5 cosas que un abogado nunca debería subir a ChatGPT (ni a chats de consumo)

La inteligencia artificial generativa ya forma parte de la rutina de muchos despachos. Se usa para ordenar un índice, traducir un párrafo, pedir un esquema de contestación o resumir un PDF demasiado largo. Esa utilidad, sin embargo, no convierte a ChatGPT —ni a Claude, Gemini u otros chats de consumo— en una extensión legítima del expediente. El problema no es “usar IA”. El problema es a quién se le entrega información que el ordenamiento reserva al secreto profesional.

En Colombia, ese deber no es un consejo de buenas prácticas: es mandato constitucional y disciplinario. El artículo 74 de la Constitución Política dispone que el secreto profesional es inviolable. La Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado) lo reitera como deber: el abogado debe guardar el secreto profesional, incluso después de cesar la prestación de sus servicios (art. 28, numeral 9). Y tipifica como falta de lealtad con el cliente revelar o utilizar los secretos que le haya confiado el cliente, salvo autorización escrita de aquel o las hipótesis excepcionales que la propia norma contempla (art. 34, literal f). Pegar un memorial, un contrato o un informe médico en un chatbot de consumidor no es un gesto técnico inocuo: es un acto de revelación a un tercero —el proveedor del modelo y, según el plan y los términos, sus sistemas de retención, soporte o entrenamiento.

Esa lectura se refuerza, en clave comparada, con la Formal Opinion 512 de la American Bar Association (julio de 2024). La FO 512 recuerda que el Model Rule 1.6 obliga a proteger la información relacionada con la representación; que muchas herramientas de IA generativa self-learning elevan el riesgo de divulgación no autorizada; y que, cuando ese riesgo existe, el abogado debe obtener consentimiento informado del cliente antes de ingresar información de la representación —no un boilerplate genérico en la carta de encargo. Colombia no aplica las Model Rules, pero el contraste es útil: en ambas orillas el criterio apunta a la misma dirección. La herramienta no absuelve al profesional.

Antes de enumerar las cinco categorías, una precisión operativa. Los términos de OpenAI, Anthropic, Google y demás cambian. Lo que ayer era “opt-out de entrenamiento” en un plan Plus puede no equivaler a un contrato empresarial con prohibición de training, retención limitada y DPA. Verifique siempre, en la fecha de uso, el plan concreto (Free, Plus, Team, Enterprise / business) y la política de datos. Esta pieza habla del riesgo típico de los chats de consumo, no de afirmar el estado contractual de cada SKU el día de hoy.

1. 1Identidad y datos personales del clienteNombres completos junto con cédula, pasaporte, dirección, teléfono, correo, NIT o cualquier combinación que permita reidentificar a la persona del mandato. El cliente no autorizó —salvo que lo haya hecho por escrito y con información suficiente— que esos datos viajen a un proveedor de modelos de propósito general. En Colombia, además del secreto profesional, opera la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data): el abogado que trata datos personales sigue siendo responsable frente al titular. Subir un PDF “para que la IA lo resuma” suele incluir exactamente lo que más debería quedar fuera: la carátula identificable. La práctica prudente no es renunciar a la IA; es abstraer. Cambie nombres por roles (“Demandante A”, “Testigo 1”), elimine números de documento y domicilios, y trabaje sobre la estructura jurídica del problema. Si el archivo solo tiene sentido con la identidad real, ese archivo no pertenece a un chat de consumo.
2. 2Hechos no públicos y estrategia del casoAquí está el núcleo del secreto: líneas de defensa, evaluación de riesgos procesales, debilidades del propio caso, identidad de testigos aún no decretados, ofertas de negociación, memos internos, correos con el cliente sobre “qué conviene admitir”. Aunque parte del litigio ya figure en un estado de la Rama Judicial, lo público del proceso no agota lo que el cliente confió al abogado. El memorial con la teoría del caso, los anexos estratégicos y el análisis de contraparte no son material de prompt. Un error frecuente es pensar: “si el juzgado lo publicó, yo puedo pegarlo donde sea”. No. Consultar un auto en el portal oficial no es lo mismo que volcar, en un modelo de consumo, el paquete completo de hechos reservados y de juicio profesional que acompaña la representación. La FO 512 insiste en evaluar qué información se ingresa y quién podría acceder después a rastros o salidas derivadas. Ese test, traducido al despacho latinoamericano, es sencillo: si la contraparte se beneficiaría de leer su prompt, no lo escriba ahí.
3. 3Salud, pericias y categorías especialmente sensiblesInformes médicos, psicológicos, psiquiátricos, toxicológicos, historias clínicas, dictámenes sobre capacidad, lesiones o tratamientos. En la lógica de la Ley 1581 estos datos merecen un umbral de protección más alto. Pegarlos en ChatGPT “para que redacte el capítulo de perjuicios” concentra un riesgo doble: viola el secreto profesional y expone información íntima del cliente (o de un tercero) a un ecosistema que el abogado no controla. Si necesita ayuda de redacción, describa el tipo de daño y el marco normativo sin adjuntar el informe nominativo. La pericia original permanece en el expediente del despacho; la IA, si se usa, trabaja sobre una síntesis ya desidentificada y revisada por usted.
4. 4Documentos que afectan a terceros que no consentieronTestamentos, particiones, inventarios sucesorios, poderes familiares, acuerdos de divorcio con hijos, datos de socios no clientes, listados de empleados, información de la contraparte obtenida bajo reserva. El secreto no es solo “mi cliente frente a mí”: muchas piezas del mandato contienen vidas ajenas. El tercero no firmó el engagement letter; no puede verse arrastrado a un historial de chat porque al abogado le resultó cómodo el atajo. La regla práctica: si el documento habla de alguien que no lo autorizó por escrito, no entra al chat de consumo. Anonimice o, mejor, no suba el archivo. Pida a la herramienta un esquema genérico (“estructura de demanda de petición de herencia bajo el Código Civil”) y complete usted los hechos con control humano.
5. 5Dinero, accesos y piezas “llave”Números de cuenta, IBAN/CLABE, extractos, capturas de banca, claves, tokens de acceso a portales judiciales o de la firma, certificados digitales, poderes con facultades de disposición, liquidaciones con datos bancarios embebidos. Un solo descuido convierte un resumen “útil” en un incidente de seguridad. Aquí el riesgo deja de ser solo disciplinario y se vuelve patrimonial y reputacional. Ningún prompt justifica pegar credenciales. Ningún “ayúdame a cuadrar esta liquidación” justifica adjuntar el extracto completo con saldos y movimientos identificables. Trabaje con cifras redondeadas o tablas ya depuradas; conserve los originales fuera del chat.

Primero, política interna. Defina qué herramientas están aprobadas, quién las puede usar, qué clases de información están prohibidas y cómo se documenta el consentimiento del cliente cuando corresponda. El asociado que “cita de noche” en su cuenta personal convierte a la firma en rehén de un historial que el socio no ve. Ese es precisamente el problema de gobernanza: el asunto debe vivir donde la firma asigna, revisa y controla, no en un hilo suelto.

Segundo, consentimiento informado de verdad. Si algún flujo exige ingresar información relacionada con la representación en un sistema de IA, explique al cliente el para qué, el riesgo concreto y las alternativas. La FO 512 es explícita: el boilerplate no basta. En Colombia, el art. 34 lit. f habla de autorización escrita del cliente para revelar secretos; conviene tomarse esa exigencia en serio antes de normalizar el copy-paste.

Tercero, elegir el canal según el dato. Hay tareas que un chat genérico resuelve bien: esquemas doctrinales, checklists procesales abstractos, mejora de claridad de un párrafo ya desidentificado. Hay otras que exigen un entorno con garantías contractuales de confidencialidad, exclusión de entrenamiento con los insumos del usuario, aislamiento por cuenta y —cuando se investiga derecho colombiano— fuentes que el abogado pueda abrir y verificar. En RuleX, la postura pública de seguridad describe APIs empresariales bajo contrato de confidencialidad, prohibición de usar los datos del expediente para entrenar modelos, copias de trabajo para IA con expiración corta y control del usuario sobre el borrado del historial. Las actualizaciones del producto documentan, además, la evolución hacia un legal harness: modelos, fuentes, expediente y entregables conectados, no un chat huérfano.

Cuarto, la revisión humana es indelegable. Incluso cuando el canal sea adecuado, el abogado responde por lo que firma y radica. No invente citas; no confíe en un radicado “bonito”; contraste con repositorios oficiales.

El asunto compartido está en para firmas. Las garantías, en seguridad. El harness, en actualizaciones. La puerta de práctica, en IA para abogados.

El secreto profesional no se flexibiliza porque el modelo responda en segundos. La Constitución lo declara inviolable; el Código Disciplinario lo convierte en deber continuo; la ética comparada (ABA FO 512) exige consentimiento informado frente al riesgo de la IA generativa. Las cinco categorías anteriores —identidad, estrategia, salud, terceros y dinero/accesos— son la lista mínima que debería colgarse junto al monitor de cualquier litigante.

Si no enviaría ese archivo por error a un tercero, no lo pegue en un chat de consumo. Use la IA donde aporte velocidad sobre material ya depurado o en plataformas que demuestren, con prácticas verificables, que el secreto del cliente no se convierte en dato de entrenamiento. RuleX publica esas prácticas en seguridad y el modelo de trabajo compartido en para firmas: confidencialidad contractual con los proveedores de IA, fuentes que se abren y control de la firma sobre el asunto. El criterio, al final, sigue siendo suyo —y el de su cliente.