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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03984-00

Fecha
31 de agosto de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
41 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03984-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado por carecer del requisito general de la relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03984-00 Actor: HÉCTOR ALFONSO AMAYA FLÓREZ TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03984-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

31 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03984-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: HÉCTOR ALFONSO AMAYA FLÓREZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. CARECE DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO.
SANCIÓN MORATORIA PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA SEGURIDAD
SOCIAL, A LA IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor HÉCTOR ALFONSO AMAYA FLÓREZ, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a

1
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03984-00
Actor: HÉCTOR ALFONSO AMAYA FLÓREZ

la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a los principios

constitucionales de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y

“situación más favorable al trabajador en caso de duda en la

aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”, los

cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la

providencia de 10 de mayo de 2023, dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 15001-33-33-014-2022-00075-01.

I.2. Hechos

Manifestó que labora como docente oficial al servicio del

departamento de Boyacá desde 1990, por lo que goza del

reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado.

Indicó que el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio, -en adelante FOMAG-, omitió

consignar en término las cesantías que le correspondía por los

servicios prestados en el año 2020, por lo que solicitó el

reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de

dicha prestación social.

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Actor: HÉCTOR ALFONSO AMAYA FLÓREZ

Refirió que mediante acto administrativo BOY2021EE029687 de 29

de agosto de 2021, la Secretaría de Educación de Boyacá denegó la

solicitud reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago

tardío de dicha prestación social.

Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra el FOMAG y el departamento de Boyacá, con el fin

de que se declarara la nulidad de la Resolución núm.

BOY2021EE029687 de 29 de agosto de 2021 y, en su lugar, se

ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la

consignación tardía de sus cesantías.

Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único

de radicación 15001-33-33-014-2022-00075-00 y le correspondió en

primera instancia al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de

Tunja2 que, mediante sentencia de 23 de enero de 2023, denegó las

súplicas de la demanda al estimar que la sanción moratoria por el

pago tardío de las cesantías solo opera para aquellos docentes no

afiliados al FOMAG, comoquiera que éstos poseen un régimen

especial de cesantías.

2
En adelante el JUZGADO.

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Actor: HÉCTOR ALFONSO AMAYA FLÓREZ

Adujo que, inconforme con la decisión, interpuso recurso de

apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante

providencia de 10 de mayo de 2023, confirmó la decisión del a quo.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada desconoció los

precedentes jurisprudenciales desarrollados por el Consejo de

Estado3 y la Corte Constitucional4 que han concluido que la Ley 50

de 28 de diciembre de 19905 le es aplicable a los docentes afiliados

al FOMAG, de tal forma que a las entidades accionadas les asistía la

obligación de consignar dentro del término las cesantías causadas en

el año 2020, so pena de incurrir en mora, lo cual ocurrió en el caso

sub examine.

Resaltó que la cantidad de sentencias proferidas por el Consejo de

Estado entre los años 2018 y 2023 han generado la confianza

legítima en los docentes oficiales vinculados con posterioridad al 1o.

de enero de 1990, para solicitar ante la jurisdicción contenciosa

administrativa el pago de la sanción moratoria.

3
Providencias identificadas con los números únicos de radicación 2013-00666-01, 2009-00867-01,
2018-04617-01, 2018-04679-01, 2018-03499-01, 2014-00173-01, 2014-00208-01, 2014-00254-01,
2014-00132-01, 2014-00815-01, 2015-00331-01, 2015-00445-02, 2014-01127-01, 2017-00134-01,
2015-9008-01, 2014-90022-01, 2017-00931-01, 2015-00075-01, 2013-00756-01- 2017-00795-01,
2019-00359-01, 2019-00376-01, 2015-00509-01, 2015-90124-01, 2012-00212-02 y 2018-00231-01.
4
SU 098 de 17 de octubre de 2018.
5
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”

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Arguyó que el derecho a la seguridad social de los docentes ha sido

desconocido, pues no están garantizados los recursos de las

cesantías en el FOMAG; además, que se incurrió en la violación

directa de la Constitución al no aplicar el principio de favorabilidad

previsto en el artículo 53 de la Carta Política.

Finalmente, aseveró que el TRIBUNAL pasó por alto los diversos

pronunciamientos emitidos por los juzgados administrativos que, en

casos similares al estudiado, han accedido a las pretensiones de la

demanda aplicando en debida forma la Ley 50 de 1990.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ;
dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se
profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las
sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección
Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones
ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como
fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados
establecidos en los siguientes expedientes: […]”. (Negrilla
pertenece al texto).

I.5. Defensa

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Actor: HÉCTOR ALFONSO AMAYA FLÓREZ

I.5.1.- El JUZGADO solicitó declarar improcedente la acción de

tutela de la referencia, toda vez que no reúne la totalidad de los

requisitos generales para su procedencia contra decisiones judiciales.

Sostuvo que la acción de tutela es completamente injustificada ya

que tiene como fin real tramitar una tercera instancia sobre el

asunto, pretendiendo reabrir un debate ya agotado.

I.5.2.- El TRIBUNAL solicitó negar el amparo deprecado, pues

considera que no vulneró ningún derecho fundamental ni desconoció

precedente jurisprudencial alguno e indicó que lo que busca el actor

es establecer y tramitar una tercera instancia inexistente en el

ordenamiento jurídico.

Sostuvo que la decisión emitida tiene como soporte la verificación y

aplicación de la normativa correspondiente al asunto en cuestión.

I.5.3.- El DEPARTAMENTO DE BOYACÁ señaló que en el presente

caso no se evidencia ningún hecho constitutivo de vulneración que

amerite que el juez constitucional intervenga para que cese la

conculcación de derechos y tampoco existen supuestos fácticos ni

jurídicos que soporte la acción de tutela.

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Adujó que la solicitud del acciónate no está llamada a prosperar, toda

vez que en el proceso contencioso objeto de controversia no se

conculcó derecho fundamental alguno; aunado al hecho de que la

acción de tutela no está prevista para modificar o dejar sin efecto un

fallo proferido en derecho.

I.5.4.- La FIDUPREVISORA S.A. advirtió que la argumentación del

accionante es “exigua” en relación con la fundamentación de las

causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial, porque se está utilizando con el

ánimo de invalidar actuaciones procesales previas y decisiones

ejecutoriadas.

Manifestó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso

de nulidad y restablecimiento del derecho actuaron conforme al

ordenamiento jurídico, sin que pueda aducirse desconocimiento de

los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la

demanda.

Afirmó que no es dable inferir que se haya presentado una

transgresión de las garantías fundamentales del actor, pues se le

respetó el debido proceso y los procedimientos legalmente

establecidos.

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Por lo anterior, solicitó declarar improcedente el amparo invocado y

ser desvinculada del presente trámite constitucional, dado que no

está legitimada en la causa por pasiva para actuar en el mismo.

I.5.5.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el FOMAG,

pese a ser debidamente notificados del presente trámite

constitucional, guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

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precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la FIDUPREVISORA S.A. solicitó su

desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en

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cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la FIDUPREVISORA S.A. fue vinculada como

encargada de administrar los recursos del FOMAG, en calidad de

tercera dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 15001-33-

33-014-2022-00075-01, objeto de cuestionamiento, le asiste interés

directo en las resultas del proceso, razón por la cual la Sala denegará

su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa

por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

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Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los

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hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en

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esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la sentencia de 10 de mayo de 2023, proferida

por el TRIBUNAL, por medio de la cual confirmó el fallo del

JUZGADO que denegó las pretensiones de la demanda dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 15001-33-33-014-

2022-00075-01.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

seguridad social, al acceso a la administración de justicia y a los

principios de seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, habida

cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en

desconocimiento del precedente judicial y en violación directa de la

Constitución.

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Los disensos del actor radican en que el TRIBUNAL desconoció los

pronunciamientos emitidos por el Consejo de Estado y la Corte

Constitucional que han concluido que la Ley 50 de 1990 le es

aplicable a los docentes afiliados al FOMAG, por lo que se le debió

ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago

tardío de las cesantías.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

• De la relevancia constitucional

La Sala advierte que la finalidad del actor con la solicitud de amparo

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de la referencia es que se reconozca la sanción moratoria solicitada

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 15001-33-33-014-

2022-00075-01.

En este punto, la Sala resalta que sobre el incumplimiento del

requisito de relevancia constitucional en los asuntos en que se

discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la

procedencia de la sanción moratoria por no consignación oportuna

de las cesantías, la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de

27 de noviembre de 20196, sostuvo lo siguiente:

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la
especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela
cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de
relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con
las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada
la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto
1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las providencias
impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no
interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y
desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de
la penalidad reclamada.

6
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03984-00
Actor: HÉCTOR ALFONSO AMAYA FLÓREZ

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa
con la presunta afectación de un derecho fundamental,
y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una
actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.

[…]

55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental
ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las
cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo” . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado
sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional
que no corresponda a la finalidad misma de las
cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los
términos solicitados, es un reconocimiento de fuente
legal con carácter netamente patrimonial, que no
amerita la intervención del juez de tutela […]”.

De lo anterior se desprende que las pretensiones relacionadas con la

procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las

cesantías no vulneran derechos fundamentales, sino que

corresponden a inconformidades de mera legalidad que versan sobre

un reconocimiento patrimonial que no amerita la intervención del

juez de tutela.

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Actor: HÉCTOR ALFONSO AMAYA FLÓREZ

Dicha posición fue reiterada por esta Sala que, mediante sentencia

de 15 de julio de 20217, declaró la improcedencia de la acción de

tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional,

en un asunto en el que se pretendía dejar sin efectos unas

providencias judiciales que denegaron el reconocimiento de una

sanción moratoria por el no pago oportuno de unas cesantías.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».9

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con
el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: BOLIVIA MERCEDES PACHECO
GONZÁLEZ. M.P. Oswaldo Giraldo López
8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Actor: HÉCTOR ALFONSO AMAYA FLÓREZ

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [12].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [13].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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Actor: HÉCTOR ALFONSO AMAYA FLÓREZ

requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de

[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03984-00
Actor: HÉCTOR ALFONSO AMAYA FLÓREZ

relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [17]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

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se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en la presente

acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia

constitucional, -en los términos señalados en la jurisprudencia

constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la intervención del

juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración de los

derechos fundamentales invocados por el actor.

En efecto, se advierte que lo pretendido por el accionante con la

presente solicitud es controvertir la decisión judicial por medio de la

cual se denegó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por

el retardo en el pago oportuno de unas cesantías, lo cual conforme

con el criterio establecido por la Corte Constitucional y reiterado por

esta Sala, anteriormente expuesto, no cumple con el requisito

general de relevancia constitucional por tratarse de un asunto

meramente económico, sobre el cual versan inconformidades de

mera legalidad que no ameritan la intervención del juez de tutela.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto no se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio

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Actor: HÉCTOR ALFONSO AMAYA FLÓREZ

irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis

de la acción constitucional, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional.

En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo

presentada por el actor, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la

FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado por

carecer del requisito general de la relevancia constitucional, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente

providencia.

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Actor: HÉCTOR ALFONSO AMAYA FLÓREZ

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

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