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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00112-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00112-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del del 1.° de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por la señora Bernarda de Jesús Quiñones Vergara en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Distrito Especial, Portuario, Ecoturístico y Biodiverso de Tumaco, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: En caso de que la accionante haya formulado demanda para obtener la declaratoria de existencia de relación laboral subyacente contra los entes territoriales donde desarrolló la labor docente, la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio verificará si se generaron diferencias frente al pago de los aportes que se ordenan 33 Sentencia de 22 de junio de 023 dictada por esta Subsección con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez dentro del proceso 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). 835 31 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Rad icado : 52001-23-33-000- 2021-00112-01 (3666-2024) De mandan te : Be r na rd a de Jes ús Qui ñones Ve rg ar a en virtud de esta sentencia y lo dispuesto por las respectivas autoridades judiciales. En caso de que ello sea así, deberá realizar todas las actuaciones interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro a los entes empleadores, únicamente en los montos faltantes o en las diferencias en los aportes a pensión dejados de efectuar en beneficio de la docente (si existieren luego de que la reclamante manifieste si efectuó o no cotizaciones como contratista), y en todo caso, solo en el porcentaje que le habría correspondido a la referida autoridad como empleadora de aquella, esto por los períodos de ejecución de los contratos. TERCERO: Sin condena en costas, según las consideraciones expresadas en este fallo. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2021-00112-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00112-01 (3666-2024)
Demandante: Bernarda de Jesús Quiñones Vergara
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio – Distrito Especial,
Portuario, Ecoturístico y Biodiverso de Tumaco
Temas: Pensión de jubilación docente- cómputo de tiempo laborado
a través de relación laboral subyacente- Aportes pensionales
Decisión: Confirma la decisión que accede parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada en contra de la sentencia del 1.° de marzo de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión1, que
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por la señora
Bernarda de Jesús Quiñones Vergara en contra de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
el Distrito Especial, Portuario, Ecoturístico y Biodiverso de Tumaco.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2.

2.1.1. Pretensiones.

2. La señora Bernarda de Jesús Quiñones Vergara, por intermedio de apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad
de la Resolución 9930 del 15 de septiembre de 2020, por medio de la cual se le
negó el reconocimiento de la pensión de jubilación y de la Resolución 0029 del

1 Con ponencia de la magistrada Ana Beel Bastidas Pantoja.
2 Índices 1 correspondientes a la primera instancia.

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28 de enero de 2021, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la anterior decisión.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que, se condene a la parte
demandada a reconocerle y pagarle la pensión de jubilación a partir del 11 de
junio de 2013, correspondiente al 75% de los salarios devengados en el último
año de servicio.

4. De igual manera solicitó que se le condene al pago de los intereses moratorios
de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que
se ordene el reajuste de las sumas reconocidas de acuerdo con el IPC; así como
al pago de «los intereses moratorios a una tasa equivalente la DRTF y su
incumplimiento con interés moratorios (sic) a la tasa comercial; y si se incumple
la sentencia devengará intereses moratorios a partir de su ejecutoria, artículo 192
CPACA»

5. Finalmente pretendió que se imponga codena en costas a cargo de la entidad.

2.1.2. Hechos.

6. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

7. La señora Bernarda de Jesús Quiñones Vergara nació el 11 de junio de 1958,
por lo que a la fecha de la presentación de la demanda contaba con 62 años de
edad.

8. Se vinculó al servicio de la docencia en el municipio de Tumaco, a través del
Decreto 079 del 27 de mayo de 1977 hasta el 30 de diciembre de 1995, por lo
que acreditó 18 años de labor.

9. Nuevamente se vinculó al servicio docente municipal mediante Decreto 1235
del 1º de enero de 2004, hasta el 23 de mayo de 2016, es decir, por 12 años.

10. Posteriormente fue vinculada mediante Decreto 310 del 7 de junio de 2016,
hasta el 16 de enero de 2017 por seis meses.

11. De acuerdo con lo anterior, al cumplir 55 años de edad y más de 20 años de
servicio, consideró que adquirió el estatus pensional el 11 de junio de 2013, año
en el que devengaba: asignación básica, bonificación zona de difícil acceso,
prima de movilización, prima de vacaciones y prima de navidad.

12. El 3 de enero de 2020, la demandante solicitó el reconocimiento de la pensión
de jubilación ante el municipio de Tumaco, petición que le fue negada mediante
la Resolución 9930 del 15 de septiembre de 2020, la cual fue confirmada en sede
de revisión, a través de la Resolución 0029 del 28 de enero de 2021.
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13. Finalmente indicó que la Fiduciaria La Previsora emitió concepto negativo
para el reconocimiento de la pensión solicitada.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

14. Como normas vulneradas citó los artículos 48 y 53 de la Constitución Política,
4.° de la Ley 4ª de 1966; 1.° de la Ley 33 de 1985, 42 del Decreto 1042 de 1978,
9.° de la Ley 71 de 1988, 45 del Decreto 1045 de 1978, 10 del Decreto 1160 de
1989 y 15 de la Ley 91 de 1989.

15. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que, los actos acusados
incurrieron en violación directa de la Ley toda vez que denegaron el
reconocimiento pensional con base en que la demandante se vinculó al servicio
docente a través de órdenes de prestación de servicios desde 1996 a 2003 por
lo que tales tiempos no podían ser tenidos en cuenta.

16. Según la demanda, se desconoció su vinculación como docente antes de la
vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que tenía derecho a la aplicación del
régimen de transición previsto en el artículo 81 ibidem, con lo que le son
aplicables a su caso las previsiones anteriores como son las Leyes 33 de 1985 o
71 de 1988 según el caso.

17. Además, el parágrafo 2 del artículo 1.° de la Ley 812 de 2003, dispuso que
los docentes que habían sido vinculados en provisionalidad antes del 26 de junio
del 2003, debían ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y en virtud de ello, su pensión se rige por las normas anteriores a la
vigencia de la mencionada Ley 812 de 2003.

18. De acuerdo, con esto, estableció que como la accionante prestó sus servicios
antes del 23 de junio de 2003, desde 1977 y se entendía vinculada al sector de
la docencia oficial y era merecedora del reconocimiento de la pensión de
jubilación por acreditar más de 30 años de labor a la docencia.

19. Finalmente indicó que se le debían reconocer los intereses moratorios
establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde la fecha en que la
demandante adquirió su estatus pensional, tal y como se definió en la sentencia
SL310-2020 del 19 de agosto de 2020 de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Jorge Quiroz Alemán.

2.2. Contestación de la demanda.

2.2.1. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de

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Prestaciones Sociales del Magisterio3, se opuso a las pretensiones de la
demanda a través de apoderada judicial.

20. En su defensa indicó que de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003
a los docentes que se encuentren vinculados al servicio educativo oficial con
anterioridad a la Ley 812 de 2003, les será aplicable el régimen prestacional del
magisterio vigente a la fecha de su vinculación, sin embargo los que se vinculen
a partir de la vigencia de la citada ley, esto es, con posterioridad al 27 de junio de
2003, les será aplicable el régimen de prima media del régimen general de
seguridad social en pensiones contenido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003.

21. Por tanto, a los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003 se les debía reconocer su pensión de acuerdo con la Ley
33 de 1985, esto es, con el 75% de los factores que hubieran servido de base
para calcular los aportes durante al último año de servicios.

22. Precisó que, de acuerdo con el Artículo 128 de la Constitución Política de
Colombia y la Ley 4 de 1992, ninguna persona podrá percibir más de una
asignación económica que provenga del tesoro público, por lo que «[…] Sin
embargo, si fuere el caso de que la pensión de jubilación y vejez concurren, el
empleado podrá elegir la que considere más favorable a su caso, esto, de
acuerdo con el artículo 88 del Decreto 1848 de 1969 que reglamenta el Decreto
3135 de 1969, […]».

23. Propuso las excepciones de «presunción de legalidad de los actos
administrativos atacados de nulidad», «prescripción» y «genérica».

2.2.2. Distrito Especial, Portuario, Ecoturístico y Biodiverso de Tumaco 4.

24. El Distrito de Tumaco contestó la demanda en oposición a las pretensiones
de la señora Quiñones de Vergara, a través de apoderado judicial.

25. Para tal efecto, señaló que en virtud de lo establecido por el artículo 56 de la
Ley 962 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005, los entes territoriales actuaban como
facilitadores para que los docentes tramitaran el reconocimiento y pago de su
pensión, la cual estaba a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio por lo que si bien las entidades territoriales elaboraban los proyectos
de actos administrativos de reconocimiento de pensional, la Fiduciaria era la
encargada de suscribir las respectivas resoluciones de reconocimiento, por ser
la encargada de la administración de los recursos de Fondo por ende, con sus
actos no obligaba al ente territorial, ni comprometía sus recursos para el pago de

3 Índice 8 del expediente digitalizado de la primera instancia.
4 En adelante Distrito de Tumaco. Índice 5 primera instancia.
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las prestaciones.

26. Formuló las excepciones de prescripción y «genérica.

2.3. La sentencia apelada5.

27. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, mediante
sentencia del 1.° de marzo de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

28. Para arribar a esa decisión en primer lugar estableció que lo relevante para
determinar si a la docente debe aplicársele el régimen anterior a la vigencia de la
Ley 812 de 2003 –Ley 33 de 1985 o Ley 71 de 1988-, es la fecha de vinculación
con la Nación – Ministerio de Educación Nacional y su afiliación al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Esto por cuanto si la
vinculación se dio con posterioridad a esa fecha se debe acudir al segundo inciso
del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, en virtud del cual el régimen pensional
corresponde al de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en este, con excepción de la edad de pensión
de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

29. Luego estableció que en el Consejo de Estado existe una línea jurisprudencial
en la que se ha considerado que la vinculación de docentes bajo la modalidad de
prestación de servicios no desvirtúa el carácter personal de su labor, ni mucho
menos es ajena al elemento de subordinación existente con el servicio público
de educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos se
someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las
diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el
ejercicio de sus funciones, cumplen órdenes por parte de sus superiores
jerárquicos y desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo
con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los
que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la
realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen
una protección especial por parte del Estado.

30. Después de examinar el acervo probatorio estableció que la señora Bernarda
de Jesús Quiñones Vergara nació el 11 de junio de 1958 y se vinculó al entonces
municipio de Tumaco a través del Decreto 079 del 27 de mayo de 1977 y hasta
el 30 de diciembre de 1995. Igualmente suscribió contratos de prestación de
servicios sucesivos e interrumpidos con el citado ente territorial desde el 29 de
abril de 1996 hasta el 21 de diciembre de 2003.

31. Luego se vinculó a través de una relación legal y reglamentaria mediante los

5 Índice 28 ibidem.
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Decreto 1235 del 31 de diciembre de 2003 con efectos desde el 1.° de enero de
2004 y hasta el 23 de mayo de 2016; por Decreto 310 del 7 de junio de 2016
desde ese mismo día y hasta el 16 de enero de 2017 y finalmente por el Decreto
042 del 16 de enero de 2017 hasta el 28 de enero de 2021.

32. De acuerdo con ello, para el caso, la vinculación ocurrió el 28 de mayo de
1977, esto es, con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, en razón de
lo cual, consideró que el derecho pensional de la demandante estaba gobernado
por la Ley 33 de 1985 con la modificación introducida por la Ley 62 de 1985, por
lo que debía cumplir el requisito de 55 años de edad y 20 años de servicio.

33. Aunado a esto, en aplicación de la sentencia de unificación del 25 de agosto
de 2016, estimó que los aportes pensionales adeudados al Sistema de Seguridad
Social que se derivan del contrato realidad son imprescriptibles y se exceptúan
de la prescripción extintiva y de la caducidad del medio de control. Por ende
tendría en cuenta el tiempo que la señora Bernarda de Jesús Quiñones Vergara
trabajó como docente con el municipio de Tumaco.

34. Adicionalmente estimó que la demandante devengó: asignación básica, prima
de vacaciones, prima de navidad, bonificación zona de difícil acceso y prima de
movilización. Sin embargo, la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 de 1985
contempla como factor para la liquidación pensional la asignación básica, y no
las primas de vacaciones, de navidad y de movilización, ni tampoco la
bonificación zona de difícil acceso, únicamente se tendría en cuenta como tal
para el cálculo del IBL respectivo la asignación básica devengada por la
demandante.

35. Por todo lo anterior declaró la nulidad parcial de las resoluciones demandadas
y a título de restablecimiento del derecho ordenó:

«SEGUNDO. – En consecuencia condenar a la Nación – Ministerio de Educación
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a
favor de la señora Bernarda De Jesús Quiñones Vergara la pensión de jubilación
a partir del 11 de junio de 2013, en cuantía del 75% del promedio de lo devengado
durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es, del 11 de junio
de 2012 al 11 de junio de 2013, incluyendo la asignación básica conforme a la Ley
62 de 1985, según lo expuesto en la parte
motiva.
TERCERO. - Las mesadas causadas deberán actualizarse con fundamento en el
inciso 4° del artículo 187 de la Ley 1437 del 2011 y deberán indexarse conforme a la
siguiente formula:
[…]
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula citada se aplicará separadamente,
mes por mes, para cada diferencia de la mesada pensional, iniciando desde la fecha
de su causación –teniendo en cuenta que el estatus pensional lo adquirió el 11 de
junio de 2013– y observando que el índice inicial es el vigente al momento de
causación de cada mesada pensional.
CUARTO. – Ordenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio adelantar los trámites
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administrativos internos ante el municipio de Tumaco (N), a fin de obtener el recaudo
de las cuotas parte que le correspondan a prorrata del tiempo de servicio que la
demandante prestó en dicha entidad territorial como docente, en virtud de las
relaciones legales y reglamentarias, así como también de los contratos de prestación
de servicios suscritos, de conformidad con lo manifestado en la parte
motiva.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio podrá descontar de la
pensión a reconocer, los aportes que la demandante debía efectuar en el porcentaje
que le correspondía como empleada.
QUINTO. – Declarar prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 3 de enero
de 2017.
SEXTO. – Negar las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO. – Abstenerse de imponer condena en costas, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.
[…]».

36. La anterior decisión contó con aclaración de voto del magistrado Paulo
León España Pantoja 6 quien señaló que pese a que su postura consistía en
que el tiempo de servicios para efectos pensionales presupone la existencia de
un vínculo legal y reglamentario con el ente territorial y que, por lo tanto, no
pueden computarse para tal efecto los tiempos acreditados por la parte
demandada durante los cuales trabajó mediante OPS, sin previa declaración
judicial, no obstante acataba el criterio expuesto por la Jurisprudencia del
Consejo de Estado al respecto, mismo que comparte la Sala mayoritaria de
decisión.

2.4. Recurso de apelación

37. El apoderado del Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio7
presentó recurso de apelación, en el cual sostuvo que el artículo 81 de la Ley 812
de 2003 estableció que aquellos docentes vinculados o afiliados a partir de la
entrada en vigencia de la norma en mención, el 27 de junio de 2003, gozarían de
lo establecido en el Sistema General de Pensiones, mientras que los vinculados
con antelación a dicha normatividad, el régimen aplicable es el consagrado en la
Ley 91 de 1989, normatividad que a su vez permitió la aplicación de las Leyes 33
de 1985, 62 de 1985 y Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978,
puesto que fueron excluidos de la aplicación del sistema general de pensiones,
criterio expuesto en la Ley 812 de 2003 y que, fue ratificado por en el Acto
Legislativo 001 de 2005.

38. Indicó que en el caso que nos ocupa, la parte demandante no tiene derecho
al reconocimiento de la pensión de jubilación por la Ley 33 de 1985, toda vez que
su vinculación o afiliación al FOMAG surge con posterioridad al 27 de junio del
año 2003, es decir, durante la vigencia de la Ley 812 del año 2003, según su
artículo 81.

6 Índice 23 primera instancia.
7 Índice 24 del expediente digitalizado de la primera instancia.
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39. Citó la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019,
proferida dentro del radicado No. 68001-23-33-000-2015-00569-01(0935-17),
para señalar que de acuerdo con el parágrafo transitorio 1.° del Acto Legislativo
01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión
de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada
uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, siempre que, respecto de los mismos,
se hubiesen hecho los respectivos aportes y que verificado el expediente del
docente Bernarda de Jesús Quiñones Vergara se encuentra vinculada al Fondo
de Pensiones del magisterio a partir del 1 de enero de 2004, por lo que no se
hicieron aportes con anterioridad y que correspondía a la entidad donde
desarrolló su labor por contrato de prestación de servicios, pues dicho tiempo no
se puede tener como el de una relación legal y reglamentaria.

2.5. Alegatos de segunda instancia

2.5.1. En esta oportunidad el apoderado de la demandante8 insistió en que
debe confirmarse la sentencia de primera instancia toda vez que la peticionaria
se encuentra vinculada al servicio público educativo oficial desde el 27 de mayo
de 1977, por ende, no puede ser cobijada por la Ley 812 de 2003. Además, a la
entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, se encontraba vigente la Ley 33 de 1985,
que es el anterior régimen legal de pensiones y al caso que nos ocupa a la
docente se le debe reconocer la pensión de vejez con la Ley 33 de 1985,
normatividad vigente para los docentes del magisterio; por esto tiene derecho a
que se le reconozca y pague una pensión mensual vitalicia con el 75% de los
salarios devengados en el último año de servicio.

2.5.2. Tanto la parte demandada como el agente del Ministerio Público guardaron
silencio en esta oportunidad.

40. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

41. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 9 de la Ley 1437 de 2011.

8 Índice 7. Segunda instancia.

9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
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42. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

3.2. Problema jurídico

43. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar ¿si la señora
Bernarda de Jesús Quiñones Vergara tiene derecho a que su labor como docente
a través de órdenes de prestación de servicios le sea computada para que la
pensión de jubilación le sea reconocida a la luz de la Ley 33 de 1985?

44. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala se referirá al (i) régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de Unificación del 25 de abril de
2019, (ii) La vinculación docente a través de contratos de prestación de servicios.
Tiempo computable para el reconocimiento pensional y (iii) se verificará el acervo
probatorio y determinará si le asiste el derecho que reclama.

45. Es menester precisar que en el presente proyecto no se analizará el tema del
contrato realidad, sino la posibilidad de tener en cuenta para el reconocimiento
pensional los periodos por contratos de prestación de servicios como docente.

3.3. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de
Unificación del 25 de abril de 2019.

46. Mediante sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la Sección Segunda
del Estado10 unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad en la
cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:

«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.

b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».

10Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.

Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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Para la liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base
de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.»

47. A las anteriores conclusiones arribó la Sección Segunda del Consejo de
Estado previos los siguientes razonamientos:

«[…]
51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación
y sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones
de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el
mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación
de la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33
de 1985 son: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados;
horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o
aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores,
distinto al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado
artículo 8º, que contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se
incluyeron en los numerales 1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal
afiliado al Fondo, y el 8% equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores
salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales de los
docentes”, respectivamente.

[…]

62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la
liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los
factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de
jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo
1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía
la Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la
cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los
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docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios.

64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta
disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el
ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta
los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de
la Ley 62 de 1985.

65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de
jubilación de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo
y factores. Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores
son únicamente los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que
modificó el artículo 3º de la Ley 33 de 1985.

66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema
General de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 que establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso
Base de Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de
vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez
(10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios
al consumidor según certificación que expida el DANE”. Por la misma razón,
tampoco les aplica la regla sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que fija en 10 años el periodo que se debe
tomar para la liquidación de la mesada pensional.

67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados
a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985, se rige por las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período
del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido
de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que
son: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y
feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.» Destacado fuera del texto original.

48. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio
del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, que
dependerá de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite
cada docente, para tal efecto distinguió lo siguiente:
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a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33
de 1985, se rige por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios
y 75% de los factores previstos en la Ley 62 de 1985.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto
1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

49. Como se advierte, por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas
fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos
los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial
a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
De tal manera, bajo dicha posición jurisprudencial se analizará el asunto de la
referencia.

3.4. Vinculación docente a través de contratos de prestación de servicios.
Tiempo computable para el reconocimiento pensional.

50. Es de indicar que esta Subsección en múltiples pronunciamientos ha tenido
en cuenta el tiempo laborado por el docente mediante contratos de prestación de
servicios para el reconocimiento de prestaciones de carácter periódico, como es
el caso de la pensión gracia, bajo las siguientes consideraciones:

«En el presente caso, el actor arguye en su recurso de apelación que cumple con
los requisitos para acceder al beneficio de la pensión gracia, pues tal «[…] como
consta en la certificación laboral expedida por la autoridad competente que d[a] fe
[de] los servicios prestados por los docentes bajo la modalidad de contratos u OPS
se prueba la relación laboral y la continuidad en la misma, que se prolonga hasta
la actualidad, ahora nombrad[o] legalmente; sin que deban exigirse o tramitarse
otros tipo[s] de pruebas para el efecto, por lo cual tampoco es esencial que para
acudir a la vía judicial, que el [… interesado] haya pedido en vía gubernativa a la
entidad demandada la declaratoria de la relación laboral en este tipo de contrato».

En cuanto a la referida inconformidad, hay que decir que le asiste razón en la
medida en que resulta irrelevante que algunos de los períodos relacionados en la
certificación del 23 de julio de 2010 (f. 26), el accionante los haya laborado a través
de órdenes de prestación de servicios y no en propiedad, ya que el ordenamiento
que regula la prestación reclamada no establece esa condición negativa para el
cómputo de los años de servicios, pues resulta suficiente que el interesado
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demuestre haber servido al Magisterio como docente departamental, municipal o
distrital en diversas épocas, para que los tiempos laborados puedan ser tenidos en
cuenta en el monto del mínimo requerido (20 años).

Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a
la planta docente de las entidades territoriales en propiedad, ya que las funciones
que cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo educativo y, en
consecuencia, [el vinculado mediante contrato de prestación de servicios también]
está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por
supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía
de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes
restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales […], a
percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los
trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al
tiempo laborado»11.

De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando
se trata de maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[…] primacía
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales, es un principio constitucional […]»12, y si el intérprete judicial, «[…] en
un caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-
contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base
en el artículo 53 de la CP […]»13.

En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una
verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un
específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia.

Por tanto, la Sala valida el tiempo laborado por el accionante como docente
mediante contratos de prestación de servicios, para que sea contabilizado con el
ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo estudio de su caso
particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia.”14

51. Igualmente la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia de
unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 201615 advirtió que la vinculación
de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el
carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento
subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a
que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten
permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes
autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus

11 Sentencia C-517 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
12 Sentencia C-555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
13 Ibidem.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero

ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá, d. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
15 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Dr. Carmelo

Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015).
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funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii)
desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el
calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que
trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad
sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una
protección especial por parte del Estado.

52. Adicionalmente, en materia de aportes pensionales, la aludida sentencia de
unificación de la sección Segunda de esta Corporación 16, precisó que frente a
los aportes para pensión no opera el fenómeno de prescripción, en atención
a la condición periódica del derecho pensional que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales,
al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno,
por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. Así las cosas,
precisó lo siguiente:

«[…] En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales
adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad,
por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están
exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del
medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del
CPACA)30, y por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier
momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los
respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello
puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y
acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado
mediante una relación de trabajo.
Consecuentemente, tampoco es exigible el agotamiento de la conciliación
extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, dado· que al estar involucrados en este
tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables
(cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez
comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables (condición que
prevé el numeral 1 del artículo 161 del CPACA para requerir tal tramite 31), en
armonía con el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial».

53. Asimismo, esta Subsección en sentencia de 6 de febrero de 2020 17, explicó
que el pronunciamiento que se efectúe en el proceso ordinario de reconocimiento
de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de
contratos de prestación de servicios puede darse en dos escenarios con
connotaciones diferentes:

(i) El primero, referido al caso en que se persiga la declaración de
existencia del contrato realidad con todas sus connotaciones laborales

16 Proceso radicado 23001233300020130026001 (00882015).
17 Proferida dentro del proceso radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Accionante: Carlos
Isidro Díaz Lizarazo, con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.

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y prestacionales, evento en el que debe darse previamente el
agotamiento de la vía administrativa y convocar como demandada a la
entidad con la cual se suscribieron los contratos, a efectos de
garantizar el derecho al debido proceso de la entidad responsable y así
mismo el total cumplimiento de la sentencia.

(ii) El segundo escenario se presenta en los casos en que únicamente se
persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos
de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de
jubilación, evento en el que es posible que el proceso ordinario se
adelante únicamente con la comparecencia de la entidad de previsión.
Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta el
Decreto 3135»18 permite la acumulación de tiempos de servicio con la
posibilidad de exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al
indicar que la pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y
pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual
estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por
la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios la
entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y
empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional
que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas.

54. Es de anotar que en la citada decisión de 6 de febrero de 2020 19 se
reconocieron tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios
para efectos del reconocimiento de una pensión de jubilación docente, donde se
estimó lo siguiente:

18 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión.

1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad
de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por
la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para tal fin, o
por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de tiempo
de servicios y edad señalados para el goce de la pensión.
2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del
servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará directamente por la última entidad o empresa oficial
empleadora.
3. En los casos de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto,
la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene
derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad
proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.
En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948 y,
si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto
la entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal,
se entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de
la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el
proyecto de reconocimiento de la pensión.» (Negrilla de la Sala).

19 Proferida dentro del proceso radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Accionante:

Carlos Isidro Díaz Lizarazo, con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
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«[…]
Para este caso, se encuentra probado que el demandante cuenta con más de 64
años20, por lo que no se compadece con los postulados constitucionales que
imponen la protección de las personas de la tercera edad por parte del Estado,
exigirle la presentación de un nuevo proceso ordinario para demandar el
reconocimiento pensional. Como se dijo, tales usuarios de la justicia deben ser
objeto de mayores garantías para permitirles el goce y disfrute de sus derechos
fundamentales, atendiendo el tiempo extenso que podría transcurrir la resolución
de un nuevo conflicto ante la jurisdicción a través del trámite de un proceso
ordinario promovido únicamente para acreditar un mes y medio de labor, cuando,
como se dijo, en los certificados laborales se indicó que seguía laborando en el
departamento de Norte de Santander como docente y por cuanto la entidad no
refirió su desvinculación en la contestación.

Por esta razón, advierte la Sala que en este caso debe dar aplicación las reglas
establecidas en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, en tanto
constituye precedente vinculante de obligatoria aplicación «para los casos que
guardan identidad fáctica y que se encuentran pendientes de solución tanto en
vía administrativa como judicial, siempre que no se haya configurado el fenómeno
de la cosa juzgada21, como sucede en el sub judice, dado que la providencia
apelada no ha quedado ejecutoriada»22.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que el demandante tiene derecho a su
reconocimiento pensional a luz de lo señalado por la Ley 33 de 1985, y las reglas
de unificación dictadas por la Sección Segunda de esta Corporación en la
sentencia citada ut supra, […]».

55. Igualmente esta Corporación ha atendido a los citados tiempos desarrollados
a través de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la
pensión ordinaria docente, como ocurrió en sentencia de 24 de febrero de 2022
dentro del proceso 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)23 al señalar:

«[…]
A partir de este razonamiento, se deduce preliminarmente que ante casos en los
que se avizora el desempeño de actividades y funciones como docente, fundada
en vínculos contractuales con entidades de derecho público o a su servicio, es
posible tener por configurados los tres elementos constitutivos de una relación
laboral, con fundamento en que la misma naturaleza de la actividad desarrollada
por un educador, hace que esta sea necesariamente personal, remunerada y
sometida a reglamentaciones, instrucciones y lineamientos de obligatorio
cumplimiento.
Esto en la medida en que la educación es un servicio público esencial regulado
por directrices imperativas inherentes a la ejecución de una política pública. Lo
anterior se asegura sin perjuicio de la carga probatoria que le corresponde al
docente para «[…] demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente

20 Como se aprecia de copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 31, que indica que el accionante

nació el 17 de mayo de 1955.
21 Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de abril de 2019, Expediente:

680012333000201500569-01 (0935-2017), Demandante: Abadía Reynel Toloza, acápite «Efectos de la
decisión».
22 Sentencia de esta misma Subsección, de 6 de junio de 2019, con ponencia del Dr. Rafael Suárez Vargas,

radicación número: 05001-23-33-000-2014-02096-01(5149-16. Actor: MARÍA OFELIA ÚSUGA PÉREZ.
23 Sentencia de la Subsección A, con ponencia del consejero William Hernández Gómez.
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a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los
demás empleados de planta […]»6.
A manera de colofón de estas precisiones, la Subsección encuentra ajustada a
la realidad jurídica y jurisprudencial del caso, el tener como demostrada a favor
de la libelista la prestación de servicios propios de una docente oficial por el
tiempo que se ejecutaron los contratos respectivos celebrados entre aquella y el
departamento del Quindío. Ello en atención a que los mentados vínculos
contractuales, en esencia lo que consolidaron fue una relación laboral subrepticia
que implica tener en cuenta su vigencia para efectos de acumular ese lapso al
período de labores de la demandante como educadora estatal y por ende que se
deriven las consecuencias, que en lo que respecta al marco normativo aplicable
le correspondían en virtud de dicha calidad, tal como fue deprecado en la
demanda. No obstante, debe resaltarse que tanto las pretensiones formuladas,
así como el litigio fijado, limitaron los efectos de la referida situación, solo a los
impactos que en lo atinente al derecho a la pensión conlleva esta evidencia de
una relación laboral oculta, y no al reconocimiento de otro tipo de prestaciones o
derechos derivados de un vínculo laboral asimilable al legal y reglamentario que
detentan los docentes oficiales, pues ello no había sido materia de discusión».

56. En igual sentido, esta Subsección en sentencia de 23 de mayo de 2024,
dentro del proceso radicado 25000-23-42-000-2019-01673-0124 (1950-2023)
estimó que los tiempos de servicios previos al año 2003, eran aptos para lograr
el reconocimiento pensional docente según las previsiones de transición del
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, que permiten aplicar la regulación anterior
contenida en los artículos 2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de la Ley 91 de 1989,
que remite para efectos pensionales al régimen de los empleados públicos del
orden nacional, consagrado esencialmente en la Ley 33 de 1985. Vale la pena
traer a colación algunos de los fundamentos de dicha decisión:

«[…]
Según el marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo primero que debe
recordarse es que las vinculaciones de un docente en interinidad, incluso bajo la
modalidad contractual de OPS, no impide considerar tales tiempos para
establecer el régimen pensional aplicable.
En realidad, en estas contrataciones el ejercicio material de la labor educativa
bajo una relación laboral encubierta, que, aunque no se declarará como tal en
este proceso por no ser parte del litigio, permite advertirla, considerarla y afirmarla
judicialmente para efectos prestacionales como los de la pensión ordinaria de
jubilación.
Lo expuesto se asegura en la medida en que la sola naturaleza de las funciones
ejercidas por la accionante durante el tiempo que celebró contratos de prestación
de servicios con el distrito capital de Bogotá, dan cuenta de que en atención al
principio de la realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53
Constitucional, y sin necesidad de concederle judicialmente la calidad de
empleada pública, aquella sí puede ser asimilada a una docente con un vínculo
oficial formal a lo largo de los lapsos enlistados.
Esto como consecuencia de la esencia propia de dicha ocupación,18 más aún
tratándose de una educadora en interinidad quien, como se planteó en el marco
normativo, finalmente cumple las mismas funciones de un profesor titular con
derechos de carrera, pues su vínculo, a pesar de ser temporal, lo que busca es

24 Idem.
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suplir la necesidad o urgencia de ocupar la vacante de un servidor público del
magisterio.»

57. De acuerdo con todo lo anterior, esta Subsección considera procedente
contabilizar el tiempo durante el cual los docentes oficiales prestaron sus
servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios,
para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y en atención a la
clara línea jurisprudencial sobre la materia de esta Subsección y de la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 201625 según la cual la vinculación de docentes
bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de
su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el
servicio público de educación.

3.5. Caso concreto.

58. A efectos de dilucidar la controversia procede la Sala a analizar las pruebas
allegadas al plenario.

3.5.1. Hechos demostrados

➢ Edad de la demandante: De acuerdo con copia de la cédula de
ciudadanía allegada en el expediente administrativo por el Distrito de
Tumaco26, la señora Bernarda de Jesús Quiñones Vergara nació el 11 de
junio de 1958.

➢ Servicios prestados:

59. En el índice 6 de SAMAI, ff. 25 y s.s., de la primera instancia27 obra copia de
«Formato único para la expedición de certificado de historia laboral» expedido
por la Secretaría de Educación de Tumaco – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en el que se señalan tanto las vinculaciones de orden
legal y reglamentario de la demandante en el servicio docente de la entidad
territorial, así como los contratos de prestación de servicios desarrollados con el
mismo objeto. Por su importancia para el caso se insertan en esta providencia
imágenes de la certificación:

25 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Dr. Carmelo

Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015).
26 Índice 6 del expediente digitalizado de la primera instancia. Folio 22 del PDF. Respuesta del Distrito de

Tumaco.
27 Respuesta del Distrito de Tumaco.
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60. Como se aprecia de lo anterior, es evidente que la demandante tuvo tres
periodos de labor:

61. El primero de ellos, a través de una relación legal y reglamentaria en virtud
del Decreto 079 del 27 de mayo de 1977 a través del cual ejerció la docencia
desde el 28 de mayo de ese año y hasta el 30 de diciembre de 1995. Es decir,
por 18 años, 7 meses y 2 días.

62. En el segundo periodo se laboró a través de contratos de prestación de
servicios en los siguientes periodos:

CONTRATO INICIO TERMINACIÓN DURACIÓN

OPS del 26 de abril de 1996 26-04-1996 26-07-1996 3 meses

OPS del 1º de septiembre de 01-09-1996 01-12-1996 3 meses
1996
OPS del 13 de enero de 1997 13-01-1997 13-04-1997 3 meses

OPS del 14 de abril de 1997 14-04-97 14-07-97 3 meses

OPS del 1º de septiembre de 01-09-97 01-12-97 3 meses
1997
OPS del 1º de diciembre de 01-12-97 12-12-97 11 días
1997

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OPS del 2 de febrero de 1998 02-02-98 30-04-98 2 meses y 28 días

OPS del 4 de mayo de 1998 04-05-98 26-06-98 1 mes y 22 días

OPS del 1º de septiembre de 01-09-98 30-11-98 3 meses
1998
OPS del 18 de enero de 1999 18-01-99 31-03-99 2 meses y 13 días

OPS del 5 de abril de 1999 05-04-99 30-06-99 2 meses y 25 días

OPS del 13 de marzo de 2000 13-03-00 12-04-00 1 mes

OPS del 13 de abril de 2000 13-04-00 12-05-00 1 mes

OPS del 13 de mayo de 2000 13-05-00 12-06-00 1 mes

OPS del 13 de junio de 2000 13-06-00 12-07-00 1 mes

OPS del 13 de julio de 2000 13-07-00 12-09-00 1 mes

OPS del 13 de septiembre de 13-09-00 12-12-00 3 meses
2000
OPS del 20 de marzo de 2001 20-03-01 20-06-01 3 meses

OPS del 2 de julio de 2001 02-07-01 09-08-01 1 mes y 6 días

OPS del 23 de noviembre de 23-11-2001 23-12-2001 1 mes
2001
OPS del 14 de enero de 2002 14-01-2002 14-05-2002 4 meses

OPS del 1º de junio de 2002 01-06-2002 01-08-2002 2 meses

OPS del 1º de marzo de 2003 01-03-2003 10-06-2003 3 meses y 3 días

OPS del 11 de junio de 2003 11-06-2003 25-07-2003 1 mes y 14 días

OPS del 9 de septiembre de 09-09-2003 21-12-2003 3 meses y 12 días
2003

63. Total de tiempo desarrollado a través de contratos de prestación de servicios:
4 años, 7 meses y 1 día.

64. Posteriormente se desempeñó a través de una tercera etapa, con vinculación
legal y reglamentaria:

ACTO ADMINISTRATIVO INICIO TERMINACIÓN DURACIÓN

Decreto 1235 del 31 de 01-01-2004 23-05-2016 12 años, 4 meses
diciembre de 2003 y 22 días
Decreto 310 del 7 de junio de 2016 07-06-2016 16-01-2017 7 meses y 9 días

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Decreto 042 del 16 de enero de 17-01-2017 28-01-2021 ( fecha de expedición 4 años y 11 días
2017 de la certificación) No se indicó
que hubo retiro del servicio

65. A la fecha de expedición de la certificación llevaba desplegado un tiempo de
servicios de 17 años y 12 días de servicios.

➢ Solicitud de reconocimiento pensional:

• La demandante solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta los
tiempos laborados por OPS antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 a
través de escrito de 3 enero de 2020. Así se indica a folio 3 del índice 6
del expediente digitalizado correspondiente a la primera instancia.
• La entidad denegó su solicitud a través de Resolución 9930 de 15 de
septiembre de 2020, en la que se le indicó que el estudio de la
Fiduprevisora, arrojó el siguiente resultado (sic):

«[…]
"SEÑORES SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY 91 DE
1989, ART. 56, LEY 962, EL DECRETO 2831 DE 16/08/2005 ARTICULO 4. Y DECRETO
1272 DE 2018, SE ESTUDIA LA PRESTACION TENIENDO EN CUENTA LAS
SIGUINETES PRESICIONES.

LA DOCENTE SE ENCUENTRA VINCULADA EN VIGENCIA DECRETO 3752/2003,
NORMATIVA APLICABLE. ART. 81 DE LA LEY 812 DE 2003. LEY
100/1993, LEY 797, DE 2003.

TIEMPO CORRESPONDIENTE OPS MUNICIPIO DE TUMACO DESDE 1996/04/26
HASTA 2003/12/21, NO PUEDE SER TENIDOS EN CUENTA.
NIEGA EL ESTUDIO DE LA PRESTACION, TENIENDO EN CUENTA QUE NO
PROCEDE EL ESTUDIO DE LA MISMA."
Que son normas aplicables entre otras la Ley 12 de 1975, Ley 33 de 1973, Ley 71 de
1988, Decreto 1160 de 1989 y Ley 91 de 1989.»

• Por Resolución 0029 del 28 de enero de 202128, se resolvió de forma
negativa el recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución.

3.5.2. Análisis sustancial

66. Como ya se vio el apoderado de la entidad demandada insiste en que deben
negarse las pretensiones de la demanda por cuanto en su parecer los periodos
laborados a través de contratos de prestación de servicios no pueden ser
computados para efectos de la pensión y además la vinculación al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sólo ocurrió el 1.° de enero de
2004, con lo cual no se acreditan los aportes requeridos para la pensión

67. No obstante, partiendo de los argumentos expuestos en el marco normativo
de esta providencia, la Sala de Subsección precisa en primer lugar que, a

28 Fls. 21-23 del pdf 001del expediente digitalizado, primera instancia.
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diferencia de lo señalado por el apoderado, los tiempos laborados por la
demandante mediante órdenes de prestación de servicios son computables a
efectos de cumplir con el tiempo de servicios para acceder a la pensión de
jubilación como se dejó expuesto en el marco normativo y jurisprudencial.

68. Teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad con el acervo probatorio
allegado al expediente, la Sala advierte que se encuentra demostrado que la
señora Bernarda de Jesús Quiñones Vergara, nació el 11 de junio de 1958, lo
que quiere decir que cumplió 55 años de edad el 11 de junio de 2013.

69. De igual forma, está acreditado que se encuentra vinculada al servicio
docente desde el 28 de mayo de 1977 por su nombramiento a través del Decreto
079 del 27 de mayo de 1977 y luego por contratos de prestación de servicios
desde el 26 de abril de 1996, esto es, con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, además continuó vinculada en vigencia de dicha norma; en
consecuencia, goza del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los
servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 91 de 1989 en
concordancia con la Ley 33 de 1985.

70. Adicionalmente, como ya se analizó, la circunstancia de laborar bajo órdenes
de prestación del servicio, de ninguna manera altera el hecho de que su
vinculación al servicio docente ocurrió desde 1977, como quedó debidamente
probado.

71. En tal sentido, no le asiste razón a la entidad apelante frente a que no le
resultaba aplicable la Ley 33 de 1985, pues como se dejó expuesto, los docentes
vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, como ocurre en
este caso, se encuentran exceptuados de la aplicación del régimen general de
pensiones allí previsto. Por tanto, la normatividad que regula la situación
pensional de la accionante es la Ley 33 de 1985, de acuerdo con el literal b) del
numeral 2° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y los factores pensionales son
aquellos sobre los que se efectuaron los respectivos aportes, de acuerdo con el
artículo 1.º de la Ley 62 de 1985.

72 En ese orden de ideas, de acuerdo con la línea jurisprudencial fijada en la
sentencia de unificación citada en párrafos que anteceden, a la demandante le
son aplicables las siguientes reglas, en virtud del régimen pensional previsto en
las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
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73. Así las cosas, la señora Quiñones Vergara acreditó más de 20 años de
servicios y cumplió los 55 años de edad, por lo que el estatus lo adquirió el 11 de
junio de 2013 cuando completó la edad exigida toda vez que ya acreditaba los
20 años de servicios conforme lo indicó el Tribunal; esto es, teniendo en cuenta
el lapso laborado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios y
mediante vinculación legal y reglamentaria, motivo por el cual le asiste derecho
al reconocimiento pensional de conformidad con la Ley 33 de 1985.
74. Ahora bien, en cuanto al ingreso base de liquidación, comprende i) el año
anterior a la adquisición del estatus pensional y ii) los factores que hayan servido
de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna
o en día de descanso obligatorio.»
75. De acuerdo con esto, del certificado de factores salariales allegado a folio 35
y s.s. del PDF índice 629, se desprende que en el año 2013 a 2014 devengó:

76. En este caso el Tribunal concedió la pensión únicamente con la inclusión de
la asignación básica, argumento frente al cual la parte demandante no interpuso
recurso, por lo que la Sala no realizará ningún pronunciamiento sobre otros
factores salariales dada la competencia que le asiste en la segunda instancia

77. En cuanto a los aportes pensionales es de anotar que dada la calidad de
contratista ante el distrito de Tumaco la accionante no podía encontrarse afiliada
al Fondo porque para tales efectos debía ser nombrada y posesionada como
docente oficial a través de acto administrativo, por lo que no pudo realizar las
respectivas cotizaciones a dicha entidad de previsión en el lapso atrás indicado.

78. En todo caso, a la docente le correspondía realizar los aportes a pensión en
algún fondo de previsión -diferente al FNPSM-, por los honorarios percibidos en

29 Primera instancia.
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razón de los contratos que celebró con el ente territorial, sin embargo, no obra
prueba en el expediente que respalde tal hecho.

79. Sobre este aspecto, como ya se indicó, en la sentencia de unificación
CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016, esta Corporación precisó:

«[…] la Administración deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre los
aportes que se debieron efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión
solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad
de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga
de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajador. […]»

80. De acuerdo con esta posición jurisprudencial se considera acertada la
decisión del A quo en cuanto consideró que:

«[…] dicha situación habilita al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio a realizar el reclamo de la cuota parte pensional que le correspondía
aportar al municipio de Tumaco, por el tiempo que la demandante ejerció la docencia
en la modalidad contractual.
Para tal efecto, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deberá
reconocer y pagar la pensión a favor de la señora Bernarda De Jesús Quiñones
Vergara y adelantar de manera interna los trámites para repetir contra el municipio
de Tumaco, en proporción al tiempo que la demandante prestó sus servicios como
docente en dicha entidad.
Finalmente, se advierte que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio también puede descontar de la pensión a reconocer, los aportes que la
demandante debía efectuar en el porcentaje que le correspondía como empleada, lo
cual le corresponde determinar a la entidad demandada. Lo anterior, por cuanto
debe tenerse en cuenta que a la demandante también le correspondía realizar el
aporte respectivo en pensión, sin perjuicio de los descuentos que debía efectuar el
empleador.»

81. Esto, pues es deber de la demandante demostrar las cotizaciones a pensión
realizadas en su momento a cualquier entidad, por el tiempo que perduró su
relación contractual, a riesgo de que deba pagar o completar el monto que como
trabajador le correspondía abonar por ese concepto y, lo mismo sucede con la
entidad empleadora.

82. Finalmente, para garantizar el efectivo cumplimiento de la condena impuesta
en este proceso, debe precisarse que en caso de que la accionante haya
formulado demanda para obtener la declaratoria de existencia de relación laboral
subyacente contra los entes territoriales donde desarrolló la labor docente, la
Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio verificará si se generaron diferencias frente a los aportes,
cuyo pago se ordena en virtud de esta sentencia y lo dispuesto por las respectivas
autoridades judiciales. En caso de que ello sea así, deberá realizar todas las
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actuaciones interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante
el cobro a los entes empleadores únicamente en los montos faltantes o en las
diferencias en los aportes a pensión dejados de efectuar en beneficio de la
docente (si existieren luego de que la reclamante manifieste si efectuó o no
cotizaciones como contratista), y en todo caso, solo en el porcentaje que le habría
correspondido a la referida autoridad como empleadora de aquella, esto por los
períodos de ejecución de los contratos.

83. Finalmente se advierte que en este caso operó el fenómeno de la
prescripción tal como lo determinó el Tribunal Administrativo de Nariño
comoquiera que la demandante adquirió el estatus pensional el 11 de junio de
2013 y que radicó la reclamación administrativa pertinente el 3 de enero de 2020
por lo que ocurrió la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 3
de enero de 2017.

84. De acuerdo con los argumentos expuestos concluye la Sala de Subsección
que la sentencia del 1.° de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño, debe confirmarse en sus precisos términos.

3.6. Aclaración sobre compatibilidad de salario y pensión de jubilación en
el caso concreto.

85. Para efectos del efectivo cumplimiento de la sentencia es menester
pronunciarse sobre la compatibilidad de sueldo y pensión de jubilación, dado que
al proceso no se allegaron documentos que permitan establecer si la docente
continuó vinculada al servicio oficial docente:

3.6.1. Compatibilidad de la pensión de jubilación y el sueldo en el caso de
los docentes.

86. El artículo 64 de la Constitución Política de 1986 estableció la prohibición de
percibir más de una asignación proveniente del tesoro público o de empresas o
instituciones en que tuviera parte el Estado con excepción de los casos
dispuestos por el legislador.

87. Luego, el Decreto 1317 del 18 de julio de 1960 ratificó esa prohibición, pero
consagró algunas excepciones, entre ellas, las asignaciones provenientes de
establecimientos educativos oficiales siempre que no se tratara de docentes que
cumpliera su labor de tiempo completo.

88. Asimismo, el artículo 32 del Decreto 1042 del 7 de junio de 1978 reiteró esta
prohibición así:

«ARTÍCULO 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De
conformidad con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado
público podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro, o de
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empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, ya sea en
razón de contrato, de comisión o de honorarios.

Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las
asignaciones que a continuación se determinan:

a. Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado
de tiempo completo.

[…]».

89. Posteriormente con la expedición de la Ley 91 de 1989, el legislador permitió
la compatibilidad de la pensión ordinaria de jubilación y la pensión gracia teniendo
en cuenta el carácter especial de esta última comprendida como una recompensa
por la labor docente.

90. La Constitución de 1991 en su artículo 128 mantuvo la prohibición de percibir
más de una asignación proveniente del tesoro público y prescribió la
imposibilidad de desempeñar dos empleos públicos simultáneamente, en los
siguientes términos:

«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades
territoriales y el de las descentralizadas».

91. Se entiende que esta prohibición incluye no solo más de una asignación
proveniente de varios empleos públicos sino la de otras remuneraciones como
ocurre con las pensiones.

92. Esta norma fue desarrollada por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, que
consagró:

«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptúanse las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;

b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;

c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
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e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en
razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos
juntas;

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a
los servidores oficiales docentes pensionados.

PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a
más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.» Destacado
fuera del texto.

93. La excepción resaltada es aplicable tanto a los docentes pensionados
como a los que posteriormente adquieran la calidad de pensionados en los
términos señalados por esta Corporación en sentencia del 14 de agosto de
2009 donde estudió un caso similar al que aquí se discute30:

«Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo
19 de la Ley 4 de 199231 no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a
la pensión ordinaria y/o gracia con posterioridad, dado que es
precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder a los
beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el
artículo 5 del Decreto 224 según el cual “el ejercicio de la docencia no sería
incompatible con el goce de la pensión de jubilación”.

La excepción no está condicionada en el tiempo, como lo afirma la entidad
demandada al manifestar que ésta sólo es aplicable a los pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia, sino que debe entenderse con respecto
a los beneficios que, para la fecha de su entrada en vigencia, 18 de mayo de
1992, cobijan a los docentes que adquieran la calidad de pensionados.»
Destacado fuera del texto.

94. A propósito, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación indicó32:

«Teniendo en cuenta este antecedente, así como la legislación expedida con
posterioridad a la ley 4ª de 1992, la Sala considera que si bien es cierto ella
estableció como criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los
servidores aludidos, el respeto a los derechos adquiridos por los servidores del
Estado tanto de régimen general "como de los regímenes especiales" 8, como era
natural -, también lo es que el literal g) no estableció una excepción a la
prohibición, atendiendo un criterio subjetivo, derivado de la locución "beneficien a
los servidores oficiales docentes pensionados", sino uno de carácter objetivo
supeditado a la expresión "exceptuanse las siguientes asignaciones", que remite
a las disposiciones de la legislación anterior que consagraban las excepciones ya

30 C o n s e j o d e E s t a d o . S e c c i ó n S e g u n d a . S u b s e c c i ó n “ B ” . R a d i c a d o N ú m.
050012331000200403824 01.
31 D e c l a r a d o e x e q u i b l e p o r l a C o r t e C o n s t i t u c i o n a l e n s e n t e n c i a C - 1 3 3 d e 1 9 9 3 .
32 C o n c e p t o N o . 1 . 3 0 5 d e 2 3 d e n o v i e m b r e d e 2 0 0 0 , M . P . D r . F l a v i o A u g u s t o R o d r í g u e z

Arc e, reit erado en concepto N o. 1459 de 29 de agosto de 2002.
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mencionadas, esto es, la compatibilidad de devengar pensión y sueldo, o dos
pensiones -ordinaria y gracia.

Así, las locuciones citadas entre comillas se remiten a las normas que
beneficiaban a los docentes pensionados, es decir, aquéllas que permiten al
docente que disfruta de una pensión recibir otra asignación del tesoro público, y
no a los docentes que se hallaban pensionados al momento de la vigencia de la
ley 4ª de 1992, pues la excepción apunta es a las "asignaciones" y no a los sujetos
"docentes pensionados"

De esta manera, un docente se beneficia de la excepción dicha, cuando al cumplir
las exigencias legales accede a la pensión y simultáneamente tiene la posibilidad
jurídica de devengar sueldo u otra pensión, en los términos ya señalados, […]»

95. En ese sentido el artículo 5.° del Decreto 224 de 1972 señaló:

«El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario de esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero no se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir
sesenta y cinco (65) años de edad.» Destacado fuera del texto.

96. Es decir, para los docentes la pensión de jubilación es compatible con el
ejercicio de la docencia de tal manera que pueden recibir la prestación social y
el salario, en consecuencia, la pensión no debe estar sujeta al retiro del servicio.

97. Lo anterior no obsta para señalar que en su momento, con la entrada en
vigencia del Decreto 1278 de 200218, el Gobierno Nacional consideró necesario
contemplar un régimen de incompatibilidades para los educadores oficiales, el
cual se desarrolló a través del artículo 45 de la siguiente forma:

« Artículo 45.Incompatibilidades. Además de las establecidas en la Constitución
y en las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el
sector educativo estatal es incompatible con:

a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;

b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».

98. No obstante, la Corte Constitucional a través de sentencia C-1157 de 2003
declaró inexequible dicha norma al indicar que el legislador en el marco de sus
potestades había contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo
128 Superior en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser
modificada por el Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de
la Ley 4ª de 1992, se pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores
de percibir el salario y la pensión de jubilación de manera concomitante, ello para

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nivelar sus condiciones remunerativas y la especialidad diferenciadora de su
labor dentro de la Función Pública33.

99. Como se aprecia de todo lo anterior, para la demandante, vinculada al servicio
docente desde 1977, es compatible el percibir el salario y la pensión de jubilación
en los términos de la ley, condición que opera para los docentes vinculados antes
de la Ley 812 de 2003. Por ende, si después del cumplimiento del estatus la
demandante continuó laborando es perfectamente compatible que perciba la
pensión de jubilación que acá se ordena y el salario por su labor docente.

3.7. De la condena en costas en segunda instancia

100. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión
de los argumentos presentados por la entidad, no puede observarse dicha
situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones jurídicas
que sustentan sus intereses y, por ende, no se condenará en costas.

101. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del del 1.° de marzo de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por la señora Bernarda de
Jesús Quiñones Vergara en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Distrito
Especial, Portuario, Ecoturístico y Biodiverso de Tumaco, con fundamento en las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: En caso de que la accionante haya formulado demanda para obtener
la declaratoria de existencia de relación laboral subyacente contra los entes
territoriales donde desarrolló la labor docente, la Nación – Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
verificará si se generaron diferencias frente al pago de los aportes que se ordenan

33
Sentencia de 22 de junio de 023 dictada por esta Subsección con ponencia del consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez dentro del proceso 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
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en virtud de esta sentencia y lo dispuesto por las respectivas autoridades
judiciales. En caso de que ello sea así, deberá realizar todas las actuaciones
interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro a los
entes empleadores, únicamente en los montos faltantes o en las diferencias en
los aportes a pensión dejados de efectuar en beneficio de la docente (si existieren
luego de que la reclamante manifieste si efectuó o no cotizaciones como
contratista), y en todo caso, solo en el porcentaje que le habría correspondido a
la referida autoridad como empleadora de aquella, esto por los períodos de
ejecución de los contratos.

TERCERO: Sin condena en costas, según las consideraciones expresadas en
este fallo.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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