Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
En el sub lite en folios 109 de la audiencia inicial se indicó lo siguiente en la
etapa de fijación del litigio:
«[…] el trámite de la demanda y su resolución pasa por establecer si los actos
administrativos atacados se encuentran viciados de nulidad al negar la solicitud de
pago de la sanción moratoria de que trata la ley 50 de 1990 y de ello determinar
en caso positivo si ha operado el fenómeno de la prescripción de forma total o
parcial de esos derechos que habrían de surgir y de igual manera identificar en
caso de prosperar las pretensiones, quien sería la entidad deudora de la prestación
total o parcial.»
Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.
SENTENCIA APELADA5
A través de sentencia proferida el 11 de diciembre de 2019, el Tribunal
Administrativo del Atlántico negó las súplicas de la demanda, con fundamento
en las siguientes consideraciones:
El tribunal indicó que la demandante fue vinculada en propiedad a la planta de
docentes del municipio de Sabanalarga mediante Decreto 0000166 de 2000,
5 Folios 429 a 444 vto.
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Demandante: Euniris del Carmen Navarro Castro
el cual, pese a ser expedido por el alcalde (E), de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, su vinculación fue con posterioridad al
28 de diciembre de 2000 y, por lo tanto, su nombramiento no se asimila a un
docente territorial. En virtud de lo anterior, precisó que no le es dable el
reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, teniendo en cuenta que dicha penalidad solo fue extendida por el
artículo 1.° del Decreto 1582 de 1998, a los servidores públicos de nivel
territorial vinculado a partir del 31 de diciembre de 1996 y afiliados a fondos
privados de cesantías.
En ese sentido, concluyó que la libelista no cumple con los requisitos para
acceder a la sanción pretendida, toda vez que, en primer lugar, según la fecha
de su vinculación el régimen prestacional que la cobija está regulado por las
normas de los empleados públicos de orden nacional y, en segundo lugar,
porque no se encuentra afiliada a un fondo privado administrador de cesantías.
Así las cosas, indicó que el Fomag, por ser el fondo al cual se encuentra
afiliada la docente, se encuentra exceptuado del régimen fijado en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990 aplicable al sector público en virtud de la Ley 344 de
1996 y, en consecuencia, la indemnización moratoria pretendida en los años
2001 a 2003 no es posible.
En ese sentido, negó las súplicas de la demanda y declaró probadas las
excepciones de inexistencia de la obligación, inaplicabilidad de la Ley 344 de
1996 e imposibilidad de cancelar cesantías e indemnización moratoria debido
a la inaplicabilidad del artículo 99 de la Ley 50 de 1999.
RECURSO DE APELACIÓN6
La señora Euniris del Carmen Navarro Castro, inconforme con la decisión,
interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes argumentos:
Refirió que de conformidad con lo dispuesto en los ordinales segundo y tercero
de la sentencia no se tuvo en cuenta el Decreto 1252 de 2000, que prescribe
que los empleados públicos que se vinculen al servicio del Estado a partir de
su vigencia tendrán derecho al pago de cesantías en los términos de las Leyes
50 de 1999, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso, aún en el evento que
la entidad u organismo a los cuales ingrese, exista un régimen especial que
las regule. En ese sentido, indicó que se aplicó de manera restrictiva la normas
que regulan la indemnización moratoria, aun cuando la Corte Constitucional
en las sentencias de unificación SUJ-336 de 2017 y SUJ-098 de 2018 adoptó
una apostura más favorable respecto de los derechos laborales de los
docentes oficiales, al considerar que le son aplicables el numeral 3.° del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Concluyó que no existe razón alguna para justificar que los docentes no
cuentan con los mismos derechos de los demás servidores públicos en el
sentido de que sus prestaciones le sean canceladas en tiempo; máxime
cuando en materia de sanción moratoria para los docentes no existe
controversia entre la aplicabilidad de una norma general y una especial, sino
un vacío normativo, por cuanto la norma especial que los rige carece de
regulación respecto de la indemnización, pero que al estar contemplado en el
régimen general, es esta normativa la que debe imperar, por ser más
favorable.
Corolario de lo anterior, solicitó revocar la sentencia impugnada, pues de
negarse el reconocimiento de la sanción moratoria, se incurre en una violación
6 Folios 454 a 459.
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directa de la Constitución Política, por desconocimiento de los principios de
interpretación y de favorabilidad.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
La parte demandante7 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación y precisó que si bien comparte la tesis de que los docentes se rigen
por un régimen especial, en cuanto a la sanción moratoria le es aplicable la
regla general consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por ser más
beneficiosa y garantizar el derecho a la igualdad, frente a los demás servidores
públicos. Como sustento de ello, transcribió apartes de la sentencia proferida
el 14 de septiembre de 20178, en la que deja sentando que los docentes
oficiales, al igual que los demás servidores públicos, son sujetos pasibles de
la sanción moratoria por el no pago oportuno de sus cesantías.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio9 solicitó
confirmar el fallo de primera instancia, comoquiera que le son inaplicables las
Leyes 344 de 1996 y 90 de 1990 a los docentes por tener un régimen
prestacional y pensional especial, consagrado en la Ley 91 de 1989. Agregó
que, de accederse a la sanción moratoria, esta debe aplicarse de conformidad
con el artículo 88 de la Ley 1328 de 2009.
Departamento del Atlántico10 indicó que a la luz de la jurisprudencia
constitucional11, la demandante no puede pretender sea incluido en un
régimen de cesantías que no le es propio teniendo en cuenta su carácter de
docente y, por lo tanto, esta cobijada por el régimen prestacional de naturaleza
especial, el mismo es de aplicación preferente frente al de carácter general.
Reiteró además que la Secretaría de Educación Departamental no es la
entidad pagadora de las prestaciones económicas de los docentes afiliados al
Fomag, toda vez que, de conformidad con la norma, la competencia de la
entidad territorial termina con la notificación al docente y el posterior envío de
la orden de pago a la Fiduprevisora S.A. para la respectiva inclusión en
nómina.
El municipio de Sabanalarga, la Procuraduría Segunda Delegada y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio en
esta etapa procesal, según consta folio 470 del expediente.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.
Problema jurídico
7 Memorial allegado por correo electrónico, al aplicativo SAMAI, visible a índice 11.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de septiembre de 2017,
radicado: 2013-00702-01 (1737-2015). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
9 Memorial allegado por correo electrónico, al aplicativo SAMAI, visible a índice 13.
10 Memorial allegado por correo electrónico, al aplicativo SAMAI, visible a índice 14.
11 Corte Constitucional, sentencia C-928 del 8 de noviembre de 2.006.
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De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia y del recurso
de alzada, los problemas jurídicos a resolver en esta instancia se resumen en
las siguientes preguntas:
1. ¿Les asiste derecho a los docentes oficiales a reclamar el pago de la
sanción moratoria prevista en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto
1582 de 1998, por la consignación tardía de las cesantías anualizadas?
2. ¿Se encuentra acreditada en el sub lite la causación de la sanción moratoria
respecto de las cesantías anualizadas correspondientes a los años 2001 a
2003?
3. En caso afirmativo ¿Operó el fenómeno de la prescripción sobre la sanción
moratoria prevista en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de
1998, respecto de las cesantías anualizadas de la demandante, causadas en
las anualidades 2001 a 2003?
Primer problema jurídico
¿Les asiste derecho a los docentes oficiales a reclamar el pago de la sanción
moratoria prevista en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de
1998, por la consignación tardía de las cesantías anualizadas?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: en virtud del principio de
favorabilidad, es viable aplicar a los docentes las disposiciones que contiene
la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la consignación
extemporánea de las cesantías anuales, de manera que para estos, el valor
reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la
aludida prestación, también les debe ser consignado en el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero del año
siguiente a su causación.
El régimen normativo que regula el pago de las cesantías anualizadas y
la sanción por la mora en su consignación, para los servidores públicos
La Ley 50 de 1990 por medio de la cual se introdujeron reformas al Código
Sustantivo del Trabajo, previó en su artículo 99 la forma de liquidar las
cesantías en los términos que a continuación se citan:
«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía,
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en
la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo
de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado
deberá pagar un día de salario por cada retardo.
4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.
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5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la
misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el
efecto.
6ª. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación
se autoriza, y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicta el
Gobierno Nacional, en orden a:
a. Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores,
en todo el territorio nacional;
b. Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse hacia
el financiamiento de actividades productivas.
7ª. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley,
continuarán regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al
auxilio de cesantía.
Parágrafo. - En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y
consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes
Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías autorizadas para funcionar,
el Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar
a las instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que
cumplan las funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.»
(Subrayas y negrita de la Sala)
Ahora, pese a que la norma transcrita se encontraba destinada
específicamente a los trabajadores cobijados por las disposiciones del Código
Sustantivo del Trabajo, la expedición de la Ley 344 de 1996 hizo extensivas a
los servidores públicos las disposiciones concernientes a las cesantías. En
efecto, la Ley 344 de 1996 definió el régimen anualizado de liquidación de
cesantías para los servidores públicos que se vincularan a partir de su
vigencia, y puntualmente en su artículo 13 previó lo siguiente:
«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la
Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a
lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.
Parágrafo. El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica
al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»
(Subrayas de la Subsección)
Por su parte, el Decreto 1582 de 1998, que reglamentó parcialmente los
artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, dispuso en su
artículo 1.° que: «El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los
servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de
1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los
artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de
los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro
será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de
1998. […].» (Subrayas de la Subsección)
Ahora bien, el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, previó la
causación de una penalidad a cargo del empleador, a título de sanción, por la
tardanza en la consignación del auxilio de cesantías al fondo al que el
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empleado se encuentre afiliado, para lo cual estimó la fecha en la que la
obligación se haría exigible en los términos que a continuación se señala:
«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía,
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
[…]
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo
de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado
deberá pagar un día de salario por cada retardo.
[…].» (Subrayas de la Sala)
De conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, es claro
que el alcance de las previsiones contenidas en el artículo 99 de la Ley 50 de
1991 amparan el auxilio de cesantías a que tienen derecho los servidores
públicos, bajo los preceptos de la Ley 344 de 1996 y del Decreto 1582 de 1998,
de modo que frente a la mora en la consignación de dicha prestación resulta
procedente el pago de una sanción correspondiente a un día de salario por
cada día de retardo. De tal suerte, si al 15 de febrero de la siguiente anualidad
no se verifica el depósito del monto correspondiente en el fondo de cesantías
al que el empleado se encuentre afiliado, el mismo podrá requerir el
reconocimiento y pago de la sanción contemplada en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, antes citado.
Del marco jurídico aplicable a los docentes oficiales en materia de
cesantías
En lo que respecta al personal docente, se debe indicar que el artículo 3 de la
Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial,
contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por
una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del
90% del capital» que estaría a cargo del pago de las prestaciones sociales12 que
se causaran a favor del personal docente nacional y nacionalizado, a partir de
la promulgación de esa ley.
La aludida norma, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes
territoriales son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a
partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975» y en el artículo 2 ibidem reguló lo relativo al
reconocimiento de sus prestaciones, en los siguientes términos:
«Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales
con el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen
a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la
Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el
Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al
Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la
12 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.
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presente Ley a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no
causadas o no exigibles.» (Subraya la Sala)
En lo que tiene que ver con el reconocimiento de las cesantías, el artículo 15
ibidem prescribió lo siguiente:
«3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio
del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1.° de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1.° de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. (Subraya la
Sala).»
Ahora bien, la Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de
Desarrollo 2003-2006, en su artículo 81 señaló que el régimen prestacional de
«los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en
las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente
ley».
Con fundamento en lo anterior y con el objeto de lograr la afiliación de los
docentes territoriales al aludido fondo, con el Decreto Nacional 3752 de 2003
se dispuso:
«Artículo 1°.- Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Los docentes del servicio público educativo que estén
vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales deberán ser afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el cumplimiento
de los requisitos y trámites establecidos en los artículos 4° y 5° del presente
decreto, a más tardar el 31 de octubre de 2004.
Parágrafo 1°.- La falta de afiliación del personal docente al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio implicará la responsabilidad de la entidad
territorial nominadora por la totalidad de las prestaciones sociales que
correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y
disciplinarias a que haya lugar.
Parágrafo 2°.- Los docentes vinculados a las plantas de personal de las entidades
territoriales de manera provisional deberán ser afiliados provisionalmente al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mientras conserve su
nombramiento provisional.
Artículo 5°. Trámite de la afiliación del personal de las entidades territoriales.
Presentada la solicitud de afiliación por parte de la entidad territorial, dentro de los
sesenta (60) días siguientes, se adelantará el siguiente procedimiento:
1. Elaboración del cálculo actuarial que determine el total del pasivo prestacional,
presentando de manera separada cesantías y pensiones, del personal docente
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que se pretende afiliar y, por tanto, el valor de la deuda de la entidad territorial con
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Tal cálculo será elaborado, con cargo a los recursos del Fondo, por parte de la
sociedad fiduciaria encargada del manejo de sus recursos y la respectiva entidad
territorial de conformidad con los parámetros que señale el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público para el efecto.
2. Definido el monto total de la deuda, previa revisión del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, este será comunicado a la entidad territorial por parte de la
sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo. Tal
comunicado deberá indicar, adicionalmente, el plazo y la forma de pago que
deberá ajustarse, en todo caso, a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 549 de
1999. El monto a pagar por vigencia se cubrirá con los recursos que traslade el
FONPET al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Si estos
recursos no fueren suficientes, la entidad territorial aportará de sus recursos hasta
cubrir la totalidad de las obligaciones corrientes que correspondan.
3. El Ministerio de Educación Nacional, en su calidad de fideicomitente de la fiducia
mercantil por medio de la cual se administran los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, ejercerá la interventoría del mismo.»
(Subrayas de la Sala)
En armonía con el marco normativo reseñado en precedencia, la Subsección
había sostenido la tesis de que los docentes oficiales, si bien servidores
públicos en toda regla, no están amparados por las disposiciones de
liquidación anual de las cesantías consagradas en la Ley 50 de 1990,
comoquiera que la aplicación de tales previsiones con destino a los empleados
territoriales surgió de la Ley 344 de 1996, en cuyo artículo 13 les hizo
extensivas las normas vigentes en materia de cesantías, pero hizo la salvedad
de que ello era «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989», lo que se
traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal docente.
Esa postura también había sido desarrollada por la Corte Constitucional, al
estudiar el ajuste del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 a los postulados de la
Carta, pues en sentencia C-928 de 200613 señaló que la forma de realizar el
cálculo y pago de las cesantías a favor de los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no era igual al dispuesto en
la Ley 50 de 1990. En aquella ocasión, puntualizó además que ello redundaba
en una violación del derecho a la igualdad porque «simplemente la manera como
se liquidan y pagan aquellos14 es distinta a la regulada en la Ley 50 de 1990, sin que
por ello se configure discriminación alguna».
Sin embargo, por vía de acción de tutela, tanto la Corte Constitucional como
el Consejo de Estado15 han considerado que en virtud del principio de
favorabilidad, es viable aplicar a los docentes las disposiciones que contiene
la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la consignación
extemporánea de las cesantías anuales, de manera que para estos, el valor
reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida
prestación, también les debe ser consignado en el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero del año
siguiente a su causación, so pena de que se incurra en mora equivalente a un
día de salario por cada día de retraso.
En efecto, sobre ese particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-098
de 201816 sostuvo que el «hecho de que los docentes se encuentren amparados
13 Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
14 Refiriéndose a diferentes prestaciones, entre ellas las cesantías.
15 Ver, entre otras, sentencias del Consejo de Estado, del 17 de junio de 2019, A.C. 11001-03-15-000-
2018-04617-01, Sección Tercera, M.P. y del 28 de junio de 2019, A.C. 11001-03-15-000-2018-04679-
01, Sección Primera, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
16 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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por un régimen especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores
del Estado, y menos aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter laboral
que comporta un beneficio, caso en el cual prevalece la interpretación que reporte el
mayor beneficio para el empleado, pues ésta será la que se ajuste a los postulados
del artículo 53 de la Carta Política».
De igual manera, en la sentencia en cita, la Corte señaló que aunque los jueces
han adoptado una postura jurídicamente razonable y justificada al negar el
derecho a la sanción moratoria, esta excluye otra posible interpretación, en
virtud de la cual sí los ampara la sanción moratoria por la no consignación de
cesantías de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, la cual es «más favorable respecto de los derechos laborales
de los docentes oficiales», máxime cuando «el ámbito de aplicación de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 se extiende a todos los empleados públicos. Así lo
establece el Decreto 1252 de 2000». Y finalmente, concluyó:
«[…] Realizada la anterior aclaración, esta Corporación considera que, en el
régimen anualizado, aplicable al caso de los docentes vinculados después de 1990
y 1996, es lógico que se exija la afiliación y el pago oportuno del auxilio de
cesantías, ya que la consignación es la manera de garantizar el acceso a la
prestación. Sin duda, este sistema solo puede ser equitativo si las personas
pueden contar con su pago de forma oportuna para poder disponer de la
prestación en cualquiera de los eventos en que se permite, esto es, ante el
desempleo, para financiar la educación propia, de compañeros permanentes,
de los hijos o dependientes y para la adquisición, construcción, mejora o
liberación de bienes raíces destinados a su vivienda.
Adicionalmente, cabe anotar que, como quedó visto, una interpretación
restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria incurriría en un trato
desigual de los docentes frente a otros trabajadores del Estado que gozan
de la sanción como garantía de la prestación. Esta distinción viola el derecho
a la igualdad toda vez que los docentes tendrían un derecho limitado por
tener una categoría específica dentro de los trabajadores estatales, lo cual
no constituye un motivo valido en sí mismo para negar su acceso.
[…]
Como se advirtió, los docentes se encuentran en la categoría de los
empleados públicos y no existe razón que justifique que en su calidad de
trabajadores no tengan derecho, de la misma forma que los demás
servidores públicos, a que sus prestaciones sociales sean canceladas en
tiempo. Una interpretación contraria no protegería a estas personas en la misma
forma que a otros servidores públicos, lo cual tendría como consecuencia la
restricción de su posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio
de cesantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan de
esa prestación.
[…]
Sumado a lo anterior, el régimen especial al que está sometido el actor no
contempla la sanción que solicita, situación distinta sería que su régimen lo
contemplara o que, en su lugar, se estableciera otro tipo de beneficios o
sanciones, lo cual, en este caso no se evidencia. Al respecto, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que hipótesis como las que ahora
se encuentran bajo estudio pueden desconocer el derecho a la igualdad.
[…]
De conformidad con todo lo expuesto, en consonancia con el principio de
favorabilidad procede aplicar lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 ya que la Ley 91 de 1989 no contempla de manera expresa
sanción por la no consignación de las cesantías en el FOMAG. […]» (Resalta
la Subsección)
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Demandante: Euniris del Carmen Navarro Castro
Recientemente, en sentencia SU-332 de 201917 esa Corporación también
concluyó que:
«[…] 52. En síntesis, con base en la jurisprudencia constitucional, es posible
concluir que (i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los
trabajadores, protegida por la Constitución; (ii) los miembros del Magisterio gozan
de un régimen prestacional especial, en razón de la labor que desarrollan y su
vinculación con el Estado; (iii) los docentes oficiales se pueden catalogar como
empleados públicos, en razón de las funciones que desarrollan, el régimen de
carrera al que se encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento,
que da lugar a una relación legal y reglamentaria; (iv) los docentes oficiales, en
tanto empleados públicos, tienen derecho al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. […]» (Negrillas de la Sala)
Bajo el anterior derrotero, la Subsección ha considerado viable acoger el
criterio de favorabilidad aplicado en sede constitucional, para resolver las
controversias relacionadas con el reconocimiento de sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Por ende, se aplicará el
anterior criterio a fin de determinar si la demandante es beneficiaria de la
sanción pretendida en la demanda.
Segundo y tercer problema jurídico
¿Se acreditada en el sub lite la causación de la sanción moratoria respecto de
las cesantías anualizadas causada en los años 2001 a 2003?
¿Operó el fenómeno de la prescripción sobre la sanción moratoria prevista en
las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, respecto de
las cesantías anualizadas de la demandante, causadas en las anualidades
2001 a 2003?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: se acreditó la causación de
la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 respecto del auxilio de
cesantías de la demandante en los años 2001 a 2003, comoquiera que
demostró los supuestos fácticos para ser beneficiaria de la indemnización que
reclama. Ahora bien, de conformidad con los elementos probatorios que obran
en el plenario, y a la luz de la sentencia de unificación proferida por la Sección
Segunda de esta Corporación el 25 de agosto de 2016, aclarada a través de
sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020, la sanción por mora en la
consignación del auxilio de cesantías reclamada en el sub lite se encuentra
prescrita.
La postura adoptada en la sentencia unificación del 25 de agosto de
2016, aclarada a través de sentencia de unificación del 6 de agosto de
2020
En lo que atañe a la ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva frente
a la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio de las cesantías
anualizadas, la Sección Segunda de esta Corporación unificó el criterio
jurisprudencial a través de la sentencia del 25 de agosto de 2016 18, aclarada
en providencia, también de unificación, del 6 de agosto de 202019. En dicha
oportunidad, señaló que la penalidad en comento está sometida a la
prescripción trienal y que el momento a partir del cual procede la reclamación
de la misma corresponde al día en que se configura la mora respecto de la
17 Corte Constitucional, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014).
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
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obligación originaria, esto es, desde el 15 de febrero del año en que se debió
realizar la consignación de las cesantías anualizadas.
De conformidad con la tesis de unificación, pese a no existir una norma
expresa que contemple un término de prescripción para la penalidad ante la
tardanza en el depósito de las cesantías anualizadas a que tiene derecho el
trabajador, sobre las mismas opera el fenómeno de prescripción trienal, como
se indica a continuación:
«[…] Como se señaló en forma previa, los salarios moratorios, que están a cargo
del empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término
que la ley concede, no son accesorios a la prestación “cesantías”.
Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su
reconocimiento, ni hacen parte de él; pues su causación es excepcional, está
sujeta y deviene del incumplimiento u omisión del deber legal consagrado a cargo
del empleador, están concebidas a título de sanción, por la inobservancia de la
fecha en que se debe efectuar la consignación de esa prestación.
Como hacen parte del derecho sancionador y a pesar de que las disposiciones
que introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término
de prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es
sabido que una de las características del derecho sancionador es que no pueden
existir sanciones imprescriptibles.
Siendo así y como quiera que las Subsecciones A y B han aplicado la prescripción
trienal en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera que no hay
controversia alguna sobre ese particular; no obstante, sí es del caso precisar que
la norma que se ha de invocar para ese efecto, es la consagrada en el Código de
Procedimiento Laboral, artículo 151, que es del siguiente tenor literal:
“Artículo 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales
prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se
haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el
patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá
la prescripción pero sólo por un lapso igual.”
La razón de aplicar esta disposición normativa y no el término prescriptivo
consagrado en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, previamente citados,
consiste en que tales decretos en forma expresa señalan que la prescripción allí
establecida, se refiere a los derechos de que tratan las referidas normas, entre los
cuales no figura la sanción moratoria, pues para la época de su expedición, la
sanción aludida no hacía parte del ordenamiento legal, la que solo fue creada a
partir de la consagración del régimen anualizado de las cesantías, en virtud de la
Ley 50 de 1990. […].» (Negrillas del texto, subrayas propias).
Ahora, frente al momento en que surge el derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de la sanción por mora de que trata el numeral 3, del
artículo 99 de la Ley 50 de 1991, la providencia de unificación de fecha 06 de
agosto de 2016, sentó la siguiente regla jurisprudencial: «[…] la reclamación
de la indemnización por la mora en la consignación anualizada de cesantías,
debe realizarse a partir del momento mismo en que se causa la mora, so pena
de que se aplique la figura extintiva respecto de las porciones de sanción no
reclamadas oportunamente. […]»
Línea interpretativa que tuvo como fundamento los siguientes planteamientos:
«[…] De acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, el legislador impuso al empleador una fecha precisa para que consigne las
cesantías anualizadas de sus empleados, esto es, el 15 de febrero del año
siguiente a aquél en que se causaron, y precisa que “el empleador que incumpla
el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo”.
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Determinar una fecha expresa para que el empleador realice la consignación
respectiva y prever, a partir del día siguiente, una sanción por el incumplimiento
en esa consignación, implica que la indemnización moratoria que surge como una
nueva obligación a cargo del empleador, empieza a correr desde el momento
mismo en que se produce el incumplimiento.
Por ende, es a partir de que se causa la obligación -sanción moratoria- cuando se
hace exigible, por ello, desde allí, nace la posibilidad de reclamar su
reconocimiento ante la administración, pero si la reclamación se hace cuando han
transcurrido más de 3 años desde que se produjo el incumplimiento, se configura
el fenómeno de prescripción, así sea en forma parcial.
La anterior interpretación además es consecuente con el hecho de que de
conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 104 de la Ley 50 de 1990, el
empleador debe entregar al trabajador un certificado sobre la cuantía de la
liquidación realizada con corte a 31 de diciembre de cada año, y teniendo en
consideración que los Fondos administradores de cesantías están en la obligación
de informar al afiliado, los saldos de su cuenta individual.
Con fundamento en lo anterior, se puede afirmar que si el empleado conoce la
liquidación anual que efectúa el empleador y el saldo de su cuenta individual de
cesantías, forzoso es concluir que tiene conocimiento del hecho mismo de la
consignación anualizada o la omisión de la misma por parte de su empleador, lo
que implica que tiene conocimiento de que este ha incurrido en mora y por tal
motivo se impone a su cargo la obligación de reclamarla oportunamente, so pena
de que se aplique en su contra el fenómeno de la prescripción. […]» (Subraya la
Subsección)
De los apartes transcritos se desprende de manera inequívoca que la sanción
por mora, prevista ante la eventualidad del retardo o la no consignación del
auxilio de cesantías por parte del empleador al empleado, se encuentra
sometida al acaecimiento del fenómeno de la prescripción extintiva, para lo
cual el término a tener en cuenta es el previsto en el artículo 151 del Código
de Procedimiento Laboral. Asimismo, se concluye que el momento que
determina el surgimiento del derecho a reclamar el reconocimiento y pago de
la sanción por mora, es aquel en el cual se hace exigible la obligación de dar,
en este caso de depositar el valor de las cesantías, cuya procedencia opera
de pleno derecho al encontrarse dicha obligación sometida al plazo previsto
en la ley, esto es, desde el 15 de febrero del año siguiente al de la causación
de las cesantías.
Para el efecto, cabe señalar que, la aclaración realizada mediante la sentencia
de unificación del 6 de agosto de 2020 surgió en razón a la dicotomía que se
dio al aplicar la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, dado que
en unas ocasiones se contabilizó el término prescriptivo trienal desde el día en
que la obligación se hizo exigible en adelante y en otras desde el momento en
que se realizó la respectiva reclamación administrativa hacia atrás. Por tal
motivo fue que la clarificación consistió principalmente en indicar que la
penalidad en mención prescribe a los tres años desde que surgió la obligación.
Por lo anterior, con dicha providencia aclaratoria una de las reglas de
unificación jurisprudenciales que allí se fijaron fue la siguiente:
«[…] (i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de
la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990-, es desde su causación y exigibilidad,
es decir, 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la reclamación
administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de
configurarse la prescripción extintiva. […]»
Vale mencionar que al proferirse la sentencia de unificación del 6 de agosto
de 2020 se le dio efectos retrospectivos, es decir, que se aplica a todos los
casos pendientes de resolverse tanto en sede administrativa como en sede
judicial.
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El caso concreto
Como se expuso en precedencia, la Subsección ha considerado viable acoger
el criterio de favorabilidad aplicado en sede constitucional, para resolver las
controversias relacionadas con el reconocimiento de sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
En el caso que nos ocupa, la demandante persigue el pago de la sanción
moratoria correspondiente a las anualidades 2001 a 2003. El municipio de
Sabanalarga sostuvo en el escrito de contestación de la demanda que no tiene
certeza sobre lo reclamado por cuanto en el proceso de reestructuración de
pasivos en el cual se encuentra el ente territorial no aparece relacionada dicha
acreencia y que, además, quien debe responder es el Fomag, entidad que
debió encontrar satisfecho el pago de sus acreencias laborales, entre ellas las
cesantías, al momento del traslado de la docente a esa entidad. A su vez, el
departamento indicó que la vinculación de la docente lo fue de carácter
municipal en los años 2001 y 2002, pues solo fue asumida por el
departamento desde el mes de enero de 2003, por lo tanto, aquellas cesantías
le correspondían al municipio de Sabanalarga y las del período del 2003 están
prescritas.
Ahora bien, a fin de establecer si la demandante es beneficiaria de la sanción
pretendida en la demanda, se tiene probado en el expediente lo siguiente:
A folio 203 del expediente obra el Decreto 00-00166 del 26 de diciembre de
200020, expedido por el Alcalde Municipal de Sabanagrande (Atlántico), por
medio del cual se nombró a la demandante docente en el área de básica
primaria en la Vereda Morador, cargo que entró a ocupar a partir del 28 del
mismo mes y año, según el acta de posesión a folio 204, de manera que se
encontraba cobijada por el sistema anualizado de cesantías regulado por la
Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, y por ende, la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 se hace extensiva a su situación
particular, en los términos ampliamente explicados en las consideraciones que
anteceden.
También obra a folio 127 a 135, Decreto 000429 del 13 de octubre de 2004,
mediante el cual fue incorporada la demandante a la planta de docentes del
departamento del Atlántico, a partir del 1.° de enero de 2003.
Bajo ese entendido le correspondía al municipio de Sabanalarga demostrar
que las cesantías correspondientes a los períodos 2001 y 2002 se hubieren
consignando en la oportunidad legal en el fondo en el que la libelista se
encontraba afiliada para ese entonces. Así mismo, al haber sido asumida por
el sistema general de participaciones del departamento a partir del 1.° de enero
de 2003, era deber del departamento del Atlántico probar que efectuó el
depositó del auxilio correspondiente al año 2003 de manera oportuna.
En esa medida, el plazo con el que contaba tanto el municipio de Sabanalarga
y el departamento del Atlántico para consignar a la demandante el auxilio de
cesantías vencían el 14 de febrero del año siguiente al de la causación de las
cesantías, según los términos señalados por el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, de manera que la mora o retardo para el efecto comenzaba a contar
desde el día siguiente, 15 de febrero siguiente.
Según el extracto de intereses a las cesantías del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio Fiduprevisora S.A., de fecha 29 de mayo de 2012,
20 Folio 120.
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Demandante: Euniris del Carmen Navarro Castro
visible a folio 369, se advierte de los giros e intereses a las cesantías
correspondientes a la señora Navarro Castro en los años 2003 a 2011. Tal
documento no contiene novedad alguna respecto de los años 2001 y 2002; y
si bien, se advierte el monto consignado para el año 2003, no registra la fecha
en que se depositó dicha suma.
En virtud de lo anterior, como no se acreditó que las cesantías de la
demandante en los años 2001 y 2002 hubieren sido consignadas y que las del
año 2003 hubiere sido depositadas dentro del término previsto por la Ley 50
de 1990 - hasta el 14 de febrero de 2004-, la mora o retardo para el efecto
comenzaba a contar desde el 15 de febrero de cada período de liquidación
anual y así mismo ocurría para el comienzo del cómputo del término de
prescripción extintiva para su reclamación, según se indicó en la tesis de
unificación expuesta en precedencia.
Ahora bien, tal como se afirma en la demanda y se constata en la
documentación aportada al plenario (folios 17 a 20), el 24 y 29 de septiembre
de 2014 ante el municipio de Sabanalarga y el departamento del Atlántico,
respectivamente, de la solicitud de pago de la indemnización moratoria por el
no giro oportuno de las cesantías causadas en los años 2001 a 2003, de
manera que, para los precisos efectos de este proceso, la última anualidad
causada corresponde a la del año 2003.
En esa medida, el plazo con el que contaba la entidad demandada para
consignar a la demandante el auxilio de cesantías causado en el años 2003
vencía el 14 de febrero de 2004 y, en consecuencia, la mora o retardo para el
efecto comenzaba a contar desde el día siguiente, 15 de febrero de 2004, por
lo tanto, la prescripción trienal frente a dicho concepto se configuró el 15 de
febrero de 2007, lo que resulta imperioso concluir que el derecho que le asistía
a la demandante para reclamar la sanción moratoria de las cesantías para el
año 2003, y por fuerza las que le antecedieron, se encuentra extinto.
En ese orden de ideas, esta Subsección encuentra acreditados los elementos
de juicio necesarios para declarar probada la excepción de prescripción
propuesta por el municipio de Sabanalarga y el departamento del Atlántico,
respecto de la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio de
cesantías correspondiente a los años 2001 a 2003.
Dicha conclusión implica, de suyo, que el fallo objeto de la alzada amerita ser
confirmado, pero por los motivos aquí expuestos.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone modificar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico para declarar probado el
medio exceptivo de prescripción propuesta por el municipio de Sabanalarga y
el departamento del Atlántico y, en consecuencia, como en efecto se resolvió,
negar las pretensiones de la demanda.
De la condena en costas
En lo que respecta a la condena en costas, pese a la posición adoptada por
esta subsección en providencias del 7 de abril de 201621, en esta oportunidad
resulta necesario tener presente que la reclamación que se adelantó por la
parte demandante es anterior a la sentencia de unificación del 6 de agosto de
2020, en la que se aclararon las reglas de prescripción frente a la pretensión
21 Ver sentencias proferidas dentro de los números internos: 4492-2013, Demandante: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00075-01 (2660-2020)
Demandante: Euniris del Carmen Navarro Castro
de reconocimiento de sanción moratoria por la no consignación oportuna de
las cesantías anualizadas, razón por la cual se estima que, al haber actuado
de buena fe y al amparo de la confianza legítima surgida con ocasión del
planteamiento de las reglas que jurisprudencialmente se trazaron por el
máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no se debe
imponer condena en costas a la parte demandante, pues ello sería
consecuencia del cambio de criterio de la Sala Plena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Modificar la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la señora Euniris del Carmen
Navarro Castro contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros, para declarar de
oficio probada la excepción de prescripción, respecto de la sanción moratoria
reclamada por la consignación tardía de las cesantías anualizadas
correspondientes a los años 2001 a 2003.
Segundo: Confirmar en todo lo demás la sentencia impugnada.
Tercero: Sin condena en costas por lo brevemente expuesto.
Cuarto: Reconocer personería adjetiva al abogado Arturo Polo Suárez, mayor
de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 72.276.316 expedida en
Barranquilla y tarjeta profesional 154.830 del Consejo Superior de la
Judicatura, para que represente los intereses del departamento del Atlántico.
Quinto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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