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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00518-00

Fecha
31 de marzo de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
38 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00518-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 19 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional. 17 Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00 Accionante: María Cristina Díaz Bahena Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00518-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

31 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Segunda de Decisión
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte
actora pretende reabrir el debate probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido
por el juez natural

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de
la solicitud de amparo constitucional formulada por María Cristina Díaz Bahena
contra el Tribunal Administrativo del Quindío.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 5 de febrero de 2023, María Cristina Díaz Bahena, a través de apoderado
judicial, instauró demanda de tutela contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la
administración de justicia, así como los principios de “perpetuatio jurisdictionis” y
seguridad jurídica. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por la
autoridad judicial accionada al proferir la sentencia del 19 de enero de 2023, al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 que promovió la
actora contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el Municipio de Armenia – Secretaría de
Educación.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2
Identificado con número de radicado 63001-3333-006-2022-00038-02.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2.- La accionante pretende que en virtud del amparo, “(…) se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que
sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de
2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones
ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda (…) ”3.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada
y de las pruebas allegadas se tiene, que:

4.- Desde el 3 de mayo de 2005, la accionante se encuentra vinculada al
municipio de Armenia y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en
adelante Fomag) en calidad de docente oficial.

5.- El 14 de julio de 2021, la accionante solicitó al Fomag y al Municipio de
Armenia: (i) la consignación efectiva de las cesantías que correspondían a los
servicios prestados durante el año 2020 y (ii) el reconocimiento y desembolso de la
sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, generada por la consignación
extemporánea de dichas cesantías, así como el pago de la indemnización
consagrada en la Ley 52 de 1975. La solicitud se remitió a la Fiduciaria Previsora
S.A., entidad encargada de administrar el Fomag, sin que esta entidad emitiera una
respuesta al respecto.

6.- En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
accionante presentó una demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Fomag y el Municipio de Armenia, con el fin con el fin de que se declarara la nulidad
del acto administrativo ficto que se configuró ante la falta de respuesta a la petición
radicada el 14 de julio de 2021. Además, solicitó que se condenara a las entidades
demandadas a pagar la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 y la
indemnización por el pago tardío de los intereses generados por las cesantías,
consagrada en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y en el Decreto
1176 de 1991.

7.- El 29 de junio de 2022 el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Armenia, negó las pretensiones de la demanda por considerar que la sanción por
mora solo aplica para aquellos docentes que no están afiliados al fondo prestacional
del magisterio, de modo que al encontrarse afiliada al Fomag, la situación jurídica de
la demandante se encontraba regulada por un régimen especial de cesantías. En
desacuerdo con lo anterior la parte demandante apeló la decisión adoptada.

8.- Mediante Sentencia de 19 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo del
Quindío, confirmó la decisión apelada al considerar que: (i) no existe un criterio
unificado al interior del Consejo de Estado, sobre la posibilidad de hacer extensiva la

3 Expediente digital, folio 3 del escrito de tutela.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al caso de los
docentes afiliados al Fomag; (ii) los pronunciamientos que han determinado la
procedibilidad de la sanción deprecada se profirieron en asuntos en los que mediaron
supuestos fácticos que difieren de las circunstancias en las que se enmarcaba la
situación jurídica de la demandante y, (iii) no era procedente resolver las
pretensiones de la demanda a partir del principio de favorabilidad, pues su utilización
solo es posible en aquellos casos en los que existe duda en relación a normatividad
aplicable o en los que existen interpretaciones distintas sobre la regulación de un
derecho, aspectos que no se configuraban en el caso de la demandante.

9.- Por lo anterior, concluyó que al no existir una norma que contemple la
extensión de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al
caso de la demandante, la situación jurídica objeto de la demanda se encontraba
regulada por el sistema anualizado de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, por
lo que no era posible acceder a las pretensiones de la demanda ya que esto
implicaba introducir un cambio en la regulación sobre el funcionamiento interno del
Fomag en lo que respecta a la administración de los recursos (principio presupuestal
de unidad de caja).

10.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la
administración de justicia, al incurrir en un defecto por desconocimiento del
precedente, pues -a su parecer- a partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-098
de 2018, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado de forma
reiterada que en virtud del principio de favorabilidad, es posible aplicar a los docentes
oficiales las disposiciones consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción
moratoria por la consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el
valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida
prestación también debe ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su
causación. Para ello adujo el desconocimiento de las reglas fijadas en las siguientes
sentencias:

Tabla 1: Sentencias – Corte Constitucional
Radicado Fecha
No. Magistrado Ponente Magistrados
Exp. Decisión
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
Exp. T- Gloria Stella Ortiz
1 17/10/2018 098/2018 DE LA CORTE
6.736.200 Delgado
CONSTITUCIONAL
Exp. T- SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
Gloria Stella Ortiz
2 5904426 Y 25/07/2019 332/2019 DE LA CORTE
Delgado
Otros CONSTITUCIONAL
Exp. T- SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
Luis Guillermo
3 7.182.312 Y 06/02/2020 041/2020 DE LA CORTE
Guerrero Pérez
Otros CONSTITUCIONAL

Tabla 2: Sentencias – Consejo de Estado
3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Radicado Fecha Magistrado
No. Consejeros Firmantes
Exp. decisión Ponente
08001-23-
33-
Sandra Liseth Sentencia de Unificación del Consejo
1 000-2013- 06/08/2020
Ibarra de Estado
00666-01
(0833-16)
76001-23-
31-000-
Sandra Liseth César Palomino Cortés - Carmelo
2 200900867- 24/01/2019
Ibarra Perdomo Cuéter
01 (4854-
2014)
11001-0315-
Nicolás Yepes Jaime Enrique Rodríguez Navas -
3 000-2018- 29/07/2019
Corrales Guillermo Sánchez Luque
03499-01
08001 23 33
000 2014 Rafael Francisco William Hernández Gómez - Gabriel
4 02/12/2019
00173-01 Suárez Vargas Valbuena Hernández
(1688-16)
08001-23-
33- Sandra Liseth César Palomino Cortés - Carmelo
5 10/06/2020
000-2014- Ibarra Perdomo Cuéter
00208-01
08001-23-
31- William
Rafael Francisco Suárez Vargas -
6 000-2014- 22/10/2020 Hernández
Gabriel Valbuena Hernández
00254-01 Gómez
(4960-2017)
08001-23-
William Rafael Francisco Suárez Vargas -
33-
7 12/11/2020 Hernández Gabriel Valbuena
000-2014-
Gómez Hernández
00132-01
08001 23 31
000 2014 Gabriel Valbuena William Hernández Gómez - Rafael
8 17/06/2021
00815 01 Hernández Francisco Suárez Vargas
(4979–2017)
08001-23-
Sandra Lisset Ibarra Vélez - Carmelo
33- César Palomino
9 27/06/2021 Perdomo
000-2015- Cortés
Cuéter
00331-01
19001-23-
33- William Rafael Francisco
10 000-2015- 04/11/2021 Hernández Suárez Vargas - Gabriel Valbuena
00445- Gómez Hernández
02(0483-20)
08001-23-
33-
Sandra Liseth César Palomino Cortés - Carmelo
11 000-2014- 25/11/2021
Ibarra Perdomo Cuéter
01127-01
(1002-2021)
40001-23-
40- William Rafael Francisco Suárez Vargas -
12 000-2017- 25/11/2021 Hernández Gabriel Valbuena
00134-01 Gómez Hernández
(2208-2020)

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

080001-23-
40-000- William
Rafael Francisco Suárez Vargas -
13 2015- 11/11/2021 Hernández
Gabriel Valbuena Hernández
90008-01 Gómez
(2387-2020)
080001-23-
40-000-
Gabriel Valbuena William Hernández Gómez - Rafael
14 2014- 11/11/2021
Hernández Francisco Suárez Vargas
90022-01
(5154-2016)
080001-23-
33-000- William Hernández
Gabriel Valbuena
15 2017- 20/01/2022 Gómez - Rafael Francisco Suárez
Hernández
00931-01 Vargas
(1001-2021)
080001-23-
33-000- William Rafael Francisco Suárez Vargas -
16 2015- 03/03/2022 Hernández Gabriel Valbuena
00075-01 Gómez Hernández
(2660-2020)
76001-23-
33-
Carmelo César Palomino Cortés - Sandra Liseth
17 000-2013- 28/04/2022
Perdomo Cuéter Ibarra
00756-01
(2224-2020)
080001-23-
40-000-
Rafael Francisco William Hernández Gómez - Gabriel
18 2017- 09/05/2022
Suárez Vargas Valbuena Hernández
00795-01
(2659-2020)
47-001-23-
33-000-
Sandra Liseth César Palomino Cortés - Carmelo
19 2019- 19/05/2022
Ibarra Perdomo Cuéter
00359-01
(4004-2021)
47-001-23-
33-000-
Sandra Liseth César Palomino Cortés - Carmelo
20 2019- 01/07/2022
Ibarra Perdomo Cuéter
00376-01
(4462-2021)
08001-23-
33-
César Palomino Sandra Lisset Ibarra Vélez – Carmelo
21 000-2015- 22/08/2022
Cortés Perdomo Cuéter
00509-01
(2140-2020)
08001-23-
33-000-
César Palomino Sandra Lisset Ibarra Vélez – Carmelo
22 2015-90124- 22/09/2022
Cortés Perdomo Cuéter
01 (2394-
2020)

11.- Además, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado ha sido acogida por los jueces administrativos del circuito en los siguientes fallos:

Tabla 3: Sentencias – Juzgados Administrativos De Circuito

Radicado Fecha
No. Juzgado Juez
Expediente Decisión

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

66001 3333 001 JUZ. 1 ADTIVO DEL CTO Cristina Isabel
1 23/06/2022
2022 0002000 DE PEREIRA Sánchez Brito

05001 3333 019 JUZ. 19 ADTIVO ORAL DEL Patricia Córdoba
2 29/07/2022
2022 0009700 CTO DE MEDELLIN Vallejo

70001 3333 002 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL Lissette Mairely
3 09/09/2022
2022 0007200 CTO DE SINCELEJO Nova Santos

27001 3333 002 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL Yudy Yineth Moreno
4 22/09/2022
2022 0014700 CTO DE QUIBDÓ Correa

JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO
76001 3333 002 Juan Miguel
5 27/09/2022 DE GUADALAJARA DE
2022 0006600 Martínez Londoño
BUGA
JUZ. 3 ADTIVO DEL CTO
76111 3333 003 Leidy Johanna
6 28/09/2022 DE GUADALAJARA DE
2022 0006600 Uribe Molina
BUGA

68001 3333 002 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO Arley Méndez De La
7 28/09/2022
2022 0006500 DE BUCARAMANGA Rosa

68001 3333 009 JUZ. 9 ADTIVO DEL CTO
8 30/09/2022 Jairo García Suarez
2022 00010900 DE BUCARAMANGA

27001 3333 005 JUZ. 5 ADTIVO DEL CTO Emilson Marmolejo
9 25/10/2022
2022 0012200 DE QUIBDÓ García

11001 3342 051 JUZ. 51 ADTIVO DEL CTO Norberto
10 19/01/2023
2022 0009800 DE BOGOTÁ Mendivelso Pinzón

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

12.- Mediante auto de 8 de febrero de 2023, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela, notificó a la autoridad judicial accionada y vinculó a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y al Municipio de Armenia – Secretaría de Educación, en calidad de
terceros interesados.

13.- Además, requirió al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia y al
Tribunal Administrativo del Quindío para que remitieran, en medio magnético, copia
del expediente identificado con el radicado número 63001-3333-006-2022-00038-02.

(i) Ministerio de Educación4

14.- El 14 de febrero de 2023, el Ministerio de Educación solicitó declarar
improcedente el amparo solicitado en atención a: (i) que el accionante no logró

4 Expediente digital, intervención contenida en 5 folios.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

demostrar la existencia de la vulneración de sus derechos fundamentales o la
existencia de un perjuicio irremediable y (ii) la necesidad de salvaguardar la
independencia y autonomía judicial de la autoridad accionada.

15.- Además, solicitó desvincular a la entidad del presente trámite al considerar
que el Ministerio no era responsable de la conducta cuya omisión generó la
vulneración alegada y en consecuencia no tenía competencia para pronunciarse
sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela, pues los conflictos allegados
en la demanda se circunscribían a las actuaciones del despacho judicial accionado.

(ii) Municipio de Armenia – Secretaría de Educación5

16.- El 14 de febrero de 2023, la entidad territorial solicitó que se declarare
improcedente el amparo solicitado, al considerar que: (i) la demanda no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional y (ii) en el caso objeto de estudio el
defecto alegado por la demandante no se configuró. Lo anterior, teniendo en cuenta
que en ejercicio del principio de autonomía judicial la autoridad accionada hizo
referencia a las razones por las cuales consideró que los precedentes que se alegan
como desconocidos no eran aplicables al caso de la accionante.

(iii) Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio6

17.- El 14 de febrero de 2023, la Fiduprevisora S.A., en calidad de administradora
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela. Para ello indicó que en escrito de demanda la parte
actora no logró demostrar la configuración de alguna de las causales generales y
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Además, solicitó desvincular a la entidad del presente trámite al considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las pruebas allegadas
con el escrito de tutela no guardan relación entre las actuaciones de la Fiduprevisora
S.A. y las pretensiones de la accionante.

18.- A pesar de haber sido notificado en debida forma el Tribunal Administrativo
del Quindío guardó silencio7.

II. CONSIDERACIONES

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

19.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes8: (i) que la cuestión que se discuta

5 Expediente digital, intervención contenida en 36 folios.
6 Expediente digital, intervención contenida en 9 folios.
7 Expediente digital, Oficio de notificación No. 10953.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,
exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

20.- Interesa destacar que la relevancia constitucional supone la presentación de
un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien
es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en
el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no
puedan relacionarse con un derecho constitucional9.

21.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada
providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho
requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en
torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer
cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

22.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito, se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional10 y, en ese sentido, evitar
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 11 ; (ii)
restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones que revistan de clara y
marcada relevancia desde la óptica constitucional, porque afectan derechos
fundamentales12; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se convierta

9 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
10 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este

sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez
constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en
su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación
judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia”.
11 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la

constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones
o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la
definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos
fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la
jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T-
040 de 2011, T-338 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.
12 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de

una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental
del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o
suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales
de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite
8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las
autoridades jurisdiccionales13.

23.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales14: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.

D. Análisis del caso concreto

27.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si las
circunstancias que se alegan en la presente causa satisfacen los requisitos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si se cumple
el requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a
abordar el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si el Tribunal
Administrativo del Quindío, incurrió en los defectos o yerros invocados por la
accionante y si se justifica la adopción de medidas de protección frente a los mismos.

E. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

24.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si
una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es
necesario examinar dos elementos15:

a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan
un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve la
acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, encargado por
mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de
administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio

la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
13 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da

lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina
la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de
2006 de la Corte Constitucional.
14 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender

situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.
15
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se
superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la
sentencia.

b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien no se ve favorecido con
la determinación contenida en la sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.

25.- En el caso objeto de estudio, se cuestiona la decisión adoptada por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío al considerar que el
caso de la accionante se encontraba regulado por el sistema anualizado de
cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, razón por la cual no era posible reconocer
a su favor el pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990.

26.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que
se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las
pruebas arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada, la Sala
estima que la controversia propuesta por la accionante no cumple con el requisito
de relevancia constitucional debido a que:

(i) El debate propuesto en el escrito de demanda versa sobre la determinación de
aspectos legales, y la correcta interpretación y aplicación de las normas que regulan
el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la consignación
tardía del beneficio de cesantías en el régimen prestacional de los docentes
oficiales, debate que de conformidad con el precedente establecido por la Sala Plena
de Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, no guarda ningún tipo de
relación con la garantía de derechos fundamentales, debido a su naturaleza
estrictamente económica.

(ii) Al realizar una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de tutela
es posible advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por
el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

27.- En relación con el carácter meramente legal y económico de la controversia
propuesta por la accionante, se tiene que el debate propuesto por la accionante versa

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

sobre la correcta interpretación y la aplicación de las disposiciones establecidas en
el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582
de 1998 y el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados
al Fomag.

28.- La parte actora sostiene que en virtud de la aplicación del principio de
favorabilidad las normas referidas son extensibles a los docentes afiliados al Fomag,
razón por la cual la autoridad judicial accionada debía reconocer y ordenar el pago
de la sanción moratoria. Por otra parte, la autoridad judicial accionada consideró que
al encontrarse cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989, las disposiciones consagradas en los Decretos 344 de 1996 y 1582 de
1998 y en la Ley 50 de 1990, no eran aplicables al caso de la demandante.

29.- La Sala advierte que la diferencia interpretativa planteada no tiene relevancia
constitucional, para lo que resulta pertinente reiterar la postura desarrollada por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, según la cual la sanción
moratoria por no consignación oportuna de cesantías no es un derecho fundamental
ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. Esto
debido a que: (i) al ser una penalidad, su naturaleza es accesoria al derecho a recibir
el pago del beneficio de cesantías, por lo que su reconocimiento es de tipo legal y su
carácter es netamente patrimonial y (ii) al ser accesorio, el no reconocimiento de la
sanción moratoria no implica, en comienzo, una afectación al derecho a la seguridad
social o al mínimo vital, por lo que los accionantes se encuentran obligados a aportar
las pruebas que consideren necesarias para demostrar cualquier tipo de afectación
a los mencionados derechos.

30.- Teniendo en cuenta lo anterior, el caso objeto de estudio no se proyecta de
manera directa como una vulneración al derecho a la seguridad social de la parte
actora que demanda su protección, pues, tal y como se indicó la sanción por mora
establecida en la Ley 50 de 1990 es una cuestión económica cuya definición sobre
si está vinculada o no al derecho representado en el pago de la cesantía, no apunta
a la realización de un derecho de raigambre constitucional fundamental, sin que, por
demás, la parte actora hubiera acreditado que la negativa del reconocimiento y pago
de la referida sanción produjera una afectación a su derecho al mínimo vital o
comprometiera gravemente su existencia o supervivencia, más aún si se tiene en
cuenta que actualmente trabaja para el municipio de Armenia en calidad de docente.

31.- Sumado a lo anterior, la presunta configuración del defecto por
desconocimiento del precedente, carece de relevancia constitucional. En primer
lugar, porque las decisiones referidas en la Tabla 4, que la accionante alega como
desconocidas, no fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial accionada
en el trámite del recurso de apelación, por lo que resulta improcedente que utilice la
acción de tutela como una tercera instancia para presentar argumentos que no
formuló oportunamente en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Tabla 4. Precedentes que no se alegaron en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho
Radicado Fecha
No. Magistrado Ponente Consejeros Firmantes
Exp. decisión

08001-23- Sandra Lisset Ibarra Vélez -
33- César Palomino Carmelo Perdomo
9 27/06/2021
Cortés

000-2015-
00331-01
76001-23-
33-
000-2013- Carmelo Perdomo César Palomino Cortés -
17 28/04/2022
00756-01 Cuéter Sandra Liseth Ibarra
(2224-
2020)

47-001-23-

33-000- César Palomino Cortés -
19 19/05/2022 Sandra Liseth Ibarra
2019- Carmelo Perdomo Cuéter
00359-01
(4004-
2021)

47-001-23-

33-000- César Palomino Cortés -
20 1/07/2022 Sandra Liseth Ibarra
2019- Carmelo Perdomo Cuéter
00376-01
(4462-
2021)

08001-23-
33-
César Palomino Sandra Lisset Ibarra Vélez –
21 000-2015- 22/08/2022
Cortés Carmelo Perdomo Cuéter
00509-01
(2140-
2020)
08001-23-
33-000-
2015- César Palomino Sandra Lisset Ibarra Vélez –
22 22/09/2022
90124-01 Cortés Carmelo Perdomo Cuéter
(2394-
2020)

32.- De igual forma se tiene que las sentencias proferidas por los jueces
administrativos del circuito (ver Tabla 3), tampoco fueron puestas en conocimiento
de la autoridad judicial accionada. Además, es importante aclarar que al ser
proferidas por jueces de menor jerarquía no pueden ser asumidas como precedentes
aplicables al caso concreto, ni tampoco son útiles para respaldar los alegatos
propuestos en la demanda.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

33.- En segundo lugar, las sentencias consignadas en la Tablas 5 y 6 no guardan
identidad fáctica con el caso resuelto por el Tribunal accionado, razón por la cual no
es posible que se alegue su desconocimiento como precedentes. Además, la
Sentencia de 29 de julio de 2019, proferida por la Sección Tercera - Subsección C
en el proceso de tutela radicado con el número 11001-0315-000-2018-03499-01,
tampoco resulta aplicable al caso concreto, debido a que tal y como lo ha reiterado
esta Sala en múltiples ocasiones, en el caso de los fallos proferidos en los trámites
de tutela sólo es posible considerar como precedentes aquellos emitidos por la Corte
Constitucional en sentencias de constitucionalidad o de unificación, los cuales
contienen una regla o subregla de derecho y que son proferidos por la Sala Plena de
dicha Corporación, habida cuenta que es el órgano de cierre en la materia, razón por
la cual, la decisión que se alega como desconocida solo produce efectos inter partes,
por lo que al contar con un alcance personal y concreto solo puede ser tenida como
un criterio auxiliar de interpretación y no como un precedente vinculante.

Tabla 5. Sentencias de la Corte Constitucional que no son precedente en el caso objeto de
estudio
No. RADICADO EXP. Fundamentos Fácticos Relevantes Problema Jurídico

La Corte estudió varios proceso en los que los accionantes, docentes al
¿Las entidades judiciales accionadas
servicio de entidades territoriales, solicitaban el pago de la sanción
vulneraron los derechos fundamentales de los
moratoria por pago tardío de las cesantías, con fundamento en el artículo
actores, por incurrir en violación directa de la
SU-332 de 2018 5o de la Ley 1071 de 20062 que modificó el artículo 2o de la Ley 244 de
Constitución, al no aplicar a los miembros del
2 (Exp. T- 5904426 y 1995. Las solicitudes fueron negadas bajo el argumento de que los
Magisterio el artículo 5o de la Ley 1071 de
otros) docentes gozaban de un régimen especial y por ello no eran
2006, que consagra el reconocimiento de la
destinatarios de la norma que consagra la sanción moratoria por pago
sanción moratoria por pago tardío de
tardío de cesantías, pues la misma se dirige al régimen general de los
cesantías?
servidores públicos, el cual no cobija a los docentes.
LA Corte estudió varios casos en los que os demandantes trabajaron o
aún continuaban trabajando como docentes adscritos a la Nación,
Departamentos o Municipios, y están afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- al que solicitaron el
reconocimiento y pago de las cesantías -parciales o definitivas- a que
tienen derecho. En líneas generales, tal prestación económica fue
autorizada por las entidades territoriales competentes, pero pagada en
¿Las entidades accionadas vulneran los
forma tardía por la Fiduciaria La Previsora S.A. -FIDUPREVISORA S.A.,
derechos de petición y seguridad social de
esto es, por fuera del término establecido en la Ley 1071 de 2006
los accionantes al no dar respuesta o dar
respuesta tardía a las solicitudes presentadas
Con arreglo a lo previsto en la Ley 244 de 19953 , modificada a su vez
por estos en relación al pago de la sanción
por la Ley 1071 de 2006, los docentes interesados pidieron que se les
moratoria previamente reconocida por el
reconociera no solamente la sanción moratoria por concepto de
Fomag?
ancelación tardía de las cesantías sino, también, la correspondiente
SU-041 DE 2020
indexación hasta la fecha en que se efectuara el pago de la moratoria.
3 (Exp. T-7.182.312 y ¿ Es procesdente acudir a la adopción de
Dicho requerimiento se formuló, vía derechos de petición, al Ministerio
otros) órdenes generales que permitan mitigar el
de Educación acional -MEN-, al FOMAG, a la FIDUPREVISORA S.A. y
impacto que esta problemática está
a las distintas Secretarías de Educación territoriales certificadas a las
generando en los recursos del FOMAG y, por
que estaban adscritos.
esa vía, en las garantías fundamentales de
los
Ante la falta de respuesta a las referidas peticiones, los accionantes,
derechos de petición, seguridad social y
actuando en su mayoría por conducto de apoderados judiciales,
pago oportuno de las prestaciones de sus
presentaron acciones de tutela contra el MEN, el FOMAG, la
afiliados?
FIDUPREVISORA S.A. y/o las Secretarías de Educación territoriales
certificadas a las que estaban adscritos como docentes.debido a que las
entidades demandadas, no habían ofrecido ningún tipo de respuesta a
sus peticiones, a diferencia de lo ocurrido con otros docentes en
similares circunstancias, a quienes sí se les había dado contestación y,
además, pagado efectivamente el monto correspondiente a la sanción
moratoria, pese a haber radicado sus solicitudes con posterioridad.

Tabla 6. Sentencias del Consejo de Estado que no son precedente en el caso objeto de estudio

13

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

No. RADICADO EXP. Fundamentos Fácticos Relevantes Problema Jurídico
La demandante: la Sección Segunda avocó conocimiento de este proceso, con el fin de
08001-23-33-000-2013-00666-01 (i) Se desempeñaba el cargo de Secretaria de unificar la jurisprudencia, por importancia jurídica, con el fin de
1 (0833-16) Salud Municipal de Sabanagrande, código 020, determinar el momento a partir del cual se contabiliza el término de
(Sentencia de Unificación) grado 01 prescripción para reclamar la sanción moratoria por la no
(ii) Se encontraba afiliada a Colfondos consignación de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990.
¿La demandante en su calidad de docente estatal tiene derecho a la
19001-23-33-000-2015-00445-02 La demandante:
reliquidación de sus cesantías parciales conforme al régimen
(0483-20) (i) Se encontraba vícinulada como docente al
(Medio de control de nulidad y retroactivo, pese a que su vinculación al magisterio fue posterior a la
10 municipio de Patía - Cauca.
restablecimiento del derecho - entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989?
(ii) Se encotraba afiliada al Fomag
Sección Segunda Subsección A)

Se limitó a establecer si ¿Habia operado el fenómeno de la prescripción
La demandante: sobre la sanción moratoria prevista en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996
(i) fue vinculada como docente al servicio del y el Decreto 1582 de 1998, respecto de las cesantías anualizadas de la
municipio de Maicao, La Guajira, por medio del demandante, causadas entre los años 2000 a 2002? sin estudiar si a los
Decreto 053 del 6 de febrero de 1997. docentes oficiales les asiste el derecho al reconocimiento y pago de la
(ii) Mediante Decreto 033 del 24 de octubre de sanción moratoria prevista en las leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el
2000, el municipio de Albania creó unas plazas Decreto 1582 de 1998, por la tardanza en la consignación en el Fondo de
docentes e incorporó sin solución de continuidad las cesantías anualizadas
a la docente Lenis Esther Castillo Terán a la
nueva planta de personal, con efectos fiscales a
40001-23-40-000-2017-00134-01 partir del 1.o de mayo de 2000.
(2208-2020) (iii) A través del Decreto 122 del 21 de octubre de
(Medio de control de nulidad y 2004, la señora Castillo Terán fue incorporada a
12
restablecimiento del derecho - la planta de personal docente del departamento
Sección Segunda Subsección A) de La Guajira a partir del 1.o de enero de 2003.
(iv) Durante el periodo en que la demandante
estuvo estuvo vinculada con el municipio de
Albania, la misma no fue afiliada al Fomag, ni a
otro fondo de cesantías.
(v) El municipio de Albania nunca consignó a la
señora Castillo Terán sus cesantías e intereses
a las cesantías al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, ni a otro
fondo de cesantías.

El demandante:
(i) labora como docente perteneciente a la planta Se limitó a establecer si ¿Habia operado el fenómeno de la prescripción
080001-23- 40-000-2015-90008-01 del municipio de Santa Lucía, asimilada por el sobre la sanción moratoria prevista en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996
(2387-2020) departamento del Atlántico en el año 2003. Se y el Decreto 1582 de 1998, respecto de las cesantías anualizadas de la
(Medio de control de nulidad y encuentra inscrito en el grado 1 del Escalafón demandante, causadas entre los años 2000 a 2002? sin estudiar si a los
13
restablecimiento del derecho - Nacional para desempeñar el cargo de docente, docentes oficiales les asiste el derecho al reconocimiento y pago de la
Sección Segunda Subsección A) desde el 30 de noviembre de 2000 hasta la fecha sanción moratoria prevista en las leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el
de presentación de la demanda. Decreto 1582 de 1998, por la tardanza en la consignación en el Fondo de
(ii) Se encotraba afiliado al Fomag las cesantías anualizadas

34.- Por último, el alegato relacionado con el desconocimiento de la Sentencia SU-
098 de 2018, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional y de las otras
sentencias enlistadas en la Tabla 2, proferidas por las dos subsecciones de la
Sección Segunda de esta Corporación, a primera vista, no evidencia la existencia de
una afectación desproporcionada del derecho a la igualdad o a la seguridad jurídica
que tenga relevancia constitucional.

35.- El Tribunal accionado, siguiendo las pautas establecidas por la Corte
Constitucional, según las cuales en virtud del principio de autonomía los jueces
pueden apartarse del precedente judicial o constitucional, siempre que cumplan con
los principios de transparencia y de razón suficiente, lo cual exige de ellos una
especial carga argumentativa 16 , no ignoró la solicitud del reconocimiento de los
precedentes que el accionante alega como desconocido. Por el contrario, se
pronunció sobre varios de ellos y expuso las razones por las cuales consideraba que
no eran aplicables al caso objeto de estudio.

16 Al respecto, la Corte ha señalado que “[e]l principio de transparencia exige que el juez haga «referencia al

precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si
nunca hubiera existido» y el principio de razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los
motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por
un juez de igual o superior jerarquía”. Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022.
14

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

36.- En cumplimiento del principio de transparencia el Tribunal Administrativo del
Quindío, en el título 4.4. Posiciones jurisprudenciales respecto a la aplicabilidad de
la sanción por mora originada en la consignación tardía de los recursos para el pago
de las cesantías a los docentes, de la decisión atacada la autoridad judicial
accionada no solo reconoció la existencia de la Sentencia SU-98 de 201817 sino que
también desarrolló las principales consideraciones expuestas en este fallo en
relación al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50
de 1990 en el caso de los docentes afiliados al Fomag.

37.- Si bien el Tribunal no hizo referencia a cada una de las decisiones señaladas
en la Tabla 2, si señaló que el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre tema
debatido en las sentencias proferidas por la Sección Segunda- Subsección A: el 29
de octubre de 2020 proceso radicado 08001-23-33-000-2014-01142-01(3110-17) y
08001-23-33-000-2015-00050-01(4434-19), el 3 de noviembre de 2020 en el proceso
08001-23-33-000-2014-00123-01(2864-17), el 3 de diciembre de 2020 dentro de los
expedientes; 08001-23-33-000-2014-00190-01(4505-17),08001-23-33-000-2014-
00237 01(2881-17), 08001-23-33-000-2014-00402-01(0247-17), 08001-23-33-000-
2014-01058-01(2475-17),08001-23-33-000-2014-90002 01(0197-17), el 19 de
agosto de 2021 expediente 08001-23-33-000-2015-90109-01(3157-19) y el 20 de
enero de 2022, expediente 08001233300020170093101 (1001-2021), decisiones
que contienen las mismas consideraciones expuestas en todos los precedentes
registrados en la Tabla 2. Al respecto resaltó que en las mencionadas decisiones el
Consejo de Estado estableció que:

“por vía de acción de tutela, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado
han considerado que en virtud del principio de favorabilidad, es viable aplicar a
los docentes las disposiciones que contiene la Ley 50 de 1990, en materia de
sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anuales,
de manera que para estos, el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de
cada año por concepto de la aludida prestación, también les debe ser
consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a más
tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación, so pena de que se
incurra en mora equivalente a un día de salario por cada día de retraso.

En efecto, sobre ese particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-098 de 2018
sostuvo que el hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen
especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y
menos aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter laboral que comporta
un beneficio, caso en el cual prevalece la interpretación que reporte el mayor beneficio
para el empleado, pues ésta será la que se ajuste a los postulados del artículo 53 de
la Carta Política.

(…) la Subsección ha considerado viable acoger el criterio de favorabilidad
aplicado en sede constitucional, para resolver las controversias relacionadas
con el reconocimiento de sanción moratoria por la consignación tardía de las
cesantías anuales a los docentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990”18 (negrilla del texto original)

17
Página 28 – 31.
18 Página 34.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

38.- En cumplimiento del principio de razón suficiente, en el título 4.5. Caso
Concreto, el Tribunal accionado resaltó que no existe un criterio unificado al interior
del Consejo de Estado frente al tema objeto de estudio, y manifestó que los
pronunciamientos que han determinado la procedibilidad de la sanción deprecada se
profirieron en asuntos en los que han mediado supuestos fácticos que difieren de las
circunstancias en las que se enmarcaba la situación jurídica de la demandante.

39.- Además, indicó que las proferidas por el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional a las que se ha hecho alusión, no eran precedentes obligatorios
porque la interpretación jurisprudencial desarrollada por Altas Cortes en estos casos
corresponde a un criterio aislado o residual para favorecer solo a un cierto grupo de
docentes, sin que ello genere una desigualdad injustificada frente a quienes siendo
docentes no ven consignados los recursos de sus cesantías antes del 15 de febrero
de cada año, toda vez que a éstos les aplica lo previsto en la Ley 91 de 1989 para el
reconocimiento de la prestación y sus intereses. Esto, teniendo en cuenta que la
situación fáctica que se estudió en la sentencia SU-098 de 2018 estuvo relacionada
con un docente nombrado en provisionalidad que permaneció vinculado desde el
año 2003 pero solo fue afiliado al Fomag hasta el año 2007.

40.- Por lo anterior, precisó que en el caso objeto de estudio no era posible aplicar
el principio de favorabilidad reclamado por la accionante en virtud de las reglas
fijadas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-098 de 2018; para ello señaló
acogería la posición que dejó sentada el Consejo de Estado, en la Sentencia de 24
de enero de 2019, Rad. 76001-23-31-000-2009-00867-01(4854-14) proferida en
cumplimiento de la SU-098 de 2018 (precedente que la accionante también alega
como desconocido), respecto a la aplicación del principio de favorabilidad en estos
asuntos, según la cual no se puede predicar la existencia de una duda frente a las
normas jurídicas que regulan el reconocimiento prestacional (cesantías) a favor de
los docentes, ni un vacío legal que permita la remisión a las disposiciones de la Ley
50 de 1990, ya que la Ley la 344 de 1996 al regular el régimen de cesantías para las
personas vinculadas a los Órganos y Entidades del Estado, expresamente señaló
que ello tenía lugar sin perjuicio de lo ya establecido en la Ley 91 de 1989.

41.- Sumado a lo anterior, indicó que otro aspecto relevante que impedía acceder
a las pretensiones de la demanda consistía en la diferencia en el manejo de los
recursos en los Fondos privados respecto al funcionamiento del Fomag, ya que la
administración de los recursos que por concepto de cesantías tiene a su cargo este
fondo se efectúa de manera distinta, por cuanto estos provienen del Sistema General
de Participaciones para educación, los cuales se descuentan directamente de los
rubros que se distribuyen anualmente para la prestación del servicio y que deben ser
presupuestados por la entidad territorial sin situación de fondos, por lo que los
valores que gira el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Fiduprevisora S.A.
por el SGP, son manejados bajo el concepto de unidad de caja, sin que se proceda
a consignarle a cada docente en una cuenta individual, ya que todos los recursos

16

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

que ingresan al Fondo del Magisterio son destinados a cubrir las prestaciones
económicas cuando estas sean exigibles. Por lo anterior, concluyó que acceder a lo
pretendido por la accionante implicaría introducir un cambio en la regulación sobre
el funcionamiento interno del Fomag en lo que respecta a la administración de los
recursos a su cargo (principio presupuestal de unidad de caja).

42.- En los términos precedentes, la Sala estima que los alegatos propuestos por
la accionante tendientes a demostrar la existencia de un defecto por
desconocimiento del precedente no implican la existencia de una restricción
desproporcionada del derecho a la igualdad y la seguridad jurídica de la parte actora.
Por el contrario, la Sala encuentra que el presunto desconocimiento del precedente
busca reabrir un debate de naturaleza legal y económica que fue resuelto por los
jueces contencioso administrativos y que las presuntas deficiencias alegadas
respecto de la decisión adoptada en sede de segunda instancia dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, responden, en realidad, a una mera
discrepancia valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es
susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre
que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado
a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de
la sana crítica y en virtud de su autonomía e independencia.

43.- Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible
la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando quiera
que estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración
adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión
arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa,
habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal19.

44.- . Por todo lo anterior, la acción de tutela que se examina no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, máxime, si se tiene en cuenta que su
objeto es reabrir un debate tramitado y concluido en las instancias respectivas, lo
que desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los
derechos fundamentales. En consecuencia, declarará la improcedencia de la acción
de tutela interpuesta por María Cristina Díaz Bahena en contra del Tribunal
Administrativo del Quindío.

25..- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

19 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00518-00
Accionante: María Cristina Díaz Bahena
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE20
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

20 VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
18

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