Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06282-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06282-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06282-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: Dr. FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06282-00
Accionante: EDGAR EMILIO MORENO ANTURI
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-
SECCIÓN TERCERA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial por defecto sustantivo respecto
a la prueba del estado civil. Interpretación constitucional del término de caducidad
del medio de reparación directa en casos de graves violaciones a los derechos
humanos. Obligación de que el Juez Administrativo tenga en cuenta las
particularidades de cada caso y la existencia de barreras de acceso a la
administración de justicia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
Escrito de tutela
1. Mediante apoderado judicial, Edgar Emilio Moreno Anturi formuló acción de
tutela contra la providencia judicial proferida el 9 de mayo de 2024, por la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que confirmó la emitida el 7 de julio de 2012, por el Juzgado 37 Administrativo del
Circuito de Bogotá que rechazaron la demanda por caducidad de la acción de
reparación directa formulada en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, por la muerte del señor Edgar Moreno Méndez, padre
del actor, ocurrida el 13 de julio de 2008.
2. En el escrito de tutela se aduce que, Edgar Moreno Méndez vivía en la
inspección de Monuguete, municipio de Solano, Caquetá y desempeñaba labores
de aserrador y agricultor.
3. El 13 de julio de 2008, en las horas de la mañana, Edgar Moreno Méndez se
encontraba en su residencia cuando se acercaron cinco hombres vestidos de civil
quienes portaban “una tula de las de empacar purina al hombro, en las cuales
llevaban fusiles”. Las cinco personas rodearon la vivienda y dispararon contra ella.
Las personas que se encontraban en la vivienda salieron huyendo del ataque, salvo
el señor Edgar Moreno quien cayó herido por los disparos y “fue rematado a tiros,
recibiendo aproximadamente 15 impactos de fusil”1. Tras quitar la vida a Edgar
1
Folio 2 del escrito de tutela.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06282-00
Accionante: Edgar Emilio Moreno Anturi
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
Moreno, los atacantes ingresaron a la vivienda y hurtaron varios elementos de
propiedad de la víctima.
4. Los restos mortales de Edgar Moreno quedaron expuestos en el patio de su
residencia, sin que los atacantes permitieran que sus familiares se acercaran. Solo
hasta las 5:00 p.m. un helicóptero, según se aduce, del Ejército Nacional recogió el
cuerpo de la víctima y lo trasladó a Mocoa, lugar en donde fue reclamado por su
familia.
5. Según se indica en el escrito de amparo, el Ejército Nacional difundió la
noticia conforme a la cual Edgar Moreno Méndez era miembro de una estructura
armada ilegal y su muerte se produjo como resultado de un combate. Sin embargo,
“la comunidad se amotinó y todos los pobladores de Munguete se fueron hacia
donde estaban los militares, y con la Junta de Acción Comunal le fueron a reclamar”
a la fuerza pública.
6. Por los anteriores hechos, en el año 2010, varios familiares de la víctima
promovieron un proceso de reparación directa. Puntualmente demandaron la
compañera permanente, varios de sus hijos y hermanos. Aquel proceso judicial
culminó con una decisión de segunda instancia (2 de febrero de 2017) proferida por
el Tribunal Administrativo del Caquetá en la que se condenó administrativamente a
la administración por la ejecución extrajudicial del señor Moreno Méndez.
7. Posteriormente, en el año 2021, otros familiares, específicamente cinco
sobrinos y el hoy tutelante iniciaron un nuevo proceso de reparación directa por los
mismos hechos. En la demanda argumentaron que, la muerte de Edgar Moreno
Méndez es un crimen de lesa humanidad y por tanto no operaba el fenómeno de la
caducidad.
8. La demanda fue repartida al Juzgado 37 Administrativo de Bogotá, autoridad
que en decisión de 7 de julio de 2021 la rechazó por la ocurrencia del fenómeno
jurídico de la caducidad. De acuerdo con la decisión, los actores conocieron la
participación del Estado y advirtieron la posibilidad de imputar la responsabilidad
desde el 13 de julio de 2008, fecha de ocurrencia del deceso del señor Moreno
Méndez. No obstante, en aplicación del derecho al acceso de administración de
justicia, tomó como fecha para efectos de la caducidad el 27 de septiembre de 2018,
fecha en la cual el hoy tutelante confirió poder para demandar, sin que se
observaran situaciones adicionales que le hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción. Indicó que como la demanda fue repartida al
juzgado el 20 de mayo de 2021 y no obra constancia del trámite de la conciliación
extrajudicial, resolvió adoptar la decisión de rechazo.
9. La parte actora apeló dicha providencia. Al efecto, insistió en afirmar que los
hechos configuran un delito de lesa humanidad lo que significa que no hay
caducidad. Además, indicó que el señor Edgar Emilio Moreno Anturi fue inscrito en
el registro civil de nacimiento como hijo del señor Edgar Moreno Méndez luego de
la muerte de éste; de tal suerte que el derecho de acceso a la justicia del tutelante
nació el día 9 de agosto del 2019, fecha en que fue registrado como hijo de la víctima
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Accionante: Edgar Emilio Moreno Anturi
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
directa. Por lo tanto, los dos años que el actor tendría para demandar, vencían el
día 9 de agosto del 2021.
10. El Tribunal accionado, en providencia del 9 de mayo de 2024, confirmó la
decisión apelada. Estimó que la muerte del señor Edgar Moreno Méndez fue
conocida por los demandantes desde esa misma oportunidad, tal y como ocurrió
con otros parientes de la víctima, quienes, sí ejercieron el derecho de acción dentro
de los dos años siguientes al deceso. Consideró que, contrario a lo afirmado en el
recurso, la imprescriptibilidad de la acción penal por delitos de lesa humanidad como
la ejecución extrajudicial no justifica la inaplicación del término establecido en el
artículo 164 del C.P.A.C.A. para la reparación directa porque, conforme al
precedente jurisprudencial, esta acción indemnizatoria difiere de la acción penal por
esos hechos, distinción que es razonable y proporcional, aún desde la perspectiva
convencional. Añadió que no es factible computar el término de caducidad para el
tutelante desde su inscripción como hijo del occiso, realizada el 9 de agosto de 2019
por orden del juzgado de familia en el registro civil de nacimiento. En criterio del
Tribunal, “[E]l parentesco no es condición para ejercer el derecho de acción en este
evento porque la legitimación en la causa por activa y la determinación del eventual
derecho a la reparación dependerán de la prueba sobre el interés con el que se
acude, bien como damnificado, hijo de crianza, etc.”
11. El apoderado en sede de tutela afirma que la decisión ordinaria de primera
instancia no tuvo en cuenta que el demandante, Edgar Emiliano Moreno Anturi, solo
tuvo resuelta su filiación con la víctima, Edgar Moreno Méndez, hasta el 9 de agosto
de 2019, tras su reconocimiento post mortem como hijo biológico. La segunda
instancia si bien tuvo en cuenta esta situación fáctica, consideró que la
particularidad no tenía el alcance de modificar la decisión de caducidad, pues el
proceso contencioso administrativo era una instancia judicial para discutir la filiación
de Edgar Moreno, incluso si no estaba registrado como hijo de la víctima y en todo
caso, la familia de la víctima tuvo conocimiento de los elementos que integran la
responsabilidad del Estado desde el mismo año 2008, al punto que la mayoría del
núcleo familiar formuló la demanda en el año 2010.
12. En el escrito de tutela se sostiene que las decisiones judiciales incurrieron en
un defecto sustantivo, pues conforme el precedente en vigor del propio Consejo de
Estado (Sentencia de 29 de julio de 2022, rad. 57521), la filiación sí es un requisito
necesario para probar la legitimación en la causa. Además, el proceso contencioso
administrativo de reparación directa no es el idóneo para resolver pretensiones de
reconocimiento de filiación. En criterio del actor, era totalmente imposible que Edgar
Emiliano Moreno Anturi demandara a través del medio de control de reparación
directa, sin antes haber obtenido una sentencia que declarara el parentesco entre
la víctima (Edgar Moreno Méndez) y el demandante (Edgar Moreno Anturi).
13. Solicitó que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, igualdad y garantía del derecho a la
reparación integral a las víctimas, y en su lugar se dejen sin efectos las decisiones
atacadas y se ordene al tribunal que profiera una nueva decisión teniendo en cuenta
que el término de caducidad, en el caso de Edgar Emilio Moreno Anturi, debe
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Accionante: Edgar Emilio Moreno Anturi
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
empezarse a contar desde el 9 de agosto de 2019, fecha en la que en su registro
civil de nacimiento se inscribió que su padre era Edgar Moreno Méndez, víctima de
graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional
humanitario.
Trámite de la acción de tutela
14. La acción de tutela fue admitida y se corrió traslado a las dos autoridades
judiciales accionadas. De manera oficiosa el despacho sustanciador vinculó como
partes con interés, al Ministerio de Defensa y a los demás intervinientes dentro del
proceso de reparación directa que se adelantó por el juzgado 37 administrativo de
Bogotá y el tribunal Administrativo de Cundinamarca por la muerte de Edgar Moreno
Méndez (rad. 2021-00131-00/01).
15. Dentro del término fijado en la providencia de admisión, la titular del juzgado
37 administrativo del circuito de Bogotá intervino con el fin de indicar que la acción
de tutela es improcedente, pues examinado el auto atacado, el mismo ofrece
razones jurídicas para explicar sus fundamentos y acierto. En la providencia
cuestionada, el juzgado administrativo utilizó como fecha de inicio del conteo de la
caducidad el 27 de septiembre de 2018, fecha en la que se produjeron decisiones
en las que se condenó al Estado por la muerte de la víctima, e incluso con esta
fecha (distante del año 2008), los actores no cumplieron con la exigencia de
accionar dentro de los 2 años siguientes al conocimiento del hecho, pues el medio
de control se formuló hasta mayo del año 2021.
16. Tras notificar a las entidades vinculadas, las mismas guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
Competencia
17. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos
18. La Sala debe resolver dos problemas jurídicos. El primero consiste en
determinar si la acción de tutela satisface los requisitos de procedencia formal. En
caso afirmativo y como segundo problema jurídico a estudiar, corresponde
establecer si las decisiones cuestionadas adolecen del defecto sustantivo alegado,
porque no se aplicó la norma legal que señala que las relaciones filiares se prueban
mediante el registro civil, y por no haber dado trascendencia al hecho que el actor
carecía de prueba del parentesco entre el año 2008 y el año 2019, pues solo hasta
el mes de agosto de 2019 cuenta con registro civil que muestra que su padre era
Edgar Moreno Méndez.
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Referencia: Primera instancia acción de tutela
19. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados se reiterará el
precedente constitucional sobre (i) los requisitos de procedencia formal de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) las causales específicas de procedencia
de tutela, y (iii) el precedente de unificación del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional sobre la caducidad en casos de crímenes de lesa humanidad o de
guerra.
Procedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones
judiciales. Causales genéricas y específicas de procedencia.
20. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20052, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
21. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar3; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela4, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 5 o
los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
22. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
2
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
3
Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de
2022.
4
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
5
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Accionante: Edgar Emilio Moreno Anturi
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Referencia: Primera instancia acción de tutela
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales6.
23. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.
a. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida
por un funcionario judicial que carecía de competencia;
b. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;
c. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de pruebas,
la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización indebida y
contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
d. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias a la
garantía de los derechos fundamentales.
El defecto sustantivo se presenta cuando, por ejemplo, el juez: “(i) Fundamenta su
decisión en una norma que (a) no es pertinente; (b) no está vigente en razón de su
derogación; (c) es inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Política; y (e) a
pesar de estar vigente y [ser] constitucional, resulta inadecuada su aplicación a la
situación fáctica objeto de revisión”; “(ii) Basa su decisión en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto porque resulta inconstitucional o no se
adecúa a la circunstancia fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o es
manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión; (v) la interpretación desconoce Sentencias con
efectos erga omnes que han definido su alcance y que constituyen cosa juzgada;
(vi) interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones normativas
aplicables; (vii) desconoce la normatividad aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar
de la autonomía judicial, interpreta o aplica la norma de manera errónea”.
En cuanto a la indebida interpretación o aplicación de una norma, la SU-050 de
2017, precisó que este defecto se presenta cuando: (a) la interpretación o
aplicación, prima facie, no se encuentra dentro del margen de razonabilidad o
6
Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.
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Accionante: Edgar Emilio Moreno Anturi
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
proporcionalidad; (b) es adaptada una disposición de forma contraevidente o contra
legem; (c) es evidentemente perjudicial para los intereses de una de las partes, a
pesar de la legitimidad de que estos gocen; (d) es manifiestamente errada y
desatiende los parámetros de juridicidad y aceptabilidad; (e) resulta
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución; o (f) cuando dejan de
aplicarse normas constitucionales o legales pertinentes.
e. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido inducido
por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de
una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso;
f. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
g. Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos
por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos
(precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y
razonada por qué se cambia de precedente.
h. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le
atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.
24. Conforme las consideraciones anteriores, en el acápite de caso concreto, se
examinará si la acción de tutela de la referencia satisface las causales genéricas de
procedencia y al menos una específica. Inmediatamente a continuación se
examinará el precedente constitucional sobre el cumplimiento del requisito de
caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de
delitos de lesa humanidad o de guerra.
Jurisprudencia constitucional sobre la caducidad del medio de control
de reparación directa en casos de graves violaciones a los derechos
humanos.
25. En decisión de 29 de enero de 2020, el pleno de la sección tercera del
Consejo de Estado unificó el precedente jurisprudencial sobre el término de
caducidad del derecho de acción cuando se ejerce el medio de control de reparación
directa. En la providencia se concluyó que, incluso en casos de delitos constitutivos
de conductas de lesa humanidad o crímenes de guerra, opera la caducidad de dos
años prevista en el artículo 164, Numeral 2 literal i)7 de la Ley 1437 de 2011.
Posteriormente, en sentencia SU-312 de 2020, la Sala Plena de la Corte
Constitucional acogió el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado e indicó que,
7
Radicado 61.033 C.P. Martha Nubia Rico Velásquez.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06282-00
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Referencia: Primera instancia acción de tutela
en efecto, el medio de reparación caduca en dos años, incluso tratándose de delitos
de guerra o de lesa humanidad.
26. Las dos providencias de unificación precisaron que, el término de caducidad
empieza a correr desde que: (i) ocurre el daño; (ii) las personas perjudicadas lo
conocieron o debieron conocer; (iii) en todo caso, no correrá el término en casos en
que las personas evidencien haber estado en condiciones que objetiva y
materialmente impidieron el acceso a la administración de justicia8. (iv) En los casos
en los que se demanda la reparación integral por el delito de desaparición forzada
de personas, el término de caducidad inicia desde el momento en que aparece la
persona o se identifican plenamente sus restos, sin que esto sea obstáculo para
promover el medio de control cuando aún no se conoce el paradero de la víctima.
27. Posterior a estas dos decisiones, la Corte Constitucional ha proferido varias
sentencias de sala de revisión9 y de sala plena10 en las que ha precisado la manera
en la que debe contabilizarse el término de caducidad, en casos de delitos
internacionales como lesa humanidad y guerra. El precedente es consistente en
reiterar que el derecho de acción sí caduca, sin embargo, ha señalado que los
jueces administrativos deben examinar este requisito procesal desde la flexibilidad
y el balance de principios con el fin de garantizar el acceso a la administración de
justicia.
28. En efecto, en sentencias de tutela, la Corte ha señalado que, el examen del
cumplimiento del término de caducidad es un aspecto de primer orden en cabeza
del juez administrativo y que no debe ser examinado ligeramente, pues es una
condición de posibilidad para ejercer el derecho de acción en busca de la garantía
del derecho a la reparación, especialmente cuando se discuten actos que
constituyen graves violaciones a los derechos humanos, tales como crímenes de
guerra o de lesa humanidad11.
29. En la SU-167 de 2023 la Corte Constitucional precisó las reglas
hermenéuticas que deben tenerse en cuenta para la contabilización del término:
“En suma, (…) se advierte que específicamente, en relación con la
reparación de los daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa
humanidad, (i) el plazo razonable de dos años para acudir a la jurisdicción
no se cuenta necesariamente desde el momento en que se produce el daño
que origina el perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
8
Finalmente, la sentencia de unificación aclaró que la norma de caducidad puede ser inaplicada en
eventos en los que se advierta que los afectados no estaban en la posibilidad material de ejercer el
derecho de acción. Esto es, cuando se demuestren “supuestos objetivos, como secuestros,
enfermedades o cualquier situación que no permita materialmente acudir a [esa] jurisdicción”.
9
Cfr. T-024 de 2024 M.P. Paola Meneses Mosquera y T-450 de 2024 M.P. Juan Carlos Cortés
González.
10
Cfr. SU-167 de 2023 M.P. Diana Fajardo Rivera.
11
En la T-269 de 2024, la Corte indicó: “Para la Corte Constitucional, el análisis sobre el cómputo
del término de caducidad de la acción de reparación directa debe ser un equilibrio entre la seguridad
jurídica que brinda la existencia de un término de caducidad para presentar las demandas de
reparación directa, de un lado, y el acceso a la administración de justicia por parte de las víctimas
que alegan haber sufrido daños antijurídicos imputables al Estado, de otro lado”.
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Referencia: Primera instancia acción de tutela
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la
caducidad de la demanda de reparación directa o la existencia de
barreras en el acceso a la justicia debe ser analizada por el juez
contencioso administrativo competente, atendiendo a las
particularidades de cada asunto en concreto; (…) (negrilla y subrayado
fuera del texto)
30. En el mismo sentido, la sentencia T-269 de 2024 indicó:
“La Corte Constitucional, por su parte, ha reiterado en términos generales la
posición de la Sección Tercera del Consejo de Estado; no obstante, ha
precisado que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa
debe hacerse desde una perspectiva constitucional, de manera que no se
utilice para obstaculizar el acceso a la administración de justicia.12 En ese
sentido, la jurisprudencia constitucional ha aceptado la flexibilización del
cómputo del término de caducidad en aras de asegurar la primacía de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.” (negrillas y subrayado fuera del texto)
31. A título de ejemplo, las sentencias SU-241 de 202413 o SU-439 de 202414
han reconocido que, situaciones como el exilio o un discurso estatal que niegue la
existencia de graves violaciones a los derechos humanos es una barrera de acceso
que debe ser tenida en cuenta por los jueces administrativos al momento de verificar
el cumplimiento del término de caducidad.
32. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que el término de
caducidad, en casos en los que se discute la responsabilidad del Estado por graves
violaciones a los derechos humanos es un aspecto de especial relevancia, pues
tiene el efecto, si se aplica unilateral e irreflexivamente de impedir el acceso a la
administración de justicia. En esa medida, se ha indicado el deber de los jueces no
solo de hacer un balance de principios constitucionales, sino además de superar la
idea que el examen se realiza a través de la simple confrontación de dos fechas en
un calendario. Se ha requerido del juez administrativo una disposición hermenéutica
para maximizar el acceso ante las autoridades judiciales y partir de posiciones
12
Sentencia SU-167 de 2023.
13
M.P. Cristina Pardo Schlesinger. En la sentencia de unificación se reiteró el deber de los jueces
administrativos de valorar los casos de manera concreta y atendiendo a las particularidades de cada
caso. Adujo la Corte: “(...) la sola ocurrencia del hecho dañoso no es suficiente para iniciar el cómputo
del término de caducidad, lo cual no implica desconocer dicha institución jurídico procesal, sino que
es necesario que el juez realice una valoración de las circunstancias particulares de cada caso para
determinar desde cuándo se debe aplicar dicho término y en el que deben analizarse aspectos
relacionados con: (i) la calidad de los accionantes como sujetos de especial protección constitucional
al haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos; (ii) el momento en el que las víctimas
tuvieron la posibilidad real de advertir que la pretensión de reparación directa resultaba procedente
de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución; y (iii) la posibilidad material de las víctimas de acudir
a la justicia debido a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran”.
14
M.P. Diana Fajardo Rivera. Se indicó: “Para la Sala, exigir a las víctimas que actúen basadas en
simples sospechas o especulaciones, sin contar con elementos probatorios relevantes, resulta
irrazonable y vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia, así como las garantías de verdad, reparación integral y no repetición.”
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Accionante: Edgar Emilio Moreno Anturi
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
garantistas que, ante graves violaciones a los derechos humanos, logren la
realización de la justicia material15.
5. Caso concreto
33. A continuación, se examina si se satisfacen los requisitos de procedencia
formal de la acción de tutela, para después verificar si se configura el defecto
alegado por la parte actora.
Legitimación en la causa por activa y pasiva
34. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que se refiere a la legitimación e
interés dispone que la acción de tutela “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales”. A su vez, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de amparo debe dirigirse “contra la autoridad pública o el representante del
órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental” 16.
35. Se satisface el requisito puesto que, la acción de tutela la formuló la persona
directamente perjudicada por la decisión cuestionada mediante apoderada judicial.
36. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva se verifica que, la acción
de amparo se dirigió contra las autoridades judiciales que profirieron las dos
decisiones que se cuestionan. Se satisface la exigencia procesal. Además, en el
auto admisorio se vincularon al procedimiento a las entidades que, siendo terceras,
podrían afectarse por las resultas de esta decisión. Se corrobora que las mismas
fueron notificadas de la decisión de admisión17, sin embargo, guardaron silencio.
15
Cfr. SU- 439 de 2024: “…la Corte reafirmó, en general, la necesidad de aplicar un enfoque flexible
y pro víctima en la interpretación de las reglas procesales, especialmente en casos que involucren
presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones graves a los derechos humanos.
En ese sentido, indicó que estos contextos exigen que las autoridades judiciales valoren las pruebas
de manera más comprensiva y contextual, reconociendo las barreras estructurales que enfrentan las
víctimas para acceder a la verdad y a la justicia, tales como las dificultades para obtener información
veraz y desvirtuar, al menos prima facie, las versiones oficiales de los hechos.” En el mismo sentido:
“(…) para la Corte Constitucional el defecto fáctico que concurre en el caso objeto de análisis se
configura, también, ante la ausencia de una valoración contextual de los hechos, al momento de
determinar si la demanda de reparación directa fue promovida oportunamente. La omisión en valorar
adecuadamente estas circunstancias constituye, de nuevo, una violación del derecho al acceso a la
administración de justicia y perpetúa la situación de indefensión en la que se encontrarían las
presuntas víctimas de hechos vinculados a una posible grave violación de derechos humanos."
16
Decreto 2591 de 1991. Artículo 13. “Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. || Quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
17
Indice Samai 18.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06282-00
Accionante: Edgar Emilio Moreno Anturi
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
Relevancia constitucional
37. La jurisprudencia constitucional arriba reiterada ha indicado que una acción
de tutela en la que se cuestiona la aplicación irreflexiva y automática del término de
caducidad en caso de un delito internacional como un crimen de guerra o de lesa
humanidad, tiene relevancia constitucional pues implica la discusión sobre la
posibilidad de acceso a la justicia con el fin de garantizar derechos humanos como
la reparación integral y el acceso a garantías de no repetición. En el caso concreto,
la discusión que plantea el medio de amparo cuenta con relevancia constitucional,
dado que se dirige a verificar la interpretación del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y si ella atendió a las particularidades del caso de Edgar Emilio
Méndez Anturi, puntualmente que tuvo resuelta su filiación solo hasta agosto de
2019.
Subsidiariedad
38. Los artículos 86 de la Carta Política y 6 del Decreto 2591 de 1991 señalan
que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, o cuando se utilice como un mecanismo transitorio para evitar
la ocurrencia de un perjuicio irremediable. La Sala encuentra acreditado el requisito
de subsidiariedad, pues no procedía recurso alguno en contra del auto que confirmó
la decisión de rechazo.
Inmediatez
39. La jurisprudencia constitucional destaca que la acción de tutela debe
interponerse en un término prudencial contado a partir de la acción u omisión que
amenaza o genera una afectación a los derechos fundamentales. En el caso
analizado, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 9 de mayo de 2024 y
notificada el 17 de mayo de 2024 y cobró ejecutoria el 22 de mayo, por lo que el
plazo razonable de 6 meses empezó a correr el 23 de mayo del mismo año. La
acción de tutela fue radicada el 15 de noviembre de 202418 es decir, en
cumplimiento del requisito de inmediatez.
Las supuestas irregularidades tienen un efecto decisivo en la sentencia
que se impugna
40. La parte actora señala las razones por las cuales, en su criterio, la aplicación
precisa de las normas sobre prueba de la filiación de hijos biológicos tiene el efecto
de cambiar el sentido de las decisiones atacadas. Se trata de una irregularidad con
un alcance determinante, pues si se toma como punto de inicio del término de
caducidad la fecha en la que fue modificado el registro civil del actor, el medio de
control de reparación directa no habría caducado.
18
Documento SAMAI 02.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06282-00
Accionante: Edgar Emilio Moreno Anturi
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
Identificación de los hechos que dieron origen a la violación
41. El accionante expuso de manera razonable los hechos que generaron la
supuesta vulneración de sus derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. Según indicó, la afectación obedeció a que las
autoridades judiciales o ignoraron la particular situación del tutelante, puntualmente
respecto a que solo hasta el año 2019, contó con el registro civil de nacimiento en
el que era clara la filiación con su padre, o que, la segunda instancia, si bien tuvo
en cuenta esta situación interpretó incorrectamente la necesidad de contar con el
registro civil, como condición previa para poder acceder a la administración de
justicia.
La acción no se dirige contra una sentencia de tutela, una proferida por la
Corte Constitucional o una de nulidad por inconstitucionalidad proferida
por el Consejo de Estado19
42. El requisito en mención se acredita, en atención a que la acción de tutela se
dirige contra un auto de rechazo de una demanda de reparación directa de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, motivo por el
cual se satisface el requisito.
43. Por las anteriores razones, la acción de tutela formulada por la apoderada
judicial de Edgar Emilio Méndez Anturi es formalmente procedente. A continuación,
se examinará si se configura la causal especifica indicada en el escrito de tutela.
Examen de la causal invocada por la parte actora
44. La parte actora sostiene que el juez de primera instancia omitió analizar la
particular situación de Edgar Emilio Méndez, consistente en que el registro civil fue
modificado el 9 de agosto de 2019, como consecuencia de una sentencia proferida
por un juzgado de familia, autoridad judicial que después de concluir un proceso de
filiación, declaró, mediante sentencia de 26 de junio de 2019, que Edgar Emilio es
hijo biológico de Edgar Méndez Moreno. Esta situación llevó a que el Juzgado 37
Administrativo de Bogotá declarara la caducidad del medio de control de reparación
directa. En el caso del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la parte actora
argumenta que dicha autoridad judicial si tuvo en cuenta esta particularidad, pero a
pesar de ello, aplicó equivocadamente las normas sobre prueba de la filiación, pues
concluyó que, sin la prueba sobre este punto particular, el actor podía formular la
demanda de reparación directa, lo cual, llevó a que confirmara la decisión de
caducidad.
45. Con el fin de facilitar la comprensión del debate constitucional y la eventual
configuración del defecto sustantivo alegado en el escrito de tutela, se explican las
razones que sostienen las decisiones atacadas.
19
SU-048 de 2022 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06282-00
Accionante: Edgar Emilio Moreno Anturi
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
Decisiones atacadas
46. En providencia de 7 de julio de 2021, el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá
declaró la caducidad del derecho de acción ejercido a través del medio de control
de reparación directa. Explicó que los hechos dañosos se remontan al 13 de julio
de 2008, cuando unidades del Ejército Nacional, puntualmente del Batallón de
Contraguerrilla No. 88 de la Sexta División de la Brigada Móvil No. 13 ultimaron al
señor Edgar Moreno Méndez.
47. La decisión explica que, por estos mismos hechos, en el año 2010, la
compañera permanente de la víctima, algunos de los hijos y los hermanos de
Moreno Méndez formularon demanda de reparación directa contra la Nación-
Ministerio de Defensa. Ese proceso, radicado con el número 2010-0048, fue
resuelto favorablemente para los familiares y se declaró judicialmente que, Edgar
Moreno Méndez fue víctima de homicidio en persona protegida y los responsables
fueron agentes del Estado. La decisión definitiva de aquel proceso judicial fue
proferida el 2 de febrero de 2017, por el Tribunal Administrativo del Caquetá.
48. Adicionalmente, se consideró que, la nueva demanda la formulan varios
sobrinos de la víctima y uno de sus hijos (Edgar Emilio Moreno Anturi), quien
tampoco fue parte en la causa que llevó a la decisión del año 2017. Constata que,
una vez se conoció la decisión judicial en la que se declaró administrativamente
responsable a la Nación, los nuevos demandantes otorgaron poder para promover
una nueva demanda el 27 de septiembre de 2018. El juzgado de primera instancia
tomó esta fecha para iniciar el conteo del término de caducidad. Por lo anterior
concluyó:
“Teniendo en cuenta lo anterior, esto es, que el demandante debía conocer sobre
“la participación por acción u omisión del Estado” desde el 27 de septiembre de 2018
y de acuerdo al literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA se cuenta con dos
años a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho para presentar la demanda
por el medio de control de reparación directa, es decir, contaba hasta el 28 de
septiembre de 2020, para radicar demanda, sin que se pueda tener en cuenta
conciliación prejudicial pues fue radicado posteriormente, por lo que operó la
caducidad.”
49. Por lo anterior, declaró la caducidad del derecho de acción ejercido por Edgar
Emilio Moreno Anturi (hijo de la víctima), Luis Miryam Méndez Reinoso, Ney Lucia
Méndez Reinoso, Álvaro Ramos Moreno, Elizabeth Ramos Moreno, Jhon Fredy
Méndez Reinoso (sobrinos de la víctima).
50. Tras la notificación, el apoderado de la parte actora presentó recurso de
apelación contra la decisión de rechazo. Indicó que las acciones judiciales derivadas
de la ejecución de delitos constitutivos de crímenes de lesa humanidad y de guerra
no caducan. Adicionalmente precisó que en el caso de Edgar Emilio Moreno Anturi,
hijo de la víctima, el derecho a demandar nació el 9 de agosto de 2019 “fecha en
que fue registrado como tal, porque antes de esa fecha jurídicamente no era hijo del
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06282-00
Accionante: Edgar Emilio Moreno Anturi
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
señor Edgar Moreno Méndez, y no podía demandar en tal condición”20. El registro
civil en que se inscribe la filiación entre el demandante y la víctima se produjo el 9
de agosto de 2019, y la demanda se presentó el 20 de mayo de 2021.
51. En providencia de 9 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A confirmó la decisión de rechazó.
Consideró que, conforme los antecedentes procesales, la demanda fue repartida el
20 de mayo de 2021 “y no obra constancia del trámite de conciliación extrajudicial”.
Se decidió confirmar la decisión apelada porque el hecho atribuido a la muerte del
señor Edgar Moreno Méndez como un falso positivo, ante los disparos realizados
por soldados del Ejército Nacional el 13 de julio de 2008, fue conocido por los
demandantes desde esa misma oportunidad, tal y como ocurrió con otros parientes
de la víctima, quienes, a diferencia de este evento, sí ejercieron el derecho de acción
dentro de los 2 años siguientes al hecho.
52. Argumentó que, en relación con la situación de Edgar Emilio Moreno Anturi,
el precedente del Consejo de Estado ha indicado que, la legitimación en la causa
por activa y la prueba del parentesco son elementos diferentes, razón por la cual,
es posible demandar contenciosamente, incluso sin probar el parentesco, pero
ofreciendo medios de prueba que lleven conocimiento sobre la situación de sufrir
las consecuencias negativas del daño, es decir, contar con legitimación en la causa
por activa. El tribunal de segunda instancia sostuvo que, “el término de caducidad
para el hijo reconocido con posterioridad a la muerte de la víctima directa no se
contabiliza desde la inscripción del parentesco en el registro civil del demandante
porque el parentesco no es condición para ejercer el derecho de acción, ni hay tarifa
probatoria para demostrar la calidad de damnificado”21.
Configuración del defecto alegado.
53. Esta Sala concluye que se presenta el defecto alegado por la parte actora.
Lo anterior por dos motivos concurrentes pero diferentes.
54. En primer lugar, el Tribunal acudió a un pasaje jurisprudencial contenido en
la sentencia de 26 de abril de 2005 dentro del radicado 14908. En el fragmento
citado, se indica que, la falta de registro civil no es un obstáculo para formular la
demanda de reparación directa. Sin embargo, si se examina el contenido total de la
providencia que fue citada como precedente es que, en aquel caso concreto, la
Corporación negó las pretensiones indemnizatorias de los demandantes, por la
carencia del registro civil de nacimiento, prueba idónea del parentesco. Incluso en
el numeral 3.2.3. de la providencia que citó la decisión atacada se lee: “El registro
es la prueba idónea para la demostración de los hechos y actos relacionados con el
estado civil de las personas, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 105 del
Decreto 1260 de 1970 y, por lo tanto, lo que en él conste cuando su autenticidad no
ha sido cuestionada en el proceso, no puede ser desconocida por el juez.”22 El
20
Folio 14 del escrito de apelación contra el auto de 21 de julio de 2021.
21
Folio 9 del auto de segunda instancia.
22
Sentencia de 26 de abril de 2005 dentro del radicado 14908.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06282-00
Accionante: Edgar Emilio Moreno Anturi
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
pasaje jurisprudencial que citó la decisión atacada, entonces es un dicho al pasar
que no constituye la ratio decidendi, y por esa vía no resulta precedente en estricto
sentido.
55. Además, como lo indica el actor, el criterio conforme al cual, la filiación se
prueba con la copia del registro civil ha sido reiterado permanentemente por esta
Corporación. Por ejemplo, en decisión de 29 de julio de 202223, la Subsección C de
la Sección Tercera resolvió una demanda de reparación directa en la que hijos post
mortem de la víctima de una ejecución extrajudicial no aportaron la prueba de la
filiación. En esa ocasión la Sub Sección determinó:
“Según la demanda, Jader Andrés Sanabria es hijo póstumo de Jader Andrés
Palacio Bustamante y Diomer Iván Palacio es su hermano. Diomer Iván Palacio y
Jader Andrés Sanabria no acreditaron el parentesco que alegaron, pues no
aportaron la prueba idónea, esto es, el registro civil de nacimiento o el certificado
expedido con base en el mismo. Como la prueba idónea para acreditar el parentesco
no puede suplirse con otros medios probatorios, la Sala declarará la falta de
legitimación en la causa por activa de Diomer Iván Palacio y Jader Andrés
Sanabria”24.
56. Adicional a lo anterior, esta Corporación reconoce que la legislación procesal
y sustantiva durante décadas discriminó negativamente a los hijos que, siendo
biológicos, no contaban con el reconocimiento legal al portar como primer apellido,
el apellido paterno25. En esa medida, el actor, Edgar Emilio Méndez Anturi, antes de
contar con el registro civil en el que consta su filiación con Edgar Méndez Moreno,
fue víctima de aquellas barreras de acceso, las cuales le impidieron demandar junto
con sus restantes hermanos y madre, en el año 2010. Sólo hasta que, Edgar Emilio
adquirió la mayoría de edad, y tuvo el acceso mínimo a información sobre sus
derechos, inició el proceso judicial en la jurisdicción ordinaria, especialidad civil-
familia.
57. A criterio de esta Subsección, las autoridades judiciales accionadas tenían la
obligación de percatarse que el actor solo tuvo el registro civil desde el 9 de agosto
de 2019, pues así aparece la inscripción en el documento26, y en esa medida,
debían ejercer las facultades oficiosas para determinar la situación del proceso de
filiación que se surtió en el juzgado segundo de familia. Esto habría otorgado la
información necesaria y relevante para determinar, en realidad, desde qué momento
23
Rad. 57521.
24
En aquella ocasión, la decisión reiteró: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de
julio de 2001, Rad. nº. 13086 [fundamento jurídico 3] y sentencia del 22 de abril de 2009, Rad. nº.
16694 [fundamento jurídico IV consideraciones], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo
de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 358. En el
mismo sentido debe indicarse que, en punto a la prueba de la filiación, el estado civil de las personas,
o la defunción, esta corporación ha indicado que la misma se prueba con determinados documentos
que resultan una carga procesal para quien alega el hecho.
25
Una explicación completa sobre la discriminación contra hijos que carecían del primer apellido
paterno se puede leer en Corte Constitucional C-519 de 2019 (M.P. Alberto Rojas Ríos)
26
Folio 16 del escrito de demanda, Índice Samai 02.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06282-00
Accionante: Edgar Emilio Moreno Anturi
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
el actor tenía la oportunidad procesal de acudir, con posibilidad de prosperidad, a
solicitar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la reparación integral.
58. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta el artículo 105 del Decreto Ley
1260 de 1970, conforme al cual, existen reglas de conducencia y pertinencia de la
producción del conocimiento sobre estos hechos. La norma prescribe:
“Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con
posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1933, se probarán con copia de la
correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los
mismos. // En caso de pérdida o destrucción de ellos, los hechos, y actos se
probarán con las actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante de la nueva
inscripción conforme a lo dispuesto en el artículo 100.”
59. A juicio de esta sala, la ratio decidenci de la decisión judicial ordinaria
cuestionada desconoció abiertamente que la disposición legal exige que la filiación
y el parentesco se pruebe mediante un determinado documento, y solo
supletoriamente, en caso de pérdida o destrucción, a través de reconstrucción27.
60. Conclusión que ha sido respaldada por la Corte Constitucional en sentencia
SU-114 de 2023, en la que se resolvió una acción de tutela contra una providencia
en la que se negó la reparación integral a una hija cuya filiación se probó de manera
posterior al fallecimiento de su padre. En aquella providencia la Sala Plena de la
Corte precisó que el registro civil de nacimiento si es una prueba necesaria, no para
acudir a la administración de justicia, pero sí para que prosperen las pretensiones
de reparación directa. En la consideración 111 de la decisión se indica:
“Lo anterior deja de lado que, frente al primer grado de consanguinidad, las
subreglas probatorias unificadas por el Consejo de Estado parten de proteger
de manera especial y diferenciada la aflicción presumible de los vínculos
familiares propios de las relaciones entre padres e hijos. De ahí que se haya
fijado la acreditación del parentesco como prueba del daño moral, lo cual
ocurre, por regla general, a través del registro civil de nacimiento.”
(subrayado y negrillas fuera del texto)
61. En la decisión se indicó que el registro civil en casos de solicitudes de
reparación integral de hijos post mortem tiene especial relevancia, pues las
sentencias de unificación del Consejo de Estado, referente a la cuantificación del
daño moral explícitamente indican el medio de prueba que debe aportarse para
acreditar el estado civil, es decir, por excelencia, el registro civil en el que conste el
parentesco.
62. En segundo lugar, el razonamiento del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca examina inflexiblemente la situación del actor, pues en la ratio
decidendi de la decisión de segunda instancia, se indica que el hecho dañoso se
27
En el mismo sentido, la sentencia de 28 de febrero de 2009, proferida por el Consejo de Estado
dentro del radicado 3996 indicó: “De manera que, por tratarse de hechos y actos relativos al estado
civil de las personas, tanto la prueba del nacimiento como la del matrimonio se encuentran sometidas
a la tarifa legal definida en cada una de las disposiciones que históricamente han regido la prueba
de los hechos y actos que determinan el estado civil…”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06282-00
Accionante: Edgar Emilio Moreno Anturi
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
remonta al año 2008 y que, a partir de ese momento, los familiares de la víctima
tuvieron conocimiento de que los responsables de la muerte de Edgar Moreno
Méndez fueron agentes Estatales. Al punto que, para el núcleo familiar de la víctima
fue tan claro el daño y la responsabilidad de los agentes estatales que, la compañera
permanente y los demás hijos de la víctima promovieron acción de reparación
directa en el año 2010, pero Edgar Emilio Méndez Anturi no. Por ello, a juicio del
Tribunal accionado el término de caducidad debía contabilizarse desde el año 2008,
ello sin tener en cuenta la particular situación del actor, y es que, legalmente no
tenía prueba de la filiación con la víctima. La decisión del tribunal administrativo no
tuvo en cuenta el precedente constitucional arriba reiterado, conforme al cual, el
examen del término de caducidad en casos de crímenes internacionales debe
realizarse desde una perspectiva constitucional que examine la existencia de
barreras de acceso en cada caso concreto.
63. La autoridad judicial accionada debía interrogarse por las consecuencias
concretas que enfrentaba el actor por la falta de registro civil de nacimiento en el
que constara que su padre era Edgar Méndez Moreno, y la posibilidad de que
pudiera acudir a la administración de justicia con la esperanza plausible de obtener
una decisión que resolviera de fondo su pretensión de reparación. Especialmente,
teniendo en cuenta que, la disposición legal, vigente para la fecha de la presentación
de la demanda (Art. 105 del Decreto 1260 de 1970) explícitamente indica que, la
filiación se prueba con el registro civil, y solo en caso de destrucción o pérdida se
puede acudir a la reconstrucción. Esta interpretación también ha sido recogida por
la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
64. Esta Corporación concluye que se incurrió en el defecto sustantivo alegado
pues, el tribunal interpretó equivocadamente la norma legal que regula la prueba de
la filiación, y con base en un pasaje jurisprudencial fragmentario, omitió interpretar
el enunciado normativo y su aplicación actual por parte de órganos de cierre,
conforme a las cuales, para acudir a la administración de justicia en condiciones
para que las pretensiones reparatorias sean adecuadamente estudiadas y resueltas
por las autoridades judiciales competentes resulta fundamental contar con la prueba
de la filiación mediante el documento del registro civil. La interpretación del Tribunal
Administrativo conforme a la cual el actor podía presentar la demanda, aplica una
visión meramente formal del acceso a la administración de justicia, pues la limita a
presentar una demanda que, por la carencia de una prueba fundamental, conforme
al precedente en vigor, estaba llamada a ser impróspera, por la imposibilidad de
probar la filiación antes de la modificación del registro civil ocurrida el 9 de agosto
de 2019, como consecuencia de una sentencia proferida por un juzgado de familia.
65. En conclusión, a criterio de esta corporación, se configura el defecto alegado,
y consecuencia de lo anterior corresponde dejar sin efecto el auto de 9 de mayo de
2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-
Subsección A en la que se confirmó la decisión de rechazo proferida el 7 de julio de
2021 por el juzgado treinta y siete (37) Administrativo de oralidad del Circuito
Judicial de Bogotá, dentro del radicado 110013343058 20210013101.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06282-00
Accionante: Edgar Emilio Moreno Anturi
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
66. Como remedio judicial, se ordenará que, dentro de los 20 días siguientes a
la notificación de esta sentencia, la autoridad judicial de segunda instancia profiera
una decisión de reemplazo en la que, tenga en cuenta que, conforme el artículo 105
del Decreto Ley 1260 de 1970 el estado civil, puntualmente la situación jurídica en
la familia, de Edgar Emilio Moreno Anturi, se prueba con el registro civil en la que
se consigne que su padre fue Edgar Méndez Moreno, y que dicho registro solo se
realizó el 9 de agosto de 2019.
67. En la decisión de reemplazo el Tribunal deberá resolver los demás aspectos
relacionados con la eventual admisión de la demanda, tales como el cumplimiento
del requisito de conciliación judicial, el cual, conforme las decisiones cuestionadas,
tampoco se satisface.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: TUTELAR el derecho al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia de Edgar Emilio Méndez Anturi.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el auto de 9 mayo de 2024, proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-SubSección A en la que
se confirmó la decisión de rechazo proferida el 7 de julio de 2021 por el juzgado
treinta y siete (37) Administrativo de oralidad del Circuito Judicial de Bogotá dentro
del radicado 110013343058 20210013101. En su lugar, ORDENAR que, en el
término de 20 días desde la notificación de esta decisión, se profiera una decisión
de reemplazo que atienda a la particular situación del actor y a lo prescrito en el
artículo 105 de decreto ley 1260 de 1970 y lo indicado en la parte considerativa de
la providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
CUARTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06282-00
Accionante: Edgar Emilio Moreno Anturi
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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