RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2021-00178-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00178-01

Fecha
23 de abril de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00178-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR EL ORDINAL QUINTO de la sentencia proferida el dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Caldas que condenó en costas de primera instancia a la entidad demandada. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida que accedió a las pretensiones de la demanda. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicado: 17001-23-33-000-2021-00178-01 (6485-2023) TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2021-00178-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2021-00178-01 (6485-2023)
Demandante: Inés Amparo Mejía García
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Temas: Reconocimiento pensión de jubilación de docente oficial.
Aplicación integral de la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019. Fecha de vinculación anterior a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003 y períodos de servicio con vínculos como
profesor contratado mediante OPS. Condena en costas en
primera instancia en vigencia de la Ley 2080 de 2021. REVOCA
SENTENCIA PARCIALMENTE Y CONFIRMA EN LO DEMÁS

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal
Administrativo de Caldas, por medio de la cual accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Inés Amparo Mejía García instauró demanda1 en contra de la Nación -
Ministerio de Educación Nacional – FOMAG en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución 4015-6 del 14 de diciembre de 2020,
expedida por la Secretaría de Educación del departamento de Caldas en nombre y
representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por
medio de la cual le fue negado el reconocimiento y pago de una pensión ordinaria
de jubilación con base en el régimen de la Ley 33 de 1985.

1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00178-01 (6485-2023)

Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene conceder dicha prestación
equivalente al 75% de los salarios y demás factores percibidos durante el año
anterior a la adquisición de su estatus jurídico ocurrido el 1.º de diciembre de 2016.

Que se ordene el pago de las mesadas atrasadas desde la fecha de efectividad de
la prestación, la indexación sobre las sumas adeudadas por este concepto, así
como el reconocimiento de intereses moratorios hasta que se materialice el
respectivo abono.

Que la entidad accionada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA; y que, además, se disponga sobre la
condena en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 22 de febrero de 1960 y laboró inicialmente al servicio del municipio
de Marmato mediante vinculación legal y reglamentaria como bibliotecaria con
funciones de secretaría y tesorería desde el 6 de agosto de 1988 hasta el 17 de
febrero de 2002.

Que, además, ejecutó varios contratos de prestación de servicios en calidad de
educadora del departamento de Caldas, ello durante los siguientes períodos: del 18
de marzo al 30 de diciembre de 2002, del 1.º al 13 de abril de 2003, del 21 al 30 de
abril de 2003, del 1.º al 31 de mayo de 2003, del 1.º al 31 de octubre de 2003, del
1.º al 30 de noviembre de 2003, y del 1.º al 14 de diciembre de 2003.

Que finalmente fue nombrada en propiedad como maestra estatal adscrita a la
Secretaría de Educación Departamental de Caldas, conforme al Decreto 00500 del
11 de mayo de 2004, esto a partir del 15 de mayo de 2004, y, a la fecha de
presentación de la demanda (26 de marzo de 2021) continuaba en ejercicio de dicho
cargo.

Que el 16 de octubre de 2020 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación,
expresando que le debía ser aplicado el régimen propio del magisterio para
consolidar el derecho con base en la Ley 33 de 1985, por disposición de la Ley 91
de 1989. Sin embargo, esta petición fue negada por la parte accionada mediante la
resolución demandada por considerar que su primera vinculación formal como
docente ocurrió después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que le
impedía ser beneficiaria del régimen anterior.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00178-01 (6485-2023)

Que con el acto administrativo demandado se transgredieron los artículos: 1.º, inciso
2.º de la Ley 33 de 1985; 15, numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60
de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812
de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

Que a los maestros vinculados a partir del 1 de enero de 1990 se les reconocerá
una pensión de jubilación bajo el régimen general del sector público establecido en
las normas vigentes como lo era la Ley 33 de 1985. Que, el régimen prestacional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados antes del 23
de junio de 2003 es el establecido para el magisterio en la regulación anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, tal como sucedió en su caso al haber
sido nombrada antes de la referida fecha.

Que lo verdaderamente importante para acceder a la prestación es la existencia de
un vínculo anterior a esta última disposición legal, sin que sea relevante que se
encuentre o no activa como educadora para ese momento, tal como lo expuso el
Consejo de Estado en sentencia del 16 de marzo de 2017 (2806-2015), y teniendo
en cuenta los contratos de prestación de servicios como también lo manifestó dicha
corporación en providencia del 19 de febrero de 2018 (3864-2015).

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 8 de septiembre de 2021 fue admitida la demanda,2 se notificó a la Nación –
Ministerio de Educación - FOMAG quien manifestó3 que, la vinculación de la
docente se efectuó el 18 de julio del año 2005, razón por la cual se le deben aplicar
las disposiciones establecidas en la Ley 812 de 2003, esto es, conforme a los
preceptos establecidos en la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación, (ii)
legalidad del acto administrativo expedido, y (iii) genérica.

El 6 de abril de 20224 se prescindió de la celebración de la audiencia inicial con el
fin de dictar sentencia anticipada. Se fijó el litigio, se decretaron e incorporaron las
pruebas solicitadas, y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia del 2 de junio de 2023
accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad del acto demandado
y ordenar a la parte accionada reconocer la pensión de jubilación calculada en un
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00178-01 (6485-2023)

75% del promedio de la asignación básica, de la bonificación mensual docente y de
las horas extras percibidas por la demandante durante el año anterior a la
adquisición del estatus, con efectividad desde el 15 de diciembre de 2016, pero con
efectos fiscales a partir del 16 de octubre de 2017 por prescripción trienal de
mesadas. Adicionalmente condenó en costas a la parte demandada.

Expresó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, es claro que las
modalidades de vinculación como la temporalidad, los nombramientos en
provisionalidad e inclusive el ejercicio de la docencia por horas cátedras o por
contratos de prestación de servicio resultan válidos para el cómputo del requisito
temporal para acceder a la pensión, esto en el entendido que se trata de una labor
desarrollada en el marco de actividades como educadora.

Que, por tanto, la vinculación de la actora el 18 de marzo de 2022 y el ejercicio de
la docencia en lo sucesivo es un hecho que permite determinar el régimen pensional
aplicable, el cual no es otro que el anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003, pues
acreditó los requisitos y condiciones para que le sea reconocida la prestación
solicitada con base en los preceptos de la Ley 33 de 1985, efectiva desde la fecha
de adquisición del estatus jurídico (15 de diciembre de 2016), cuando cumplió 20
años de trabajo en el magisterio.

Que, a pesar de que la Constitución Política de 1991 prescribe en su artículo 128
que "nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley", es precisamente en virtud de esa excepción
contemplada en la Ley 4ª de 1992, artículo 19, que el reclamante puede disfrutar
del derecho en litigio sin que le sea exigible el retiro definitivo del servicio.

Que, en cuanto a los aportes pensionales durante todo el tiempo de servicio
acreditado se encuentra que hasta el mes de febrero del año 2002 se efectuaron a
Colpensiones. Que los aportes por prestación de servicios docentes al
departamento de Caldas debieron ser girados a la administradora y/o fondo elegido
por la contratista, de cuya demostración se hacía depender el pago del sueldo. Que
los aportes por el servicio prestado a partir del año 2004 tuvieron que realizarse al
FOMAG, de manera que, por tratarse de unos tributos imprescriptibles, los montos
que hayan hecho falta para financiar la pensión podrán cobrarse en cualquier
momento por parte de la entidad obligada al pago en la proporción que le
correspondía al trabajador y al empleador.

Encontró probada la excepción de prescripción porque la accionante reclamó el 16
de octubre de 2020, esto es, cuando ya habían trascurrido los 3 años siguientes a
la fecha de efectividad del derecho, motivo por el cual este debe ser reconocido,
pero con efectos fiscales a partir del 16 de octubre de 2017.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00178-01 (6485-2023)

RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demandada interpuso recurso de apelación afirmando que, no se
considera acertada la tesis planteada por el tribunal de origen sobre la fecha de
vinculación del demandante, porque no se evidencia que en los tiempos de
prestación de servicios se hayan efectuado aportes al Sistema de Seguridad Social
en Pensión, y que la norma es clara al consagrar que quienes tendrán derecho son
quienes estén vinculados laboralmente al sector oficial, es decir, para los empleados
y no para los contratistas que solo tuvieron una relación civil.

Que, si bien es cierto la decisión de primera instancia se fundamentó en la primacía
de la realidad sobre las formas, lo cierto es que esta tesis no se puede aplicar dado
que no existe un proceso en donde se debatan los elementos esenciales para la
configuración de un contrato de trabajo, tales como subordinación, remuneración,
prestación directa del servicio entro otros, pues si fuera por aplicación en vía
indirecta no existirían procesos denominados de contrato realidad. Que, además, el
hecho de considerar lo contrario sin tener en cuenta las cotizaciones efectuadas por
el reclamante genera un detrimento injustificado para la entidad.

Que también se debe verificar si la demandante reclamó en debida forma la
“pensión por aportes”, esto en atención al principio de congruencia, pues esta no
guarda relación con el derecho solicitado en vía administrativa donde se discutió
una pensión de vejez u ordinaria de jubilación sin hacer alusión a la prestación de
la Ley 71 de 1988.

Que se debe revocar la condena en costas y agencias en derecho si se tiene en
cuenta que la entidad ha obrado de buena fe, y no se probó por parte de la actora
que este concepto se haya causado como lo establece el numeral 9 del artículo 365
del CGP.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 4 de diciembre de 20237 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

La parte demandada8 se pronunció en esta instancia reiterando los argumentos de
su recurso de apelación.

Se decidirá previas las siguientes,

6 Ibid.
7 Ver índice 6 de SAMAI.
8 Ver índice 4 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00178-01 (6485-2023)

CONSIDERACIONES

Deberá resolver la Subsección si a la demandante, como docente oficial con
vinculaciones mediante contratos de prestación de servicios, y de relaciones legales
y reglamentarias, le asiste derecho a la pensión con base en la Ley 33 de 1985, en
cuantía del 75% del promedio de los factores salariales sobre los que se haya
efectuado cotizaciones durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico
pensional, y con efectividad desde esa misma fecha. Igualmente se tendrá que
establecer si era procedente la condena en costas de primera instancia a cargo de
la entidad demandada.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación a
la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado,9 en la cual se estableció principalmente la forma de liquidar
la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los postulados
remisorios de la Ley 91 de 1989.

Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación al magisterio, debido
a la expedición de la Ley 812 de 2003.

Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices unificadoras es más
amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular del accionante es esencial para verificar la pertinencia de
sus pretensiones.

Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según
el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones
pendientes de definición jurídica que no se hayan consolidado el fenómeno de cosa
juzgada, tal como se presenta en el litigio objeto de examen.

Con las anteriores precisiones se resalta que la sentencia de unificación10 en
comento fijó en síntesis las siguientes reglas de interpretación normativa:

9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-

CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
10 El sustento jurídico de estas reglas fue, esencialmente, los siguientes planteamientos: «[…] 51. En criterio de

la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00178-01 (6485-2023)

«[…] a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen
de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con
el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]». (Subrayado fuera de texto).

Como se observa, el criterio relevante para determinar el marco jurídico pensional
del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación al magisterio,
contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003),
sin que para estos efectos deba verificarse si para esa fecha el reclamante seguía

el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en
el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de
los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

[…] 62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de
igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener
en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de
la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación
ordinaria de los docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

[...] 67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y nacionalizados y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:

Edad: 55 años
Tiempo de servicios: 20 años
Tasa de remplazo: 75%

Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de servicio docente y ii)
los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». (Resalta la Sala).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00178-01 (6485-2023)

o no vinculado bajo dicha calidad, pues en observancia del principio de la condición
más beneficiosa,11 es claro que esta situación corresponde a un tránsito legislativo
sin un régimen de transición específico, que hace necesario proteger la expectativa
legítima que tenía el maestro de pensionarse con una regulación más favorable.

Ahora, frente al supuesto en que un solicitante haya acumulado tiempos de labor
como docente a través de contratos u órdenes de prestación de servicios (OPS), la
Sala resalta que en la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de agosto de 2016
proferida por el Consejo de Estado,12 se precisó que la labor de los maestros con
ese tipo de vínculo no es diferente ni opuesto al que se deriva de una relación laboral
legal y reglamentaria, pues también se distingue por reunir los elementos esenciales
del trabajo como la subordinación, la prestación personal del servicio y la
remuneración, lo que permite considerar dichos lapsos como verdaderos períodos
con efectos prestacionales, no solo para computarlos, sino además a fin de
determinar el régimen pensional aplicable.13

Resolución del caso concreto

Como se desprende de lo anterior, es indispensable determinar cuál es la normativa
que gobierna el caso de la accionante en virtud de la fecha de su primer ingreso al
servicio educativo oficial.14

11 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala

de Casación Laboral. Radicación: 40.662
12 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de

agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015). En dicha providencia se señaló: «[…] la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su
labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio
de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones
durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado. […]».
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

20 de junio de 2024, radicado: 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022); y sentencia del 24 de febrero de
2022. Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019). En esta última providencia se planteó que: «[...]
Ahora, si bien no se niega la existencia de contratos de prestación de servicios de la demandante con la mentada
entidad territorial, lo cierto es que tal hecho de ninguna manera implica asumir que la calidad de sus actividades
fue otra diferente a la de una docente oficial propiamente dicha, esto al margen de que los efectos jurídicos en
cuanto a la relación laboral no se hayan configurado en su momento. Lo expuesto implica que sin perjuicio del
vínculo contractual existente en los lapsos aludidos, y sin que en esta sentencia se emita pronunciamiento sobre
una eventual declaratoria de existencia de una relación laboral para aquella época, sí debe entenderse que la
señora Marín Cardona ejerció funciones propias e inherentes a la condición de docente estatal desde el 2 de
febrero de 1998, es decir, a partir de la primera ejecución del contrato de prestación de servicios como docente,
suscrito con la mentada autoridad departamental para ser desarrollado en algunas de sus instituciones
educativas. […] A partir de este razonamiento, se deduce preliminarmente que ante casos en los que se avizora
el desempeño de actividades y funciones como docente, fundada en vínculos contractuales con entidades de
derecho público o a su servicio, es posible tener por configurados los tres elementos constitutivos de una
relación laboral, con fundamento en que la misma naturaleza de la actividad desarrollada por un educador, hace
que esta sea necesariamente personal, remunerada y sometida a reglamentaciones, instrucciones y
lineamientos de obligatorio cumplimiento. […]»
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00178-01 (6485-2023)

En tal sentido, debe acudirse inicialmente a la Autorización 1110 del 18 de marzo
de 2002 emitida por la Secretaría Departamental de Caldas,15 en la que se observa
que la actora se desempeñó como docente transitoria de tiempo completo para
ejercer el cargo desde esa misma fecha en el Instituto Nacional de Salamina,
durante todo el año lectivo restante de 2002.

La entidad demandada no puso en duda la existencia de dicha vinculación y la
consecuente prestación del servicio, pues se centró tanto en la vía administrativa
como judicial (incluso en segunda instancia con su recurso), en asegurar que no se
debe tener en cuenta ese período ni aquellos ejecutados mediante contratos de la
prestación de servicios, por no ser relaciones laborales y por no haberse acreditado
la cotización durante esos tiempos.

Lo expuesto significa que, al no existir controversia en este punto, se encuentra
demostrado el hecho de que la reclamante inició su labor como educadora estatal
el 18 de marzo de 2002, fecha que definitivamente es anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).

Se concluye entonces que era dable verificar la situación jurídica reclamada por la
actora de acuerdo con las previsiones del artículo 81 de dicha norma, las cuales
habilitan la posibilidad de tener en cuenta la regulación anterior contenida en los
artículos 2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de la Ley 91 de 1989, disposiciones que
remiten para efectos de esta prestación en litigio al régimen de los empleados
públicos del orden nacional, consagrado esencialmente en la Ley 33 de 1985, tal
como lo estimó acertadamente el tribunal de origen.

Sobre el punto se destaca que, la accionante siempre ha pretendido el
reconocimiento de una pensión de jubilación con fundamento en dicha disposición
legal, mas no con base en la Ley 71 de 1988 como erradamente lo aseguró el
FOMAG en su apelación, de manera que no encuentra respaldo su argumento de
impugnación cuando aduce que hubo una falta de congruencia entre lo reclamado
y lo definido en vía judicial.

Precisado lo anterior, deberá analizarse el reparo principal de la entidad recurrente
relacionado con la supuesta imposibilidad de computar los tiempos de servicio de la
demandante que acumuló en razón de una serie de contratos de prestación de
servicios, bajo el entendido de que no se puede presumir que existió una relación
laboral en detrimento de la estabilidad financiera del sistema al no haberse realizado
las cotizaciones para estos lapsos.

aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»
15 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00178-01 (6485-2023)

Pues bien, en el expediente obran los siguientes documentos: Autorización 1110
del 18 de marzo de 2002 generada por la Secretaría de Educación Departamental
de Caldas, y certificaciones para pago de reemplazos emitidas por el gobernador
de dicha entidad territorial, en las que se indica claramente que, por medio de
autorizaciones de servicio, la actora ejerció funciones como docente de tiempo
completo a lo largo del año 2003.

Con base en tales pruebas es posible asegurar que, la accionante sí se desempeñó
como maestra oficial contratista durante los siguientes períodos: del 18 de marzo al
30 de diciembre de 2002, del 1.º al 13 de abril de 2003, del 21 al 30 de abril de 2003,
del 1.º al 31 de mayo de 2003, del 1.º al 31 de octubre de 2003, del 1.º al 30 de
noviembre de 2003, y del 1.º al 14 de diciembre de 2003.

Ahora, en atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo primero que
debe recordarse es que, contrario a las afirmaciones de la autoridad recurrente, las
vinculaciones de un docente bajo la modalidad contractual de OPS no impide
considerar tales interregnos para establecer el régimen pensional aplicable, y
mucho menos para contabilizarlos a fin de cumplir el requisito del tiempo de servicio.

En esta clase de contrataciones es evidente que el ejercicio material de la labor
educativa necesariamente se da bajo una relación laboral encubierta, que, aunque
no se declarará como tal en este proceso debido a que lo propio no es materia del
litigio como fue establecido, sí permite advertirla, considerarla y afirmarla
judicialmente para efectos prestacionales como los de la pensión ordinaria de
jubilación.16

De hecho, resulta claro que la sola naturaleza de las funciones ejercidas por la
accionante durante el tiempo que celebró contratos de prestación de servicios con
el departamento de Caldas, da cuenta de que en atención al principio de la realidad
sobre las formalidades previsto en el artículo 53 Constitucional, y sin necesidad de
concederle judicialmente la calidad de empleado público, aquel sí puede ser
asimilado (sin los efectos jurídicos), a un docente con un vínculo oficial formal a lo
largo de los interregnos enlistados.17

Bajo este entendido y en atención a que es la Ley 33 de 1985 la que regula la
situación jurídica de la actora por haber trabajado como maestra estatal con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, en adición a que sí son
computables los períodos laborados en la modalidad de prestación de servicios, se
corrobora la ilegalidad del acto administrativo demandado como lo determinó el juez
de origen.

16 Tales afirmaciones encuentran respaldo en la sentencia del 20 de junio de 2024 dictada por el Consejo de

Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso con radicado 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-
2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
17 Esta tesis también fue expuesta en sentencia del 18 de febrero de 2021, dictada por esta Subsección en el

proceso con número interno 4163-2014.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00178-01 (6485-2023)

Esto porque la reclamante sí había acreditado los requisitos necesarios para
consolidar el derecho a una pensión de jubilación con base en los postulados de la
primera ley en comento, pero adicional, conforme a los lineamientos de la sentencia
de unificación del Consejo de Estado proferida el 25 de abril de 2019 sobre la
materia.

Sobre el punto, del material probatorio obrante en el expediente se concluye al igual
que el tribunal de primera instancia que: i) la demandante acreditó 55 años de edad
el 20 de junio de 201418; ii) de la sumatoria de los tiempos servidos como empleada
pública (bibliotecaria del municipio de Marmato), así como en calidad de docente en
propiedad y como contratista, se observa que esta acreditó 20 años de labor hasta
el 15 de diciembre de 2016,19 y iii) dentro del período comprendido entre el 15 de
diciembre de 2015 y el 14 de diciembre de 201620, aquella devengó asignación
básica, bonificación mensual docente y horas extras que son los únicos haberes
computables en su caso sobre los que debieron realizarse aportes por haber estado
enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, o bien en los Decretos 633 y 634
de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018, tal como lo ha sostenido esta Corporación
en recientes providencias.21

Con todo, dicha prestación debe concederse con efectividad desde el 15 de
diciembre de 2016 como lo estimó el tribunal, esto es, cuando la actora adquirió el
estatus jurídico pensional, en la medida en que este derecho es compatible con el
salario de docente sin necesidad de demostrar el retiro del servicio de conformidad
con los artículos 19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972,
aplicables al caso particular de la accionante por haber sido vinculada antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.22

18 Según la cédula de ciudadanía que obra en el expediente digital, la demandante nació el 20 de junio de 1959.
19 Para el efecto se tuvieron en cuenta el período servido como bibliotecaria del municipio de Marmato, el cual

se encuentra certificado que tuvo lugar en virtud de un nombramiento como empleada pública entre el 6 de
agosto de 1988 y el 17 de febrero de 2002, y que resulta computable con los demás interregnos como docente
oficial, tanto acumulados mediante contratos de prestación de servicios como a través de una vinculación legal
y reglamentaria como educadora en propiedad desde el 14 de mayo de 2004 hasta la presentación de la
demanda (26 de marzo de 2021), tal como esta misma Subsección de la Sección Segunda del Consejo de
Estado lo ratificó cuando en sentencia del 20 de junio de 2024 dictada en el proceso con radicado 17001-23-
33-000-2019-00174-01 (0506-2022) se dispuso que: «[…] la posibilidad de computar tiempos de trabajo
acumulado por un docente en otras actividades con vinculación estatal diferentes a las del magisterio, ha sido
reiterada por esta corporación, ello en razón a que aquellos reclamantes que sí lograron acceder a la transición
de la Ley 812 de 2003, y por tanto, que su pensión tenga que ser reconocida con fundamento en la Ley 33 de
1985, terminan sometidos íntegramente a esta última regulación que es la aplicable a los empleados públicos
del orden nacional, la cual no limita ni restringe que el requisito de los 20 años de labor sean exclusivamente en
determinada entidad o ejerciendo cierta función oficial específica. […]»
20 De conformidad con la certificación de factores salariales que obra en el expediente digital.
21 La mencionada normativa adicional a la Ley 62 de 1985, corresponde a la creación de otros factores salariales

propios de los educadores oficiales sobre los cuales se realizan aportes a pensión, los cuales son: la asignación
adicional para personal directivo docente, la bonificación mensual y la bonificación pedagógica. Tales
emolumentos han sido incluidos para efectos del cálculo de la pensión de los docentes que los hubiesen
devengado durante el año anterior a la consolidación de su estatus, según se ha expuesto por parte de esta
misma Subsección en sentencias del 22 de junio de 2023 dictadas en los procesos con números internos 5111-
2022, 4056-2021 y 1863-2022.
22 Sobre este planteamiento ver sentencia del 23 de octubre de 2024 proferida por esta misma Subsección en

el proceso con radicado 05001-23-33-000-2020-00600-01 (7813-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00178-01 (6485-2023)

Ahora, también acertó la primera instancia al declarar la prescripción de mesadas
causadas con anterioridad al 16 de octubre de 2017, teniendo en cuenta que, entre
las fechas de exigibilidad del derecho (15 de diciembre de 2016), de radicación de
la reclamación administrativa (16 de octubre de 2020),23 y de la presentación de la
demanda (26 de marzo de 2021),24 transcurrieron más de tres años de que tratan
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

Finalmente, tal como lo manifestó la corporación de origen, como en el presente
caso se tuvo en cuenta la existencia de una relación laboral encubierta, únicamente
para efectos pensionales de la actora durante los períodos en los cuales esta se
desempeñó como docente contratada, necesariamente la entidad demandada tiene
la potestad y obligación de efectuar el cobro completo, actualizado y real de los
aportes por tales tiempos en la proporción que le correspondía respectivamente a
la demandante y al departamento de Caldas como empleador, pues su naturaleza
parafiscal conlleva la obligatoriedad del recaudo y la imprescriptibilidad.25

Lo mismo tendrá que hacer para solicitar la transferencia de las cotizaciones
realizadas en su momento a Colpensiones por la labor desarrollada en el municipio
de Marmato como bibliotecaria,26 pues es la autoridad accionada la que asumirá el
pago total de la pensión, y, por tanto, la misma debe estar completamente
financiada por los tiempos que fueron tenidos en cuenta para su reconocimiento, lo
cual evita el detrimento patrimonial que se aduce como fundamento adicional de
apelación.

Estos argumentos son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la condena en costas impuesta en
primera instancia, en consideración a que, para la entidad demandada, actualmente
no existe un fundamento que justifique la imposición de esta carga, solo por el hecho
de ser vencida en juicio, por lo que considera que esta orden debe ser revocada.

En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se ha sostenido a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de
2021, teniendo en cuenta la fecha de expedición de la sentencia de primera
instancia (2 de junio de 2023).

23 Ver expediente digital obrante en el índice 2 de la plataforma SAMAI.
24 Ibid.
25 Posición fijada por el Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda, en la sentencia de unificación

CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015) .
26 Ver certificado de aportes realizados a dicha entidad en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00178-01 (6485-2023)

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, pues para estos efectos existe la referida norma especial que
debe ser aplicada en su integridad.

Por ello, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha situación a la luz de
la normativa vigente, así:

En el caso bajo estudio, aplicando el criterio anunciado, se observa que los
fundamentos expuestos en la contestación de la demanda y en el recurso de
apelación presentados por la parte demandada, no revisten una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Por el contrario, esta
indicó razones en defensa jurídica de sus intereses. Por eso, al no encontrarse
acreditado tal presupuesto normativo se revocará la condena impuesta en su contra
en primera instancia y se dispondrá no imponer dicha carga en segunda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR EL ORDINAL QUINTO de la sentencia proferida el dos (2)
de junio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Caldas que
condenó en costas de primera instancia a la entidad demandada.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida que accedió a
las pretensiones de la demanda.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00178-01 (6485-2023)

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
apelante.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.