Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00259-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2021 › Radicado 11001-03-25-000-2012-00259-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00259-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2012-00259-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
5 de agosto de 2021
PROCESO DISCIPLINARIO - Revocatoria directa / REVOCATORIA DIRECTA EN PROCESOS DISCIPLINARIOS - Causales / DEBIDO PROCESO - Elementos / DEBIDO PROCESO - Valoración probatoria / VALORACIÓN PROBATORIA - Suficientes para moldear la convicción respecto de la ocurrencia o no de los hechos / INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES FUNCIONALES - Configuración / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD - No desvirtuada
Para el caso del proceso disciplinario, la revocatoria directa goza de especial consagración normativa en la Ley 734 de 2002, modificada por la Ley 1474 de 2011, que dispone su procedencia solamente por las causales allí previstas, es decir, (i) manifiesta inconstitucionalidad o ilegalidad; (ii) oposición al interés público o social; (iii) agravio injustificado a una persona (Decreto 01 de 1984, art 69, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art 93), (iv) manifiesta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario -Ley 1474 de 2011, Art. 49- para el caso de revocación de autos de archivo o fallo absolutorio de investigaciones disciplinarias. Son elementos constitutivos de la garantía del debido proceso en materia disciplinaria, entre otros «(i) el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus». Luego del análisis precedente y conforme a la normatividad y a la consolidada línea jurisprudencial analizada en precedencia es evidente que en el derecho disciplinario el margen de apreciación y de valoración probatoria es más amplio y flexible que el de otras ramas del derecho sancionatorio, como el derecho penal, que facultan al operador disciplinario para determinar, en ejercicio de una discrecionalidad razonada, cuando obran en un determinado proceso pruebas suficientes para moldear la convicción respecto de la ocurrencia o no de los hechos que afecten el deber funcional de los empleados públicos, teniendo en cuenta los bienes jurídicos que protege el derecho disciplinario relacionados con el buen funcionamiento, moralidad y eficiencia de la administración pública. De acuerdo con lo expuesto, la Sala de Subsección evidencia que la decisión disciplinaria de segunda instancia fue expedida el 27 de diciembre de 2010 por el Director General de la Policía Nacional mediante la cual resolvió modificar la sanción impuesta inicialmente al demandante de ocho (8) meses de suspensión e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas a seis (6) meses, por cuanto encontró acreditado que solo incurrió en una de las faltas deprecadas, eso es, la dispuesta en el numeral 8 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006. En ese orden de ideas, no resulta fundado el argumento del demandante sobre un concurso antitécnico de conductas entre las dos faltas disciplinarias atribuidas, porque finalmente solo fue sancionado por una de ellas. La Sala de Subsección considera que las pretensiones de nulidad del accionante no están llamadas a prosperar, porque los motivos que sustentaron la decisión disciplinaria objeto de control no incurrieron en una vulneración al debido proceso, en tanto el operador disciplinario valoró integralmente las pruebas aportadas a las diligencias, de acuerdo con las cuales concluyó que el actor sí incurrió en la conducta sancionada porque impidió que fueran judicializados los sujetos detenidos por presunto porte ilegal de armas, teniendo pleno conocimiento del procedimiento que debía seguir dentro del proceso penal acusatorio, configurándose así la falta disciplinaria de «impedir el cumplimiento de los deberes funcionales» respecto de los patrulleros que realizaron la captura.
FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 / LEY 1474 DE 2011
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN "A"
Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00259-00(0978-12)
Actor: FERNEY VÁSQUEZ MORENO
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Referencia: TEMA: DISCIPLINARIO. VALORACIÓN PROBATORIA. NO CONFIGURA VICIO DE NULIDAD. REVOCATORIA DIRECTA DE LA SANCIÓN. EFECTOS. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA. DECRETO 01 DE 1984.
ASUNTO
La Subsección A de la Sección del Consejo de Estado decide en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL.
ANTECEDENTES
LA DEMANDA
El señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO, actuando por conducto de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, demandó a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, en procura de obtener el reconocimiento de las siguientes declaraciones y condenas:
Pretensiones
(i). La nulidad de la decisión disciplinaria de primera instancia del 21 de mayo de 2010 proferida por la Inspección General de la Policía Nacional dentro del proceso radicado RESBO-2008-55 mediante la cual fue sancionado con ocho (8) meses de suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo término.
(ii). La nulidad de la decisión disciplinaria de segunda instancia del 27 de diciembre de 2010 proferida por el Director General de la Policía Nacional, dentro del proceso radicado RESBO-2008-55, a través de la cual fue sancionado con seis (6) meses de suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo término.
(iii). La nulidad del acto que «en el futuro ejecute las referidas decisiones disciplinarias», pues a la fecha de interposición de la demanda no existe dicha decisión.
(iv). A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la entidad demandada a lo siguiente:
Absolverlo de la sanción impuesta, declarar las nulidades que se presentan en el proceso y responder por los daños morales causados como resultado de las decisiones anuladas.
Retrotraer la actuación con el saneamiento de su hoja de vida como si no hubiere sido sancionado y devolver los emolumentos ejecutados.
Indexar los valores que resulten a su favor de acuerdo con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE desde la fecha en que se realice el cobro hasta el día del pago.
Prohibir la realización de descuentos por dineros recibidos del erario producto de una vinculación laboral o de cualquier otra relación legal o reglamentaria de la que fuera beneficiario.
Cumplir la sentencia en dinero y no en bonos, en los términos de los artículos 176 y 177 del Decreto 01 de 1984.
(v). Condenar en costas y perjuicios a la parte demandada.
Fundamentos fácticos
Son fundamentos fácticos de la demanda, los siguientes:
(i). Mediante auto del 17 de julio de 2008, el Inspector Delegado Especial de la Policía Metropolitana de Bogotá ordenó la apertura de la investigación disciplinaria contra el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO por los hechos ocurridos el 28 de septiembre de 2006, cuando aparentemente ordenó la libertad de dos personas capturadas por el delito de porte ilegal de armas de fuego en jurisdicción de Bosa, donde fungía como Subcomandante de la Séptima Estación de Policía.
(ii). El 21 de mayo de 2010, el Inspector General de la Policía Nacional profirió decisión disciplinaria de primera instancia en el proceso RESBO-2008-55, mediante la cual sancionó al señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO con suspensión e inhabilidad especial por ocho (8) meses, al encontrarlo responsable de incurrir en las faltas graves dispuestas en los numerales 6 y 8 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006.
(iii). Contra la decisión anterior presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto el 27 de diciembre de 2010 por el Director General de la Policía Nacional, en el sentido de reducir la sanción a seis (6) meses de suspensión e inhabilidad para ejercer funciones públicas por su responsabilidad en la comisión de la falta grave consagrada en el numeral 8 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006.
(iv). Luego de lo anterior, el demandante presentó solicitud de revocatoria directa ante la Procuraduría General de la Nación, la que se encuentra en trámite para la fecha de presentación de la demanda.
Normas violadas y concepto de violación
En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas las siguientes:
De orden constitucional: artículos 4, 21 y 29 de la Constitución Política.
De orden legal: artículos 4 y 128 de la Ley 734 de 2002.
Como motivo de censura el apoderado del demandante advirtió que las decisiones sancionatorias vulneraron el derecho al debido proceso de su representado, por cuanto los operadores disciplinarios valoraron indebidamente las pruebas relacionadas con su responsabilidad en la comisión de las faltas endilgadas.
Al efecto, adujo que el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO fue investigado por las faltas graves dispuestas en los numerales 6 y 8 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006.
En ese sentido, aseguró que se le imputó la comisión de dos cargos inaplicables simultáneamente, el primero por no hacer y el segundo por hacer, es decir, se estructuró un concurso improcedente cuya formulación es antitécnica.
Por otra parte, sostuvo que no fue responsable de las conductas disciplinarias referidas, por cuanto no estaba a cargo de los dos patrulleros que efectuaron la captura de los dos civiles, en tanto no era el comandante de la Estación de Policía de Bosa y tampoco se puso a su disposición el arma encontrada.
En ese sentido, precisó que el mayor CÉSAR AUGUSTO PINZÓN BARRERA, en su condición de comandante de la Policía Séptima fue quien conoció del informe presentado el 28 de septiembre de 2006 por el intendente EMEL OSORIO CORDERO por los hechos que dieron lugar a la investigación y fue quien intervino en el procedimiento presuntamente ilegal, sin embargo, no fue vinculado a la investigación pese a que la responsabilidad operativa y administrativa de la Estación de Policía era de él.
Resaltó que los patrulleros que realizaron la captura operaron de forma irregular, circunstancia que fue evidenciada en la Justicia Penal Militar por el Tribunal Superior Militar que mediante auto del 27 de noviembre de 2006, al confirmar la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de aquellos, refirió que se observó una irregularidad en el procedimiento policial.
Alegó que no existió la actuación que dio lugar a la sanción disciplinaria impuesta porque el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO no impidió deber alguno en cabeza de los dos patrulleros que ante el presunto proceder irregular no terminaron con el procedimiento de policía contra los capturados por porte ilegal de armas.
De igual forma, aseveró que el investigador disciplinario no apreció integralmente las pruebas, porque debió valorar debidamente la providencia mediante la cual el Tribunal Superior Militar se pronunció sobre la medida de aseguramiento en contra de los patrulleros que conocieron del procedimiento de policía.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Nación - Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional, se opuso a las pretensiones de la demanda, pues aseguró que los actos administrativos demandados fueron revocados por el Procurador General de la Nación mediante providencia del 16 de noviembre de 2011, al resolver la petición de revocatoria directa presentada por el demandante, decisión que fue notificada a esa entidad mediante oficio 9734 del 26 de enero de 2012, suscrito por la Secretaría General de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios.
En ese orden, manifestó que la acción es improcedente para que se defina la legalidad de las decisiones sancionatorias que fueron revocadas de acuerdo con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 138 del CCA.
Congruente con lo anterior, formuló la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por la ausencia de objeto, en el entendido que los actos reprochados fueron revocados, en consecuencia, pidió que se revocara el auto admisorio de la demanda y en su lugar se rechazara a fin de evitar un trámite innecesario de un proceso judicial que concluiría en una decisión inhibitoria.
TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto del 25 de julio de 2013, el ponente admitió la demanda y ordenó notificar al Director General de la Policía Nacional y al Agente del Ministerio Público. Además solicitó los antecedentes administrativos de los actos acusados (fols. 47 a 48)
A través de auto del 22 de mayo de 2014, se tuvieron como pruebas las aportadas por las partes, se decretó la declaración del señor EMEL OSORIO CORDERO solicitada por el demandante y solicitó la copia auténtica del extracto de sueldo del señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO (fol. 70).
El 9 de julio de 2014, el apoderado del demandante presentó solicitud de conciliación en el entendido de que renunciaría a las pretensiones relacionadas con el pago de los perjuicios materiales y morales solicitados en la acción si la parte demandada le ofrecía excusas públicas (fol. 87).
Previo traslado de esa petición a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional mediante auto del 19 de marzo de 2015 (fol. 89), dicha entidad manifestó que no tenía ánimo conciliatorio por estimar que los actos demandados se ajustaban a derecho.
Por medio de auto del 20 de enero de 2017, se dio traslado a las partes para alegar de conclusión (fol. 120).
Manifestación y trámite de Impedimento
El 15 de mayo de 2019, el Consejero de Estado Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas presentó impedimento por la causal prevista en la «segunda parte del numeral 9 del artículo 141 del Código General del Proceso» (fol. 142), el cual fue aceptado mediante auto del 9 de diciembre de 2019 visible en folio 144 del expediente, razón por la cual fue separado del conocimiento del presente proceso.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
4.1. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda relacionados con que no le asiste responsabilidad por las conductas disciplinarias endilgadas y en ese sentido destacó la decisión de la Procuraduría General de la Nación que, mediante providencia del 15 de noviembre de 2001 accedió a su solicitud de revocatoria directa de las decisiones disciplinarias reprochadas.
4.2. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional ratificó los argumentos manifestados en la contestación, referidos a que la acción no está llamada a prosperar porque los actos demandados ya fueron revocados.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El representante del Ministerio Público ante esta Corporación presentó concepto en el que solicitó acceder a las pretensiones, toda vez que, aunque las decisiones disciplinarias fueron objeto de revocatoria directa por disposición del Procurador General de la Nación, estas tuvieron efectos a futuro lo que quiere decir que surtieron efectos temporales frente a los cuales surge la viabilidad de analizar el restablecimiento del derecho.
En ese orden de ideas, aseguró que una vez estudiado el caso está probado que el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO no ordenó la libertad de las dos personas capturadas por el punible de porte ilegal de armas, porque no estaba a cargo de los patrulleros que efectuaron el procedimiento policial, no se le puso a disposición el arma y tampoco era el comandante de la Estación de Policía de Bosa.
De igual forma, según las pruebas se advirtió que los patrulleros que realizaron el procedimiento fueron puestos a disposición de la Justicia Penal Militar y fue la jueza penal militar la que dio la orden de dejar a los capturados - que para el efecto fungían como testigos- en libertad.
En ese sentido, precisó que los capturados comparecieron al proceso penal militar no en esa calidad sino como testigos del posible ilícito cometido por los policías que los retuvieron, sin que a ellos se les hubiere imputado ningún delito por la Fiscalía ya que no existió la ocurrencia del mismo.
Así las cosas, sostuvo que en la decisión disciplinaria se cometió un error fáctico de interpretación de la prueba, relacionado con el hecho cierto de que fue el demandante el que ordenó la salida de dos retenidos, cuando el material probatorio da cuenta que esa decisión no le correspondía a él.
En concordancia con ello, explicó que también se afectó el debido proceso porque el operador disciplinario faltó al deber de imparcialidad en la búsqueda de la prueba, pues pese a solicitar en la etapa procesal correspondiente que se allegara copia de la providencia mediante la cual el Tribunal Superior Militar ratificó la medida de aseguramiento, el operador disciplinario no la tuvo en cuenta, aunque esta permitía deducir que los dos ciudadanos puestos en libertad actuaron en el proceso como testigos de la comisión de un delito por parte de los patrulleros que los retuvieron, motivo por el cual no podían ser retenidos y en consecuencia la falta disciplinaria deprecada no se podía configurar.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
Considerando que la demanda fue presentada el 24 de agosto de 2011 (fol. 26), el presente proceso que se tramita por el Decreto 01 de 1984 corresponde en única instancia al Consejo de Estado, pues esta Corporación ha precisado que conocía privativamente de los asuntos en los cuales se controvierte no solo una sanción disciplinaria administrativa de destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos, sino también la de suspensión en el ejercicio del cargo, expedida por una autoridad nacional como lo es el Director General de la Policía Nacional.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa que en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis, como garantía de la inmodificabilidad de la competencia judicial en el transcurso de un proceso, derivada del derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, esta Corporación está llamada a continuar conociendo los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho tramitados bajo las reglas de competencia del Decreto 01 de 1984, contra los actos administrativos expedidos en ejercicio del poder disciplinario del Estado y fallarlos sin que se vea alterada su competencia.
Aspecto preliminar
2.1. La excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional al contestar la demanda formuló la excepción de ineptitud sustantiva por el decaimiento de los actos administrativos sancionatorios, toda vez que la Procuraduría General de la Nación, durante el curso del proceso, mediante providencia del 15 de noviembre de 2011 accedió a la solicitud de revocatoria directa interpuesta por el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO.
A continuación, la Sala resolverá si se encuentra configurada dicha excepción, previas las siguientes consideraciones jurídicas:
Se encuentra acreditado que después de proferidas las decisiones sancionatorias disciplinarias de primera y segunda instancia, el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO presentó, ante la Procuraduría General de la Nación, solicitud de revocatoria directa de las mismas.
El Procurador General de la Nación, en ejercicio de la facultad prevista en los artículos 122 a 127 de la Ley 734 de 2002, mediante providencia del 15 de noviembre de 2011 dispuso revocar directamente los actos administrativos reprochados, en los siguientes términos (fols. 539 a 548):
«PRIMERO: REVOCAR el fallo sancionatorio de primera y segunda instancia fechados el 21 de mayo y 27 de diciembre de 2010, respectivamente, por los cuales se declaró responsable disciplinariamente al entonces capitán FERNEY VÁSQUEZ MORENO, y en tal consideración se ordena el archivo definitivo.
SEGUNDO: ABSOLVER de responsabilidad disciplinaria a FERNEY VÁSQUEZ MORENO, por los hechos que fueron materia de decisión.
[…]»
Esta decisión tuvo sustento en los siguientes argumentos:
(i). No existe explicación del por qué se archivaron las diligencias contra el señor CESAR AUGUSTO PINZÓN BARRERA, si constan más de cinco declaraciones que lo nombran presente e interviniendo en los hechos investigados en su calidad de Comandante de la Estación y superior de los patrulleros que realizaron la captura.
(ii). Se incurrió en un error fáctico de interpretación de la prueba al aceptar el hecho de que el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO fue quien ordenó la salida de los dos retenidos cuando las pruebas indican que esa decisión no le correspondía, fue la Jueza Penal Militar quien dio la orden de dejarlos en libertad porque ellos estaban en calidad de testigos por el posible ilícito en que incurrieron los policías que los retuvieron, de tal manera que impedirles quedar en libertad configuraría una grave violación constitucional.
(iii) En ese orden de ideas, aseguró que si eran persona reclamadas por la justicia o sujetos activos de un hecho punible, no se tiene noticia que un fiscal o un juez los hubiere judicializado por los hechos que ocurrieron ese día y lugar.
(iv). De igual manera, sostuvo que el operador disciplinario faltó al deber de imparcialidad en la búsqueda de la prueba dispuesto en el artículo 129 de la Ley 734 de 2002, porque no llamó a declarar al Comandante de la Estación Séptima de Bosa, que era el principal responsable de las decisiones que se tomaran en su jurisdicción y tampoco decidió incorporar al proceso la declaración del fiscal que conoció de las personas sospechosas y que no los judicializó al no hallar mérito para ello, ni la de la Jueza Penal Militar que estuvo presente cuando se les permitió la salida en calidad -no de acusados- sino de testigos en un caso de corrupción por parte de los patrulleros que los capturaron los cuales fueron sancionados y destituidos de la institución.
(v). Asimismo, resaltó que hubo una equivocación en lo relacionado con el principio de congruencia jurídica, porque se sancionó por el cargo de «omitir la colaboración necesaria a los servidores del Estado, cuando se les deba asistencia», situación que no tenía nada que ver con el supuesto de hecho de permitir la salida de dos personas injustamente retenidas por la policía, a quienes al parecer dos patrulleros les presionaron por dinero.
(vi). Por otra parte, advirtió que el investigado requirió la práctica de un testimonio importante, la cual fue negada mediante auto del 28 de marzo de 2010, vulnerando su derecho de defensa sin fundamentos sólidos, pues al haber solicitado copia de la providencia por la cual el Tribunal Superior Militar ratificó la medida de aseguramiento de los patrulleros, era una prueba importante y decisiva, pues ella permitía evidenciar que los dos ciudadanos puestos en libertad actuaron en el proceso como testigos de la comisión de un delito y por lo tanto no podían ser retenidos.
(vii). De acuerdo con lo expuesto, el Procurador concluyó que no se configuró tipicidad ni culpabilidad de la conducta del señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO, motivo por el cual la decisión sancionatoria fue revocada en su totalidad.
Ahora bien, según los artículos 72 del CCA y 127 de la Ley 734 de 2002, sobre los efectos de la revocatoria directa de los actos administrativos, ni la petición de revocatoria de un fallo, ni la decisión que la resuelve revivirán los términos legales parar el ejercicio de las acciones contencioso-administrativas, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo.
Al respecto, la revocatoria de los actos administrativos por parte de la administración, está relacionada indiscutiblemente con el principio de autotutela o auto control, que le permite quitar del ordenamiento jurídico sus propios actos, claro está en atención a las causales expresamente previstas para ello.
En materia disciplinaria, la revocatoria directa constituye una excepción a la estabilidad de la decisión ejecutoriada que pone fin al proceso disciplinario, y su existencia se justifica por la importancia de los valores que busca proteger relacionados con la legalidad, la libertad de los administrados y la justicia.
Normativamente se encuentra descrita en los artículos 122 a 127 de la Ley 734 de 2002 y como características fundamentales se desprenden las siguientes:
Procede contra fallos sancionatorios.
Opera de oficio o a petición del sancionado.
La competencia para revocar un fallo es del funcionario que lo profirió, o de su superior jerárquico, o del Procurador General de la Nación.
Como causales de revocación se consagran la infracción manifiesta de las normas constitucionales, legales o reglamentarias y la vulneración o amenaza manifiesta de los derechos fundamentales.
Es requisito esencial, si la revocatoria es solicitada por el sancionado, que contra el fallo cuya revocatoria se solicita, no se hubieren interpuesto recursos ordinarios.
La petición de revocatoria y su decisión no reviven términos para el ejercicio de acciones contencioso-administrativas.
Como causal para revocar un fallo sancionatorio, la ley ha señalado que la decisión sea manifiestamente contraria a las normas constitucionales, legales o reglamentarias en las que debería fundarse. Así lo establece el artículo 124 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 49 de la Ley 1474 de 2011:
“(…) CAUSAL DE REVOCACIÓN DE LOS FALLOS SANCIONATORIOS. En los casos referidos por las disposiciones anteriores, los fallos sancionatorios, los autos de archivo y el fallo absolutorio son revocables sólo cuando infrinjan manifiestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias en que deban fundarse. Igualmente cuando con ellos se vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales.
Esta consagración normativa busca garantizar el debido proceso del disciplinado y previene el abuso de la potestad sancionatoria del Estado, sobre la base de que los derechos al non bis in ídem y la cosa juzgada no son absolutos y pueden ser limitados cuando las circunstancias especiales del caso lo requieran.
Bajo tal entendimiento, la revocatoria directa del acto administrativo sancionatorio se constituye en una decisión unilateral de la administración en cumplimiento del deber que le asiste al Estado de revisar sus propios actos en la medida en que siempre deben encontrar sustento en el principio de legalidad, que implica su salida del mundo jurídico.
A propósito de este instituto, la Subsección en un caso reciente de similares contornos, señaló:
«[…] Dichas normas de carácter legal no se refirieron a los efectos en el tiempo de los actos de revocación, por lo que ha sido la doctrina y la jurisprudencia las que han desarrollado este tema.
En la doctrina se ha aceptado que la decisión revocatoria es un nuevo acto administrativo que modifica el ordenamiento jurídico, y es constitutivo de nuevas situaciones jurídicas. Esto implica que sus efectos se producen exclusivamente a partir de su existencia y hacia el futuro, esto es, ex nun.
Al respecto, la Subsección B de esta Sección ha dicho lo siguiente:
«[L]a revocatoria de actos administrativos por parte de la administración constituye un claro ejemplo del ejercicio del principio de la autotutela o auto control que le otorga la ley para excluir del ordenamiento jurídico sus propios actos, de oficio o a solicitud de parte, de acuerdo a las causales y eventos legalmente previstos.
No obstante lo anterior, debe precisarse que tal expresión del principio de la autotutela no trae consigo los efectos de la clásica declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad, a saber, del control judicial, sino que constituye un “juicio de valor intrínseco” que se traduce, como quedó visto, en la exclusión del ordenamiento jurídico de los efectos del acto administrativo objeto de dicha medida únicamente hacia el futuro, esto es, ex nunc […]».
De acuerdo con lo anterior, la exclusión del ordenamiento jurídico del acto administrativo sancionatorio del 8 de febrero de 2013, proferido por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Chocó, tiene efectos a partir de la fecha de su expedición y exclusivamente hacia el futuro, por lo que se debe reconocer que para el momento en el que se profirió la sentencia de primera instancia de este proceso, la sanción que le había sido impuesta al señor Aldemar Quinto Torres ya no existía.
En esta medida, debe reconocerse que el acto revocado, durante su vigencia, pudo producir efectos jurídicos. Al respecto, esta Corporación ha estimado que aunque un acto administrativo hubiere perdido vigencia, bien pudo haber generado situaciones que posiblemente estén por definir y que se encuentren amparadas por la presunción de legalidad que conserva dicho acto.
Igualmente, se debe tener en cuenta que, como se ha dicho, los efectos de un acto administrativo revocatorio no son retroactivos, mientras que los de la declaración de nulidad que emite el juez de lo contencioso administrativo se pueden predicar desde el origen del acto. A partir de esto, se hace viable un pronunciamiento sobre la legalidad de un acto administrativo que causó efectos y pudo auspiciar la consolidación de situaciones jurídicas particulares mientras rigió.
Es así como, en este caso, la sanción de destitución e inhabilidad general de 10 años para ejercer cargos públicos, impuesta al señor Aldemar Quinto Torres, surtió efectos desde la fecha de expedición del acto que la ejecutó, esto es, el 2 de abril de 2013, y estuvo vigente hasta el 27 de agosto de 2014, fecha en la que se profirió el acto administrativo de revocatoria directa de la decisión sancionatoria disciplinaria del 8 de febrero de 2013» Destacado fuera del texto original.
Lo anterior quiere decir que, en el entendido de que la revocatoria directa resuelta por la Procuraduría General de la Nación surte sus efectos hacia el futuro, hay lugar a estudiar la legalidad de los actos administrativos demandados durante el tiempo que estuvieron vigentes.
De otra parte, en sentencia de 21 de enero de 2011, dentro del proceso radicado 11001-03-25-000-2006-00058-00(1143-06), la subsección precisó que el ejercicio de la acción judicial, no excluye la procedencia de la solicitud de la revocación directa, así lo sostuvo al indicar:
«Respecto del argumento según el cual la revocación no se enmarca dentro del ejercicio del poder preferente ni dentro de la supervigilancia administrativa, considera la Sala que el poder disciplinario preferente hace referencia al predominio de la Procuraduría General de la Nación en relación con el control disciplinario que ejercen internamente las entidades estatales por medio de sus autoridades competentes. Para el efecto, puede iniciar, proseguir o asumir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas, así como conocer el proceso en segunda instancia, y avocar el conocimiento de aquellos asuntos que se tramitan internamente en las demás dependencias del control disciplinario.
La supervigilancia administrativa está prevista para que la Procuraduría General de la Nación, a través de sus dependencias, ejerza de manera selectiva la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos fundamentales, dentro de las actuaciones disciplinarias de los órganos de control interno disciplinario.
Por su parte, la revocación directa opera frente a actos administrativos que están en firme, como excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones administrativas la cual se rige por los artículos 122 a 127 de la Ley 734 de 2002.
Ahora bien, el hecho de que se hubiera elevado una petición de revocación directa ante otra autoridad no implica que la Procuraduría pierda su competencia para conocer de oficio o a petición del afectado la revocatoria directa.
Respecto de la afirmación según la cual en el presente asunto se juzgaron los actos administrativos de primera y segunda instancia, procedimiento que era propio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no de la Procuraduría General de la Nación, es del caso tener presente que el artículo 125 de la Ley 734 de 2002 dispone que la solicitud de revocatoria es procedente aunque el sancionado haya acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativa, siempre que no se haya proferido sentencia definitiva.
Es decir que la acción judicial no excluye la procedencia de la solicitud de la revocación directa, y el hecho de que la sancionada haya decidido no hacer uso de las acciones judiciales que le asisten no hacía improcedente la petición ante la Procuraduría General de la Nación.» (Negrilla de la Sala).
De los anteriores pronunciamientos se puede extractar fundamentalmente que la institución de la revocatoria directa en materia disciplinaria, se erige como una mitigación a los principios del non bis in idem y de la seguridad jurídica, en los parámetros que indica la ley, sin que pueda señalarse su inaplicación por la interposición de las acciones judiciales correspondientes (Art. 125 inc. 2° Ley 734 de 2002), todo para obtener un nivel mayor de justicia, como señaló la Corte Constitucional en sentencia C- 306 de 2012.
«Al respecto, debe destacarse que la garantía de “no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”, no constituye desarrollo de un derecho absoluto, y por lo mismo, admite restricciones legales en función de un interés constitucional relevante, como en este caso sería la lucha contra la corrupción, la integridad y la transparencia de la administración, y en últimas, la igualdad y dignidad de los ciudadanos ante la ley.»
En la providencia que se cita, al analizar la constitucionalidad de los artículos 47, 48, y 49 de la Ley 1474 de 2011, dicha Corporación consideró que la revocatoria directa en los procesos disciplinarios, no es una decisión caprichosa que dependa de la mera subjetividad de la autoridad competente, pues para que sea procedente se requiere que la infracción del ordenamiento jurídico o la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, sean manifiestas, como lo prevé el artículo 49 de la ley. Dijo en esta oportunidad la Corte:
«[…]
De lo expuesto es posible concluir que, para el caso del proceso disciplinario, la revocatoria directa goza de especial consagración normativa en la Ley 734 de 2002, modificada por la Ley 1474 de 2011, que dispone su procedencia solamente por las causales allí previstas, es decir, (i) manifiesta inconstitucionalidad o ilegalidad; (ii) oposición al interés público o social; (iii) agravio injustificado a una persona (Decreto 01 de 1984, art 69, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art 93), (iv) manifiesta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario -Ley 1474 de 2011, Art. 49- para el caso de revocación de autos de archivo o fallo absolutorio de investigaciones disciplinarias.
Establecida la procedencia de la revocatoria directa en materia disciplinaria, en el presente caso, se advierte que la decisión disciplinaria de segunda instancia, objeto de control, fue expedida el 27 de diciembre de 2010 y notificada el 11 de febrero de 2011 según constancia de ejecutoria (fols. 517 y 518), y dado que la decisión de revocatoria directa fue proferida el 15 de noviembre de 2011, es dable concluir que permaneció vigente del 11 de febrero de 2011 al 15 de noviembre de 2011, fecha de su revocatoria directa.
Ahora bien, la entidad demandada formuló la excepción de ineptitud sustantiva por el decaimiento de los actos administrativos sancionatorios como consecuencia de su revocatoria directa el 15 de noviembre de 2011.
Al respecto, de acuerdo con el artículo 66 del CCA (norma vigente para la fecha de los hechos), la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo ocurre cuando, después de su expedición, sobreviene la ausencia de obligatoriedad de ejecución por alguna de las causales allí establecidas, siendo una de ellas la desaparición de una circunstancia de hecho o de un fundamento de derecho necesario para la vigencia del acto jurídico.
La Corte Constitucional en la Sentencia T-152 de 2009 sostuvo que «[…] en nuestro derecho administrativo, la ejecución obligatoria de un acto administrativo sólo puede suspenderse o impedirse por tres vías: i) judicial, cuando el órgano judicial competente suspende provisionalmente o anula el acto administrativo por irregularidades de tal magnitud que lo invalida. Su fundamento es, claramente, la ilegalidad o inconstitucionalidad de la medida administrativa, pues nunca puede ser apoyado en razones de conveniencia. ii) administrativa, mediante la revocación directa de la decisión administrativa. En esta situación, la autoridad que expidió el acto o su superior jerárquico lo deja sin efectos mediante un acto posterior plenamente motivado y con base en las tres causales consagradas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, dentro de las cuales se encuentra la manifiesta oposición a la Constitución o la ley. iii) automática, cuando se presentan las causales previstas en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo para la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, tal es el caso del decaimiento del acto administrativo o desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho». (Negrilla y subrayas de la Sala).
Entonces, en el presente caso, a partir del 15 de noviembre de 2011, se tiene que según el artículo 66 del C.C.A. la sanción disciplinaria impuesta al demandante perdió ejecutoriedad por decisión administrativa, toda vez que mediante un acto posterior, plenamente motivado, la Procuraduría General de la Nación revocó la decisión sancionatoria, lo que trajo como consecuencia que despareciera uno de los fundamentos de hecho que sirvieron de fundamento para expedir el acto de retiro del servicio del demandante.
Sin embargo, tal y como se anotó en párrafos anteriores, la decisión sancionatoria permaneció vigente entre el 11 de febrero de 2011 y el 15 de noviembre de 2011, razón por la cual, resulta procedente el control de legalidad de los actos demandados sobre los efectos jurídicos que pudieron producir durante su existencia en el ordenamiento jurídico.
Lo anterior, porque a pesar de que los actos demandados hubieren perdido vigencia, pudieron haber generado situaciones que posiblemente estén por definir y que se encuentran amparadas por la presunción de legalidad que conservan dichos actos, pues, reitera la Sala, los efectos de un acto administrativo revocatorio no son retroactivos, mientras que los de la declaración de nulidad que emite el juez de lo contencioso administrativo se pueden predicar desde el origen del acto. A partir de esto, se hace viable un pronunciamiento sobre la legalidad de los actos demandados en la medida que estos pudieron causar efectos jurídicos y auspiciar la consolidación de situaciones jurídicas particulares mientras rigieron.
Conclusión: Por lo expuesto, se declarará no probada la excepción propuesta por la entidad demandada, en consecuencia, la Sala de Decisión procederá a definir si la decisión disciplinaria reprochada estuvo ajustada al ordenamiento jurídico durante su vigencia, y de no serlo, se determinará si hay lugar al restablecimiento del derecho solicitado en la demanda.
Problemas jurídicos
De acuerdo con los argumentos expuestos por las partes y teniendo en cuenta que el acto administrativo sancionatorio de segunda instancia es el que se encuentra en firme y ejecutoriado, la Sala de Decisión deberá determinar lo siguiente:
¿La decisión disciplinaria proferida el 27 de diciembre de 2010 por el Director General de la Policía Nacional, vulneró el derecho al debido proceso del señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO por indebida valoración probatoria?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, se resolverá si:
¿Hay lugar al restablecimiento del derecho solicitado por el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO?
Para resolver la controversia, la Sala desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) marco normativo y jurisprudencial, (ii) el control integral del juez contencioso administrativo respecto de los actos administrativos de carácter disciplinario, (iii) de los elementos del debido proceso en materia disciplinaria y (iv) análisis del caso concreto.
Marco normativo y jurisprudencial
4.1. El control integral del juez contencioso administrativo respecto de los actos administrativos de carácter disciplinario
Inicialmente, con el fin de decidir esta controversia, es pertinente hacer alusión al alcance del juicio de legalidad que el juez administrativo debe adelantar respecto de los actos administrativos de carácter disciplinario.
Al respecto, destaca la Sala que de conformidad con la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016 proferida por la Sala Plena de esta corporación, el control que debe ejercer el juez administrativo sobre los actos de la administración que sean de carácter disciplinario, debe ser un control integral; en la medida en que la actividad de este juez «supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales».
Ese juicio integral supone, en cuanto a las causales de nulidad, que el juez, en virtud de la primacía del derecho sustancial, puede y debe examinar causales conexas con derechos fundamentales a fin de optimizar la tutela judicial efectiva.
Respecto a la valoración de las probanzas recaudadas en el disciplinario, el aludido juicio integral lo habilita para estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que soportan la imposición de la sanción disciplinaria, porque solo a partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede colegir si el acto disciplinario se encuentra debidamente motivado.
Con relación a los principios rectores de la ley disciplinaria, el juez está facultado para examinar el estricto cumplimiento de todos y cada y uno de ellos dentro la actuación sancionatoria.
Acerca del principio de proporcionalidad, de que trata el artículo 18 de la Ley 734 de 2002, referido a que la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida y a la graduación prevista en la ley, cuando el juicio de proporcionalidad de la sanción sea parte de la decisión judicial, el juez puede, según lo ordenan el artículo 170 del CCA y el inciso 3 del artículo 187 del CPACA, estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.
En cuanto a la ilicitud sustancial, el juez está autorizado para realizar el análisis de racionalidad, razonabilidad y/o proporcionalidad respecto de la misma, al punto que, si el asunto lo exige, puede valorar los argumentos que sustenten la afectación sustancial del deber funcional y las justificaciones expuestas por el disciplinado.
4.2. De los elementos del debido proceso en materia disciplinaria.
De manera reiterada, ha señalado esta Corporación que son elementos constitutivos de la garantía del debido proceso en materia disciplinaria, entre otros «(i) el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus».
Así mismo, y por tratarse de aspectos importantes para igual propósito, la Sala ilustra de manera sucinta lo concerniente a la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad en materia disciplinaria, en los siguientes términos:
En lo que se refiere a tipicidad, es pertinente señalar, como lo ha expuesto la Corte Constitucional en reiteradas decisiones, que el régimen disciplinario se caracteriza, a diferencia del penal, porque las conductas constitutivas de falta disciplinaria están consignadas en tipos abiertos, ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los Servidores Públicos.
Por lo tanto, las normas disciplinarias tienen un complemento compuesto por disposiciones que contienen prohibiciones, mandatos y deberes, al cual debe remitirse el operador disciplinario para imponer las sanciones correspondientes, circunstancia que sin vulnerar los derechos de los procesados permite una mayor adaptación del derecho disciplinario a sus objetivos.
Así las cosas, el que adelanta la investigación disciplinaria dispone de un campo amplio para establecer si la conducta investigada se subsume o no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes, y si fue cometida con dolo o con culpa, es decir, en forma consciente y voluntaria o con violación de un deber de cuidado, lo mismo que su mayor o menor grado de gravedad, sin que ello sea una patente para legitimar posiciones arbitrarias o caprichosas.
Respecto a la antijuridicidad que tiene que ver con el ilícito disciplinario, se reitera lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-948 de 2002 el sentido de que, en el derecho disciplinario, la antijuridicidad no se basa en el daño a un bien jurídico tutelado y/o protegido, sino en el incumplimiento de los deberes funcionales del servidor público. Por esto ha explicado que la valoración de la «lesividad» de las conductas que se han consagrado como faltas disciplinarias frente al servicio público es una tarea que compete al legislador, quien ha de realizar tal apreciación al momento de establecer los tipos disciplinarios en la ley; en tal medida, no compete a la autoridad disciplinaria que aplica la ley efectuar un juicio genérico de lesividad de las conductas reprochadas -lo que ya ha realizado el Legislador-sino efectuar un juicio de antijuridicidad basado en la infracción del deber funcional, la cual -se presume- genera de por sí un desmedro, legislativamente apreciado, sobre la función pública encomendada al servidor público disciplinado.
La relación de sujeción de los destinatarios de la acción disciplinaria con el Estado, requiere la existencia de controles que operan a manera de reglas, cuya infracción, sin justificación alguna, consolida la antijuridicidad de la conducta; sin que la ilicitud sustancial comprenda el resultado material, pues la ausencia de este no impide la estructuración de la falta disciplinaria.
En cuanto a los grados de culpabilidad (dolo o culpa), la jurisprudencia constitucional ha precisado que el legislador adoptó, dentro de su facultad de configuración en materia disciplinaria el sistema de numerus apertus, porque contrario a lo que sucede en materia penal, no se señalan específicamente qué comportamientos exigen para su adecuación típica ser cometidos con culpa, de suerte que, por regla general, a toda modalidad dolosa de una falta disciplinaria le corresponderá una de carácter culposo, lo que apareja que sea el operador disciplinario el que debe establecer cuáles tipos admiten la modalidad culposa, partiendo de su estructura, del bien tutelado o del significado de la prohibición.
Así, en la sentencia T-561 de 2005, se indicó por la Corte Constitucional que «el juez disciplinario debe contar, al nivel de la definición normativa de la falla disciplinaria, con un margen de apreciación más amplio que el del juez penal, que le permita valorar el nivel de cumplimiento, diligencia, cuidado y prudencia con el cual cada funcionario público ha dado cumplimiento a los deberes, prohibiciones y demás mandatos funcionales que le son aplicables; ello en la medida en que ‘es necesario garantizar de manera efectiva la observancia juiciosa de los deberes de servicio asignados a los funcionarios del Estado mediante la sanción de cualquier omisión o extralimitación en su cumplimiento’».
Análisis del caso concreto
Como motivo de censura el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO expuso, en síntesis, que los actos administrativos reprochados violaron su derecho al debido proceso por indebida valoración probatoria, en el entendido que no cometió las faltas disciplinarias por las que fue sancionado con suspensión e inhabilidad por el término de seis (6) meses para ejercer funciones públicas.
La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, se opuso a las pretensiones del demandante por considerar que la acción no es procedente por cuanto las decisiones disciplinarias fueron revocadas directamente por el Procurador General de la Nación. No se refirió a los cargos de nulidad planteados en la demanda.
Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo probatorio allegado al proceso, cuya autenticidad no fue controvertida por las partes, el cual le permite tener por acreditados los siguientes hechos relevantes:
5.1. Hechos probados
a). Calidad de capitán de la Policía Nacional del demandante.
De acuerdo con el expediente administrativo allegado en cuadernos 2 y 3 del expediente, está probado que el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO, para el momento de los hechos era Capitán de la Policía Nacional y en el transcurso del proceso ascendió a Mayor.
b). Actuaciones del proceso disciplinario
(i). Auto de apertura de indagación preliminar P-RESBO-2008-12. A través de auto del 10 de enero de 2008, el Inspector Delegado Especial para la Policía Metropolitana de Bogotá resolvió dar apertura a la indagación preliminar en contra del señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO, con sustento en el oficio 2515 del 20 de diciembre de 2007 suscrito por el Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario COPER 3, mediante el cual compulsó copias en su contra por las presuntas irregularidades ocurridas el 28 de septiembre de 2006, cuando al parecer «ordenó la libertad de dos personas que habían sido capturadas por el punible de porte ilegal de armas» (fols. 49 a 50, Cdno. 2).
(ii). Auto de apertura investigación disciplinaria RESBO-2008-55. El 17 de julio de 2008, el Inspector Delegado Especial de la Policía Metropolitana de Bogotá ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO teniendo en cuenta que de acuerdo con los antecedentes obrantes en la indagación preliminar y el sistema de administración de Talento Humano de la Policía Nacional, se pudo establecer que era el funcionario que estuvo a cargo del caso bajo estudio (fols. 141 a 144, Cdno. 2).
(iii). Auto que avoca competencia y vincula al proceso al señor CÉSAR AUGUSTO PINZÓN BARRERA a la investigación disciplinaria RESBO-2008-55. Luego que la inspección Delegada Especial Metropolitana de Bogotá, remitiera por competencia la investigación disciplinaria RESBO-2008-55 al considerar que presuntamente existía responsabilidad por parte del Teniente Coronel CÉSAR AUGUSTO PINZÓN BARRERA, quien se desempeñaba para la época de los hechos como Comandante de la Estación de Policía de Bosa, el Inspector General de la Policía Nacional avocó conocimiento y vinculó al proceso al señor CÉSAR AUGUSTO PINZÓN BARRERA (fols. 169 a 171).
(iv). Auto que formuló pliego de cargos RESBO-2008-55. A través de auto del 23 de febrero de 2010, el Inspector General de la Policía Nacional resolvió formular pliego de cargos en contra del señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO por incurrir en las conductas descritas como faltas disciplinarias en los numerales 6 y 8 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006 y ordenó el archivo definitivo de la investigación disciplinaria contra el mayor CÉSAR AUGUSTO PINZÓN BARRERA, toda vez que no existían pruebas que dieran cuenta de su participación en la comisión de las conductas investigadas (fol. 324 a 354, Cdno. 3).
(v). Descargos del señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO. Mediante escrito del 16 de marzo de 2010, el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO presentó escrito de descargos en el que solicitó como prueba la declaración de la Jueza Penal de Instrucción Militar TERESA MOYA SUTA, para que diera cuenta sobre el procedimiento irregular que realizaron los patrulleros al ejecutar la captura de los civiles por porte ilegal de armas (fols. 358 a 361, Cdno.3)
(vi). Auto que resolvió sobre las pruebas solicitadas en los descargos. Mediante auto del 28 de marzo de 2010, el Inspector General de la Policía Nacional negó la práctica de la única prueba solicitada por el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO consistente en la declaración de la Jueza Penal Militar de Instrucción Dra. TERESA MOYA SUTA al considerar que las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos ya estaban determinadas y además no era clara la intención de la diligencia de declaración, de tal manera que concluyó sobre su impertinencia (fols. 363 a 364, Cdno. 3).
(vii). Auto de traslado alegatos de conclusión RESBO-2008-55. A través de auto del 9 de abril de 2010, el Inspector General de la Policía Nacional corrió traslado para alegar de conclusión al señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO (fl. 369, Cdno. 3).
(viii). Alegatos de conclusión del señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO. Mediante escrito del 14 de abril de 2010, el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO presentó sus alegatos de conclusión (fols. 371 a 393, Cdno. 3)
(ix). Decisión disciplinaria de primera instancia. El 21 de mayo de 2010, el Inspector General de la Policía Nacional profirió decisión disciplinaria de primera instancia a través de la cual resolvió sancionar al capitán FERNEY VÁSQUEZ MORENO con suspensión e inhabilidad especial por ocho (8) meses (fols. 414 a 447, Cdno. 3)
(x). Recurso de apelación y decisión disciplinaria de segunda instancia. Contra la decisión anterior, el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO interpuso recurso de apelación (fols. 450 a 463, Cdno. 3) que fue conocido por el Director General de la Policía Nacional quien resolvió, el 27 de diciembre de 2010, reducir la sanción impuesta a 6 meses de suspensión e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas por encontrarlo responsable solo de la falta disciplinaria consagrada en el numeral 8 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006. (fols. 478 a 512, Cdno. 3).
(xi). Decisión sobre la revocatoria directa solicitada ante el Director General de la Policía Nacional. El 17 de mayo de 2011, el Director General de la Policía Nacional negó la solicitud de revocatoria directa presentada por el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO al considerarla improcedente por haber agotado los recursos ordinarios conforme lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 734 de 2002.
c). Síntesis de la actuación disciplinaria: los cargos y la sanción impuesta.
A continuación, se sintetiza la congruencia entre el auto que formuló cargos al demandante y los actos administrativos sancionatorios demandados.
Auto de formuló cargos
Decisión disciplinaria de primera instancia proferida 21 de mayo de 2010
Decisión disciplinaria de segunda instancia proferida el 27 de diciembre de 2010
Primer cargo: «6. Omitir la colaboración necesaria a los servidores del Estado, cuando se les deba asistencia o apoyo en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con las competencias legales atribuidas a la Policía Nacional. »
Segundo cargo: « 8. Impedir el cumplimiento de deberes funcionales o imponer labores ajenas al servicio»
Primer cargo: el mismo del auto que formuló cargos.
Segundo cargo: el mismo del auto que formuló cargos.
Primer cargo: el primer cargo fue descartado por cuanto no resultó probado en el proceso.
Segundo cargo: el mismo del auto que formuló cargos.
Normas violadas con la conducta: numerales 6 y 8 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006.
Normas violadas con la conducta: numerales 6 y 8 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006.
Normas violadas con la conducta: numeral 8 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006.
Calificación de la falta y forma de culpabilidad: las faltas fueron calificadas como grave a título de dolo.
Calificación de la falta y forma de culpabilidad: las faltas fueron calificadas como grave a título de dolo.
Calificación de la falta y forma de culpabilidad: la falta fue calificada como grave a título de dolo.
Decisiones sancionatorias
Suspensión e inhabilidad especial para ejercer cargos públicos por el término de 8 (8) meses.
Suspensión e inhabilidad especial para ejercer cargos públicos por el término de seis (6) meses.
d). Revocatoria directa proferida por el Procurador General de la Nación. A través de decisión del 15 de noviembre de 2011, el Procurador General de la Nación decidió la solicitud de revocatoria directa presentada por el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO, así (fols. 539 a 548):
«PRIMERO: REVOCAR el fallo sancionatorio de primera y segunda instancia fechados el 21 de mayo y 27 de diciembre de 2010, respectivamente, por los cuales se declaró responsable disciplinariamente al entonces capitán FERNEY VÁSQUEZ MORENO, y en tal consideración se ordena el archivo definitivo.
SEGUNDO: ABSOLVER de responsabilidad disciplinaria a FERNEY VÁSQUEZ MORENO, por los hechos que fueron materia de decisión.
[…]»
5.2. Análisis sustancial
5.2.1. ¿La decisión disciplinaria proferida el 27 de diciembre de 2010 por el Director General de la Policía Nacional vulneró el derecho al debido proceso del señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO por indebida valoración probatoria?
Afirma el demandante que la decisión sancionatoria proferida el 27 de diciembre de 2010 por el Director General de la Policía Nacional transgredió su derecho al debido proceso, por cuanto el operador disciplinario incurrió en una indebida valoración probatoria, toda vez que no se demostró que incurriera en las faltas disciplinarias endilgadas, dispuestas en los numerales 6 y 8 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006.
Expresó que se le imputó la comisión de dos cargos inaplicables simultáneamente, el primero por no hacer y el segundo por hacer, es decir se estructuró un concurso improcedente cuya formulación es antitécnica.
De igual manera, afirmó que no es responsable de las conductas disciplinarias por las que fue sancionado, toda vez que no era la persona a cargo de los dos patrulleros que efectuaron la captura de los civiles, sino que era el comandante de la Estación de Policía de Bosa, el señor CÉSAR AUGUSTO PINZÓN BARRERA, a quien se le puso en conocimiento el informe de los hechos ocurridos el 28 de septiembre de 2006 suscrito por el intendente EMEL OSORIO CORDERO y tampoco se le puso a disposición el arma incautada.
Al respecto, sobre el debido proceso administrativo, en sentencia C-089 de 2001, la Corte Constitucional identificó las garantías que lo componen, así: «(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados», lo cual se traduce para la persona sometida a un procedimiento sancionatorio, en poder conocer las actuaciones de la administración, pedir y controvertir pruebas, ejercer su derecho de defensa, impugnar los actos administrativos, entre otras garantías.
En concordancia con lo expuesto, en sentencia T-596 de 2011 reiteró la Corte que en los procedimientos sancionatorios se deben observar plenamente «los principios de contradicción, publicidad y derecho a la defensa que garantizan la protección de los derechos de los administrados frente al poder coercitivo del Estado».
Ahora bien, en materia de valoración probatoria, el artículo 128 de la Ley 734 de 2002 contempla que tanto el acto administrativo sancionatorio como toda decisión interlocutoria deben estar fundamentados en las pruebas legalmente producidas y aportadas por petición de cualquier sujeto procesal o de manera oficiosa. La citada norma establece que la carga de la prueba en estos procesos le corresponde al Estado.
Asimismo, es deber de la autoridad disciplinaria encontrar la verdad real de lo sucedido, para lo cual es su obligación efectuar una valoración ponderada y razonada de las pruebas recaudadas durante el trámite administrativo. El artículo 129 de la Ley 734 de 2002 fija esta postura en los siguientes términos:
«[…] Artículo 129. Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. El funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio […]»
La norma desarrolla el principio de investigación integral, según el cual, la pesquisa que se efectúe dentro del proceso disciplinario, no solo debe apuntar a probar la falta del servidor público, sino además, a encontrar las pruebas que desvirtúen o eximan de responsabilidad al mismo. Lo anterior, en todo caso, no exonera a la parte investigada de presentar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer en su favor.
Por su parte, el artículo 141 ibídem, señaló también que la valoración probatoria debe efectuarse atendiendo las reglas de la sana crítica, de manera conjunta y explicando en la respectiva decisión el mérito de las pruebas en que ésta se fundamenta.
El derecho disciplinario, por contar con una dogmática propia que se ha consolidado para diferenciarlo en varios aspectos del derecho penal, teniendo en cuenta que los bienes jurídicos que protege son también diferentes, como lo son el buen funcionamiento de la administración pública con el fin de salvaguardar la moralidad pública, la transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia en el desempeño de los empleos públicos, ha venido estableciendo un margen de apreciación y de valoración probatoria más amplio y flexible que el de otras ramas del derecho sancionatorio.
En efecto, tanto la Corte Constitucional como esta Corporación han reconocido el amplio margen de que dispone el operador disciplinario para valorar las pruebas. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A advirtió:
«[…] No puede perderse de vista que en los procesos disciplinarios, como lo ha precisado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el operador disciplinario cuenta con una potestad de valoración probatoria más amplia que la del mismo operador judicial penal, que le autoriza para determinar, en ejercicio de una discrecionalidad razonada, cuándo obran en un determinado proceso pruebas suficientes para moldear la convicción respecto de la ocurrencia o no de los hechos, los que, a su vez, le conducen a la certidumbre de la comisión de la falta y de la responsabilidad del investigado. Así se colige del texto mismo de las disposiciones sobre el recaudo y valoración de pruebas consagradas en la Ley 734 de 2002, tales como el artículo 128, 129, 141 y 142, entre otros […]» (Subraya de la Sala).
En conclusión, luego del análisis precedente y conforme a la normatividad y a la consolidada línea jurisprudencial analizada en precedencia es evidente que en el derecho disciplinario el margen de apreciación y de valoración probatoria es más amplio y flexible que el de otras ramas del derecho sancionatorio, como el derecho penal, que facultan al operador disciplinario para determinar, en ejercicio de una discrecionalidad razonada, cuando obran en un determinado proceso pruebas suficientes para moldear la convicción respecto de la ocurrencia o no de los hechos que afecten el deber funcional de los empleados públicos, teniendo en cuenta los bienes jurídicos que protege el derecho disciplinario relacionados con el buen funcionamiento, moralidad y eficiencia de la administración pública.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala de Subsección evidencia que la decisión disciplinaria de segunda instancia fue expedida el 27 de diciembre de 2010 por el Director General de la Policía Nacional mediante la cual resolvió modificar la sanción impuesta inicialmente al demandante de ocho (8) meses de suspensión e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas a seis (6) meses, por cuanto encontró acreditado que solo incurrió en una de las faltas deprecadas, eso es, la dispuesta en el numeral 8 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006.
En ese orden de ideas, no resulta fundado el argumento del demandante sobre un concurso antitécnico de conductas entre las dos faltas disciplinarias atribuidas, porque finalmente solo fue sancionado por una de ellas, la mencionada en el numeral 8 del artículo 35 ibidem, que a la letra dispone:
«ARTÍCULO 35. FALTAS GRAVES. Son faltas graves:
[…]
8. Impedir el cumplimiento de deberes funcionales o imponer labores ajenas al servicio.
[…]»
A propósito de la configuración de esta conducta, el operador disciplinario advirtió, en primer lugar, que no se podía desconocer que el Comandante de la Estación, hoy Teniente Coronel CÉSAR AUGUSTO PINZÓN BARRERA, según lo señalado en algunas declaraciones, como las del Sargento Mayor JOSÉ ALBERTO VARGAS PARADA, el Intendente Jefe NACIANCENO OSPINA PALACIO y el Intendente EMEL OSORIO CORDERO (fols. 78, 80, 125 y 139), intervino y direccionó el procedimiento de captura ocurrido el 28 de septiembre de 2006, sin embargo, la primera instancia archivó las diligencias en contra del citado oficial sin que por lo menos rindiera explicaciones en la versión libre y compareciera al Despacho, circunstancia que le causó extrañeza.
Dicho lo anterior, sobre la tipicidad de la conducta desplegada por el Capitán FERNEY VÁSQUEZ MORENO, sostuvo que este elemento se configuró porque con su actuar, decidió dejar sin judicializar a los capturados por porte ilegal de armas, a sabiendas del procedimiento a seguir dentro del proceso penal acusatorio. Aclaró que en el ámbito disciplinario como en el penal, los señores patrulleros ELKIN HOYOS IZQUIERDO y DIDIER GUIZA CÁRDENAS (fols. 2 al 19 y 31 al 48) fueron absueltos, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada, de tal manera que no era útil hacer nuevas valoraciones sobre su actuación, más aún cuando el legislador lo prohíbe en el artículo 11 de la Ley 734 de 2002 y el propósito del proceso era valorar la actuación del entonces Capitán.
En ese hilo argumentativo, se sostuvo por el operador disciplinario que, de acuerdo con la transcripción de la grabación de las comunicaciones del día de los hechos, es diáfana la participación activa del señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO «al punto que establece comunicación directa con el radio operador del Centro Automático de Despacho e incluso averigua por J-5 (encargado de dicha dependencia), y se dirige a la central aduciendo que hubo algo, pues había aparecido el arma y la gente, por lo tanto, solicita que se tenga la grabación».
De igual forma, adujo que está la anotación en el libro de control de retenidos donde se expone, de manera clara y concisa, que quien dispuso la libertad del señor NÉSTOR ALFONSO GÓMEZ MARTÍNEZ, sindicado de porte ilegal de arma de fuego, fue el entonces Capitán FERNEY VÁSQUEZ MORANO, Subcomandante de la Estación E-7 Bosa (fol. 120).
Asimismo, destacó que obra la declaración rendida por el patrullero DIDIER AUGUSTO GUIZA CÁRDENAS, quien manifestó que el procedimiento de judicializar el caso de porte ilegal de armas fue interrumpido en dos oportunidades a pesar de que era una situación de flagrancia, circunstancia que, aseguró, fue originada por el Comandante de la Estación, el Mayor CÉSAR PINZÓN BARRERA y el Subcomandante de dicha unidad, el Capitán FERNEY VÁSQUEZ MORENO.
En esa línea de ideas, resaltó que, según la declaración del patrullero ELKIN HOYOS IZQUIERDO, el Capitán FERNEY VÁSQUEZ MORENO habló con los particulares retenidos y cuando él quiso conversar con él para preguntarle sobre lo que había pasado, no lo quiso escuchar (fol. 139).
Así las cosas, concluyó que:
«Con base en las pruebas referidas, se llega a la plena convicción que señor Mayor FERNEY VÁSQUEZ MORENO, con la experiencia y el conocimiento policial, sabía el procedimiento a seguir dentro del proceso penal acusatorio, que también era de su conocimiento que era el primer respondiente el que debía judicializar el caso de porte ilegal que tenían en el momento, pero lo más relevante es que ya se habían asesorado de la autoridad judicial correspondiente, el Fiscal de turno de la unidad de Reacción Inmediata de Kennedy, quien puso en conocimiento que recibiría el caso de porte ilegal con los elementos materiales y circunstanciales que entrañaba el mismo, que según su criterio profesional estaba dada la figura de la flagrancia y se debían dejar a su disposición los señores capturados, sin embargo decide dejar sin judicializar el mismo, con lo cual surte la tipicidad del cargo, pues se impidió el cumplimiento del deber de los Patrulleros ELKIN HOYOS IZQUIERDO y DIDIER GUIZA CÁRDENAS como era dejar a disposición a los señores NÉSTOR GÓMEZ MARTÍNEZ y JAVIER IGNACIO BERMÚDEZ, por el punible de porte ilegal de arma de fuego.»
De acuerdo con lo anterior, para resolver sobre la causal de nulidad de violación al debido proceso propuesta por el demandante contra el acto administrativo sancionatorio expedido por el Director General de la Policía, la Sala de Decisión, atendiendo el análisis crítico del acervo probatorio allegado, así como el marco normativo y jurisprudencial expuesto, considera lo siguiente:
(i). Sobre la inadecuada valoración probatoria de la medida de aseguramiento proferida por el Tribunal Superior Militar contra los patrulleros ELKIN HOYOS IZQUIERDO y DIDIER GUIZA CÁRDENAS que el demandante depreca y que la Procuraduría General de la Nación también consideró relevante, en criterio de la Sala, no se encuentra configurada en el presente caso, toda vez que dicha medida de aseguramiento no tenía la incidencia o relevancia en la decisión disciplinaria que ahora pretende hacer ver el demandante, pues como bien lo expuso el operador disciplinario, el objeto del debate recaía en establecer si «la actuación de FERNEY VÁSQUEZ MORENO constituía falta disciplinaria, no la de los patrulleros».
En efecto, si el demandante pretendía que se tuviera en cuenta dicha decisión con el propósito de demostrar la actuación irregular de los patrulleros, también debía valorarse que a través de auto del 7 de diciembre de 2007, el Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario COPER TRES resolvió archivar las diligencias disciplinarias COPE3-2007-57 contra los señores ELKIN HOYOS IZQUIERDO y DIDIER GUIZA CÁRDENAS por los hechos ocurridos el 28 de septiembre de 2006 (fols. 2 a 19).
Y en igual sentido, el Juzgado Ciento Cuarenta y Uno de primera instancia, mediante decisión del 13 de septiembre de 2007, resolvió absolver a los patrulleros ELKIN HOYOS IZQUIERDO y DIDIER GUIZA CÁRDENAS, sindicados del delito de prevaricato por omisión, toda vez que se demostró que no faltaron a sus deberes, por el contrario afirmó que «no fueron ellos los que lesionaron el bien jurídico tutelado sino el señor Subcomandante de la Estación de Bosa CT VÁSQUEZ MORENO FERNEY, persona que se apersonó del caso y quien fue finalmente la que no colocó a disposición de la fiscalía a los sujetos, ni el arma, no obstante tener un porte ilegal, pues los detenidos no demostraron la propiedad ni tenencia de la misma, razón por la cual este Despacho considera pertinente compulsar copias de la presente decisión para que el Juzgado de Instrucción Penal Militar investigue la conducta asumida por el referido oficial» (fols.31 a 48)
En ese orden de ideas, a efectos de determinar la responsabilidad disciplinaria del demandante, no resultaba determinante considerar la medida de aseguramiento dictada contra los patrulleros, cuando más adelante en esas diligencias, dichos policías resultaron absueltos disciplinaria y penalmente, es decir, contrario sensu a lo sostenido por el demandante y la Procuraduría General de la Nación, de haber considerado las actuaciones disciplinarias y penales respecto de los dos patrulleros, esa valoración resultaría en perjuicio del señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO, porque precisamente en ellas el funcionario judicial observó una conducta irregular de su parte y por esa razón se ordenó la compulsa de copias que dio inicio a la apertura de la indagación preliminar (fols. 49 a 51).
Es decir, no se puede deprecar una indebida valoración probatoria respecto a la medida de aseguramiento impuesta a los patrulleros, pues como quedó demostrado, dicha prueba no fue definitoria de la conducta de estos, quienes fueron absueltos penal y disciplinariamente por los hechos ocurridos el 28 de septiembre de 2006, y en tal sentido, dicha prueba no tuvo incidencia alguna en la determinación de la responsabilidad disciplinaria del actor, a quien sí le correspondía el deber de continuar el trámite policial para la judicialización de los civiles que habían sido detenidos. Por lo expuesto, el presente cargo de nulidad no está llamado a prosperar.
(ii). En relación con la presunta responsabilidad del mayor CÉSAR AUGUSTO PINZÓN BARRERA como comandante de la Policía Séptima, quien tuvo conocimiento del informe presentado el 28 de septiembre de 2006, se tiene demostrado, a través de las declaraciones recaudadas en la actuación administrativa visibles en folios 77 a 78, 79 a 81, 124 y 138 a 140, que este fungía para la época de los hechos como Comandante de la Estación Séptima de Bosa, no obstante, también se demostró que, mediante auto del 23 de febrero de 2010, el Inspector General de la Policía Nacional ordenó el archivo definitivo de la investigación disciplinaria en su contra, al considerar que no existían pruebas sobre su participación en la comisión de las conductas investigadas, decisión que no fue objeto de apelación, se encuentra en firme y ejecutoriada, y que, a juicio de esta Sala, en nada influye sobre la sanción impuesta al demandante, porque como se explicará a continuación, se contaba con las pruebas que demuestran la responsabilidad del señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO independientemente de la actuación del Comandante, ya que el disciplinado fue quien ordenó la salida de uno de los dos civiles detenidos, impidiendo con tal conducta el desarrollo del deber funcional de los patrulleros.
(iii). En efecto, del informe del 28 de septiembre de 2006 rendido por el Intendente EMEL OSORIO CORDERO en calidad de Subcomandante CAI Piamonte E-7 Bosa, al Mayor CESAR AUGUSTO PINZÓN BARRERA, Comandante de la Séptima Estación de la Policía de Bosa, sobre la ocurrencia de los hechos, se advierte que, previamente también los había puesto en conocimiento del Capitán FERNEY VÁSQUEZ MORENO, al respecto, se lee: (fols. 257 a 258):
«Con toda atención me permito informar a mi Mayor, que el día 28/09/06 siendo aproximadamente las 08:30 horas, me trasladé a la Bomba Texaco ubicada en la calle 71 Sur con Kra 78 C b/Bosa Carbonell a verificar el procedimiento realizado por los Patrulleros HOYOS IZQUIERDO ELKIN y GUIZA CÁRDENAS DIDIER quienes se encontraban realizando segundo turno de vigilancia con el indicativo Piamonte ocho ya que la central de radio de la Policía por intermedio de su operador de turno Subintendente LIÉVANO CARO SAÚL, Le había asignado un caso de personas sospechosas en una cafetería y les preguntaba que qué había pasado con el arma y los sujetos y les preguntó qué número de chaleco portaban y la patrulla Piamonte ocho le contestaron que ellos estaban buscando la cafetería, y al llegar al lugar de los hechos aproximadamente como a los tres minutos de que la central les empezó a preguntar por la presunta arma incautada, el patrullero HOYOS para ese momento ya me había llamado dos veces por radio que les hiciera presencia en el lugar, al llegar al lugar el patrullero HOYOS que ellos tenían el arma y dos sujetos que responden a los nombres GÓMEZ MARTÍNEZ NÉSTOR ALFONSO C.C. No. 3.028.094, 34 años de edad, estado civil unión libre, profesión constructor, residente en el Barrio Marruecos, sin más datos y JAVIER IGNACIO BERMÚDEZ […], que estos sujetos se habían descargado del arma en la cafetería ubicada […], cuatro cuadras más allá de donde yo los ubiqué y les manifesté que le reportaran a la central de radio, el operador de turno. Les dijo que por qué motivo no habían hecho el reporte anteriormente, que hacia 14 minutos las había asignado el caso y que ellos estaban dando reportes totalmente diferentes a la realidad. A continuación me trasladé a la cafetería donde presuntamente sucedieron los hecho y me entrevisté con el señor EDGAR MANJARRES SALGADO identificado […] propietario de la cafetería de razón social “ANGIE” ubicada en […]y esta persona manifestó que efectivamente habían estado dos personas sentado(sic) en una mesa y que al observar a una motocicleta con policiales uno de los dos el más flaquito se había parado de la mesa y se dirigió al fondo del negocio como al lado de los mostradores donde está ubicado un Estante con leche en bolsa y arrojó un arma de fuego y volvió y se sentó y que él le había manifestado que no quería problemas y ellos le manifestaron que ni iba a suceder nada. La patrulla policial ingresó a la cafetería. El mismo en forma discreta les señaló donde se encontraba el arma y uno de los policías fue y la recogió, la guardó y procedieron a esposar a las dos personas que estaban y salieron y que no le habían preguntado nada. Posteriormente trasladé el caso al Comando de la Estación de Policía de Bosa y le informé personalmente a mi capitán VÁSQUEZ MORENO FERNEY Subcomandante de Estación».
En este punto, se destaca que el demandante solicitó como prueba testimonial dentro del proceso, la declaración del señor EMEL OSORIO CORDERO, quien acudió ante el Tribunal Administrativo de Boyacá y declaró sobre los hechos relatados en el informe, reiterando su contenido sobre la existencia de los mismos. Prueba documental que goza de autenticidad ya que no fue desvirtuada por las partes. Ahora bien, aunque el testigo manifestó no recordar algunos de los datos allí consignados, ello no desvirtúa la autenticidad de lo allí narrado sobre los acontecimientos materia de investigación en la actuación disciplinaria.
Congruente con el informe citado, obran las transcripciones de las comunicaciones del 28 de septiembre de 2008 visibles en folios 114 a 118, de las que se advierte que el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO, en su calidad de Capitán sí tuvo conocimiento de los hechos ocurridos ese día, relacionados con la captura de dos personas por el posible delito de porte ilegal de armas.
Ahora bien, pese al conocimiento de los hechos que tenía el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO, esto es, la captura de los dos civiles por porte ilegal de armas, no hay prueba de que ordenara su judicialización y opuesto a ello, sí está demostrado que ordenó la libertad de uno de los civiles, sin que consten los motivos de esa actuación.
En ese orden, se observa en el libro de control la anotación del 28 de septiembre de 2006 (fol. 204), en la que consta expresamente que por «orden del Capitán FERNEY VÁSQUEZ MORENO, se deja en libertad al señor NÉSTOR ALFONSO GÓMEZ MARTÍNEZ, sindicado del porte ilegal de armas».
Situación que acompaña el dicho de uno de los patrulleros, ELKIN HOYOS IZQUIERDO, que en su declaración dentro del procedimiento administrativo disciplinario, aseguró que si bien el demandante conversó en la Estación con los capturados, cuando quiso hablarle, el Capitán Vásquez Moreno no tuvo la intención de escucharlo (fol. 138 a 140), y al día siguiente, el testigo tuvo conocimiento de que el actor había impedido la judicialización de los sujetos detenidos.
Bajo ese contexto, la Sala de Subsección considera que las pretensiones de nulidad del accionante no están llamadas a prosperar, porque los motivos que sustentaron la decisión disciplinaria objeto de control no incurrieron en una vulneración al debido proceso, en tanto el operador disciplinario valoró integralmente las pruebas aportadas a las diligencias, de acuerdo con las cuales concluyó que el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO sí incurrió en la conducta sancionada porque impidió que fueran judicializados los sujetos detenidos por presunto porte ilegal de armas, teniendo pleno conocimiento del procedimiento que debía seguir dentro del proceso penal acusatorio, configurándose así la falta disciplinaria de «impedir el cumplimiento de los deberes funcionales» respecto de los patrulleros que realizaron la captura.
Ante la negativa de las pretensiones de nulidad, carece de objeto pronunciarse sobre el restablecimiento del derecho deprecado, más aún si se tiene en cuenta que no se demostró dentro del proceso que se hubiere ejecutado la sanción disciplinaria de suspensión que le fue impuesta, ni su anotación en la hoja de vida.
Ahora bien, aunque en el presente caso se dio aplicación a la revocatoria directa de la sanción disciplinaria durante el curso del proceso, los efectos de dicha decisión fueron hacía el futuro, circunstancia que no pugna con la presente decisión, además, no se demostró la afectación negativa de la situación jurídica del actor, ya que la sanción disciplinaria de suspensión no llegó a ejecutarse según se desprende de lo afirmado en la demanda y se infiere de la intención de conciliación judicial que fue allegada por el demandante.
Por lo expuesto, se negarán las pretensiones de la demanda al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad que reviste al acto demandado.
Condena en costas
Teniendo en cuenta que la parte vencida en el proceso no asumió una conducta de mala fe o temeridad, de conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, la Sala de Subsección se abstendrá de condenar en costas en el presente asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor FERNEY VÁSQUEZ MORENO contra LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas, de acuerdo con las consideraciones señalas en la parte motiva de este fallo.
TERCERO. En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON IMPEDIMENTO
Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
Folios 1 a 2 del expediente.
Folios 32 a 3 del expediente.
La demanda se presentó el 24 de agosto de 2011 (f. 26)
Folios 3 a 10 del expediente.
«6. Omitir la colaboración necesaria a los servidores del Estado, cuando se les deba asistencia o apoyo en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con las competencias legales atribuidas a la Policía Nacional.
8. Impedir el cumplimiento de deberes funcionales o imponer labores ajenas al servicio […]» Destacado corresponde al cargo endilgado.
Folios 63 a 65 del expediente.
Folios 122 a 125 del expediente.
Folios 133 a 134 del expediente.
Folios 136 a 140 del expediente.
«ARTÍCULO 122. PROCEDENCIA. Los fallos sancionatorios y autos de archivo podrán ser revocados de oficio o a petición del sancionado, por el Procurador General de la Nación o por quien los profirió. El quejoso podrá solicitar la revocatoria del auto de archivo.
PARÁGRAFO 1o. Cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyen violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, procede la revocatoria del fallo absolutorio y del archivo de la actuación por parte del Procurador General de la Nación, de oficio o a petición del quejoso que tenga la calidad de víctima o perjudicado.
PARÁGRAFO 2o. El plazo para proceder a la revocatoria será de tres (3) meses calendario».
«ARTÍCULO 125. REVOCATORIA A SOLICITUD DEL SANCIONADO. El sancionado podrá solicitar la revocación total o parcial del fallo sancionatorio, siempre y cuando no hubiere interpuesto contra el mismo los recursos ordinarios previstos en este código.
La solicitud de revocatoria del acto sancionatorio es procedente aun cuando el sancionado haya acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa, siempre y cuando no se hubiere proferido sentencia definitiva. Si se hubiere proferido, podrá solicitarse la revocatoria de la decisión por causa distinta a la que dio origen a la decisión jurisdiccional.
La solicitud de revocación deberá decidirla el funcionario competente dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su recibo. De no hacerlo, podrá ser recusado, caso en el cual la actuación se remitirá inmediatamente al superior funcional o al funcionario competente para investigarlo por la Procuraduría General de la Nación, si no tuviere superior funcional, quien la resolverá en el término improrrogable de un mes designando a quien deba reemplazarlo. Cuando el recusado sea el Procurador General de la Nación, resolverá el Viceprocurador».
«ARTÍCULO 127. EFECTO DE LA SOLICITUD Y DEL ACTO QUE LA RESUELVE. Ni la petición de revocatoria de un fallo, ni la decisión que la resuelve revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso-administrativas.
Tampoco darán lugar a interponer recurso alguno, ni a la aplicación del silencio administrativo».
«Artículo 72. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso-administrativas, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo».
«Artículo 127. Ni la petición de revocatoria de un fallo, ni la decisión que la resuelve revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso-administrativas». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de mayo de 2020. Proceso radicado número: 270012333000201300338 01 (4885-2014). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, radicado 1220-2011, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz, demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación. Lo anterior supone tal como se considera en esta decisión, que «1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva». La Ley 734 de 2002 en los artículos 4 a 21 contempla los principios de legalidad, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de inocencia, celeridad, culpabilidad, favorabilidad, igualdad, función de la sanción disciplinaria, derecho a la defensa, proporcionalidad, motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de principios e integración normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia. Artículo 170 del CCA modificado por el artículo 38 del Decreto 2304 de 1989. «Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los Organismos de los Contencioso Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar estas». Artículo 187 inciso 3 del CPACA. «Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas». La sentencia de unificación al respecto determina que «El juez de lo contencioso administrativo está facultado para realizar un “control positivo”, capaz de sustituir la decisión adoptada por la administración, lo que permite hablar de “[…] un principio de proporcionalidad sancionador, propio y autónomo de esta esfera tan relevante del Derecho administrativo, con una jurisprudencia abundante y enjundiosa, pero de exclusiva aplicación en dicho ámbito.[…]”, lo cual permite afirmar que “[…] el Derecho Administrativo Sancionador ofrece en este punto mayores garantías al inculpado que el Derecho Penal […]”». Ahora bien, cuando el particular demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo lo hace en defensa de sus intereses y no de la ley.
En consecuencia, el juez debe atender la realidad detrás del juicio disciplinario administrativo puesto que “[…] si la esfera subjetiva se torna en centro de gravedad, el interés del particular adquiere un protagonismo que la ley no ha querido obviar, elevando al grado de pretensión, junto con la anulatoria, a la solicitud de restablecimiento de la situación jurídica individual […]”». Al efecto, se reiteran y reproducen las consideraciones expuestas en las sentencias de 23 de septiembre de 2015 de la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, radicado 11001-03-25-000-2010-00162-00(1200-10), actor: Ángel Yesid Rivera García, demandada: la Nación-Procuraduría General de la Nación y de 21 de junio de 2018, radicado: 25000 23 42 000 2013 06306 01 (4870-2015), accionante: Nancy Stella Marulanda Rodríguez, demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Sentencia T-1034 de 2006, MP Dr. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido se puede consultar sentencia C-310 de 1997, MP Dr. Carlos Gaviria Díaz. Sobre la vigencia del sistema de tipos abiertos en el ámbito disciplinario ver -entre otras- las sentencias C-181/02, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, y C-948 de 2002, MP Dr. Álvaro Tafur Galvis
Al respecto se puede estudiar la sentencia C-393-2006, MP Dr. Rodrigo Escobar Gil. Sentencia C-155 de 2002, MP Dra. Clara Inés Vargas Hernández. MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sentencia T-1093 de 2004, MP Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
Folios 324 a 354 del Cdno. 3
Folios 414 a 447 del Cdno. 3
Folios 478 a 512 del Cdno. 3.
Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 16 de febrero de 2001, magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre estas garantías consultar, entre otras, las sentencias T-442 de 1992, T-120 de 1993, T-020 y T-386 de 1998, T-1013 de 1999, T-009 y T-1739 de 2000, T-165 de 2001, T-772 de 2003, T-746 de 2005 y C-1189 de 2005.
Magistrado ponente: Jorge Iván Palacio.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejera ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez. Bogotá D.C. 15 de mayo de 2013. Radicación: 11001-03-25-000-2011-00571-00(2196-11). Actor: Jorge Eduardo Serna Sánchez. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
. En sentencia del 8 de abril de 1999, expediente 15258, magistrado ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce, el Consejo de Estado sostuvo que la valoración probatoria corresponde a las operaciones mentales que hace el juzgador al momento de tomar la decisión para conocer el mérito y la convicción de determinada prueba. Por su parte la sana crítica, es la comprobación hecha por el operador jurídico que de acuerdo con la ciencia, la experiencia y la costumbre sugieren un grado determinado de certeza de lo indicado por la prueba.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá, D.C, 13 de febrero de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2011-00207-00(0722-11). Actor: Plinio Mauricio Rueda Guerrero. Demandado: Fiscalía General de la Nación.
Al respecto en sentencia T-161 de 2009, magistrado ponente Mauricio González Cuervo precisó la Corte: « […] En cuanto a la autoridad pública encargada de adelantar el proceso penal es evidente que se trata de funcionarios investidos de poder jurisdiccional cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada, mientras, por regla general, el proceso disciplinario está a cargo de autoridades administrativas cuyas decisiones pueden ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso administrativa; además, en materia de tipicidad la descripción de la conducta señalada en la legislación penal no atiende a los mismos parámetros de aquella descrita por la legislación disciplinaria, pues en ésta última el operador jurídico cuenta con un margen mayor de apreciación, por cuanto se trata de proteger un bien jurídico que, como la buena marcha, la buena imagen y el prestigio de la administración pública, permite al “juez disciplinario” apreciar una conducta y valorar las pruebas con criterio jurídico distinto al empleado por el funcionario judicial, teniendo en cuenta, además, que en el proceso disciplinario se interpreta y aplica una norma administrativa de carácter ético […]».
PAGE 3
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.