplinaria […]».
Por su parte, la institución policial demandó en nulidad el mencionado acto de
revocación ante esta Corporación, asunto que fue conocido y decidido con
archivo de las diligencias por el despacho a cargo del señor consejero de Estado
William Hernández Gómez, a través de auto de 13 de octubre de 2022, dentro
del expediente 11001-03-25-000-2015-00229-00 (431-2015), con fundamento
en que «la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conoce de los actos
disciplinarios mediante los cuales se revoca sanciones disciplinarias, con
fundamento en lo previsto en el artículo 168 de la Ley 1437 de 2011».
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
vulneradas por los actos administrativos demandados los artículos 29 de la
Constitución Política; 3, 5 y 18 de la Ley 1015 de 2006; 142, 143, 152 y 163 de
la Ley 734 de 2002.
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Expediente: 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019)
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Fabiola Bejarano Chaves contra la Nación – Ministerio de Defensa
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Formuló contra ellos, en resumen, los cargos de violación del debido proceso e
ilegalidad, por incongruencia entre la denuncia que formuló la nueva
administradora del centro social de oficiales y las pruebas practicadas durante
la indagación preliminar; que en el curso de la actuación disciplinaria operó la
prescripción. Tampoco se determinaron las circunstancias de modo, tiempo y
lugar en las que la actora incurrió en la supuesta falta, ante lo cual no pudo
ejercer sus derechos de contradicción y defensa.
Se adujo que en 2010 existió un desfalco por 400 millones de pesos, pero luego
se dijo que fue por $2.077.007.581, fecha para la cual señora Bejarano Chaves
desempeñaba otra función en la Policía Nacional; afirma que se violaron los
principios de tipicidad y legalidad de la falta, por imprecisión del reproche
imputado; que «es evidente que se confunde a la investigada al no saber de cuál
cargo era del que se tenía que defender, si del establecido en la Ley 1015 o del
determinado en la Ley 734 de 2002» (f. 259).
Que los mismos errores se cometieron en los actos demandados, con lo que se
incurrió en desviación de poder por la institución policial.
1.5 Contestación de la demanda. Según informe de secretaría, la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional no contestó la demanda (f.
286), pero aportó lo antecedentes administrativos y compareció al proceso,
como aconteció en la audiencia inicial (f. 312).
1.6 La providencia apelada. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(sección segunda, subsección B), por medio de sentencia de 24 de enero de
20195, dispuso: «PRIMERO.- DECLÁRASE inhibida la Sala, por sustracción
de materia, para efectuar algún pronunciamiento sobre la legalidad de los
fallos sancionatorios de primera y segunda instancia, de 5 de abril y 6 de
septiembre de 2013, así como del Decreto 2960 de 20 de diciembre de la misma
anualidad, que sancionaron disciplinariamente con suspensión e inhabilidad
especial por 6 meses a la señora Teniente Coronel ® de la Policía Nacional
FABIOLA BEJARANO CHAVES […] de conformidad con lo expuesto» (sic).
Sustentó la determinación en que el señor Procurador General de la Nación, de
oficio, a través de acto administrativo de 26 de septiembre de 2014, revocó la
sanción impuesta a la señora Fabiola Bejarano Chaves (6 meses de suspensión
en el ejercicio del cargo) y la absolvió de responsabilidad disciplinaria; por
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Folios 506 a 513.
4
Expediente: 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019)
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Fabiola Bejarano Chaves contra la Nación – Ministerio de Defensa
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consiguiente, la decisión «desapareció del mundo jurídico, un pronunciamiento
en sede judicial sobre su ilegalidad, se tornaría improcedente, […] toda vez
que, la revocatoria directa de la Procuraduría General de la Nación, trajo
como consecuencia, el desaparecimiento del mundo jurídico de la decisión
sancionatoria allí implícita, como quedó visto. Respecto del restablecimiento
del derecho como consecuencia de la nulidad deprecada, advierte la Sala, que
en el acto de revocatoria, si bien se absolvió de responsabilidad disciplinaria
a la actora, y se ordenó cancelar el registro de la sanción, guardó silencio
respecto del restablecimiento económico derivado de esta decisión y que fue
solicitado en la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho».
Agregó que se abstenía de examinar la legalidad del acto administrativo
mediante el cual el señor Procurador General de la Nación revocó la sanción
impuesta a la accionante, que fue emitido durante el curso del presente proceso,
puesto que se demandó en nulidad, que se tramita en esta Corporación (sección
segunda), con radicación 11001-03-25-000-2015-00229-00.
1.7 El recurso de apelación (ff. 521 a 525). La demandante, por conducto de
apoderada, solicita se revoque el fallo del Tribunal y, en su lugar, se acceda a
las súplicas de la demanda o se ordene al a quo emitir sentencia de fondo, por
las siguientes razones:
No retiró la demanda que dio origen a este proceso, puesto que la decisión del
Procurador General de la Nación, de revocar la sanción disciplinaria impuesta
a la accionante, no dispuso el restablecimiento del derecho y tampoco lo hizo
«la entidad demandada […], aduciendo que mientras los actos administrativos
no fueran anulados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa
permanecerían sus efectos».
Con el fallo inhibitorio el Tribunal la dejó desprotegida respecto del
restablecimiento del derecho y si dentro del proceso 11001-03-25-000-2015-
00229-00, que se tramita en esta Corporación acerca de la nulidad del acto que
revocó la sanción, se emite decisión favorable, no habría cómo reclamarlo, con
lo cual se le quebrantan los derechos al debido proceso, defensa y acceso a la
administración de justicia.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 29 de marzo de
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Expediente: 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019)
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20196 y admitido por esta Corporación a través de auto de 4 de marzo de 20207,
en el que se ordenó la notificación personal al agente del Ministerio Público y
a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201
del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitido el recurso de apelación, se continuó el
trámite regular del proceso, para cuyo efecto se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público con auto de 8 de septiembre de 20218, con el propósito de
que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad que el
último no aprovechó.
2.1.1 La parte demandada. El apoderado de la accionada aduce que los actos
acusados no tienen nada que ver con la desvinculación laboral de la actora, toda
vez que fue retirada del servicio activo por llamamiento a calificar servicios, a
través de Resolución 4500 de 27 de mayo de 2016, notificada el 2 de junio de
ese año. Además, la sanción de suspensión no le generó perjuicio alguno (índice
28, aplicativo SAMAI de esta Corporación).
2.1.2 La parte demandante. Insiste en que se adopte una decisión de fondo, en
cuanto al restablecimiento del derecho, que es el único asunto pendiente de
decidir, «en el entendido que los actos administrativos demandados ya fueron
revocados por la Procuraduría General de la Nación en curso de este proceso».
Informa que esta Corporación (sección segunda, subsección A), dentro del
expediente 11001-03-25-000-2015-00229-00, referido a la demanda de nulidad
contra el acto administrativo del Procurador General de la Nación, que revocó
la sanción aquí demandada, dictó auto de 13 de octubre de 2020, con el cual se
declaró improcedente el medio de control y se ordenó el archivo de las
diligencias.
Recuerda que, mediante oficio de 24 de diciembre de 2014, que reposa en los
folios 344 a 346, la Policía Nacional le negó el restablecimiento del derecho
(índice 29, aplicativo SAMAI de esta Corporación).
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, a esta
6
Folio 527.
7
Folio 546.
8
Folio 552.
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Expediente: 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019)
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Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Asunto preliminar - impedimento. El señor consejero de Estado César
Palomino Cortés, integrante de esta subsección, cuando fungía como
magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la
sección segunda), admitió la demanda en la primera instancia dentro del asunto
que nos ocupa, razón por la cual se declaró fundado su impedimento y se le
separó del conocimiento del medio de control, mediante auto de 31 de octubre
de 2019 (ff. 538 y 539), proferido por los demás integrantes de la Sala, con la
finalidad de garantizar la imparcialidad de la justicia.
3.3 Actos acusados.
3.3.1 Acto administrativo de 5 de abril de 2013, proferido por el inspector
general de la Policía Nacional, por el cual sancionó a la teniente coronel Fabiola
Bejarano Chaves con destitución e inhabilidad general por once (11) años9.
3.3.2 Decisión administrativa de 6 de septiembre de 2013, con la que el director
general de la Policía Nacional disminuyó la sanción a suspensión e inhabilidad
especial por seis (6) meses10.
3.3.3 Decreto 2960 de 20 de diciembre de 2013, con el que el señor presidente
de la República ejecutó la sanción11.
3.4 Problema jurídico. La Sala debe resolver si la sentencia apelada fue
ajustada a derecho, en cuanto se inhibió de emitir decisión de fondo. Para tal
propósito, examinará si el acto administrativo demandado, que fue revocado en
forma directa, es susceptible de control judicial de legalidad mientras estuvo
vigente y respecto de los efectos que produjo, según lo plantea la recurrente en
su memorial de alzada; o si el fallo impugnado fue legal, como lo sostiene la
entidad demandada.
3.5 Pruebas relevantes. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación
con los problemas jurídicos derivados de las causales de nulidad invocadas en
escrito de apelación, así:
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Folios 991 a 1078, cuaderno 5.
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Folios 1114 a 1156, cuaderno 5.
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Folios. 1171 y 1172, cuaderno 5.
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Expediente: 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019)
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Nacional - Policía Nacional
1. La señora Fabiola Bejarano Chaves prestó sus servicios a la Policía Nacional
como oficial, desde el 1° de febrero de 1995 hasta el 2 de septiembre de 2016
(21 años, 10 meses y 23 días), según consta en su hoja de servicios (ff. 437). El
retiro de la institución se produjo por solicitud propia, aceptada por el señor
Ministro de Defensa Nacional, mediante Resolución 4500 de 27 de mayo de
este último año (f. 439 vuelto). Para el 25 de agosto de la misma anualidad, la
jefe de la oficina asesora jurídica de la Policía Nacional informó que se hallaba
en trámite el reconocimiento de la asignación de retiro de la mencionada oficial.
2. La demandante no devengó salarios durante el tiempo que cumplió la sanción
de suspensión por seis (6) meses, que se hizo efectiva entre enero y julio de
2014, como lo certificó la jefe del grupo de talento humano de la Policía
Nacional el 19 de agosto de 2016 (f. 433).
3. El señor Procurador General de la Nación, a través de acto administrativo de
26 de septiembre de 2014, «REVO[CÓ] DIRECTAMENTE el fallo
sancionatorio de segunda instancia proferido el 6 de septiembre de 2013, por
la Dirección General de la Policía Nacional, contra la Teniente Coronel
FABIOLA BEJARANO CHAVEZ [sic] y, en su lugar, ABSOLVERLA de
responsabilidad disciplinaria» (ff. 322 a 338), sanción que es la demandada en
el presente asunto.
Estimó el órgano de control que la Policía Nacional violó manifiestamente los
derechos de defensa y debido proceso de la implicada, entre otras razones,
porque «la evaluación y formulación del pliego de cargos no cumplen con los
requisitos exigidos en el artículo 163 de la ley en cita [734 de 2002], teniendo
en cuenta además que la descripción y determinación de la conducta con la
indicación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó, el
Juez Disciplinario no determinó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
las cuales la señora TC. FABIOLA BEJARANO CHAVEZ [sic], pudo haber
infringido la ley disciplinaria, sin que concretara de manera clara las fechas
que como Administradora del Centro Social de la Policía Nacional (31 de enero
de 2007 a diciembre 6 de 2009), hubiera permitido de manera omisiva que
personal de esa dependencia malversaran los bienes que le había sido
entregados bajo su responsabilidad» (f. 335). Agregó que «dentro de la
formulación de cargos como en el transcurso del proceso disciplinario no se
allegó prueba fundamental que demostrara con grado de certeza, que la
disciplinada, con su actuar omisivo hubiera permitido la malversación de los
bienes del Centro Social» (f. 334). Este acto se profirió después de que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección B)
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Expediente: 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019)
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admitiera la demanda contra la decisión sancionatoria, que lo fue el 20 de agosto
de 2014 (f. 268).
4. Examinado el aplicativo SAMAI de esta Corporación y en atención a que la
recurrente solicitó que se tenga en cuenta el «auto de 13 de octubre de 2020
proferido por el consejero de Estado William Hernández Gómez, dentro del
proceso 11001-03-25-000-2015-00229-00 (0431-2015)» (f. 552), la Sala
encuentra que, en efecto, la Policía Nacional demandó la nulidad del acto
administrativo de 26 de septiembre de 2014, con el cual el señor Procurador
General de la Nación revocó directamente la sanción impuesta a la señora
Bejarano Chaves y el mencionado consejero, en proveído de 13 de octubre de
2022, dejó sin efectos el auto de 25 de febrero de 2015, con el cual había
admitido la demanda, y el de 20 de septiembre de 2017, por el que adecuó el
medio de control de nulidad al de nulidad y restablecimiento del derecho, al
estimar:
[L]a pretensión de la Policía Nacional es que, declarada la nulidad del acto
demandado, quede vigente la sanción que le impuso a la teniente coronel
Bejarano Chaves para no tener que hacer la devolución de los salarios
dejados de percibir por la sancionada durante el tiempo en que se cumplió
la sanción de suspensión.
Por tanto, en el presente asunto, el objeto de este medio de control no puede
tener como fundamento el que se restrinja un derecho de un tercero, quien
fue beneficiado con el respectivo acto de revocatoria que ordenó su
absolución. En consecuencia, considerando que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo no conoce de los actos disciplinarios mediante
los cuales se revoca sanciones disciplinarias, con fundamento en lo
previsto en el artículo 168 de la Ley 1437 de 2011, es procedente dejar sin
efecto tanto la providencia que dispuso adecuar la demanda que pretendió
la nulidad del acto proferido por el procurador general de la Nación al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho como el auto
por el cual este despacho dispuso su admisión.
A las demás pruebas, en particular, hará referencia la Sala en el momento de
resolver cada uno de los cargos planteados en el recurso de apelación.
3.6 Caso concreto relativo a los problemas jurídicos derivados de las
causales de nulidad invocadas en el memorial de apelación. La Sala revocará
la sentencia inhibitoria apelada, por las siguientes razones:
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Expediente: 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019)
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3.6.1 La revocación directa del acto que impuso la sanción a la demandante
no impide que esta jurisdicción enjuicie su legalidad dados los efectos que
produjo durante su vigencia. Son varios los pronunciamientos
jurisprudenciales de esta Corporación acerca de que la revocación directa de los
actos administrativos no impide su control jurisdiccional.
La sala plena de lo contencioso-administrativo de esta Corporación, de antaño,
ha sostenido que basta la vigencia pasada (incluso por un breve lapso) del acto
para pronunciarse sobre su validez, toda vez que durante el tiempo que rigió
pudo haber producido efectos, que se presumen legítimos hasta cuando se
produzca la invalidación de su fuente por el juez natural. Lo contrario sería
confundir los conceptos de vigencia o eficacia con los de legalidad o validez de
la decisión y negar el compromiso de la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo con la intangibilidad del ordenamiento jurídico abstracto
(artículo 103 CPACA), para lo cual se le han reconocido notables facultades12.
Ha sostenido:
[L]a derogatoria de una norma no restablece per se el orden jurídico
supuestamente vulnerado, sino apenas acaba con la vigencia de la norma
en cuestión. Porque resulta que un acto administrativo, aún si ha sido
derogado, sigue amparado por el principio de legalidad que le protege, y
que solo se pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez competente;
de donde se desprende que lo que efectivamente restablece el orden
vulnerado no es la derogatoria del acto, sino la decisión del juez que lo
anula, lo declara ajustado a derecho. Ello, además, se ve confirmado por
los efectos que se suceden en cada evento. La derogatoria surte efectos
hacia el futuro, sin afectar lo ocurrido durante la vigencia de la norma y sin
restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab-initio,
restableciéndose por tal razón el imperio de la legalidad. Y por ello mismo
es necesario el pronunciamiento sobre actos administrativos de carácter
general, impugnados en ejercicio de la acción pública de nulidad, pues su
derogatoria expresa o tácita no impide la proyección en el tiempo y el
espacio de los efectos que haya generado, ni de la presunción de legalidad
que los cubre, la cual se extiende también a los actos de contenido
particular que hayan sido expedidos en desarrollo de ella y durante su
vigencia. De lo contrario, el juzgamiento de tales actos particulares por la
jurisdicción contenciosa resultaría imposible, pues tendría que hacerse,
entre otros, a la luz de una norma, la disposición derogada, cuya legalidad
12
Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso -administrativo, sentencia de 14 de enero de 1991, expediente
S -157, C. P. Carlos Gustavo Arrieta Padilla. En similar sentido pueden consultarse los fallos de 3 de junio de
2010 de la sección segunda, expediente11001-03-25-000-2005- 00146-00, C. P. Alfonso Vargas Rincón; de 30
de enero de 2013, de la misma sección (subsección B), expediente 11001-03-26-000-2003-00026-01 (25151 y
25152); y de 23 de enero de 2014, sección cuarta, expediente11001-03-27-000- 2011-00015-00, C. P. Stella
Conto Díaz del Castillo, entre otras.
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Expediente: 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
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no podía controvertirse por el hecho de no tener vigencia en el tiempo13.
En otra providencia esta Colegiatura reiteró: «No hay, por lo tanto, razón
alguna que imposibilite proferir fallo de fondo con respecto a la legalidad de
un acto respecto del cual se ha producido el fenómeno del DECAIMIENTO,
entendiendo que dicho fallo abarcará el lapso durante el cual dicho acto
administrativo estuvo vigente, lapso durante el cual el acto administrativo gozó
de presunción de legalidad. Lo anterior, por cuanto para que se produzca un
fallo de mérito respecto de un acto administrativo, no se requiere que el mismo
se encuentre produciendo efectos, tal como se sostuvo por esta Sección en
providencia de fecha junio 15 de 1992, pues sólo el fallo de nulidad, al producir
efectos ex tun, desvirtúa la presunción de legalidad que acompañó al acto
administrativo mientras éste produjo sus efectos»14.
En la misma dirección, esta Sala también ha sido del criterio de que «No son los
actos revocatorios de la Administración ni los derogatorios del Gobierno
Nacional, sino las sentencias dictadas por los Jueces competentes de esta
Jurisdicción, las decisiones con capacidad para restablecer el imperio de la
legalidad»15.
Tras este breve recorrido jurisprudencial, no es dable admitir en este caso el
argumento del Tribunal, expuesto en la sentencia inhibitoria apelada, en el
sentido de que, como el señor Procurador General de la Nación, de oficio,
revocó la sanción impuesta a la señora Fabiola Bejarano Chaves y la absolvió
de responsabilidad disciplinaria, el acto que la contenía «desapareció del mundo
jurídico, [y] un pronunciamiento en sede judicial sobre su ilegalidad, se
tornaría improcedente».
Resulta claro que la revocación del acto sancionatorio apenas acabó con la
vigencia de este último, pero, en modo alguno, restablece per se el orden
jurídico, supuestamente vulnerado con su expedición, ni reparó el daño que
pudo haber ocasionado a la demandante, primero porque la Procuraduría no es
el juez de la legalidad de las decisiones de la Administración y segundo por
cuanto mientras la determinación sancionatoria permaneció en vigor, estuvo
amparada por la presunción de legalidad, como todo acto administrativo, que
solo la puede invalidar el juez natural.
13
Esta tesis fue reiterada en sentencia de 22 de marzo de 2013, por la sección cuarta de esta Corporación,
expediente 11001-03-27-000-2008-000358-00(17379).
14
Sentencia de 23 de junio de 2016, sección primera, expediente 11001-03-24-000-2010-00521-00.
15
Sentencia de 21 de agosto de 2008, sección segunda (subsección B), expediente 11001-03-25-000-2002-
00121-01 (2549-2002).
11
Expediente: 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Fabiola Bejarano Chaves contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional
De ahí que el CPACA, en el artículo 88, establece que «Los actos
administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo» y el 91 reitera que «los actos
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo». No existe razón jurídica
para que esta circunstancia no se predique, de igual manera, del acto
administrativo durante la vigencia que precedió a la revocación directa en sede
administrativa.
Los efectos plenos del acto sancionatorio contra la actora se materializaron
antes de su revocación y prueba de ello lo constituye, entre otras, la certificación
de 19 de agosto de 2016, expedida por la jefe del grupo de talento humano de
la Policía Nacional, según la cual «la señora Teniente Coronel ® FABIOLA
BEJARANO CHAVEZ [sic] (…) no devengó salarios durante 180 días, desde
el mes de enero de 2014 hasta el mes de julio de 2014, debido a la suspensión
disciplinaria interpuesta mediante Decreto 2960 del 20 de diciembre de 2013
[acto de ejecución de la sanción]» [f. 433].
Obsérvese que para el 26 de septiembre de 2014, cuando el señor Procurador
General de la Nación revocó la suspensión en el ejercicio del cargo por seis (6)
meses, que el director general de la Policía Nacional había impuesto a la actora,
ya se había cumplido la sanción y consumado el supuesto perjuicio,
precisamente por el mandato legal de que «los actos administrativos en firme
serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo» (artículo 91, CPACA).
Es más, el señor presidente de la República ordenó la ejecución de la sanción
por medio de Decreto 2960 de 20 de diciembre de 2013 y solo hasta el año
siguiente declaró la pérdida de ejecutoriedad de este acto, a través de Decreto
2738 de 30 de diciembre de 2014, por haber sido revocada la sanción a la
demandante, pero esta ya se había acatado.
Por consiguiente, le asiste el legítimo derecho de que la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo le dispense justicia material y el juez, por su parte,
tiene la obligación de decidir de fondo sobre la legalidad del acto que la
sancionó, indistintamente de que haya sido revocado por la Administración, y,
de ser el caso, se ordene el restablecimiento del derecho y le repare el daño, en
los términos del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
incoó, consagrado en el artículo 138 del CPACA, que preceptúa: «Toda persona
que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica,
12
Expediente: 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Fabiola Bejarano Chaves contra la Nación – Ministerio de Defensa
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podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que
se le repare el daño». Además, la disposición no condiciona el medio de control
a que el acto acusado esté vigente.
De esta manera, se garantiza a la accionante el derecho fundamental
constitucional de acceso a la administración de justicia, previsto en el artículo
229 de la Constitución Política, puesto que el caso sometido a control de esta
jurisdicción no debe quedar pendiente de resolución judicial, so pena de incurrir
en denegación de justicia.
Lo anterior, máxime cuando el acto acusado, que impuso la sanción de
suspensión por seis meses, fue revocado el 26 de septiembre de 2014 por el
Procurador General de la Nación (f. 322), esto es, después de que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección B), el 20 de
agosto anterior, admitiera la demanda formulada por la actora, y no se agotó el
procedimiento consagrado en el CPACA, para garantizar el eventual
restablecimiento del derecho conculcado y la reparación de los perjuicios
causados con la decisión demandada, de la cual resultan dicientes los motivos
que tuvo en cuenta el jefe del mencionado órgano de control para revocar la
sanción.
Al respecto, el artículo 95 (parágrafo) del CPACA establece: «[…] en el curso
de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera sentencia de segunda
instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las
autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos
administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de
la entidad. La oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones objeto
de la misma y la forma en que se propone restablecer el derecho conculcado
o reparar los perjuicios causados con los actos demandados. Si el Juez
encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla
en conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el
término que se le señale para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará
por terminado mediante auto que prestará mérito ejecutivo, en el que se
especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a
partir de su ejecutoria» (se destaca).
Como nada de lo exigido en la norma en cita aconteció en el presente caso, con
mayor razón, se debe emitir sentencia de fondo, puesto que no resulta admisible
que queden insolutos asuntos como el «restablec[imitento] el derecho
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Expediente: 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Fabiola Bejarano Chaves contra la Nación – Ministerio de Defensa
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conculcado o [la] repara[ción de] los perjuicios causados con los actos
demandados», ordenados por el legislador.
Recuérdese que «Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos
reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden
jurídico», de conformidad con el artículo 103 del CPACA, y uno de los deberes
del juez, según el artículo 42 de Código General del Proceso, es «5. […]
interpretar la demanda de manera que permita decidir de fondo el asunto».
En esta, y en todas las jurisdicciones se ha insistido en que el juez debe evitar
fallos inhibitorios. A modo de ejemplo, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que «Las decisiones inhibitorias constituyen una denegación de
justicia que desconoce la razón de ser de la administración de justicia, dado
que, en un ejercicio de hermenéutica jurídica, los jueces deben buscar distintas
alternativas para evitar emitir una providencia con dicho resolutivo. En otras
palabras, una inhibición debe ser la última opción por la cual debe decantarse
la autoridad judicial, pues de lo contrario, su actuación constituye un excesivo
apego al procedimiento, perdiendo de vista que la función judicial propugna
por:“(i) impartir justicia, (ii) buscar que las sentencias se basen en una verdad
judicial que se acerque lo más posible a la verdad real, y (iii) evitar
pronunciamientos inhibitorios que dificulten la eficacia de las actuaciones de
la Administración de Justicia y de los derechos materiales»16.
Lo dicho para concluir que el fallo inhibitorio recurrido no fue ajustado a
derecho. Ahora bien, ante la ausencia de decisión judicial de fondo del a quo,
la Sala se abstendrá de proferir sentencia de mérito respecto de las súplicas de
la demanda, puesto que se convertiría en juez de primer grado y se privaría a las
partes de la segunda instancia, prerrogativa ínsita en los derechos de
contradicción, defensa y debido proceso. Por consiguiente, se ordenará al
Tribunal de origen que la dicte.
Sin más disquisiciones sobre el particular y a partir de una sana hermenéutica
jurídica, la Sala arriba a la convicción de que la sentencia apelada se debe
revocar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
16
Corte Constitucional, fallo T-31 de 2018.
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Expediente: 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Fabiola Bejarano Chaves contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°. Revócase la sentencia inhibitoria de 24 de enero de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección B),
dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la
señora Fabiola Bejarano Chaves contra la Nación – Ministerio de Defensa -
Policía Nacional; y ordénase a dicha Corporación proferir fallo de fondo,
conforme a la parte motiva.
2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen para que decida de fondo el asunto, previas las anotaciones que fueren
menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmada electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmada electrónicamente Impedido
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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