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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2023-00129-01

Fecha
31 de agosto de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2023-00129-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2023-00129-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

31 de agosto de 2023

Radicado: 54001-23-33-000-2023-00129-01
Demandante: José Ángel Estevez Arteaga

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 54001-23-33-000-2023-00129-01
Demandante: JOSÉ ÁNGEL ESTÉVEZ ARTEAGA
Demandado: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE DE
SANTANDER Y ARAUCA

Temas: Contra acto administrativo que ordenó traslado temporal de servidor
judicial. No cumple requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia
del 25 de julio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que
declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 11 de julio de 20231, en ejercicio de la acción de tutela, el señor José Ángel Estévez
Arteaga pidió la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la familia, al
mínimo vital, al trabajo en condiciones dignas y a la salud de su hermano.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión del Acuerdo No.
CSJNSA23-314 del 7 de julio de 2023, dictado por el Consejo Seccional de la Judicatura
de Norte de Santander, que dispuso trasladar, transitoriamente, por el término de cinco
meses el cargo de escribiente nominado del Juzgado Promiscuo Municipal de Labateca
al Juzgado Promiscuo Municipal de Chinácota entre el 17 de julio y el 19 de diciembre
de 2023.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Con todo respeto solicito al Despacho, que cese la Violación y amenaza a los Derechos
Fundamentales A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, A LA UNIDAD FAMILIAR, AL TRABAJO
EN CONDICIONES DIGNAS, AL MINIMO VITAL, A LA SALUD DE MI HERMANO PACIENTE CON
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO que se están siendo violados y amenazados.

SEGUNDO: Igualmente solicito que, una vez reconocida la Violación de los Derechos
Fundamentales, se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander
RETROTRAER el acto administrativo acuerdo No. CSJNSA23-314 el día 7 de julio de 2023.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El señor José Ángel Estévez Arteaga se desempeña desde el año 2013 en el cargo de
escribiente nominado en propiedad del Juzgado Promiscuo Municipal de Labateca.

1 Índice 2 de Samai.

1

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Radicado: 54001-23-33-000-2023-00129-01
Demandante: José Ángel Estevez Arteaga

Mediante Acuerdo No. CSJNSA23-314 del 7 de julio de 2023, el Consejo Seccional de
la Judicatura de Norte de Santander dispuso trasladar, transitoriamente, por el término
de cinco meses el cargo de escribiente nominado del Juzgado Promiscuo Municipal de
Labateca al Juzgado Promiscuo Municipal de Chinácota entre el 17 de julio y el 19 de
diciembre de 2023.

El señor José Ángel Estévez Arteaga es hermano de Miguel Darío Estévez Arteaga quien
cuenta con diagnóstico de trastorno esquizoafectivo y, en el año 2019, recibía atención
a la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto de Cúcuta.

Según la historia clínica, Miguel Darío Estévez Arteaga reside en el municipio de
Pamplona, Norte de Santander.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el señor Giraldo Gutiérrez manifestó que la acción de tutela es
procedente como mecanismo definitivo y cumple el requisito de subsidiariedad, porque
el traslado es intempestivo y genera una ruptura abrupta del núcleo familiar. Para
respaldar esa afirmación citó la sentencia T-528 de 2017.

Alegó que el Acuerdo No. CSJNSA23-314 del 7 de julio de 2023, dictado por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, afecta los derechos fundamentales
invocados. Que en ocasiones anteriores se han trasladado empleados para atender la
congestión del Juzgado Promiscuo Municipal de Chinácota sin que eso resuelva el
problema, por lo que, a su juicio, lo ideal sería crear un cargo adicional permanente para
ese despacho.

Que su hogar está establecido en el municipio de Labateca donde reside con su esposa
y que el traslado afecta su núcleo familiar. Que debe viajar de manera frecuente a
Pamplona para velar por su hermano.

Que se afecta su mínimo vital porque asume la responsabilidad económica del hogar en
Labateca, que su hermano depende económicamente de él y que tiene un crédito cuya
cuota mensual supera los $ 500.000. Que, por lo tanto, el traslado a Chinácota implicaría
asumir los gastos adicionales para su residencia y manutención.

Que, además, la decisión fue intempestiva y arbitraria porque no fue consultado sobre
su situación personal, familiar y económica, que es injusto que una medida de
descongestión lo haga incurrir en gastos adicionales.

5. Intervenciones

El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y
Arauca pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo.

Precisó que, a través del Acuerdo PCSJA23-12061 del 26 de abril de 2023, el Consejo
Superior de la Judicatura modificó el artículo 7° del Acuerdo PSAA16-10561 de 2016
y facultó a los consejos seccionales (con la finalidad de racionalizar el talento humano
o por las necesidades del servicio) para que mediante acto motivado realizaran
traslados transitorios de empleados entre juzgados, oficinas y centros de servicios del
mismo circuito y distrito en el que tengan igual especialidad y categoría, hasta por el
término máximo de un año, previo estudio de las cargas laborales y respetando
siempre la naturaleza del cargo, la carrera judicial y las situaciones jurídicas concretas
de cada servidor judicial.

Que, en uso de esas facultades, se expidió el Acuerdo CSJNSA23-314 de 2023 y
dispuso el traslado del cargo de escribiente del Juzgado Promiscuo Municipal de
Labateca con destino al Juzgado Promiscuo Municipal de Chinácota. Que la decisión
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Radicado: 54001-23-33-000-2023-00129-01
Demandante: José Ángel Estevez Arteaga

obedeció a la congestión judicial que afronta el Juzgado Promiscuo Municipal de
Chinácota (141 procesos vigentes) y al bajo número de procesos activos del Juzgado
Promiscuo Municipal de Labateca (13 procesos vigentes).

6. Sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 25 de julio de
2023, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
subsidiariedad.

Expuso que el señor Estévez Arteaga cuenta con un mecanismo idóneo y eficaz para
controvertir el Acuerdo No. CSJNSA23-314 del 7 de julio de 2023 (la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho) y que, en todo caso, no advertía la ocurrencia de un
perjuicio irremediable que hiciera procedente, de manera transitoria, la acción de
tutela.

7. Impugnación

El demandante impugnó la sentencia de primera instancia. Dijo que el a quo al declarar
improcedente la acción de tutela no tuvo en cuenta que la admisión de una demanda de
nulidad y restablecimiento puede tomar hasta cinco meses y que, por lo tanto, no es un
medio idóneo para controvertir el traslado.

Agregó que tampoco tuvo en cuenta que la facultad de trasladar al trabajador no es
absoluta y la autoridad judicial demandada previo a disponer su traslado debió considerar
que se desmejoraban las condiciones, porque lo privaba de disfrutar de la unidad familiar
dado que compartía con la esposa e hijastros de lunes a viernes y los fines de semana
viaja a visitar a su hermano que está diagnosticado con un trastorno esquizoafectivo.

Que el traslado se materializó el 17 de julio de 2023 y le ha generado nuevos gastos
como arriendo y alimentación.

Adicionalmente, como medida provisional, pidió ser trasladado nuevamente al cargo de
escribiente en el Juzgado Promiscuo Municipal de Labateca.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
José Ángel Estévez Arteaga para que se deje sin efectos el Acuerdo No. CSJNSA23-
314 del 7 de julio de 2023, dictado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander, que trasladó, transitoriamente, por el término de cinco meses el cargo de
escribiente nominado del Juzgado Promiscuo Municipal de Labateca al Juzgado
Promiscuo Municipal de Chinácota entre el 17 de julio y el 19 de diciembre de 2023.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de subsidiariedad
porque el demandante cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, y no
se advierte la configuración de un perjuicio irremediable. Por lo tanto, se confirmará la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) generalidades de la acción de
tutela; (ii) de la subsidiariedad en caso de actos administrativos que ordenan o niegan
traslados de servidores públicos y (iii) al análisis del caso concreto.

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Demandante: José Ángel Estevez Arteaga

2. Generalidades de la acción de tutela
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La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga el demandante.

3. De la subsidiariedad en caso de actos administrativos que ordenan o niegan
traslados de servidores público

En el caso de actos administrativos que ordenan o niegan traslados de servidores
públicos la Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general y en aplicación del
principio de subsidiariedad, la acción de tutela resulta improcedente porque el
mecanismo idóneo para controvertir la decisión de la administración es la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho tal como puede constatarse en las sentencias T-
653 de 2011, T-247 de 2012, T-095 de 2013, T-338 de 2013, T-060 de 2015, T-159 de
2017, T-302 de 2019, T-468 de 2020, T-252 de 2021 y T-149 de 2022.

Incluso, en la sentencia T-338 de 2013 señaló que en ese procedimiento (el de nulidad
y restablecimiento del derecho) el interesado puede solicitar, además, la suspensión
provisional del acto, es decir, la acción ordinaria se erige como el mecanismo judicial
idóneo y eficaz para la protección de los derechos de las personas afectadas por la
decisión de traslado.

Sin embargo, también ha adoptado unas reglas jurisprudenciales para la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra acto administrativo que ordena o niega traslado
de servidor público. Tales circunstancias ocurren cuando (i) el medio de defensa judicial
dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo ni eficaz conforme a las
especiales circunstancias del caso estudiado y (ii) pese a existir un medio de defensa
judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En el primero
de los casos, la tutela procede como mecanismo definitivo, mientras que, en el segundo,
lo hace como mecanismo transitorio.

La Corte Constitucional también ha precisado que un acto de traslado laboral vulnera o
amenaza derechos fundamentales cuando (i) sea ostensiblemente arbitrario, en el
sentido que haya sido adoptado sin consultar en forma adecuada y coherente las
circunstancias particulares del trabajador, e implique una desmejora de sus condiciones
de trabajo; y (ii) afecte de una forma clara, grave y directa los derechos fundamentales
del actor o de su núcleo familiar2.

Que la decisión sobre el traslado afecta de manera clara, grave y directa los derechos
fundamentales en los siguientes eventos3:

a) La decisión sobre el traslado laboral genera serios problemas de salud,
especialmente porque en la localidad de destino no existan las condiciones para
brindar el cuidado médico requerido;
b) El traslado pone en peligro la vida o la integridad del servidor o de su familia;
2 Sentencia T-149 de 2022.
3 Ver sentencias T-095 de 2013, T-252 de 2021 y T-149 de 2022

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Demandante: José Ángel Estevez Arteaga

c) Las condiciones de salud de los familiares del trabajador pueden incidir, dada su
gravedad e implicaciones, en la decisión acerca de la procedencia del traslado; y
d) La ruptura del núcleo familiar va más allá de la mera separación transitoria y de la
razonabilidad de la carga que se impone con el traslado.

4. Análisis del caso concreto

En el sub-lite, la Sala advierte que el señor José Ángel Estévez Arteaga cuestiona el
Acuerdo No. CSJNSA23-314 del 7 de julio de 2023, dictado por el Consejo Seccional de
la Judicatura de Norte de Santander, que trasladó, transitoriamente, por el término de
cinco meses el cargo de escribiente nominado del Juzgado Promiscuo Municipal de
Labateca al Juzgado Promiscuo Municipal de Chinácota entre el 17 de julio y el 19 de
diciembre de 2023. A juicio del actor, esa decisión violó los derechos a la vida, a la familia,
al mínimo vital, al trabajo en condiciones dignas y a la salud de su hermano.

De entrada, la Sala advierte que la decisión objeto de tutela constituye un acto
administrativo y, por lo tanto, la acción de tutela se torna improcedente como mecanismo
definitivo, en la medida en que el actor cuenta con otro medio de defensa judicial, como
lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ese medio de defensa resulta idóneo y eficaz, porque la parte actora podrá pedir la
suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto que ordenó el traslado transitorio,
medida cautelar ágil y efectiva, que permite proteger y garantizar, de manera provisional,
el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Incluso, el demandante puede
solicitar medidas cautelares de urgencia, que pueden decretarse sin correr traslado al
demandado, en el evento de que se evidencie urgencia en el caso objeto de discusión,
como lo dispone el artículo 2344 del CPACA.

Ahora bien, el demandante argumenta que la decisión del traslado no resulta idónea y
que fue tomada sin previo aviso y de manera arbitraria, por cuanto no fue consultado
sobre su situación personal, familiar y económica. Que, además, su traslado temporal al
municipio de Chinácota está teniendo un impacto negativo en sus condiciones laborales,
por las siguientes razones: 1) implica incurrir en gastos adicionales al tener que mantener
tres hogares, y 2) dificulta mantener la unidad familiar, dado que solía convivir con su
esposa e hijastros de lunes a viernes, y los fines de semana viajaba para visitar a su
hermano, que padece de un trastorno esquizoafectivo.

Al respecto, la Sala precisa que los argumentos relacionados con la falta de idoneidad
de la medida de descongestión por la cual se dispone el traslado transitorio y no haber
sido consultado sobre sus condiciones particulares previo a disponer el traslado, puede
utilizarlos en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo alguna
de las causales de nulidad de los actos administrativos previstas en el artículo 137 del
CPACA.

Sobre el impacto negativo en las condiciones laborales del actor, la Sala advierte que se
trata de afirmaciones que no cuentan con respaldo probatorio. De la revisión del
expediente, se encuentra que las únicas pruebas que obran en el proceso corresponden
a copias de la cédula de ciudadanía del demandante, del Acuerdo No. CSJNSA23-314
del 7 de julio de 2023, dictado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander, y de la historia clínica de Miguel Darío Estévez Arteaga.

Esos documentos no resultan suficientes para demostrar la afectación al mínimo vital o
el rompimiento de la unidad familiar, pues solo demuestran que, en efecto, el

4 Ley 1437 de 2011. Artículo 234. Medidas Cautelares de Urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa

notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los
requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo
anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse
y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete.
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Radicado: 54001-23-33-000-2023-00129-01
Demandante: José Ángel Estevez Arteaga

demandante fue traslado transitoriamente entre el 17 de julio y el 19 de diciembre de
2023 a cumplir las funciones de escribiente en el Juzgado Promiscuo Municipal de
Labateca al Juzgado Promiscuo Municipal de Chinácota; que el señor Miguel Darío
Estévez Arteaga cuenta con un diagnóstico de trastorno esquizoafectivo y que, en el año
2019, recibía atención de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto de Cúcuta.

Por el contrario, para la Sala lo que se encuentra probado es que el traslado del señor
Miguel Darío Estévez tiene el carácter de transitorio y culminará el 19 de diciembre de
2023, fecha a partir de la cual podrá retornar al Juzgado Promiscuo Municipal de
Labateca. Por lo anterior, la Sala no advierte la inminencia en la configuración de un
perjuicio irremediable que vulnere o amenace los derechos fundamentales del
demandante que habilite la intervención del juez de tutela de manera transitoria.

Por último, si bien el demandante justifica la procedencia de la acción de tutela en la
sentencia T-528 de 2017, lo cierto es que, en esa oportunidad, la Corte Constitucional
revisó dos procesos de tutelas, el primero presentado por una docente que fue trasladada
de manera permanente, y el segundo promovido por un funcionario de la Fiscalía a quien
le denegaron el traslado por necesidades del servicio, situaciones fácticas que no
coinciden con la expuesta por el aquí demandante. Incluso, la propia Corte
Constitucional, en sentencia T-149 de 2022, indicó que la acción de tutela resultaba
improcedente cuando no se demostraba la vulneración de derechos fundamentales ni la
ruptura del núcleo familiar, tal como ocurre en este caso.

Lo anterior es suficiente para que la Sala declare improcedente la solicitud de amparo
presentada por el señor José Ángel Estévez Arteaga por no cumplir el requisito de
subsidiariedad y confirme la decisión de primera instancia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente
providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Con aclaración de voto

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