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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02188-00

Fecha
1 de junio de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02188-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por Hugo Armando Granja Arce, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier 7 Al respecto, entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B, Sentencia de 6 de marzo de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-00529-00; Sentencias de 12 de julio de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-00992-01 y 11001-03-15-000-2019-02824-00; Sentencia de 7 de noviembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04459-00, Sentencia de 16 de diciembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-00; Sentencia de 5 de febrero de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-04762-00; Sentencia de 6 de marzo de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00294-00, Sentencia 18 de marzo de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00781-00, Sentencia de 5 de junio de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-01992-00, Sentencia de 27 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-01641-01. 8 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: (…) 5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo.” Es preciso indicar que se acude a la referida normatividad porque el artículo 30 de la Ley 393 de 1997 dispone que en los aspectos no contemplados en esta Ley se seguirá el CCA en lo que sea compatible con la naturaleza de las Acciones de Cumplimiento y, a su vez, este último Código, en su artículo 188, prevé que la liquidación y […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02188-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

1 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 1 de junio de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02188-00
Demandante: Hugo Armando Granja Arce
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Requisitos generales de
procedencia/ Relevancia constitucional/ Condena en costas

Síntesis del caso: El demandante enjuició la Sentencia de reemplazo que se profirió en una
acción de cumplimiento, con ocasión de una orden de tutela, y lo condenó al pago de
costas.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Hugo Armando
Granja Arce en contra del Tribunal Administrativo de Nariño.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
los terceros.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 18 de abril de 2022, Hugo Armando Granja Arce formuló acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, por la presunta
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión
de la Sentencia de reemplazo 24 de marzo de 2022, que la autoridad
judicial demandada profirió, en cumplimiento de una orden de tutela,
dentro del proceso de la acción de cumplimiento No. 52001-33-33-003-
2021-00090-01.

2. A título de amparo constitucional, el accionante solicitó (se
trascribe):

“PRIMERA. - Que se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO –
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN, está vulnerando el derecho fundamental al

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021 y el Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02188-00
Demandante: Hugo Armando Granja Arce
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Decisión: Declara Improcedente
Naturaleza: Acción de tutela
______________________________________________________________________________________________________________

debido proceso al Señor HUGO ARMANDO GRANJA ARCE, de conformidad
con las consideraciones establecidas en la presente acción de tutela.

SEGUNDA. - Que en consecuencia, se deje sin efectos el Artículo 2º de la parte
resolutiva de la sentencia de segunda instancia proferida en cumplimiento de
tutela No. D003-32-2022 del 24 de marzo de 2022, dentro del proceso de
acción de cumplimiento, Rad. No. 52001-33-33-003-2021-00090-01 (10280).”

3. Como hechos relevantes se tienen los siguientes:

4. 1) El 18 de mayo de 2021, Hugo Armando Granja Arce presentó
acción de cumplimiento, con el fin de que se ordenara al municipio de Los
Andes – Nariño que acatara lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 1678
de 1958, modificado por el Decreto 2759 de 19972, dado que el 23 de abril
de 2021 se instaló un letrero en el parque principal de ese ente territorial
que contenía la siguiente frase (se trascribe) “¡Sembrando progreso para
todos! Yonny Delgado Alcalde de Los Andes 2020-2023. Vive el Cambio”.

5. 2) Mediante Sentencia de 11 de junio de 2021, el Juzgado 3
Administrativo de Pasto observó la Sentencia de 29 de abril de 2021 de la
Sección Quinta del Consejo de Estado3 y declaró improcedente la referida
acción de cumplimiento, por considerar que no cumplía con lo dispuesto
en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, pues (se trascribe) “entre la solicitud
realizada y la posterior instalación del letrero que origina el litigio, medió un
acto administrativo”, contra el que procedía el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

6. 3) El demandante apeló la anterior decisión, bajo el argumento de
que no existía un acto administrativo verbal del alcalde del municipio de
Los Andes que autorizara la instalación del letrero y, en esa medida, no
había otro medio judicial idóneo, distinto a la acción impetrada, para
obtener el cumplimiento del artículo 5 del Decreto 1678 de 1958.

7. 4) El 27 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de Nariño revocó
parcialmente la decisión apelada y, en su lugar, accedió a las
pretensiones, tras determinar que sí se satisfizo el requisito de
subsidiariedad, ya que con ningún otro medio de control se obtendría la
pretensión de retiro del letrero ante el incumplimiento que evidenció del
artículo 1 del Decreto 2759 de 1997.

2 “Artículo 1o. El artículo quinto (5o) del Decreto 1678 de 1958 quedará así:

‘Los Ministerios del Despacho, Gobernadores y Alcaldes quedan encargados de dar estricto cumplimiento a lo
dispuesto en la legislación vigente para prohibir en adelante la designación, con el nombre de personas vivas,
de las divisiones generales del territorio nacional, los bienes de uso público y los sitios u obras pertenecientes a la
Nación, los Departamentos, Distritos, Municipios o a entidades oficiales o semioficiales.
Igualmente, prohíbese la colocación de placas o leyendas o la erección de monumentos destinados a recordar
la participación de los funcionarios en ejercicio, en la construcción de obras públicas, a menos que así lo
disponga una ley del Congreso.
Parágrafo Único. Las autoridades antes indicadas podrán designar con el nombre de personas vivas los bienes
de uso público a petición de la comunidad y siempre que la persona epónima haya prestado servicios a la
Nación que ameriten tal designación’."
3 Rad. No. 08001-23-33-000-2020-00638-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02188-00
Demandante: Hugo Armando Granja Arce
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Decisión: Declara Improcedente
Naturaleza: Acción de tutela
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8. 5) El 31 de agosto de 2021, el municipio de Los Andes interpuso
acción de tutela4 contra la sentencia anterior, al considerar que le fue
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.

9. 6) El 11 de octubre de 2021, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado profirió sentencia en la que negó la solicitud de
amparo, tras concluir que no se configuraron los defectos sustantivo,
fáctico y de desconocimiento del precedente alegados.

10. 7) Dicha decisión fue impugnada por el municipio y, posteriormente,
revocada por la Sección Quinta de esta Corporación, a través de la
Sentencia de 17 de febrero de 2022, en la que se determinó (se trascribe):

“(…) esta Sala de Decisión observa la necesidad de amparar el derecho
fundamental del debido proceso del Municipio de los Andes, por encontrar
que la decisión del 27 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño desconoció el precedente fijado por esta Sección del Consejo de
Estado en asuntos en los que se debata la legalidad de una actuación acto
administrativo, que autorice o permita la instalación de ese tipo de distintivos,
y que antecede a la materialización (instalación), independiente de si
provienen de una solicitud de parte o con ocasión de la voluntad de la misma
administración.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Nariño - Sala Segunda de
Decisión deberá, en el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de
la notificación del presente fallo, proferir sentencia de reemplazo, con respeto
de su autonomía judicial, en la que atienda la línea trazada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado en la sentencia del 29 de abril de 2021,
radicado 08001-23-33- 000-2020-00638-01, de conformidad con las
consideraciones expuestas.”.

11. 8) El 24 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Nariño dio
cumplimiento a lo anterior y, en consecuencia, profirió Sentencia en la que
resolvió (se trascribe) “PRIMERO.-CONFIRMAR la sentencia proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto, el día 11 de junio de
2021, de conformidad con lo indicado en la parte motiva. SEGUNDO.-
Condenar en costas de segunda instancia al demandante, en favor de la
parte demandada”.

12. Para la parte actora, el fundamento de la vulneración radicó en un
desconocimiento del precedente jurisprudencial emitido por la Sección
Quinta del Consejo de Estado sobre la condena en costas en procesos de
acción de cumplimiento. Concretamente, citó las Sentencias de 28 de julio
de 2014, Rad. 05001-23-33-000-2014-00286-01, 20 de noviembre de 2003,
Rad. 25000-23-15-000-2003-01957-01, para indicar que las mismas disponen
que la condena en costas se reconocerá cuando hubiere lugar a ello y en
la medida de su comprobación, es decir, cuando se demostrara que: 1)

4 La cual fue identificada y repartida con el radicado No. 11001-03-15-000-2021-05824-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02188-00
Demandante: Hugo Armando Granja Arce
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Decisión: Declara Improcedente
Naturaleza: Acción de tutela
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con ocasión del proceso judicial se causaron gastos y 2) alguna parte
hubiera actuado de mala fe, con abuso de sus derechos procesales o con
temeridad.

13. En esa medida, adujo que los supuestos descritos no se dieron, pues,
no reposaba en el expediente ninguna prueba que demostrara que se
causaron gastos dentro del proceso judicial ni que se actuó de mala fe o
con temeridad, y que, en todo caso, la Sentencia de tutela de segunda
instancia que ordenó al Tribunal dictar una sentencia de reemplazo, no
estableció que debía condenarse en costas en el proceso de la acción de
cumplimiento.

14. Por lo anterior, indicó que la condena en costas prevista en el
artículo 21 de la Ley 393 de 1997 debía interpretarse en concordancia con
el numeral 8 de artículo 264 del CGP y la jurisprudencia correspondiente.

1.2. Posición de la parte demandada y los terceros5

15. El Juzgado 3 Administrativo de Pasto allegó el expediente del
proceso solicitado y explicó que, en su Sentencia de 11 de junio de 2021,
además de haber declarado improcedente la acción de cumplimiento, se
abstuvo de condenar en costas a la parte vencida porque no se demostró
la mala fe ni la temeridad; no obstante, el Tribunal demandado sí lo hizo,
tanto en la Sentencia de segunda instancia como en la de reemplazo,
ante lo cual, el juzgado procedió a dictar Auto de obedecimiento de 27
de abril de 2022.

16. En ese sentido, indicó que sus actuaciones se surtieron con
observancia de la ley procesal y cumplimiento de los postulados que
orientan la función judicial y, en consecuencia, solicitó que se negaran las
pretensiones de la tutela en lo que a este le concernía.

17. El municipio de Los Andes solicitó que se negara el amparo
solicitado, tras considerar que no se podía hablar de una violación al
debido proceso, por el hecho de que el Tribunal en su decisión acogió el
criterio de condenar en costas. Adicionalmente, sostuvo que era en la
liquidación de las costas, efectuada por el juzgado de origen, donde el
accionante debía cuestionar tal aspecto, mediante los recursos que el
ordenamiento jurídico disponía, si consideraba que las mismas no se
causaron o que no se encontraban probadas. En ese orden, señaló que la
acción incoada era improcedente.

5 Mediante Auto de 21 de abril de 2022, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2)

tener como demandada al Tribunal Administrativo de Nariño y (3) vincular al Juzgado 3 Administrativo de Pasto y
al Municipio de los Andes (Nariño) como terceros interesados en el proceso.

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Demandante: Hugo Armando Granja Arce
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Decisión: Declara Improcedente
Naturaleza: Acción de tutela
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18. En todo caso, manifestó que las costas se encontraban causadas,
debido a que dicho ente territorial actuó a través de apoderado judicial
en ambas instancias, por lo que la condena por dicho concepto, en su
criterio, tenía soporte probatorio dentro de la libertad de apreciación,
propia de la labor del juez, quien no violó precedente alguno ni el debido
proceso del accionante.

19. El Tribunal Administrativo de Nariño guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

20. Corresponde a la Sala establecer, luego de verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, si la Sentencia de
reemplazo de 24 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño, desconoció las Sentencias de 28 de julio de 2014, Rad. 05001-23-
33-000-2014-00286-01, 20 de noviembre de 2003, Rad. 25000-23-15-000-2003-
01957-01 en lo relacionado con la condena en costas.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

21. La Sala advierte que la acción de tutela no es procedente porque
no satisface el requisito de relevancia constitucional6.

22. Lo anterior obedece a, si bien, el accionante alegó el
desconocimiento de un precedente jurisprudencial y, con ello, la
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, en la medida
que en la segunda instancia, concretamente, en la Sentencia de
reemplazo de 24 de marzo de 2022, fue condenado a costas, lo cierto es
que la controversia planteada está dirigida a cuestionar dicha decisión,
circunstancia que, a todas luces, no comporta la vulneración de ningún
derecho fundamental y, por ende, escapa al ámbito de protección del
juez de tutela.

23. Para la Sala, la imposición de la condena en costas, en el caso
concreto, constituye un debate o controversia eminentemente patrimonial
y económica, de la cual no se avizora una trasgresión de derechos

6 Para la Corte Constitucional, (se trascribe):“Este requisito implica evidenciar, clara y expresamente, que “la

cuestión que se entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes”14. Según la jurisprudencia constitucional, este requisito persigue al menos
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia del juez ordinario, (ii) evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales.” Sentencia T-555 de 2019.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Decisión: Declara Improcedente
Naturaleza: Acción de tutela
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fundamentales que amerite la intervención del juez constitucional. En ese
orden, al igual que en ocasiones anteriores, se declarará la improcedencia
de la acción de tutela frente a este aspecto7.

24. Finalmente, se advierte que, de existir algún reparo frente al monto
de las costas a las que se alude, las partes siempre podrán objetar la
liquidación que de ellas se haga por Secretaría, antes de que estas sean
aprobadas por el juez de conocimiento, de manera que es en ese
escenario que la parte actora podrá discutir lo que a bien tenga, si es que
no se ha procedido con su liquidación -artículo 366 CGP-8.

2.3. Conclusión

25. Existen razones suficientes para tener por no cumplido el requisito de
relevancia constitucional y, en consecuencia, la Sala se abstendrá de
estudiar los demás requisitos generales de procedencia y declarará la
improcedencia de la presente solicitud de amparo.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por
Hugo Armando Granja Arce, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier

7 Al respecto, entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B, Sentencia de 6 de marzo de 2019,

Rad. 11001-03-15-000-2019-00529-00; Sentencias de 12 de julio de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-00992-01 y
11001-03-15-000-2019-02824-00; Sentencia de 7 de noviembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04459-00,
Sentencia de 16 de diciembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-00; Sentencia de 5 de febrero de 2020,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04762-00; Sentencia de 6 de marzo de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00294-00,
Sentencia 18 de marzo de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00781-00, Sentencia de 5 de junio de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2020-01992-00, Sentencia de 27 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-01641-01.
8 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas: (…)
5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los
recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se
concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo.” Es
preciso indicar que se acude a la referida normatividad porque el artículo 30 de la Ley 393 de 1997 dispone que
en los aspectos no contemplados en esta Ley se seguirá el CCA en lo que sea compatible con la naturaleza de
las Acciones de Cumplimiento y, a su vez, este último Código, en su artículo 188, prevé que la liquidación y
ejecución de la condena en costas se regirán por las normas del CPC, ahora CGP.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02188-00
Demandante: Hugo Armando Granja Arce
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Decisión: Declara Improcedente
Naturaleza: Acción de tutela
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recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin9.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

9 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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