Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00939-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00939-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00939-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
14 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA NOVENA ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022).
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00939-00 (REV)
Recurrente: María Lida Buitrago Peláez
Demandado: Nación - Ministerio de Educación y Departamento de
Risaralda
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021)
I. OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a pronunciarse en relación con el recurso extraordinario de revisión
formulado por la señora María Lida Buitrago Peláez en contra de la sentencia
proferida el 26 de noviembre de 2020 por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.
II. ANTECEDENTES
1. La señora María Lida Buitrago Peláez, a través de apoderado judicial, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1 contra La Nación - Ministerio
de Educación Nacional y el departamento de Risaralda, con el fin de que se anularan
las resoluciones Nos. 20925 de 2015, 541 de 2016 y 251 de 2016, por medio de las
cuales se le negó el reconocimiento de intereses moratorios generados con el pago
tardío del retroactivo derivado de la homologación y nivelación salarial.
2. Surtido el trámite legal correspondiente, en sentencia del 29 de agosto de 20182,
el Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte accionante.
3. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora presentó recurso de
apelación3.
4. Mediante sentencia dictada el 26 de noviembre de 20204, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia.
1 Folios 1 a 15 del cuaderno principal del proceso ordinario (índice No. 45 de Samai).
2 Folios 144 a 152 del cuaderno principal del proceso ordinario (índice No. 45 de Samai).
3 Folios 154 a 166 del cuaderno principal del proceso ordinario (índice No. 45 de Samai).
4 Folios 206 a 214 del cuaderno principal del proceso ordinario (índice No. 45 de Samai).
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00939-00 (REV)
Recurrente: María Lida Buitrago Peláez
Demandado: Nación - Ministerio de Educación y Departamento de
Risaralda
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)
Lo anterior, bajo las siguientes consideraciones (se trascribe de forma literal):
En ese orden, los problemas jurídicos que deben resolverse en esta instancia
se resumen en las siguientes preguntas:
1. ¿A la señora María Lida Buitrago Peláez le asiste el derecho al
reconocimiento de intereses moratorios por el no pago inmediato del valor
correspondiente al retroactivo derivado del proceso de homologación y
nivelación salarial de la planta de personal administrativo adscrito al sector
educativo del departamento de Risaralda?
2. ¿Procede la condena en costas a la parte demandante en primera instancia
por haber sido vencida en el proceso?
(…)
(…) si bien es cierto la tardanza en el desarrollo de las etapas propias de un
proceso interadministrativo como el referido [la homologación y nivelación
salarial del personal administrativo del sector educativo], no justifican el perjuicio
de los beneficiarios en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda
por el paso del tiempo en los casos en los que, como el presente, transcurren
años sin que se haya percibido el capital adeudado a la fecha de su exigibilidad,
lo cierto es que el ordenamiento jurídico prevé dos figuras actuariales que
permiten aliviar dicha situación, por lo que es dable predicar que ambas tienen
el mismo fin a pesar de que difieren en cuanto a su naturaleza jurídica.
(…)
En suma, la indexación se aplica a los casos en los que la tardanza en el pago
de una deuda conlleva una razón de ser, como puede ser un proceso
sistemático con la superación de etapas, la fijación de un término específico
para el cumplimiento de la obligación o la materialización de una condición que
se configura por el paso del tiempo. Por el contrario, los intereses moratorios
por su naturaleza sancionatoria, deben estar estipulados previamente en la
norma que regule el asunto y tienen que obedecer a una causa injustificada en
la dilación del abono, que se relacione con la demostración por parte de quien
los solicita, de la mala fe o la intención del deudor de no cumplir a pesar de estar
expresamente conminado a ello.
Lo expuesto significa que pese a ser cierto el hecho afirmado por la parte
apelante, relativo a que ambas figuras ostentan una naturaleza diferente, esto
es, una de carácter compensatorio y la otra de tipo sancionatorio, debe tenerse
en cuenta que las dos instan por un mismo fin que es restablecer los efectos
adversos del cumplimiento tardío de una obligación en cantidad líquida, razón
por la cual no es procedente asentir en su compatibilidad o en la posibilidad de
liquidar una y luego otra, así se solicite descontar lo ya cancelado por alguno
de estos conceptos, pues tanto los aspectos divergentes como el semejante
impiden su coexistencia.
Pues bien, en el caso concreto se advierte que el proceso de homologación y
nivelación salarial del departamento de Risaralda se materializó a través del
Decreto 258 de 2005 (modificado por el Decreto 986 de 2010), en virtud del
cual, se expidió con posterioridad la Resolución 1853 de 2012 (modificada por
la Resolución 1384 de 2013), por medio de la cual se ordenó cancelar a la parte
demandante la suma de $177.465.699 como valor del retroactivo
correspondiente, suma comprendida por $95.120.845 en razón de servicios
personales, $24.553.497 por contribuciones inherentes a la nómina y
$57.791.357 por concepto de indexación, tal como la señora Buitrago Peláez lo
afirmó en su recurso de apelación .
2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00939-00 (REV)
Recurrente: María Lida Buitrago Peláez
Demandado: Nación - Ministerio de Educación y Departamento de
Risaralda
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)
Bajo este entendido, la Subsección estima que a pesar de que el proceso como
tal de homologación se consolidó desde 1996 hasta el 2007 y que el pago del
retroactivo al libelista se dio hasta el año 2013, lo cierto es que no se observa
que en modo alguno el Ministerio de Educación Nacional o el departamento de
Risaralda hayan incurrido en una dilación injustificada del pago a través de
maniobras dolosas o evasivas que buscaran enervar la obligación, sino que en
efecto se debieron surtir múltiples etapas propias e inherentes al desembolso y
transferencia de recursos de la Nación a entidades territoriales, en las que
además se efectuaron sendos ajustes, pero todo bajo el entendido de que se
canceló el monto correspondiente a la indexación para contrarrestar la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo, lo cual no discute la
parte apelante.
Por lo anterior, resulta improcedente alegar que los intereses moratorios tenían
que primar sobre la indexación como lo sostiene la libelista, en la medida en
que conforme se adujo previamente, en el presente caso se estructuró una
causa justificante de la tardanza en el pago, cuya consecuencia directa, es el
reconocimiento de una actualización monetaria con base en el IPC y no el pago
de una indemnización por mora, habida cuenta de que tampoco se demostró el
actuar doloso de la administración para evitar cumplir con la obligación, aunado
al hecho de que en el contexto normativo aplicable al asunto, no se previó
expresamente el reconocimiento de dicha sanción en caso de dilación en el
proceso en comento, lo cual convalida el actuar de las demandadas, así como
el acto cuestionado.
(…)
En el presente asunto se promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad del
acto administrativo a través del cual se negó la solicitud de reconocimiento y
pago de los intereses moratorios, proceso en que la parte demandante resultó
vencida, dado que en primera instancia se negaron las pretensiones de la
demanda, por lo tanto, no es de recibo el argumento de la parte apelante según
el cual no procedía la condena en costas porque actuó de buena fe y sin
temeridad.
5. El 4 de febrero de 20225, la señora María Lida Buitrago Peláez formuló recurso
extraordinario de revisión en contra de la sentencia de segunda instancia, con
fundamento en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, consistente en existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación.
Como sustento de la causal de revisión invocada, la parte actora expresó lo
siguiente (se trascribe de forma literal, incluso con posibles errores):
Además de fallar incongruentemente, desconociendo de plano las normas
preexistentes para este caso en concreto, pues en uno de los apartes del fallo
advierten con desnaturalizada credibilidad, que los intereses moratorios aquí
reclamados en derecho no gozan de una ley especial, como si cada obligación
en concreto debiera tener una norma particular para ejecutar su mora en caso
de incumplimiento (…)
(…)
5 Índice No. 2 de Samai.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00939-00 (REV)
Recurrente: María Lida Buitrago Peláez
Demandado: Nación - Ministerio de Educación y Departamento de
Risaralda
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)
En suma, el(a) demandante solicitó el reconocimiento de intereses de mora
desde el año de 1996, cuando pasó a pertenecer a la planta de personal
territorial, y hasta el año 2013, fecha en la cual se concretó el pago del
retroactivo salarial de que se trata, en tanto que en la sentencia enjuiciada se
evidencia, que se entendió erróneamente que la reclamación de dichos
intereses se refirió a los que se causaron desde el acto de reconocimiento del
retroactivo, dictado el 31 de diciembre de 2012, y hasta el año 2013 cuando se
efectuó el pago.
(…)
Y es incongruente la sentencia, en tanto que las pretensiones de la demanda
no contienen ningún petitum respecto a la indexación que los togados
reconocieron de oficio, confundiendo lamentablemente el significado de
indexación y el postulado legal de los intereses moratorios (…)
(…)
En definitiva, la sentencia contiene vicios que únicamente se notaron al
momento de su promulgación; la decisión carece de toda armonía con los
hechos y las pretensiones de la demanda, desde que el juez resolvió sobre unos
extremos temporales totalmente diferentes a los pedidos, hasta reconocer
emolumentos que no se solicitaron en la demanda, como la ya mencionada
“indexación”.
6. Por auto del 1 de junio de 20226, se admitió el recurso extraordinario de revisión
de la referencia, decisión que fue notificada en debida forma a las entidades
demandadas, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado7.
7. El 13 de junio de 20228, el departamento de Risaralda presentó contestación a la
demanda de revisión por conducto de apoderada judicial, mediante la cual solicitó
declarar infundado el recurso extraordinario.
Propuso como excepciones las que denominó “inexistencia de causal de nulidad”,
“imposibilidad de revivir términos caducos” y “antecedentes jurisprudenciales
nugatorios de la revisión”.
Argumentó que el recurso de revisión resultaba improcedente en el caso concreto,
en la medida en que no era una vía para controvertir los errores que, a juicio de la
recurrente, habría cometido el juez de segunda instancia.
6 Índice No. 24 de Samai. Es pertinente mencionar que el 14 de febrero de 2022 el consejero Gabriel
Valbuena Hernández manifestó su impedimento para conocer este asunto (índice No. 4), el cual fue
aceptado por la Sala en decisión del 11 de marzo del mismo año (índice No. 9). Además, por auto
del 26 de abril de 2022 (índice No. 16), se inadmitió la demanda y se concedió el término de cinco
(5) días para su subsanación.
7 Esta providencia fue notificada electrónicamente a las partes y demás sujetos procesales el 3 de
junio de 2022 (índices Nos. 28 y 29).
8 Índice No. 33 de Samai.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00939-00 (REV)
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Demandado: Nación - Ministerio de Educación y Departamento de
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)
Esgrimió que la sentencia cuestionada guardó consonancia con los hechos y
pretensiones de la demanda y que no es admisible que, por medio del recurso de
revisión, se pretenda revivir una situación definida con el reconocimiento de la
indexación, la cual es incompatible con los intereses moratorios solicitados.
8. El 13 de junio de 20229, el Ministerio de Educación Nacional radicó escrito de
oposición al recurso de revisión por medio de apoderada judicial, a través del cual
pidió declarar infundado el recurso extraordinario y formuló como excepción la de
“legalidad de la sentencia 66001-23-33-000-2016-00599-00 del veintiséis (26) de
noviembre de dos mil veinte (2020)”.
Sostuvo que el fallo controvertido cumple los requisitos previstos en el artículo 187
de la Ley 1437 de 2011, pues resulta congruente con lo pedido, lo debatido y lo
probado en el proceso, la decisión se encuentra motivada, en ella se desarrolló un
análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales; decidió las
excepciones propuestas. Concluyó que la recurrente pretende revivir el debate
jurídico y probatorio que culminó con decisiones en firme.
9. El Ministerio Público10 y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no
intervinieron en este trámite.
10. A través de decisión del 28 de julio de 202211, se decretaron como pruebas los
documentos aportados con la demanda y el expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que terminó con la sentencia objeto de revisión.
11. El 3 de agosto de 202212, el Tribunal Administrativo de Risaralda, autoridad
judicial que tramitó en primera instancia el proceso ordinario, remitió el expediente
solicitado, respecto del cual se corrió traslado por tres (3) días mediante fijación en
lista del 5 de agosto de la misma anualidad13.
12. El 10 de agosto de 202214, el Ministerio de Educación Nacional manifestó lo
siguiente frente a la documentación recaudada: “su Señoría deberá otorgarle el
valor probatorio correspondiente, en cuanto a derecho sea pertinente”.
9 Índice No. 35 de Samai.
10 El 3 de junio de 2022 se recibió memorial del Ministerio Público por el cual comunicó la
procuraduría delegada a la cual se asignó el presente asunto (índice No. 30 de Samai).
11 Índice No. 39 de Samai.
12 Índice No. 45 de Samai.
13 Índice No. 46 de Samai.
14 Índice No. 47 de Samai.
5
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Recurrente: María Lida Buitrago Peláez
Demandado: Nación - Ministerio de Educación y Departamento de
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)
13. El presente asunto ingresó a despacho para dictar sentencia el 11 de agosto de
202215.
III. CONSIDERACIONES
1. Régimen aplicable
Al sub judice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la
fecha de presentación del recurso extraordinario de revisión -4 de febrero de 2022-
las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011 16 -con las
modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 202117-, así como a las
disposiciones de la Ley 1564 de 2012, en virtud de la integración normativa
dispuesta por el artículo 30618 del primer estatuto mencionado.
2. Jurisdicción y competencia
Según los artículos 11119 y 24920 de la Ley 1437 de 2011, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer
de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las
Secciones y Subsecciones de dicha Corporación.
Además, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 ejusdem21,
mediante el Acuerdo 80 de 2019 se reglamentó la creación de las salas especiales
15 Índice No. 49 de Samai.
16 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)
de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia
(...)”.
17 “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su
publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y
tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las
demandas que se presenten un año después de publicada esta ley (…)”.
18 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil [léase Código General del Proceso] en lo que sea compatible con
la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo”.
19 “Artículo 111. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo
Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: (…)
2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones
o subsecciones y los demás que sean de su competencia”.
20 “Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
21 “Artículo 107. Integración y composición. (…)”.
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en
este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto,
si fuere el caso.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00939-00 (REV)
Recurrente: María Lida Buitrago Peláez
Demandado: Nación - Ministerio de Educación y Departamento de
Risaralda
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)
de decisión encargadas de resolver los recursos extraordinarios de revisión
interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones de esta
Corporación22.
En el sub examine, la sentencia cuestionada fue dictada por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo cual la Sala Especial ostenta
competencia para conocer el recurso extraordinario de revisión interpuesto en su
contra.
3. Oportunidad en la presentación del recurso extraordinario de revisión
De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 201123, el
término para interponer el recurso extraordinario de revisión se determina en función
de la causal alegada.
Dado que en este caso la recurrente invocó la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -nulidad originada en la sentencia- el plazo para
tal fin corresponde al de un año contado desde el día siguiente a la ejecutoria del
fallo objeto de impugnación.
En el presente asunto, la sentencia objeto de revisión fue proferida el 26 de
noviembre de 2020 y notificada el 3 de febrero de 202124, motivo por el cual adquirió
firmeza el 8 de febrero siguiente25. De este modo, el plazo para formular la demanda
de revisión se extendió hasta el 9 de febrero de 2022 y, como ello ocurrió el cuarto
día del mismo mes y año, se concluye que su interposición fue oportuna.
4. Legitimación por activa
La señora María Lida Buitrago Peláez se encuentra legitimada en la causa por activa
para controvertir la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2020 por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pues fue quien promovió el
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al
respecto establezca el reglamento interno”.
22 Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019. “Artículo 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los
siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado”.
23 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia (…)”.
24 Según consulta realizada en el aplicativo Samai, en relación con el proceso con radicación No.
66001-23-33-000-2016-00599-01 (ver índice No. 20).
25 De acuerdo con el artículo 302 de la Ley 1564 de 2012, las providencias “que sean proferidas por
fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas (…)”.
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Recurrente: María Lida Buitrago Peláez
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Ley 2080 de 2021)
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión
que resultó adversa a sus intereses.
5. Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión tiene por objeto permitir que las sentencias
ejecutoriadas puedan ser analizadas nuevamente e invalidadas excepcionalmente
en aquellos casos en los que se han proferido por medios irregulares o carecen de
verdad, por razones o causales taxativamente establecidas en la ley, las cuales, en
términos generales, comparten la característica de no ser imputables a la parte
afectada.
Dicho recurso se introduce en la ley procesal con la finalidad de preservar el valor
de la justicia y la seguridad jurídica que brinda la figura de la cosa juzgada, toda vez
que las causales que permiten la procedencia del recurso de revisión son taxativas
y de aplicación restrictiva.
Al respecto, esta Corporación ha considerado lo siguiente (transcripción literal):
(…) Este medio extraordinario de impugnación en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo lo erige el legislador como excepción al principio de
la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada material;
y con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado,
siempre que el mismo resulte contrario a la Justicia y al Derecho, de acuerdo
con las causales establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso
Administrativo y con el único fin de que se produzca una decisión ajustada a la
ley (…)26.
Su finalidad, como lo ha precisado la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, es “(...) conciliar nociones esenciales del ordenamiento
legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad
de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de
restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un
orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política (...)”27.
En atención a su carácter extraordinario, no se trata de una instancia adicional
en la que puedan plantearse, nuevamente, argumentos de fondo en relación con la
sentencia que se pretende revisar, de modo que las pretensiones deben limitarse a
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de
octubre de 2005, radicación No. REV-173, C.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada por la
Subsección A de dicha Sección, en sentencia del 20 de febrero de 2020, expediente No. 61.519,
entre muchas otras providencias de esta Corporación.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de julio de 2005,
radicación No. REV-00143, C.P. María Claudia Rojas Lasso.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00939-00 (REV)
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demostrar la configuración de alguno de los supuestos contemplados en las
causales para su prosperidad28.
6. Generalidades de la causal de revisión invocada y del principio de
congruencia
La causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
establece que podrá demandarse la revisión por “[e]xistir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
Al respecto, se ha sostenido lo siguiente (transcripción literal):
(…) La Sala Plena de esta Corporación, de forma reiterada, ha dicho que para
que se configure la causal de revisión de ‘nulidad originada en la sentencia’, es
necesario que concurran dos circunstancias: A) Que el vicio que se alega se
configure en el momento procesal en que se profiere la sentencia, no antes. B)
Que el vicio alegado se fundamente en un desconocimiento grave o insaneable
de alguna ritualidad sustancial propia de esa actuación (…) La nulidad originada
en la sentencia se produce cuando el acto procesal consistente en dictar la
providencia que desata el litigio se encuentra viciado desde el punto de vista
formal por circunstancias de lugar, tiempo o modo que se consuman en el
preciso instante en que el juez toma la decisión. Por tal razón, en atención al
carácter extraordinario del recurso de revisión, esta Corporación ha entendido
que esta causal de revisión se configura únicamente cuando se acredita alguna
de las causales de nulidad del proceso, previstas de manera taxativa por el
legislador en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil hoy, artículo 133
del Código General del Proceso, siempre que ella pueda predicarse,
exclusivamente, de la sentencia cuya infirmación se solicita.
A las causales de nulidad previstas por ley debe agregarse la nulidad de la
prueba obtenida con violación al debido proceso, en los términos de
la sentencia C-491 de 1995, circunstancia que podría ocasionar la nulidad de la
sentencia por violación al debido proceso, si la decisión del juez se sustenta
únicamente en dicha prueba. También se ha admitido por la Sala Plena de esta
Corporación que la sentencia es intrínsecamente nula cuando la legalidad de la
decisión está viciada, entre otros supuestos excepcionales, por los siguientes:
I) Cuando se profiere sentencia condenatoria contra un tercero que no fue
vinculado al proceso. II) Cuando la sentencia no cuenta con el número de votos
necesarios para su aprobación. III) Cuando la sentencia carece de motivación
formal y material (…)29.
Adicionalmente, la jurisprudencia ha considerado que el recurso extraordinario de
revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, bajo la causal de “nulidad
originada en la sentencia que puso fin a proceso y contra la que no procede recurso
de apelación”, es el mecanismo judicial idóneo para alegar la posible falta de
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.
13, sentencia de 7 de abril de 2015, radicación No. 11001-03-15-000-2013-02724-00, C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.
13, sentencia del 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2015-02493-00, C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00939-00 (REV)
Recurrente: María Lida Buitrago Peláez
Demandado: Nación - Ministerio de Educación y Departamento de
Risaralda
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)
congruencia de un fallo de segunda instancia, lo cual puede traducirse en una
vulneración del derecho fundamental al debido proceso30:
(…) El Consejo de Estado ha sostenido que la nulidad originada en la sentencia
se puede invocar como causal para la procedencia del recurso extraordinario
de revisión por vicios de incongruencia. Al respecto, la Sala Especial de
Decisión No. 22 de lo Contencioso Administrativo señaló lo siguiente31:
2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de
la sentencia.
[L]a jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe
aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del
CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras
razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la
invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los
fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el
desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una
actuación sin competencia.
(…) En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no
incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por la
jurisprudencia del Consejo de Estado, en los siguientes términos: este principio
de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170], exige de una parte que
exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se
denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga, sea
concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el
escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la
decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.
Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la
congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo ‘ultrapetita’
que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el
demandante, ‘extrapetita’: cuando se reconoce un derecho que no ha sido
reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la
pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no
alegados, y ‘minuspetita’: cuando se omite el pronunciamiento sobre una
de las pretensiones.
La violación de dicho principio traería como consecuencia, igualmente la violación
al debido proceso, en la medida en que nuestro ordenamiento positivo consagra
etapas procesales exclusivas a que las partes manifiesten y contradigan
argumentos en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco de litis que se
ha planteado desde la demanda.
30 Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión
No. 25, sentencia del 28 de junio de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia
del 20 de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero
de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00.
31 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 20 de febrero de 2020, radicación No. 11001-03-15-000-2019-03861-
01, C.P. María Adriana Marín”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00939-00 (REV)
Recurrente: María Lida Buitrago Peláez
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Risaralda
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto,
que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA
-antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia,
se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la
congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre
en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que
la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias
de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar
asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar.
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando
falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la
decisión, porque el fallador excede su competencia, la que se repite está
determinada por los cargos y pretensiones de la demanda.
Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del Consejo de
Estado y en la doctrina de la Corte Constitucional, ratifican la tesis según la cual
la congruencia de los fallos es un elemento de validez de los mismos, cuya
inobservancia configura la causal de revisión de nulidad originada en la
sentencia, artículo 250, numeral 5 del CPACA (...) (se destaca)32.
Como se aprecia, para la configuración de esta causal de revisión resulta
indispensable que se funde en la ocurrencia de: i) un supuesto configurativo de las
causales de nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo 133 de la Ley
1564 de 2012, siempre que estas se prediquen de la sentencia; ii) las hipótesis
creadas jurisprudencialmente que comportan la violación del derecho fundamental
al debido proceso, tales como:
• Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con
violación al debido proceso.
• Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue
vinculada al proceso.
• Proferir una sentencia sin motivarla.
• Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
• Faltar al principio de congruencia.
Además, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado33
determinó que igualmente podrían existir otros supuestos en que la configuración
32 Original de la cita: Sentencia del 2 de febrero de 2016, expediente No. 11001-03-15-000-2015-
02342-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Se precisa que la
magistrada ponente de esta providencia no acompañó el criterio de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, anteriormente transcrito, en el sentido de darle un entendimiento más amplio a la
causal que se analiza, en tanto se considera que impartir un tratamiento abierto a las causales de
nulidad puede transgredir la seguridad jurídica por repercutir en la taxatividad del régimen de
nulidades; sin embargo, en esta providencia se acata la postura mayoritaria de la Sala para estimar
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de la causal de nulidad originada en sentencia por violación a la garantía
constitucional al debido proceso habría de tener cabida y que no necesariamente
se agotan de manera exhaustiva en los eventos señalados.
A propósito del principio de congruencia, la Corporación ha expresado que:
[D]elimita el contenido de las decisiones judiciales, para que estas se profieran
de acuerdo con el contenido y alcance de las peticiones y excepciones
formuladas por las partes, de modo que exista identidad jurídica entre lo resuelto
y las pretensiones y excepciones oportunamente aducidas, salvo que la ley
otorgue facultades o competencias oficiosas al juzgador34.
En la misma línea, el Consejo de Estado ha puntualizado que la alegación sobre el
quebrantamiento del citado principio no admite el cuestionamiento a la valoración
probatoria o a la actividad interpretativa efectuada por el juez, así como tampoco
permite calificar el acierto de la decisión censurada o examinar la posible
configuración de errores in iudicando35.
7. Caso concreto
En el sub lite, la recurrente plantea, en síntesis, que con la sentencia impugnada se
desconoció su debido proceso, dado que se vulneró el principio de congruencia y
se falló de manera citra petita36.
Lo anterior, por cuanto, en lugar de acceder a la pretensión de reconocimiento de
intereses moratorios por la tardanza en el pago del retroactivo, se ordenó una
indexación que no fue solicitada y, además, no se atendió al período objeto de
reclamación judicial que, según los hechos de la demanda, transcurrió desde 1997
cumplido el requisito formal relativo a la indicación y sustentación de la causal de revisión en
comento.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación: 11001-03-25-000-2013-01223-00(3095-13), C.P.
César Palomino Cortés; Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021,
radicación: 11001-03-26-000-2019-00001-00 (63.104), C.P. María Adriana Marín. Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 27, sentencia
del 1 de junio de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-05767-00, C.P. Rocío Araújo Oñate.
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión,
sentencia del 3 de mayo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2022-00580-00, C.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio; Sala Primera Especial de Decisión, sentencia del 27 de mayo de 2022, radicación:
11001-03-15-000-2016-01822-00, C.P. María Adriana Marín; Sala Octava Especial de Decisión,
sentencia del 31 de mayo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-11310-00, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; Sala Especial de Decisión No. 27, sentencia del 8 de junio de 2022,
radicación: 11001-03-15-000-2021-07354-00, C.P. Rocío Araújo Oñate; Sala Tercera Especial de
Decisión, sentencia del 29 de junio de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2022-00721-00, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez.
36 “Conforme lo enseña la jurisprudencia, se está frente a una decisión Citra Petita, cuando el juez
no resolvió sobre todas las pretensiones que se le presentaron en el escrito de la demanda”. Página
12 de la subsanación de la demanda de revisión (índice No. 22 de Samai).
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
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-cuando se efectuó el traslado de planta de personal- hasta 2013 -cuando se realizó
el pago mencionado-.
Esta Sala encuentra que, en el fallo cuestionado37, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado explicó en qué consistió la descentralización de la
educación en el país, así como el proceso de homologación y nivelación salarial del
personal administrativo del sector educativo en el ente departamental demandado.
Seguidamente, describió las figuras de la indexación y los intereses moratorios.
Indicó que la primera tiene un carácter compensatorio y opera en casos en los que
existe una razón válida para la tardanza, mientras que la segunda ostenta un
carácter sancionatorio y se abre paso cuando existe una norma que la regule
expresamente y no media una causa que justifique la dilación en el pago.
Precisó, además, que a pesar de sus diferencias, ambos mecanismos han sido
diseñados para mitigar los efectos adversos generados con el cumplimiento tardío
de obligaciones dinerarias, por lo que su compatibilidad no resulta admisible.
Al descender al caso concreto, el ad quem advirtió, a partir del contenido de los
actos administrativos expedidos en el marco del proceso de homologación y
nivelación salarial, que a favor de la accionante se ordenó pagar la suma total del
retroactivo correspondiente, la cual comprendía un monto por servicios personales
prestados, otro por contribuciones de nómina y otro por concepto de indexación.
Con fundamento en lo anterior, estimó que, si bien el proceso de homologación se
consolidó entre 1997 y 2009 y el pago del retroactivo se efectuó en 2013, lo cierto
era que el debido agotamiento de las etapas de dicho proceso constituía una
justificación razonable del retardo en el pago, de lo cual coligió que era viable
reconocer una actualización monetaria con base en el índice de precios al
consumidor -como en efecto ocurrió-.
Agregó que, como el monto correspondiente a la indexación se pagó -lo cual no fue
discutido por la apelante-, se conjuró la pérdida del poder adquisitivo de la moneda
por el paso del tiempo y, dado que no existía norma expresa que prescribiera
intereses moratorios y no se había acreditado mala fe por parte de la administración,
no era procedente acceder a su reconocimiento.
37 Es pertinente anotar que en la providencia discutida esta Corporación también se pronunció sobre
la condena en costas que el tribunal le impuso a la demandante; sin embargo, este punto de la
decisión no fue objeto de ataque en el recurso extraordinario de revisión, motivo por el cual no se
profundizará sobre el particular.
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Pues bien, aunque es cierto que el desconocimiento del principio de congruencia es
una hipótesis jurisprudencial que puede estructurar la causal de revisión prevista en
el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la Sala advierte que la
argumentación propuesta por la recurrente está orientada a reabrir el debate jurídico
que se surtió en el proceso primigenio y propiciar una tercera instancia que no es
de recibo en esta sede extraordinaria.
En efecto, se evidencia la manera en que la parte recurrente, a través de este
mecanismo excepcional, pretende controvertir el razonamiento jurídico y probatorio
que condujo al juez de segunda instancia a no encontrar procedente el
reconocimiento de intereses moratorios por el retardo en el pago del retroactivo, en
el lapso indicado en el escrito inicial. De lo anterior dan cuenta las siguientes
afirmaciones esbozadas en la demanda de revisión (se trascribe de forma literal):
Al resolver de fondo el asunto, a través de la sentencia objeto de revisión,
reconoce que el pago de la homologación, en efecto fue realizado de manera
posterior al momento de su exigibilidad, pero de una manera totalmente
diferente a la expuesta en la demanda; la autoridad judicial entendió que la
reclamación de dichos intereses abarcó el interregno de un mes entre el 31 de
diciembre de 2012, cuando se reconoció y se ordenó el pago del consecuente
retroactivo, y el mes de enero de 2013, cuando se efectuó el pago
correspondiente (…)
(…)
Sorpresivamente, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo
• Sección Segunda - Subsección A, da por probado, sin estarlo que, el
Estado no incurrió en mora dentro del periodo comprendido entre la
Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012, y el mes de enero de 2013.
No existe dentro del plenario, elementos fácticos que hubiesen permitido llevar
al juez a concluir, que la parte actora solicitaba el pago de una mora causada
por un periodo de un mes (…)
De otra parte, mi representado(a) le manifestó al operador judicial, a través de
éste apoderado, que tenía derecho a recibir su salario nivelado, desde el mismo
momento que es trasferido de una planta a otra, y es por ese motivo, que al no
pagarse oportunamente la obligación, el interés se causa desde el año de 1996,
pero a la luz de lo resuelto por el juez, se nota que el proceso no se estudió
acuciosamente, porque es inaceptable que la obligación de pagar sólo nace
cuando se profiere la resolución que ordena el retroactivo.
(…)
Por lo tanto, tenemos que la decisión no se encuentra, dentro del margen
de interpretación razonable, en consideración a que se trata de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) y claramente
perjudicial para los intereses legítimos de quienes acuden a la administración
de justicia (…)
(…)
El Consejo de Estado a través de la Sección Segunda, no resolvió las
pretensiones de la demanda, es decir, desconoció el reconocimiento de la
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Risaralda
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mora en que incurrió el Estado colombiano, y que se está reclamando en
esta oportunidad, la cual ha sido probada dentro del plenario (…)
(…)
Otra vez el fallador desconoce la norma rectora, que para efectos de mora
la legislación colombiana contempla, es decir, el Código Civil colombiano,
es decir que, arbitrariamente el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Segunda - Subsección A, da por probado, sin estarlo,
que en el presente asunto no se puede acudir a la regla general que trae el
Código Civil colombiano, respecto a la procedencia y pago de intereses
moratorios (…) (se destaca).
Como se logra apreciar, el extremo activo profundizó en los motivos de su
desacuerdo con la forma en la que el ad quem abordó la configuración de la mora
en el pago del retroactivo, la procedencia de los intereses moratorios, el momento
desde el cual se entienden causados; la interpretación y aplicación de las normas
que gobiernan la materia, puntos que se relacionan directamente con los
fundamentos de hecho y de derecho de la providencia cuestionada.
En esa dirección, la recurrente aseveró que “aquí lo que se busca, es la infirmación
de la sentencia de 2da instancia, en aras de que se resuelva conforme a las
normas aplicables al reconocimiento, pago y procedencia de intereses moratorios
en el sistema jurídico colombiano” (se destaca).
Por lo demás, vale la pena resaltar que en el fallo de segundo grado no se dispuso
indexación alguna como lo dice la recurrente. En efecto, en la sentencia de primer
grado el tribunal negó las súplicas de la demanda, al paso que en el fallo
controvertido el Consejo de Estado se limitó a confirmarla íntegramente.
Así las cosas, la Sala estima que, en ejercicio de este mecanismo de impugnación,
la demandante persiste en su inconformidad con el fallo cuestionado por resultar
adverso a sus intereses, a la vez que propone un nuevo análisis jurídico y probatorio
para controvertir el plasmado en tal providencia y obtener una decisión diferente.
Además, es claro que, mediante la alegación de la supuesta violación del principio
de congruencia, la intención de la recurrente es conseguir la reapertura integral del
debate que fue debidamente zanjado en el juicio ordinario, lo cual es ajeno a la
naturaleza y la finalidad del recurso extraordinario de revisión.
En todo caso, frente al supuesto desconocimiento del principio de congruencia, se
constató que el juzgador ad quem sí decidió sobre los aspectos materia de
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00939-00 (REV)
Recurrente: María Lida Buitrago Peláez
Demandado: Nación - Ministerio de Educación y Departamento de
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controversia38, por cuanto se pronunció -aunque en un sentido distinto al pedido por
la actora- acerca de la discusión que se ventiló en el proceso ordinario, es decir, la
procedencia del reconocimiento de intereses moratorios derivados del pago tardío
del retroactivo producto de la homologación y nivelación salarial, en esta ocasión,
para confirmar su negativa con base en las consideraciones legales y
jurisprudenciales desarrolladas en la providencia bajo examen.
Conviene poner de presente que el hecho de negar las pretensiones de la demanda,
o confirmar tal decisión, no deviene automáticamente en un quebrantamiento del
debido proceso39, toda vez que lo que se censura en los fallos minus petita o citra
petita no es la resolución de fondo propiamente dicha -favorable o no a lo pedido-,
sino la omisión de decidir sobre los asuntos que constituyeron el objeto del litigio40,
supuesto que no se verificó en esta oportunidad, tal y como se desprende de lo
explicado líneas atrás.
38 En la audiencia celebrada el 16 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo de Risaralda
consideró que el litigio se circunscribía a “determinar, conforme a los fundamentos expuestos en las
demandas y en las contestaciones de las mismas, la juridicidad de los actos administrativos por
medio de los cuales fue negado el reconocimiento y pago de intereses de mora por concepto del
retroactivo de la homologación y nivelación salarial (…) a lo cual se oponen las entidades
demandadas, indicando que no son competentes para reconocer las obligaciones pretendidas y que
los intereses moratorios deprecados se encuentran comprendidos en la indexación pagada (…) la
Magistrada instructora indaga a las partes sobre los hechos y extremos de la litis respecto de los
cuales exista consenso, frente a lo cual indican que están de acuerdo con la propuesta de fijación
del litigio propuesta por el Despacho, ante lo cual la suscrita deja fijado el objeto de la decisión final
(…)” (folio 138 del cuaderno principal del proceso ordinario, índice No. 45 de Samai). Asimismo, el
Consejo de Estado planteó los problemas jurídicos que debían resolverse en segunda instancia en
los siguientes términos: “1. ¿A la señora María Lida Buitrago Peláez le asiste el derecho al
reconocimiento de intereses moratorios por el no pago inmediato del valor correspondiente al
retroactivo derivado del proceso de homologación y nivelación salarial de la planta de personal
administrativo adscrito al sector educativo del departamento de Risaralda? 2. ¿Procede la condena
en costas a la parte demandante en primera instancia por haber sido vencida en el proceso?” (folio
209 del cuaderno principal del proceso ordinario, índice No. 45 de Samai).
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Octava Especial de
Decisión, sentencia del 31 de mayo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2022-00723-00, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón; sentencia del 6 de junio de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2022-
00373-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
40 En sentencia T-714 del 17 de octubre de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), la Corte
Constitucional afirmó lo siguiente en relación con el principio de congruencia: “El alcance que en esta
jurisprudencia se le da al principio de congruencia implica que puede llegar a ser desconocido por:
1. Resolver sobre elementos o puntos no comprendidos en la relación jurídico-procesal (extra petita);
2. Proveer más de lo que el demandante pide (ultra petita); y
3. Ser deficiente por dejar de proveer, positiva o negativamente, acerca de puntos integrantes
de la demanda o sobre las excepciones que, además de aparecer probadas, hayan sido alegadas
por el demandado cuando así lo exija la ley (citrapetita).
“Los anteriores supuestos se pueden evidenciar con relativa facilidad, comparando el contenido de
fondo de la relación jurídico-procesal y lo resuelto por el juzgador en el respectivo fallo. Valga decir
que en los primeros dos supuestos se da un exceso en el ejercicio jurisdiccional, mientras que en el
último hay un defecto u omisión más conocido como fallo omiso o diminuto” (se destaca). Este
criterio fue aplicado en: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
Octava Especial de Decisión, sentencia del 31 de mayo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-
11310-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00939-00 (REV)
Recurrente: María Lida Buitrago Peláez
Demandado: Nación - Ministerio de Educación y Departamento de
Risaralda
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)
Habida cuenta de que la argumentación propuesta por la parte recurrente no se
adecúa a la causal de revisión invocada y, en concreto, a la hipótesis consistente
en desconocer el principio de congruencia de la sentencia, y dado que su
vulneración no se aprecia en el caso concreto, la Sala declarará infundado el
recurso extraordinario de revisión interpuesto.
8. Condena en costas
Como en el presente asunto resultan aplicables las disposiciones procesales
contenidas en la Ley 1437 de 2011, con las modificaciones introducidas por la Ley
2080 de 2021 -normativa vigente al momento de interposición del recurso
extraordinario de revisión-, existe norma especial41 que impone la condena en
costas cuando el recurso se declara infundado. De este modo, se condenará en
costas a la parte recurrente.
Al respecto, se observa que las entidades públicas accionadas -tanto el Ministerio
de Educación Nacional como el departamento de Risaralda- constituyeron sendos
apoderados judiciales para atender el presente asunto y, además, a través de ellos
presentaron los respectivos escritos de oposición a la demanda de revisión.
De este modo, la Sala estima que la actividad realizada por los abogados de las
entidades mencionadas es suficiente para disponer la fijación de agencias en
derecho a su favor en la liquidación de costas, de acuerdo con lo preceptuado en
los artículos 365 y 366 de la Ley 1564 de 2012.
Para el efecto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión
adelantada por los mandatarios judiciales de las entidades demandadas.
Asimismo, de conformidad con la última norma citada, esta decisión se apoya en el
Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura y contentivo de las tarifas de agencias en derecho, en el cual se dispuso
lo siguiente:
Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario
judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente
relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
41 “Artículo 255. Sentencia (modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021). Vencido el período
probatorio se dictará sentencia.
“(…)
“Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00939-00 (REV)
Recurrente: María Lida Buitrago Peláez
Demandado: Nación - Ministerio de Educación y Departamento de
Risaralda
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)
desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos
límites.
(…)
Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
(…)
9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. (se destaca).
En esa línea, toda vez que en esta actuación las entidades que conforman el
extremo pasivo designaron apoderado judicial e intervinieron en su trámite, se
fijarán las agencias en derecho a su favor y a cargo de la señora María Lida Buitrago
Peláez en un (1) salario mínimo legal mensual vigente para cada una de las
entidades, es decir, en total dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de esta providencia.
Adicionalmente, conviene indicar que, como este es un proceso de única instancia
ante esta Corporación, la liquidación de las costas será realizada por la secretaría
general, según los parámetros señalados en el artículo 366 de la Ley 1564 de 2012.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en Sala Novena Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora María Lida Buitrago Peláez en contra de la sentencia
dictada el 26 de noviembre de 2020 por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la recurrente y en favor del Ministerio de
Educación Nacional y del departamento de Risaralda.
TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta decisión, la cual
deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por parte de la recurrente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00939-00 (REV)
Recurrente: María Lida Buitrago Peláez
Demandado: Nación - Ministerio de Educación y Departamento de
Risaralda
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011 -
Ley 2080 de 2021)
CUARTO: en firme esta providencia y realizada la liquidación de costas, el
expediente deberá regresar al despacho de la magistrada ponente para considerar
su aprobación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Con aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Con salvamento parcial de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
EZS-JPDC [EXPEDIENTE DIGITAL]
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