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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01729-01

Fecha
3 de agosto de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
15 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01729-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que elevó el P. A. R. I. S. S. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de mayo de 2023, por medio de la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia la solicitud de amparo. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: María Elizabeth Patarroyo de Nieto Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01729-01 revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01729-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

3 de agosto de 2023

Demandante: María Elizabeth Patarroyo de Nieto
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01729-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01729-01
Demandante: MARÍA ELIZABETH PATARROYO DE NIETO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B Y OTROS

Tema: Tutela contra providencia judicial - Confirma decisión que
declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con el
requisito de inmediatez1.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante
contra la sentencia de 26 de mayo de 2023, por medio de la cual la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la
acción constitucional, porque no se superó el requisito de inmediatez.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 10 de abril de 2023, a través del aplicativo web para el efecto, la señora María
Elizabeth Patarroyo de Nieto, en nombre propio, presentó acción de tutela contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el Tribunal Administrativo
del Quindío y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Armenia,
con el fin de que se le ampare sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia, «FAVORABILIDAD,
IRRENUNCIABILIDAD A LOS BENEFICIOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN
NORMAS LABORALES y a la buena fe2».

Las mencionadas garantías las consideró transgredidas con ocasión de las
sentencias de 16 de agosto de 20223, 30 de agosto de 20124 y 27 de abril de
20115.

1
Ver al respecto, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, fallo de 12 de mayo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01726-00; de 6 de octubre
de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-04855-00 y de 9 de febrero de 2023, expediente
11001-03-15-000-2022-05795-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
2
Mayúsculas sostenidas del texto original y trascrito con posibles errores ortográficos.
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expediente con radicado interno 47.097
(recurso extraordinario de revisión).
4
Tribunal Administrativo de Quindío, proceso identificado con el n.º 63001-33-31-002-2007-00351-
01 (reparación directa).
5
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Armenia (2007-00351-00).

1
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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Elizabeth Patarroyo de Nieto
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01729-01

1.2. Hechos

Del expediente de tutela se destacan los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia.

• La señora María Elizabeth Patarroyo de Nieto presentó demanda de reparación
directa contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros
Sociales en Liquidación (en adelante P. A. R. I. S. S.), por la presunta falla en el
servicio materializada en la «mora y tardanza en la operación administrativa para
el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones sociales causadas».

• El conocimiento de ese asunto le correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Armenia que, en sentencia de 27 de abril de
2011, se inhibió para resolver el fondo del asunto por indebida escogencia de la
acción, en atención a que el daño se originó en un acto administrativo, razón por la
cual, «se debió demandar su nulidad o demandar en reparación directa, pero
aduciendo como título de imputación un daño especial».

• En segundo grado, el 30 de agosto de 2012, el Tribunal Administrativo del
Quindío confirmó lo dispuesto por el a quo, para lo cual destacó que el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación de 27 de marzo de 20076 determinó que, en
esos casos, era procedente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o
la acción ejecutiva7.

• Contra el fallo de segunda instancia, la parte demandante interpuso recurso
extraordinario de revisión, con fundamento en la causal en el numeral 5.º del
artículo 250 del CPACA.

• El 16 de agosto de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró infundado el recurso, al considerar que:

49. Aunque los reproches formulados no tienen ninguna relación con las
causales taxativas de nulidad que prevé el Código General del Proceso y es
un motivo suficiente para desestimar los reproches, la Sala advierte que, en
todo caso, si hubiera comprendido que la expedición de una sentencia
inhibitoria injustificada es un supuesto de revisión tampoco hubiera declarado
fundado el recurso. Lo anterior, porque la Sala al revisar integralmente el
expediente encontró que el juez de instancia tuvo en consideración los
antecedentes procesales y el criterio jurisprudencial unificado para sustentar la
decisión inhibitoria.

• La providencia que resolvió el recurso extraordinario fue notificada por estado el
23 de septiembre de 2022, comunicada a los correos electrónicos de las partes
ese mismo día, y la acción constitucional de la referencia se radicó el 10 de abril
de 2023.

6
Radicado 76001-23-31-000-2000-02513-01 (IJ).
7
Para salvaguardar el derecho al debido proceso, la sentencia de unificación en mención, se
estableció que las acciones de reparación directa instauradas con antelación al fallo debían
resolverse de fondo. Sin embargo, la demanda de la señora Patarroyo se presentó «siete meses y
11 días después».

2
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Demandante: María Elizabeth Patarroyo de Nieto
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01729-01

1.3. Fundamentos de la solicitud

De la redacción del escrito de tutela se infiere que la demandante consideró que
las autoridades judiciales accionadas le trasgredieron sus derechos fundamentales
al incurrir en los defectos fáctico y violación directa de la Constitución.

En primer lugar, advirtió una indebida valoración probatoria, comoquiera que «no
se valoraron todas las pruebas aportadas al proceso de REVISI[Ó]N, donde
claramente se podía apreciar, los ERRORES en que incurrieron los jueces de
primera y segunda instancia […]».

Por su parte, la tutelante hizo alusión a que «[n]o se analiz[ó] la situación relevante
de la INHIBICI[Ó]N del Juez en primera y en segunda instancia, por cuanto, al
parecer no estudiaron bien mi caso concreto, el cual fue debidamente soportado
en ACTOS ADMINISTRATIVOS proferidos por la entidad demandada, quien fue
RENUENTE, primero a pagarme mis cesantías a tiempo y segundo, a negarme
unos recurso para no estudiar más a fondo la situación […]».

Finalmente, frente al requisito general de procedencia de la inmediatez; indicó que
«[n]o ha pasado más de 7 meses posteriores a la fecha de expedición de la
sentencia del fallo INFUNDADO, esto es del 16 de agosto de 2022 y, no han
pasado más de dos (2) meses de tener la suscrita conocimiento de dicho fallo,
toda vez que el 26 de enero de 2023, se resolvió APROBAR LA LIQUIDACION DE
COTQAS EFECTUADA POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE ESTADO de
la SECCION TERCERA, cuya copia adjunto con esta demanda de tutela8».

1.4. Petición de amparo constitucional

Si bien la tutelante no incluyó un acápite de pretensiones, se deduce que el objeto
del mecanismo constitucional es dejar sin efectos la providencia que puso fin al
procedo ordinario y la que resolvió el recurso de extraordinario de revisión.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 14 de abril de 2023, el magistrado ponente de la primera
instancia admitió la acción y ordenó notificar a los funcionarios judiciales que
integran: la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el
Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Armenia.

Asimismo, dispuso notificar al P.A.R. I.S.S. y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones

Surtidas las notificaciones correspondientes, se allegaron los siguientes informes.

8
Mayúsculas sostenidas del texto original y trascrito con posibles errores ortográficos.

3
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Demandante: María Elizabeth Patarroyo de Nieto
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01729-01

1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por intermedio
del magistrado sustanciador de una de las decisiones controvertidas, precisó que
«la providencia y el expediente del respectivo recurso extraordinario de revisión,
contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de
tutela tome la decisión que en derecho corresponda».

Agregó que «estar[á] presto a atender lo que disponga la Sala que decida la
acción constitucional».

1.6.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, a
través de la juez instructora solicitó negar el mecanismo constitucional, «pues las
decisiones tomadas en el transcurso del proceso fueron conforme al ordenamiento
jurídico existente y aplicable al asunto materia de debate en aquella época».

1.6.3. El P. A. R. I. S. S. requirió que se declare improcedente la tutela, o en su
defecto se niegue, al considerar que no se puede desplazar los recursos
ordinarios y extraordinario para la protección de los derechos fundamentales.

Resaltó que no se configuran ninguno de los defectos que ha contemplado la
jurisprudencia para atacar una providencia judicial, en atención a que las
decisiones garantizaron las garantías de las partes y porque lo resuelto se fundó
en el material probatorio aportado al proceso contencioso.

Finalmente expuso que se le debe desvincular, ya que «no se encuentra
legitimada en la causa por pasiva para responder ante el eventual detrimento de
los derechos que la accionante solicita le sean amparados por vía de tutela».

1.6.4. El Tribunal Administrativo del Quindío pese a que fue notificado, guardó
silencio.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 26 de mayo de 2023, Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, al
exponer que no se superó el requisito de inmediatez.

Lo anterior, al considerar que se superó el término de los seis (6) meses que ha
dispuesto la jurisprudencia para la interposición de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

Destacó que:

[…] el extraordinario de revisión, se notificó por estado que se fijó en la página
web del Consejo de Estado el 26 de septiembre de 2022 (sic) (índice 46
SAMAI) que se le comunicó al correo electrónico de la apodera de la
solicitante el 23 de septiembre del 2022 (índice 47 SAMAI), quedó
ejecutoriada el 29 de septiembre de 2022. De modo, que los 6 meses del
plazo de inmediatez vencieron el 30 de marzo de 2023. Como el término de
inmediatez se cuenta a partir de la ejecutoria de la sentencia y no desde el

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auto que decide la liquidación de costas, y la solicitud de tutela se interpuso el
10 de abril de 2023, el amparo no cumple el requisito de inmediatez y la tutela
es improcedente. Respecto a las sentencias proferidas por el Juez Segundo
Administrativo de Armenia del 27 de abril de 2011 y del Tribunal Administrativo
de Quindío del 30 de agosto de 2012, tampoco cumplen con el requisito de
inmediatez, pues pasaron más de 11 años desde que se profirió la sentencia
de segunda instancia hasta la fecha de interposición de la tutela.

1.8. Impugnación9

La parte accionante alegó que «LOS SEIS MESES POSTERIORES A LA
EJECUTIRIA DE LA SENTENCIA, como se aduce en su fallo para declarar la
IMPROCEDENCIA, no está reglado en la Constitución [ni en] la Ley10».

Agregó que “[e]l articulo 86 de la misma Constitución, dice que todo ciudadano
tiene derecho a presentar acciones de tutela cuando considera vulnerados sus
DERECHOS FUNDAMENTALES. Y ese fue mi caso, NO INDICA TAMPOCO
NINGUNOS SEIS MESES».

Por lo anterior, solicitó revocar el fallo de tutela impugnado y en su lugar estudiar
de fondo el mecanismo constitucional de la referencia «por una autoridad superior
a las Salas del Consejo de Estado antes mencionadas, pues se observa una
PARCIALIZACION para no echar abajo un fallo o para no exigir su corrección».

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta corporación y esta sala son competentes para conocer en segunda instancia
de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de
1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333
de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa – Solicitud de desvinculación

Se recuerda que en este asunto la P.A.R. I.S.S., pidió su desvinculación,
requerimiento que esta colegiatura negará, ya que su comparecencia al proceso
se hizo en calidad de tercero, en atención al interés que le asiste en las resultas
del presente trámite.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 26 de mayo de 2023 de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la
acción.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra

9
El fallo se entiende que fue notificado el 16 de junio de 2023 y la impugnación se presentó el 22
siguiente.
10 Mayúsculas sostenidas del texto original y trascrito con posibles errores ortográficos.

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providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) el caso en
concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema12.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales13.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar los reparos contra las
providencias dictadas por las autoridades judiciales accionadas.

2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad adjetiva

2.5.1. La sala considera, al igual que el a quo constitucional, que la presente
solicitud de amparo no cumple con el requisito de la inmediatez, por las
razones que a continuación se explican:

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable15, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues

11 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
13 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de
fecha 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-
Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia del 26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre
del 2015, Radicación 2015-01605-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.

6
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de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo16.

De acuerdo con lo anterior, esta sección17 ha considerado como plazo prudencial
el de seis (6) meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador, el cual es
la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada que da lugar a la solicitud
de protección y la consecuencia de su presentación cuando se sobrepasa este
límite es que se declara su improcedencia.

En el caso objeto de estudio, como la accionante en su solicitud de tutela pretende
que se dejen sin efectos las sentencias de 16 de agosto de 202218 y 30 de agosto
de 201219, proferidas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y
el Tribunal Administrativo del Quindío, este requisito debe estudiarse a la luz de la
ejecutoria de las providencias que pusieron fin al proceso ordinario y
extraordinario, esto es, de la proferida por el juez de segunda instancia y de la sala
especial de decisión.

Al respecto, esta colegiatura encontró que:

• La sentencia de 30 de agosto de 2012 del Tribunal Administrativo de
Quindío se notificó por edicto fijado al día siguiente.
• La providencia de 16 de agosto de 2022, emitida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B fue notificada por estado el 23 de
septiembre de 2022, comunicada a los correos electrónicos de las partes
ese mismo día.
• La ejecutoria de la última providencia en mención operó el 30 de septiembre
de 202220.
• La solicitud de tutela se radicó el 10 de abril de 2023.

Así las cosas, como la acción constitucional se presentó el 10 de abril de 2023, la
Sala concluye que para esa fecha transcurrió, desde la ejecutoria de las
respectivas providencias, un término superior a 6 meses, particularmente casi de

16 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
17 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada
Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01,
12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12
de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto
Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada
Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expediente con radicado interno 47.097
(recurso extraordinario de revisión).
19
Tribunal Administrativo de Quindío, proceso identificado con el n.º 63001-33-31-002-2007-00351-
01 (reparación directa).
20
Si se tiene en cuenta los 3 días de ejecutoria que contempla el artículo 302 de la Ley 1564 de
2012 y los 2 días que contempla el inciso tercero del artículo 8.º del Decreto 806 de 2020, cuya
vigencia se estableció de manera permanente mediante la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 y el
numeral 2.º del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080
de 2011, los cuales se establecen desde cuándo se entiende realizada la notificación cuando se
efectúa por medios electrónicos.

7
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11 años frente a la sentencia que puso fin al proceso ordinario y de 6 meses y 10
días respecto a la providencia que se pronunció acerca del recurso extraordinario,
lo cual desatiende el plazo que tanto la Corte Constitucional como esta Sala han
considerado como prudencial para presentar la solicitud de amparo constitucional.

En esta línea argumentativa, en relación con aquellas circunstancias que justifican
el retardo para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia
T-256 de 2015, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó
que la acción de tutela será procedente:

cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada
vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la
decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y
la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación desfavorable de la actora derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual21.

Se destaca que esta colegiatura ha considerado como plazo prudencial el de seis
(6) meses, contados desde la ocurrencia del hecho generador, el cual, para el
caso concreto es la ejecutoria de las providencias judiciales cuestionadas.

En este punto cabe destacar que, de aceptarse un término superior, sin que se
exponga una razón de trascendencia constitucional, se atentaría en contra del
derecho a la igualdad de los demás usuarios de la administración de justicia a
quienes se les ha declarado improcedente su solicitud de amparo, por superar el
lapso en mención.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201422, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200523,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados.

De igual manera se precisa que, a juicio de este juez colegiado, controvertir una
providencia judicial, supone cuestionar principios como los de cosa juzgada y
seguridad jurídica, lo cual impone al interesado que se haga en un plazo

21
Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
23
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Elizabeth Patarroyo de Nieto
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01729-01

pertinente, salvo justificación razonable, carga que le corresponde alegar y
demostrar a la parte accionante y que en este asunto no se hizo.

Por ello, el estudio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las
tutelas contra providencias judiciales resulta ser estricto y basta con que la
decisión que se señala como vulneradora de derechos fundamentales sea
conocida en razón de la efectiva notificación y se encuentre ejecutoriada para que
la persona acuda ante el juez constitucional y solicite el amparo de sus garantías.

Ahora bien, la sala resalta que en el presente asunto la parte accionante no probó
la imposibilidad de acceder o conocer la decisión que hoy se controvierte en sede
de tutela o la incapacidad de acudir a los medios digitales para presentar su caso
ante el juez constitucional, donde cabe advertir que la sola existencia de una
providencia posterior, como la de la liquidación de las costas, no habilita que este
requisito sea más flexible.

Solo en casos excepcionales y debidamente acreditados es posible ponderar el
principio de la seguridad jurídica con el derecho de acceso a la administración de
justicia, pero como ya se expuso, ello no corresponde los supuestos fácticos aquí
analizados.

2.6. Conclusión

En consecuencia, como en el presente asunto no se advierte ninguna explicación
válida para el ejercicio de la acción constitucional por fuera del tiempo proporcional
y razonable adoptado por esta corporación y la Corte Constitucional; se confirmará
el fallo de 26 de mayo de 2023, por medio de la cual la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia la solicitud de
amparo.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que elevó el P. A. R. I. S. S.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de mayo de 2023, por medio de la
cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la
improcedencia la solicitud de amparo.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual

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Demandante: María Elizabeth Patarroyo de Nieto
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01729-01

revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Default.aspx”

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