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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01575-01

Acción de tutela contra incidente de desacato: cumplimiento de la orden de tutela

Fecha
19 de septiembre de 2018
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
Citada por
81 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01575-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 27 de mayo de 2019, proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente sentencia, DEVOLVER el expediente contentivo de la causa constitucional con radicación No. 17001-33-33-001-2018-00474-02, allegado en calidad de préstamo, al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, para lo pertinente. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-01575-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

19 de septiembre de 2018

ACCION DE TUTELA CONTRA INCIDENTE DE DESACATO - Cumplimiento de la orden de tutela / AUSENCIA DE DEFECTO FACTICO - Adecuada valoración probatoria / AUSENCIA DE DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO - Se aplicaron adecuadamente las normas llamadas a regular el caso / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / AUSENCIA DE DEFECTO POR ERROR INDUCIDO - No existe suficiente carga argumentativa / NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

[L]a Sala debe establecer: si el Tribunal Administrativo de Caldas (…) y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, vulneraron el derecho constitucional fundamental al debido proceso, a la defensa y a la contradicción de los accionantes, con ocasión de las providencias (…) que resolvieron el incidente de desacato y el grado jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta a ellos, en virtud del incumplimiento al fallo de tutela (…) A juicio de la Sala, ni el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales ni el Tribunal Administrativo de Caldas incurrieron en el defecto fáctico (…) no se encuentra demostrado que, en el trámite del incidente de desacato, hubieran aportado las pruebas idóneas con las cuales acreditaran el cumplimiento pleno al fallo de tutela, y que dichas pruebas hubiesen sido desconocidas por los despachos judiciales al momento de proferir su respectiva decisión. (…) no se aprecia por la Sala de Decisión que los despachos judiciales atacados hayan incurrido, en manera alguna, en un supuesto defecto material o sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial (…). [P]ara la Sala, los actores no cumplieron con la carga argumentativa mínima de establecer cómo se configuró el presunto error inducido con fundamento en las reglas establecidas por la H. Corte Constitucional. (…) por ende, tampoco es dable afirmar y aseverar la vulneración del derecho constitucional fundamental a que se refieren los actores, en su solicitud de amparo impetrada.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA 228 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 230 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 30

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01575-01(AC)

Actor: JORGE ALIRIO BARÓN LEGUIZAMÓN Y JOSÉ ALIRIO CHOCONTÁ CHOCONTÁ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS – SALA SEXTA DE DECISIÓN Y JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MANIZALES

Sentencia de Segunda Instancia.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora, cuyos integrantes actúan en nombre y causa propia, en contra de la sentencia de 27 de mayo de 2019, proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

LA SOLICITUD DE TUTELA

Los señores Jorge Alirio Barón Leguizamón y José Alirio Chocontá Chocontá, quienes actúan en nombre propio, presentaron conjuntamente acción de tutela en contra del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales y del Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Sexta de Decisión, con el fin de obtener el amparo de su derecho constitucional fundamental “[…] al debido proceso […]”, cuya vulneración le atribuyen a las providencias de 4 de marzo de 2019 y 11 de marzo de 2019, respectivamente, proferidas por las citadas autoridades judiciales, y que resolvieron el incidente de desacato y el grado jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta en su contra por el presunto incumplimiento al fallo de tutela dictado dentro de la causa con radicado No. 17001-33-33-001-2018-00474-02.

HECHOS

De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

Refirieron que el día 15 de noviembre de 2018 el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales notificó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), la admisión de la acción de tutela interpuesta en su contra por la señora Francia Helena Díaz García.

Señalaron que el día 21 de noviembre de 2018 el referido Juzgado les notificó la sentencia de tutela de primera instancia que declaró la improcedencia del amparo deprecado. Indicaron que, posteriormente, y mediante radicado del 30 de noviembre de 2018, se les notificó la impugnación presentada contra el fallo constitucional.

Relataron que una vez verificada la base de datos de la entidad, pudieron constatar que no les fue notificado debidamente el fallo de tutela de segunda instancia de 24 de enero de 2019 y que, conocieron el contenido del mismo, solo hasta el 26 de febrero de 2019.

Anotaron que, por lo anterior, procedieron a contestar el incidente de desacato de manera oportuna y, además, acreditando el obedecimiento de la orden dada por el juez de amparo.

Esbozaron que no obstante el acatamiento pleno del fallo de tutela por parte de CASUR, fueron sancionados con arresto y multa dentro del incidente de desacato.

Pusieron de presente que la providencia arriba referida, fue modificada por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Sexta de Decisión, mediante proveído del 11 de marzo de 2019, en la que, se mantuvo la sanción de multa, y se les exoneró del arresto impuesto. Sin embargo, argumentaron que esta decisión sancionatoria tampoco les fue notificada.

Adujeron que tanto el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales como el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Sexta de Decisión, con las decisiones adoptadas en el interior del incidente de desacato y del grado jurisdiccional de consulta, vulneraron su derecho constitucional fundamental al debido proceso (Art. 29 C.P.).

Manifestaron, por último, que las providencias de 4 de marzo de 2019 y 11 de marzo de 2019, proferidas por las autoridades judiciales censuradas, incurrieron en un presunto defecto fáctico, en un supuesto defecto material o sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial y, además, en un defecto por error inducido.

Con base en los anteriores fundamentos fácticos y jurídicos, los accionantes solicitaron que se les tutele el derecho constitucional fundamental arriba enunciado y, que, como consecuencia de lo anterior, se dejen sin efectos jurídicos los proveídos censurados de 4 de marzo de 2019 y 11 de marzo de 2019, dictados por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales y por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Sexta de Decisión, respectivamente, que resolvieron el incidente de desacato y el grado jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta a ellos, en virtud del incumplimiento al fallo de tutela dictado dentro de la causa constitucional con radicado No. 17001-33-33-001-2018-00474-00.

III. PRETENSIONES

Los actores formularon, en su demanda de tutela, la siguiente pretensión:

“[…] 1. Se declare la revocatoria de fallos de primera instancia y segunda instancia y por ende, la sanción de multa de tres (3) salarios mínimos contra el Brigadier General, JORGE ALIRIO BARÒN LEGUIZAMÒN y el Subdirector de Prestaciones Sociales de la Entidad, doctor JOSÈ ALIRIO CHOCONTÁ CHOCONTÁ […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

El Magistrado sustanciador del proceso de la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 24 de abril de 2019, admitió la acción de tutela promovida conjuntamente por los señores Jorge Alirio Barón Leguizamón y José Alirio Chocontá Chocontá, quienes actúan en causa propia, en contra del Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Sexta de Decisión y del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, y vinculó como tercero con interés directo en los resultados del proceso a la señora Francia Helena Díaz García, para efectos de que ejercieran su derecho de contradicción y de defensa.

Las notificaciones del proveído arriba referido, se efectuaron de manera electrónica el 26 de abril de 2019, tal y como consta a folios 53 a 55 del expediente de tutela.

V. INTERVENCIONES

Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas, éstas intervinieron en los siguientes términos:

V.1. El Juez Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, en contestacion que obra a folios 56 a 64 y 77 a 86 del expediente constitucional, rindió informe en el que expuso y/o esbozó, que se atenía a lo resuelto y a lo que resultare probado dentro del trámite de la acción de tutela e incidente de desacato con número de radicación 2018-00474.

Así mismo, argumentó en su defensa que, “[…] respecto a la notificación del auto por medio del cual se impone sanción por desacato a los señores Jorge Alirio Barón Leguizamón y José Alirio Chocontá Chocontá objeto de controversia, me permito adjuntar copia de la mencionada providencia y de las constancias de notificación electrónica y su correspondiente recibido, advirtiendo que a esas mismas direcciones se remitieron las providencias por medio de las cuales se hizo requerimiento previo, apertura de incidente y estese a lo resuelto por el Tribunal Administrativo, providencias estas que refieren los accionantes sí (sic) haber recibido notificación […]”.

V.2. El Magistrado de la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante informe allegado a esta Magistratura el 2 de mayo de 2019, solicitó que se declarara la improcedencia de la accion de tutela impetrada por cuanto, en su sentir, las autoridades judiciales enjuiciadas no vulneraron los derechos fundamentales que se dicen transgredidos en el sub lite.

Adujo, en su informe, que “[…] Mediante providencia del 24 de enero del año avante, se ordena REVOCAR la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2018 por la Señoría del Juzgado Primero Adminsitrativo del Circuito de Manizales; y en su defecto amparar el derecho fundamental de petición a la señora Francia Helena Díaz García; sentencia que fue notificada por correo electrónico el día 25 de enero de 2019, al correo electrónico “ HYPERLINK "mailto:judiciales@casur.gov.co" judiciales@casur.gov.co”, según constancia secretarial […]”.

Anotó, por último, que: “[…] De igual manera, el Despacho resolvió el día 11 de marzo de 2019, en trámite de consulta la providencia dictada por la Señoría del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales el 04 de marzo de 2019, dentro del incidente de desacato de la referencia ordenando: “PRIMERO: REVOCAR parcialmente el auto del cuatro (04) de marzo de 2019, en cuanto a la sanción de arresto de tres (3) días para cada uno de los funcionarios, SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, el auto de 04 de marzo de 2019, por medio del cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales, decidió el INCIDENTE DE DESACATO de la señora FRANCIA HELENA DÍAZ GARCÍA, con relación al incumplimiento del veredicto dictado el 24 de enero de 2019, dentro de la actuación de Tutela promovida contra la Caja de Sueldos de la Policía Nacional – CASUR”. La anterior providencia, fue notificada según constancia secretarial, el día 11 de marzo de 2019 a los correos electrónicos “ HYPERLINK "mailto:judiciales@casur.gov.co" judiciales@casur.gov.co”, “alirio.chocontá485@casur.gov.co y Jorge.baron333@casur.gov.co […]”.

V.3. Por su parte, el apoderado judicial de la señora Francia Helena Díaz García, descorrió traslado de la acción constitucional el 12 de marzo de la presente anualidad, haciendo un breve relato de las actuaciones surtidas por su mandante ante CASUR, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la sustitución pensional con ocasión de la muerte de su compañero permanente Oscar Tulio Osorio López, sin que a la fecha haya obtenido respuesta de fondo.

EL FALLO IMPUGNADO

Mediante sentencia de 27 de mayo de 2019, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, denegó las pretensiones de la acción de amparo instaurada conjuntamente por los señores Jorge Alirio Barón Leguizamón y José Alirio Chocontá Chocontá.

Para ello, recordó el marco jurídico general y jurisprudencial que rige el tema concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, así como su excepcionalidad, al tenor de los pronunciamientos efectuados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Acto seguido, trajo a colación, la temática atinente a la procedencia excepcional de la acción de amparo contra decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato en acción de tutela.

Analizó la demanda de tutela en conjunto y, luego de verificar el cumplimiento pleno de los requisitos generales de procedibilidad, descendió al fondo del asunto, centrándose en el presunto defecto fáctico, defecto material o sustantivo por desconocimiento del precedente y, por último, en el supuesto error inducido; por cuanto los argumentos esbozados por los accionantes apuntaban a demostrar que, supuestamente, las autoridades judiciales atacadas “(…) vulneraron su derecho al debido proceso por cuanto las decisiones adoptadas al interior del trámite incidental, así como la decisión sancionatoria prohijada en su contra, no les fueron debidamente notificadas en el sub lite (…)”.

Recalcó que los defectos específicos alegados en la demanda de tutela no se configuraban, en tanto que:

“[…] Como está establecido, los accionantes dentro del trámite del incidente de desacato que adelantó el Juzgado Primero Administrativo de Manizales, guardaron silencio, es decir, no plantearon oposición alguna, ni aportaron pruebas que demostraran el cumplimiento al fallo de tutela proferido en su contra, razón por la cual, los argumentos expuestos y las pruebas que ahora pretenden hacer valer en esta sede para tal efecto, no son de recibo.

[…]

También está desvirtuada la supuesta falta de notificación de la providencia proferida el 4 de marzo de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo de Manizales, a través de la cual impuso la sanción por desacato a los accionantes, toda vez que conforme al anexo aportado por dicho despacho judicial, se verifica que tal acto procesal se llevó a cabo en debida forma, a través de los correos electrónicos “ HYPERLINK "mailto:judiciales@casur.gov.co" judiciales@casur.gov.co”,“ HYPERLINK "mailto:alirio.chocontá485@casur.gov.co" alirio.chocontá485@casur.gov.co” y HYPERLINK "mailto:jorge.baron333@casur.gov.co" jorge.baron333@casur.gov.co” (fl.62 C.P.) […]”. (Negrillas por fuera de texto)

Por último, agregó que:

“[…] Finalmente, no resulta procedente verificar la supuesta falta de notificación de la providencia proferida el 24 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Caldas, que resuelve la impugnación del fallo de tutela, en razón a que no es admisible reprochar dicha actuación en sede de amparo, reiterando, que conforme a Ia jurisprudencia citada, únicamente a través de esta acción es procedente de forma excepcional reprochar las decisiones que resuelven el incidente de desacato.

No hace falta la referencia sobre el conocimiento que tuvieron los hoy accionantes de la apertura del incidente de desacato, pues admiten en el hecho No. 5 del escrito de amparo, que el mismo les fue notificado. Como quiera entonces que no estén demostrados los defectos específicos alegados por los accionantes, y tampoco se cumplen la totalidad de los requisitos de procedencia excepcional para el amparo contra providencias que resuelven incidentes de desacato, resulta inviable el amparo solicitado.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala procederá a negar Ia acción de tutela […]”. (Negrillas y subrayas de la Sala de Decisión)

En ese orden de ideas, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional presentado por Jorge Alirio Barón Leguizamón y José Alirio Chocontá Chocontá, Director General y Subdirector de Prestaciones de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional respectivamente, contra el Juzgado Primero Administrativo de Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación. Cópiese Notifíquese y Cúmplase […]”.

La providencia antes referida, fue notificada vía electrónica el 26 de julio de 2019, tal y como se observa a folios 129 a 132 de la causa constitucional.

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Los accionantes, actuando en nombre propio, impugnaron en tiempo la sentencia reiterando, en lineas generales, los argumentos consignados en la demanda de tutela para efectos de señalar que consideran que su derecho constitucional fundamental al debido proceso continúa siendo transgredido por las autoridades judiciales aquí accionadas.

Adicionalmente, expusieron su inconformidad frente a la sentencia de tutela de primer grado, aquí recurrida, en cuanto:

“[…] El despacho señala, que no existe constancia que demuestre que los oficios ID No. 407455 del 07-03-2019, 341708 del 06-07-2018 y 370202 del 24-10-2018 y de las guías de envío de correo 472, (sic) como prueba dentro del incidente de desacato.

Al respecto señalamos que, mediante el ID No. 407455 del 07-03-2019, se dio cumplimiento al fallo de tutela, con destino a la accionante; en este oficio se le informa a ella del oficio ID No. 370202 del 24-10-2018. De estos documentos, se hizo mención en el oficio ID 407511 del 07-03-2019, mediante el cual se dio respuesta al despacho de un incidente de desacato, tal es así, que se anexó copia del oficio ID No. 407455 del 07-03-2019.

El oficio ID 407511 del 07-03-2019, mediante el cual se dio respuesta al despacho del presunto incidente de desacato; este documento se envió en físico al despacho, por correo 472 según No. RA-088496746CO y RA-088496750CO, y al e-mail del despacho.

De otra parte, el Juzgado Primero Administrativo de Manizales, mediante fallo del 24-07-2019, radicado en la Entidad bajo el ID No. 463995 del 25-07-2019, REVOCÓ la sanción impuesta contra nosotros […]”. (Se destaca)

Por los motivos expuestos, solicitaron a esta Corporación judicial que revocara el fallo de tutela de 27 de mayo de 2019, proferido por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado y que, como consecuencia, se ampararan sus garantías iusfundamentales al debido proceso, en concordancia con los derechos a la defensa y contradicción (Art. 29 C.P.), acogiéndose las pretensiones deprecadas.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala

Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la impugnación presentada, conjuntamente, por los señores Jorge Alirio Barón Leguizamón y José Alirio Chocontá Chocontá, quienes actúan en nombre propio, en contra de la sentencia de 27 de mayo de 2019, proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.

VIII.2. Problema Jurídico

De acuerdo a la situación fáctica y jurídica planteada y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela en segunda instancia verificar si el fallo impugnado carece de fundamento, la Sala debe establecer:

Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Si ello es así, determinar si el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Sexta de Decisión y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, vulneraron el derecho constitucional fundamental al debido proceso, a la defensa y a la contradicción de los accionantes, con ocasión de las providencias de 4 de marzo de 2019 y de 11 de marzo de 2019, proferidas por las citadas autoridades judiciales, y que resolvieron el incidente de desacato y el grado jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta a ellos, en virtud del incumplimiento al fallo de tutela dictado dentro de la causa con radicado No. 17001-33-33-001-2018-00474-02.

Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la procedencia de la acción de tutela frente a decisiones de desacato, para posteriormente, (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela frente a decisiones de desacato

Frente a la procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven incidentes de desacato, la Corte Constitucional, ha señalado la procedencia excepcional de la acción de tutela en contra la providencia que decide el trámite incidental de desacato, cuando se generen situaciones que, a su turno, comprometan derechos fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso, de cualquiera de las personas que fueron parte en la tutela previamente resuelta. En efecto, ya en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, la Corte Constitucional había aclarado que la acción de amparo procede en contra de una providencia que decide un incidente de desacato cuando: i) además de estar ejecutoriada la providencia que lo resuelve; ii) se reúnen los requisitos generales de procedibilidad y se iii) configura por lo menos una de las causales que hacen viable la acción de tutela contra providencias judiciales.

Adicionalmente, la Corte Constitucional, también ha señalado que: i) los argumentos del accionante en el trámite del incidente de desacato deben ser consistentes; ii) no deben existir alegaciones nuevas que debieron ser argumentadas en el incidente de desacato; y iii) no se puede recurrir a la solicitud de nuevas pruebas que no fueron originalmente solicitadas.

En ese sentido, la Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C – 590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.

VIII.5. El caso concreto

Los señores Jorge Alirio Barón Leguizamón y José Alirio Chocontá Chocontá solicitaron el amparo de su derecho constitucional fundamental “[…] al debido proceso […]”, para que, en consecuencia, se ordene dejar sin efectos las providencias de 4 de marzo de 2019 y de 11 de marzo de 2019, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales y por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, respectivamente, dictadas por las citadas autoridades judiciales, y que resolvieron el incidente de desacato y el grado jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta a ellos, en virtud del incumplimiento al fallo de tutela proferido dentro de la causa con radicado No. 17001-33-33-001-2018-00474-02.

VIII.5.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala encuentra que tales requisitos se cumplen, en razón a que: i) se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son el debido proceso; ii) los accionantes no tiene otro medio para la defensa de la garantía iusfundamental que estiman vulnerada, con la decisión proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, en segunda instancia, pues el trámite incidental no tiene previsto ningún recurso extraordinario; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, dado que el proveído atacado de 4 de marzo de 2019, dictado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, fue notificado vía electrónica en esa misma fecha y la providencia censurada de 11 de marzo de 2019, proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, fue notificada en ese mismo mes y año, mientras que la acción de tutela fue radicada el 12 de abril de 2019; iv) la situación a la cual se atribuye la vulneración del derecho fundamental fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; y v) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza y/o índole.

VIII.5.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela

Encontrándose satisfechos y cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, la Sala abordará los requisitos especiales frente a la presunta vulneración del derecho constitucional fundamental invocado por los accionantes. Para este caso concreto, le corresponde a la Sala de Decisión estudiar, la presunta configuración del llamado defecto fáctico, el defecto material o sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial y, por último, el supuesto defecto por error inducido.

VIII.5.2.1. Caracterización del defecto fáctico

La Sección Primera del Consejo de Estado, en oportunidades pasadas, ha señalado que este defecto se origina por la omisión en el decreto y práctica de pruebas, la no valoración del acervo probatorio y/o la valoración defectuosa del material probatorio. Entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso, se configurará este defecto.

La Corte Constitucional, por su parte, en la sentencia de unificación SU-448 de 2016, precisa que el defecto fáctico se estructura siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. También, advierte que el fundamento de la intervención del juez de tutela con ocasión de tales deficiencias radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez para el análisis del material probatorio, este debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica; es decir, con base en criterios objetivos y racionales.

En ese sentido, la Corte Constitucional, también plantea en la sentencia T-459 de 2017, que el defecto fáctico se configura cuando el juez no tiene apoyo probatorio suficiente para aplicar el presupuesto legal en el que sustenta la decisión porque: i) dejó de valorar una prueba o no la valoró dentro de los cauces racionales, o ii) denegó la práctica de alguna prueba sin justificación. De otra parte, acota que desde una dimensión positiva, dicho defecto ocurre cuando el juez aprecia pruebas esenciales determinantes que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas o, efectúa una valoración por «completo equivocada».

En síntesis, el defecto fáctico se presenta en sentido negativo cuando se omite la valoración y el decreto de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos; mientras que en sentido positivo se concreta cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas o, se efectúa una valoración completamente equivocada.

Además, esta Sección Primera ha identificado que para la configuración del defecto fáctico por irregularidades en la apreciación del material probatorio, la actuación del operador judicial deber ser ostensible, manifiesta y flagrante, en donde además dicha irregularidad debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial.

Por último, se debe recalcar e iterar que el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión; pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, porque se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares los jueces ordinarios.

VIII.5.2.2. El Defecto sustantivo y los presupuestos para la afectación del debido proceso por desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales

En lo concerniente al defecto sustantivo, la jurisprudencia ha establecido que éste se presenta cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, entre otras, “[…] porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma empleada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador […]”.

Dicho entendimiento implica que los funcionarios judiciales tienen independencia y autonomía para elegir las normas jurídicas pertinentes a un caso concreto y determinar su forma de aplicación, pero, en todos los casos, con sujeción a la Constitución y la ley vigente en el ejercicio hermenéutico que sustente sus decisiones judiciales, en el cual, con fundamento en el artículo 230 de la Constitución Política, también concurrirá la interpretación que por vía de autoridad hayan fijado, dentro del ámbito específico y concreto de sus competencias, los órganos de cierre de cada jurisdicción, entiéndase el Consejo de Estado en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, La Corte Suprema de Justicia en la Jurisdicción Ordinaria y la Corte Constitucional, en la jurisdicción Constitucional.

En este sentido, al tiempo que el artículo 230 Constitucional hace un esquema del sistema de fuentes formales al que está sometido el funcionario judicial para la toma de sus decisiones, el artículo 228, de la misma Carta Política, establece como principios constitucionales la independencia y autonomía judicial, en los siguientes términos:

“[…] ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo […]”.

Respecto de estas dos características esenciales del sistema judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Apitz Barbera y otros, párrafo 55, indicó lo siguiente:

“[…] 55. Al respecto, la Corte resalta que si bien es cierto que la independencia y la imparcialidad están relacionadas, también es cierto que tienen un contenido jurídico propio. Así, esta Corte ha dicho que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación […]”.

Atendiendo al marco constitucional referido, la jurisprudencia constitucional ha restringido la configuración del defecto sustantivo a eventos concretos. Así, la Corte Constitucional expresó al respecto lo siguiente:

“[…] En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva […]”. (Resalta la Sala).

De manera particular, respecto del defecto sustantivo por interpretación indebida de una disposición legal, se ha sostenido que le está vedado al juez constitucional configurar el defecto sustantivo a partir de la elección realizada por el operador judicial, cuando la escogencia se ha efectuado entre interpretaciones constitucionalmente admisibles.

Así las cosas, es claro que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, en especiales circunstancias, se puede configurar un defecto sustantivo por interpretación normativa. En este sentido, la Corte Constitucional indica lo siguiente:

“[…] El defecto sustantivo se configura cuando el juez “en ejercicio de su autonomía e independencia, desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores”. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la errónea interpretación o aplicación de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que debían aplicarse […]”.

Asimismo, y por último, puede configurarse un defecto sustantivo a partir del desconocimiento del precedente jurisprudencial. En este punto resulta esencial distinguir (i) el defecto derivado del desconocimiento de un precedente fijado por Consejo de Estado, en el cual se haya fijado la interpretación y alcance de una disposición de orden legal atendiendo a su atribución constitucional como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y órgano de cierre de la jurisdicción, de (ii) aquel derivado del desconocimiento de decisiones proferidas por la H. Corte Constitucional.

La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.

Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.

En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].” (Negrilla fuera de texto).

Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.

Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).

En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:

“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto).

Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.

Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.

Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser tenidas en cuenta por todos los jueces, al momento de resolver los casos concretos. Frente al tema, ha dicho la Corte Constitucional:

“[…] La necesidad de otorgar esa fuerza obligatoria a los precedentes se explica a partir de varias razones. En primer lugar, el Derecho hace uso del lenguaje natural para expresarse, de modo que adquiere todas aquellas vicisitudes de ese código semántico, en especial la ambigüedad y la vaguedad, esto es, tanto la posibilidad que un mismo término guarde diversos significados, como la dificultad inherente a todo concepto para ser precisado en cada caso concreto. Así por ejemplo, solo dentro del lenguaje jurídico el término “prescripción” logra los significados más disímiles, lo que demuestra la ambigüedad o polisemia del mismo. Igualmente, existen evidentes dificultades para definir el ámbito de aplicación de conceptos que si bien son indeterminados, tienen un uso extendido en las disposiciones jurídicas, tales como “eficiencia”, “razonabilidad” o “diligencia”. Estos debates, que están presentes en cualquier disposición de derecho, solo pueden solucionarse en cada escenario concreto mediante una decisión judicial que es, ante todo, un proceso interpretativo dirigido a la fijación de reglas, de origen jurisprudencial, para la solución de los casos que se someten a la jurisdicción. En últimas, el Derecho no es una aplicación mecánica de consecuencias jurídicas previstas en preceptos generales, como lo aspiraba la práctica jurídica de inicios del siglo XIX, marcada por el concepto del Código, sino una práctica argumentativa racional.

11.2. Además, este último argumento permite hacer compatible la actividad creadora de derecho por parte de los jueces con el principio democrático. En efecto, en las sociedades contemporáneas, merced la complejidad de las relaciones entre sus agentes, es imposible que las asambleas representativas puedan configurar preceptos que solucionen, de manera específica, todos los casos posibles. Por ende, es inevitable (y como se verá más adelante incluso necesario y valioso) que los jueces conserven la competencia para la definición concreta del derecho, a partir de reglas de origen judicial, creadas a partir de las disposiciones aprobadas por el legislador […]”.

[…]

“[…] Lo anterior conlleva necesariamente una adecuada interpretación del concepto “imperio de la ley” al que refiere el artículo 230 C.P. Para la Corte, la definición de las reglas de derecho que aplican las autoridades administrativas y judiciales pasa un proceso interpretativo previo, en el que armoniza el mandato legal particular con el plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso, junto con los principios rectores que ordenan la materia correspondiente. A su vez, cuando esta labor es adelantada por aquellas máximas instancias de justicia, que tienen la función constitucional de unificar jurisprudencia con carácter de autoridad, las subreglas resultantes son vinculantes, siendo el sustento de esa conclusión la naturaleza imperativa que la Carta confiere a la Constitución y a la ley. En términos simples, el deber de acatar los mandatos superiores y legales incorpora, de suyo, el mandato imperativo de asumir como reglas formales de derecho las decisiones que unifican jurisprudencia y/o hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, en tanto la ratio decidendi de esas sentencias contienen las subreglas que, mediante la armonización concreta de las distintas fuentes de derecho, dirimen los conflictos sometidos al conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas. Esta disciplina jurisprudencial, a su vez, garantiza la vigencia de principios nodales para el Estado Constitucional, como la seguridad jurídica y la igualdad de trato ante las autoridades […]”. (Resaltado por la Sala).

En ese orden de ideas, las reglas y sub reglas jurisprudenciales que crean los órganos de cierre, como lo es entre otros, el Consejo de Estado, tienen carácter vinculante para los demás jueces que hacen parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y deben ser aplicados, cuando se evidencie, i) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y ii) que la ratio decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso, lo que trae como consecuencia, que dentro del marco de un Estado Social de Derecho, como el de Colombia, se garanticen principios constitucionales tan importantes como la igualdad, la seguridad jurídica y el principio de confianza legítima.

VIII.5.2.3. La Caracterización del error inducido

Frente a esta causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ha dicho la Corte Constitucional:

“[…] El error inducido acaece cuando una providencia judicial en apariencia no tiene defectos endógenos, pues fue adoptada con respeto al principio del debido proceso, con base en los elementos probatorios que obran en el expediente y con fundamento en una interpretación razonable de la ley, sin embargo, presenta vicios exógenos, ya que si bien fue proferida bajo la determinación o influencia de aspectos correctamente aportados al proceso, estos fueron irregulares o equivocados. Luego la sentencia se fundamenta en elementos adecuadamente aportados al proceso, pero con información falsa, equivocada o imprecisa, que ocasiona la vulneración de derechos fundamentales.

De esta manera, se trata de una violación de derechos fundamentales que no es atribuible al funcionario judicial accionado, puesto que el defecto en la providencia es producto de la inducción al error de que es víctima el juez de la causa, por lo que la actuación judicial resulta lesiva de derechos fundamentales.

De esta manera, la Corte en la sentencia SU-014 de 2001, expresó que la ocurrencia de esta causal exige la acreditación de al menos dos presupuestos: i) que la decisión judicial se fundamente en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación se hayan violado derechos fundamentales por la actuación irregular de terceros; y ii) que tenga como consecuencia un perjuicio ius fundamental […]”. (Negrillas y subraya de la Sala)

La configuración de este defecto se materializa cuando la actuación del juez se ve afectada o manipulada por el actuar irregular de terceros que trae como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales.

En ese orden, se entiende configurado el defecto por error inducido cuando la providencia que profiere el juez es correcta dado que se ajusta a los postulados legales y constitucionales respetándose el debido proceso; presenta vicios exógenos porque se fundamenta en información equivocada, falsa e imprecisa.

VIII.6. Análisis de la presunta configuración de los defectos específicos en el caso sub judice

VIII.6.1. En cuanto al defecto fáctico

Pues bien, con todo lo anteriormente expuesto, y frente a la presunta configuración del defecto fáctico aludido por los señores Jorge Alirio Barón Leguizamón y José Alirio Chocontá Chocontá, la Sala observa que, los aquí demandantes, pretenden sustentar dicho cargo bajo la premisa según la cual las autoridades judiciales enjuiciadas vulneraron su derecho al debido proceso, en tanto “[…] No efectuaron la valoración de las pruebas que acreditaban el cumplimiento del fallo de tutela […]” y, además, por cuanto “[…] las decisiones adoptadas al interior del trámite incidental, así como la decisión sancionatoria prohijada en su contra, no les fueron debidamente notificadas […]”.

A juicio de la Sala, ni el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales ni el Tribunal Administrativo de Caldas incurrieron en el defecto fáctico que se acusa en la demanda de tutela, en razón a que no se encuentra demostrado que, en el trámite del incidente de desacato, hubieran aportado las pruebas idóneas con las cuales acreditaran el cumplimiento pleno al fallo de tutela, y que dichas pruebas hubiesen sido desconocidas por los despachos judiciales al momento de proferir su respectiva decisión.

Téngase en cuenta que los accionantes pretenden sustentar este defecto específico, bajo el argumento del supuesto cumplimiento al fallo de tutela calendado el 24 de enero de 2019, para lo cual aportaron como prueba el Oficio ID No. 407455 del 7 de marzo de 2019, a través del cual afirman que dieron respuesta de fondo a la petición elevada por la señora Francia Helena Díaz García y, agregaron que, expidieron respuesta a la demás peticiones elevadas por ella por medio de los Oficios ID No. 341708 del 6 de julio de 2018 y No. 370202 del 24 de octubre de 2018, enviados por la empresa de correos 472, aportando para el efecto copia de estos y de las constancias de remisión y/o envío.

Sin embargo, y al tenor del material probatorio obrante en la causa constitucional, encuentra la Sala que no existe constancia que demuestre que tales documentos fueron presentados como prueba, y de manera oportuna, dentro del incidente de desacato adelantado. Tan es así que, conforme a la providencia censurada de 4 de marzo de 2019, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales y por medio de la cual se impuso la sanción por desacato a los ahora tutelantes, se estableció que:

“[…] En el caso bajo estudio, se tiene que los funcionarios encargados de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, no acreditaron el cumplimiento de la sentencia No. 10 del 24 de enero de 2019 proferida en sede de Segunda Instancia por el Tribunal Administrativo de Caldas, incluso no realizaron manifestación alguna durante todo el trámite incidental bien sea para informar acerca del acatamiento, o bien para informar las razones de hecho o de derecho que se lo imposibilitan.

Así pues, en este caso, no se acreditó la contestación a la petición elevada por la señora FRANCIA HELENA DÍAZ GARCÍA, con el fin de que la sustitución de la pensión quede en cabeza de su hijo y ella en un porcentaje de 50%.

[…]

En razón de lo dicho, se sancionará a los funcionarios de CASUR, el señor Brigadier General (r) JORGE ALIRIO BARÓN LEGUIZAMÓN en su calidad de Director General de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL – CASUR, y el señor JOSÉ ALIRIO CHOCONTÁ CHOCONTÁ en calidad de Subdirector de Prestaciones Sociales CASUR, con multa equivalente a tres (03) salarios mínimos legales mensuales vigentes y tres (3) días de arresto a cada una, por incumplimiento del fallo motivo de incidente.

Igualmente, se requerirá a dichos funcionarios, para que den inmediato cumplimiento al fallo de la acción de tutela que dio origen al presente trámite incidental y/u (sic) ordene a quien corresponda la contestación completa, coherente, congruente y de fondo de la petición elevada por la actora para que la sustitución de la pensión quede en cabeza de su hijo y ella en un porcentaje de 50% […]”. (Negrillas y subrayas por fuera de texto)

Además, y en cuanto a la notificación del auto atacado de 4 de marzo de 2019 arriba referido, y por medio del cual se impuso la sanción por desacato a los demandantes (situación que por cierto también es objeto de controversia), se puede observar que el Juzgado demandado, en su contestación de la demanda de tutela impetrada (fls. 57 a 58), adjuntó debidamente copia de la precitada providencia así como de las constancias de notificación electrónica y su correspondiente recibido; advirtiendo en aquella oportunidad que, a esas mismas direcciones electrónicas, se remitieron las providencias por medio de las cuales se hizo requerimiento previo, apertura de incidente y se dispuso estarse a lo resuelto por el Tribunal Administrativo, providencias estas que los accionantes refirieron sí haber recibido notificación.

Posteriormente, y una vez adelantado el grado jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta a los señores Barón Leguizamón y Chocontá Chocontá, se tiene que, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, a través de providencia censurada de 11 de marzo de 2019, consideró lo que a continuación se enseña. Veamos:

“[…] CASO CONCRETO:

Tal como se dejó reseñado en el acápite de antecedentes, el incidente de desacato fue promovido por la señora FRANCIA HELENA DÍAZ GARCÍA con el fin de que LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL – CASUR realizara la contestación completa, coherente, congruente y de fondo de la petición elevada por la actora para la sustitución pensional quede en cabeza de su hijo y ella de en un porcentaje de 50%.

Observa esta Sala Unitaria, que si bien el Juez de instancia requirió al Brigadier General JORGE ALIRIO BARÓN LEGUIZAMÓN, en su calidad de Director General del de LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR y al señor JOSÉ ALIRIO CHOCONTÁ CHOCONTÁ en calidad de Subdirector de prestaciones sociales de la misma la entidad accionada, mediante comunicación que se surtió en debida forma, no hubo pronunciamiento que diera cuenta del efectivo cumplimiento de la orden de tutela en el trámite de desacato.

Se encuentra que se cumplen los elementos subjetivos de la responsabilidad en el incumplimiento injustificado de la orden judicial proferida a favor del accionante está radicada principalmente en cabeza del Director General y Subdirector de prestaciones sociales de la misma entidad accionada, en tanto son las llamadas legalmente a cumplir con el veredicto, pues son quienes deben garantizar y satisfacer el derecho de salud en forma adecuada, oportuna y sin dilaciones; y a pesar de haberse dado la orden y habérsele notificado el requerimiento de cumplimiento, no se ha dado contestación completa, coherente, congruente y de fondo de la petición elevada por la actora para que se sustituya la pensión y quede en cabeza de su hijo y de ella en un 50%.

Resulta entonces acertado indicar que la decisión adoptada por el Juez a quo a través del auto materia de consulta, encuentra total coherencia con los lineamientos normativos, jurlsprudenciales y fácticos que sustentan la situación denunciada.

[…]

En este orden de ideas, se revocará del ordinal segundo, la sanción de arresto y teniendo en cuenta el precedente de este Tribunal. En cuanto a la tasación de la multa en trámite de incidentes de desacato, se confirmará la sanción de multa impuesta en el mismo ordinal del proveído consultado, la cual se fijó por el valor de tres (03) salarios mínimos legales vigentes […]”. (Negrillas y subrayas de la Sala de Decisión)

En consecuencia, el Tribunal censurado, resolvió emitir proveído con las siguientes decisiones, a saber:

“[…] PRIMERO: REVOCAR parcialmente el auto del cuatro (04) de marzo de 2019, en cuanto a la sanción de arresto de tres (03) días para cada uno de los funcionarios.

SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, el auto del 4 de marzo de 2019, por medio del cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales, decidió el INCIDENTE DE DESACATO de la señora FRANCIA HELENA DÍAZ GARCÍA, con relación al incumplimiento del veredicto dictado el 24 de enero de 2019, dentro de la actuación de tutela promovida contra la Caja de Sueldos de la Policía Nacional – CASUR.

TERCERO: DEVUÉLVASE, las diligencias al Juzgado de origen previa anotación en el programa informativo “Justicia Siglo XXI”. Notifíquese y Cúmplase […]”.

La Sala de Decisión observa que, contrario a lo afirmado por los accionantes, el auto enjuiciado de 11 de marzo de 2019 antes señalado también se notificó a ellos debidamente, en esa misma fecha; según constancia secretarial que obra a folios 73 a 74 del expediente de tutela; a los correros electrónicos “ HYPERLINK "mailto:judiciales@casur.gov.co" judiciales@casur.gov.co”,“alirio.chocontá485@casur.gov.co y Jorge. baron333@casur.gov.co.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y frente al argumentos planteados en sede de tutela por parte de los accionantes, consistentes en la no valoración de las pruebas que acreditaban el cumplimiento del fallo de tutela y la omisión en la notificación de las decisiones adoptadas al interior del trámite incidental adelantado en su contra, la Sala de Decisión estima necesario traer a colación, nuevamente, la rigurosa valoración que respecto del acervo probatorio recaudado efectuó la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado; en su fallo constitucional impugnado, de fecha 27 de mayo de 2019. Observemos:

“[…] Como está establecido, los accionantes dentro del trámite del incidente de desacato que adelantó el Juzgado Primero Administrativo de Manizales, guardaron silencio, es decir, no plantearon oposición alguna, ni aportaron pruebas que demostraran el cumplimiento al fallo de tutela proferido en su contra, razón por la cual, los argumentos expuestos y las pruebas que ahora pretenden hacer valer en esta sede para tal efecto, no son de recibo.

[…]

También está desvirtuada la supuesta falta de notificación de la providencia proferida el 4 de marzo de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo de Manizales, a través de la cual impuso la sanción por desacato a los accionantes, toda vez que conforme al anexo aportado por dicho despacho judicial, se verifica que tal acto procesal se llevó a cabo en debida forma, a través de los correos electrónicos “ HYPERLINK "mailto:judiciales@casur.gov.co" judiciales@casur.gov.co”,“ HYPERLINK "mailto:alirio.chocontá485@casur.gov.co" alirio.chocontá485@casur.gov.co” y HYPERLINK "mailto:jorge.baron333@casur.gov.co" jorge.baron333@casur.gov.co” (fl.62 C.P.).

[…]

Finalmente, no resulta procedente verificar la supuesta falta de notificación de la providencia proferida el 24 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Caldas, que resuelve la impugnación del fallo de tutela, en razón a que no es admisible reprochar dicha actuación en sede de amparo, reiterando, que conforme a Ia jurisprudencia citada, únicamente a través de esta acción es procedente de forma excepcional reprochar las decisiones que resuelven el incidente de desacato.

No hace falta la referencia sobre el conocimiento que tuvieron los hoy accionantes de la apertura del incidente de desacato, pues admiten en el hecho No. 5 del escrito de amparo, que el mismo les fue notificado. Como quiera entonces que no estén demostrados los defectos específicos alegados por los accionantes, y tampoco se cumplen la totalidad de los requisitos de procedencia excepcional para el amparo contra providencias que resuelven incidentes de desacato, resulta inviable el amparo solicitado.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala procederá a negar Ia acción de tutela […]”. (Negrillas y subrayas de la Sala de Decisión)

De lo transcrito en precedencia, la Sala advierte que tanto el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, como el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Sexta de Decisión, así como también la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, realizaron en su momento el correspondiente análisis de las pruebas aportadas por los hoy tutelantes; y de su cotejo integral, con plena claridad, pudieron inferir que los funcionarios incidentados, en efecto, guardaron silencio, no plantearon oposición alguna ni mucho menos aportaron pruebas que acreditaran y/o demostraran el cumplimiento del fallo de tutela calendado el 24 de enero de 2019, dictado en su contra.

Así las cosas, en el sub lite resulta palmario que los demandantes, señores Jorge Alirio Barón Leguizamón y José Alirio Chocontá Chocontá, en su impugnación, basaron sus argumentos tendientes a acreditar la configuración de esta vía de hecho haciendo una serie de consideraciones de carácter subjetivo que no son suficientes para que se declare la presencia de un verdadero defecto fáctico; y al hacerse el respectivo análisis de los proveídos enjuiciados, se puede evidenciar, de manera tangible, que pese a la inconformidad de los tutelantes con la valoración probatoria allí efectuada, las decisiones del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales y del Tribunal Administrativo de Caldas se encuentra soportadas y respaldadas en el material probatorio que se allegó, en su momento, a la causa constitucional con radicación No. 17001-33-33-001-2018-00474-02.

Lo anterior tiene pleno respaldo jurisprudencial, puesto que la Sección Primera de esta Corporación judicial, en sentencia calendada el 13 de octubre de 2016 (con ponencia del doctor Guillermo Vargas Ayala), puso de presente que:

“[…] Después de la lectura de las sentencias atacadas, la Sala observa que en ellas se hizo una valoración del acervo probatorio enmarcada en los parámetros de la sana crítica.

[…]

De este modo, se tiene que la decisión adoptaba por las autoridades judiciales fue producto de la valoración del material probatorio del proceso efectuada de conformidad con el artículo 187 del C.P.C., en virtud de lo cual estuvo ajustado a derecho, y no compete al juez de tutela entrar a calificar la apreciación del juzgador de conocimiento.

[…]

No basta, pues, que quien acuda al mecanismo de tutela no comparta las conclusiones alcanzadas por el juzgador en ejercicio de su potestad de análisis y valoración de las pruebas. Es necesario que al hacerlo el juez haya obrado de manera contraria a los derechos fundamentales, bien porque omitió la práctica de pruebas solicitadas o decretadas, bien porque pese a recaudarlas no las valoró o porque pese a hacerlo lo hizo de forma irracional o contraria a la sana crítica o al Derecho.

En este punto, debe señalarse que adicionalmente en esta clase de casos, la carga de la prueba del defecto invocado dentro del juicio de amparo la tiene la parte actora, sobre todo por tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, de carácter sumamente excepcional. Toda vez que está demostrado que la actividad probatoria, se encuentra ajustada a derecho la Sala considera que no se configuró el defecto alegado por la parte actora.

Los razonamientos anteriores son suficientes para denegar la solicitud de protección del derecho al trabajo, debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia elevada por la actora, por cuanto se verifica que las sentencias atacadas no incurrieron defecto o vía de hecho alguna […]”. (Negrillas y subrayas de la Sala)

Además, y bajo esta misma línea de argumentación, la misma Sección Primera en proveído fechado el 18 de julio de 2019 (C.P. doctora Nubia Margoth Peña Garzón), indicó lo siguiente:

“[…] la Sala procede a hacer el estudio del defecto fáctico que aduce la actora contra la providencia acusada.

[…]

Es claro pues para la Sala que, en virtud del principio constitucional de autonomía e independencia judicial, les asiste a los Jueces un amplio margen al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso, conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, tal poder conlleva un límite, pues no puede ser ejercido de manera arbitraria, en detrimento de las garantías procesales de las partes y sus derechos fundamentales.

[…]

Lo referido anteriormente demuestra que la providencia objeto de tutela hizo alusión expresa al material probatorio allegado y recaudado en el expediente. En efecto, el Tribunal, teniendo en cuenta la escritura pública núm. 3359 del 16 de noviembre de 2013, los testimonios y los documentos relacionadas con la afiliación al sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Asociación de Soldados, consideró que, si bien es cierto se logró determinar que pudo existir una relación marital de hecho entre la accionante y el señor JOSÉ LUIS ROJAS DUARTE, no se demostró el cumplimiento del requisito mínimo de 5 años de convivencia entre la pareja para ser beneficiaria de la sustitución de la asignación de retiro, por lo que fundamentó su decisión precisamente en el estudio de tal material, lo que descarta la presunta existencia del defecto fáctico alegado.

[…]

Por lo precedente, es posible concluir que de las pruebas obrantes en el expediente, no se logró establecer una convivencia permanente y continúa entre la actora y el señor ROJAS DUARTE, razón por la que el Tribunal decidió confirmar la decisión que denegó las pretensiones relativas a la sustitución pensional. De lo expuesto, la Sala colige que no se configura el cargo de vulneración por defecto fáctico de la providencia censurada, toda vez que no se advierte una valoración contraevidente o irrazonable de las pruebas del plenario o que se hayan dejado de valorar las pruebas obrantes en el expediente. Por el contrario, se observa un examen minucioso de cada una de ellas, tan es así que fue el estudio de las mismas el que llevó al Tribunal a confirmar la decisión de denegar las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001-03-42-056-2017-00045-01.

Así las cosas, es evidente para la Sala que la autoridad judicial accionada valoró en su integridad y bajo las reglas de la sana crítica todo el material probatorio obrante en el expediente, de tal manera que el hecho de que el análisis hubiese sido diferente al pretendido por la actora, no supone una indebida valoración probatoria que afecte las garantías y los derechos fundamentales […]”. (Negrillas y subrayas por fuera de texto)

En otra oportunidad, y como lo fue en providencia de tutela del 28 de junio de 2019 (C.P. Oswaldo Giraldo López), esta Sección Primera, en cuanto al referido defecto fáctico que aquí se estudia, esgrimió que:

“[…] Es importante resaltar que es viable sustentar una acción de tutela por defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por la autoridad judicial, en la correspondiente providencia, es manifiestamente arbitraria. En ese sentido, el error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”.

[…]

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto fáctico tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado”. Así, la jurisprudencia ha entendido que el mencionado defecto surge: “cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales”.

Considera el Alto Tribunal Constitucional que la evaluación del acervo probatorio jamás podrá hacerse por el juez de manera arbitraria y que por ello la valoración que éste realice, necesariamente implica “la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas” […]”. (Se destaca)

Por último, en reciente sentencia del 18 de julio del 2019 (con ponencia del doctor Hernando Sánchez Sánchez), y en cuanto a la problemática que aquí se estudia, el Consejo de Estado adujo:

“[…] La Sala debe hacer énfasis que para la configuración del defecto fáctico por irregularidades en la apreciación del material probatorio, la actuación del operador judicial deber ser ostensible, manifiesta y flagrante, en donde además dicha irregularidad debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial, es decir, que, de no configurarse dicho error manifiesto, la sentencia hubiera adoptado un sentido totalmente distinto, lo que a juicio de la Sala no aconteció en el presente caso.

En esa medida, los planteamientos realizados por la parte actora en el presente asunto obedecen a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el contrario, la actividad intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia de valoración y apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e independencia que tienen los jueces de la República y, por consiguiente, ni las partes ni el juez constitucional pueden imponer su criterio, interpretación y lógica sobre la del juez natural, como si se tratara de un juez superior que pueda sustituir de manera arbitraria el juicio valorativo del juez del proceso.

En otras palabras, esta Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, en la providencia motivo de tutela, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica, sin que dicha valoración fuera arbitraria, abusiva o irracional, por el solo hecho de no interpretarse en los términos que lo pretende la parte actora.

Con base en lo anteriormente expuesto, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas ni en defecto fático, teniendo en cuenta que i) el Tribunal aplicó correctamente la norma jurídica aplicable al caso concreto, esto es, el Decreto 4433 de 2004, norma vigente para el momento del fallecimiento del señor José Rodrigo Palacio Cano, en caso de la solicitud de sustitución pensional y ii) se valoraron en debida forma las pruebas aportadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Conclusión de la Sala:

Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 22 de mayo de 2019 por la Sección Quinta del Consejo de Estado […]”. (Negrillas y subrayas de la Sala)

Todo lo anterior se acompasa de igual forma, y de manera armónica, con el contenido del artículo 230 Constitucional, el cual hace un esquema del sistema de fuentes formales al que está sometido el funcionario judicial para la toma de sus decisiones y, el artículo 228, de la misma Carta Política, establece como principios constitucionales la independencia y autonomía judicial, en los siguientes términos:

“[…] ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo […]”.

En este estado de cosas, y en concordancia con lo antes señalado, a juicio de la Sala, las providencias objeto de censura proferidas por las autoridades judiciales acusadas sí efectuaron un análisis probatorio razonado y coherente, bajo las reglas de la sana crítica; valoración que, a todas luces, no se encuentra arbitraria, abusiva, irracional y/o transgresora de garantías de talante iusfundamental.

Así pues, este juez constitucional de segundo grado, estima que en el asunto que nos ocupa no es posible predicar la configuración de un defecto fáctico; toda vez que los demandantes, más que exponer y acreditar la existencia de una vía de hecho en su impugnación, develan la inconformidad con la decisión adoptada en el trámite incidental, así como también, en sede de tutela frente a la sentencia calendada el 27 de mayo de la presente anualidad.

En este sentido, se ha pronunciado la misma H. Corte Constitucional, que al respecto ha señalado:

“[…] 4.4 Por otra parte, la Sala considera que la simple discrepancia interpretativa que pueda surgir al interior del debate jurídico y probatorio no constituye por sí misma defecto fáctico que amerite dejar sin efecto la decisión a través del amparo constitucional, pues ello sería admitir la superioridad del criterio de valoración del juez de tutela respecto del juez ordinario, en detrimento del principio de autonomía judicial. Frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez del conocimiento debe determinar, de acuerdo a la sana crítica, cuál es la que mejor se ajusta al caso analizado. “El juez, en su labor, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones se presumen de buena fe. En consecuencia, el juez de tutela debe partir de la corrección de la decisión judicial, así como de la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural. Por esta razón la Sala insiste en que la tutela en estos casos, sólo opera cuando la valoración probatoria sea ostensiblemente incorrecta, lo que equivale a señalar que debe encubrir una notoria arbitrariedad. En otros términos, “el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia […]”. (Se destaca)

Es preciso resaltar, que las consideraciones expuestas en precedencia, también han sido sostenidas por la Sala, entre otras, en sentencia de 31 de octubre de 2013 (Expediente núm. 2013-01861), en la que al efecto se dijo:

“[…] Cabe advertir que el hecho de no estar de acuerdo con determinado análisis probatorio realizado por un Despacho Judicial, por sí solo no constituye la existencia del llamado defecto fáctico, entendiendo que dentro de un litigio cada una de las partes pretende que el Juez interprete las pruebas como más les beneficie, sin embargo, este último es autónomo para analizarlas, estudiarlas y tomar las decisiones que a bien considere pertinentes, respetando la normativa que regule cada caso particular […].”

Es claro, así, para la Sala de Decisión, que lo pretendido por los señores Jorge Alirio Barón Leguizamón y José Alirio Chocontá Chocontá es reabrir nuevamente el debate procesal ya desatado en sede de desacato y de consulta, máxime cuando al tenor del material probatorio obrante en el expediente y el raciocinio efectuado por las autoridades judiciales enjuiciadas, se puede colegir que dichas oficinas obraron de manera legítima, en aplicación de los criterios de la sana crítica, en ejercicio de su autonomía funcional, con plena justificación de su decisión bajo una carga argumentativa sólida y consistente y, además, efectuando un cotejo integral y exhaustivo del acervo probatorio aportado por las partes en contienda. Por tanto, y bajo dicha lógica, las consideraciones anteriormente expuestas son suficientes y aptas para afirmar que el presunto cargo por defecto fáctico no se encuentra llamado a prosperar en el sub judice.

VIII.6.2. En cuanto al defecto material o sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial

En lo que a este defecto específico hace referencia, la Sala evidencia que, los accionantes, persiguen sustentar este cargo bajo el argumento según el cual: “[…] las autoridades judiciales demandadas desconocieron el precedente judicial, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente […]”.

Ahora bien, y en sentir de este Juez constitucional de segundo grado, el cargo formulado por el presunto defecto aludido tampoco se encuentra llamado a prosperar, en tanto que, la providencia calendada el 4 de marzo de 2019 (y dictada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales), se fundamentó, entre otras, en lo previsto y consagrado en el artículo 52 del Decreto Ley No. 2591 de 1991, el cual reza:

“[…] ARTÍCULO 52. DESACATO. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar […]”.

Asimismo, el proveído enjuiciado de 4 de marzo de 2019, se cimentó en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en relación con la figura del incidente de desacato; a partir de lo cual, concluyó de manera razonada y lógica la procedencia y/o viabilidad de la imposición de las sanciones previstas en la ley, para el caso objeto de estudio. Ello, en los siguientes términos:

“[…] Es menester indicar que la finalidad del incidente de desacato previsto en el artículo 52, que es una de las muchas facultades correccionales que tienen los órganos jurisdiccionales, es precisamente la de garantizar la realización efectiva de los derechos fundamentales protegidos por vía de la acción de tutela, de acuerdo con la orden impartida por el juez.

[…]

Con relación al deber de acatar las providencias judiciales y los poderes del juez para hacerlas cumplir, la Corte Constitucional en sentencia C-367 de 2014, ha expresado:

(…) 4.2.1.1. El acceso a la justicia no se agota en la posibilidad de acudir ante la administración de justicia para plantear un problema jurídico, ni en su resolución, sino que implica, también, que “se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico y se restablezcan los derechos lesionados”. Dada la relevancia del cumplimiento de las providencias judiciales para el derecho fundamental de acceder a la justicia, en algunas oportunidades este tribunal lo ha amparado, de manera excepcional, por medio de la acción de tutela, “bajo el entendido de que la administración de justicia, además de expresarse en el respeto a las garantías establecidas en el desarrollo de un proceso, se manifiesta en el hecho de que las decisiones que se tomen dentro del mismo tengan eficacia en el mundo jurídico y que la providencia que pone fin al proceso produzca todos los efectos a los que está destinada”.

4.2.1.2. Además de afectar el acceso a la justicia, incumplir las providencias judiciales desconoce la prevalencia del orden constitucional y la realización de los fines del Estado, vulnera los principios de confianza legítima, de buena fe, de seguridad jurídica y de cosa juzgada, porque da al traste con la convicción legítima y justificada de una persona que, al acudir ante la administración de justicia, espera una decisión conforme al derecho que sea acatada por las autoridades o por los particulares a quienes les corresponda hacerlo.

4.2.2. La administración de justicia y, de manera especial, el juez que dictó la providencia judicial, no pueden ser indiferentes o ajenos a su cumplimiento. Este cumplimiento puede y, si es del caso debe, efectuarse aún en contra de la voluntad de quien está llamado a ello, por medios coercitivos (…).

Es decir, el objetivo buscado se concreta en garantizar el cumplimiento de las órdenes que surgen como mecanismo de protección a los derechos fundamentales, en el evento del desacato la tarea del juez constitucional es sancionar al incumplido con el fin de corregir su actitud omisiva o su acción desobediente.

Lo anterior, busca es proveer la inmediata efectividad de la orden, de lo contrario, las decisiones proferidas por los jueces pasarían a constituir letra muerta, quedando su cumplimiento y, por consiguiente, el amparo concedido en vía de tutela, al arbitrio de la autoridad o del particular destinatario del fallo.

Frente a las diferencias entre el trámite para el cumplimiento de un fallo de tutela y la sanción impuesta por desacato, la Sección Cuarta del Consejo de Estado en auto dictado el 29 de enero de 2015, teniendo como magistrado ponente al doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, dentro del proceso con radicado No. 47001-23-33-000-2013-00145-01(AC), señaló:

(…) Las órdenes que profiere el juez de tutela son de estricto e inmediato cumplimiento por parte de los funcionarios públicos o por los particulares, según el caso. Para que los mandatos sean cumplidos cabal y oportunamente. Ia ley contempla mecanismos que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de Ia sentencia y, subsidiariamente, la sanción de los responsables del desacato. El juez de tutela puede y debe agotar todos los mecanismos necesarios para restablecer el derecho fundamental violado o eliminar las causas de Ia amenaza. El juez, al enterarse del incumplimiento del fallo, debe, en primer lugar, requerir al superior del funcionario renuente para que haga cumplir la orden de tutela y abra el correspondiente proceso disciplinario. En segundo lugar, si después del requerimiento, han transcurrido 48 horas sin que se cumplan las disposiciones contenidas en el fallo, ordenará abrir el proceso disciplinario en contra del superior y adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia. La sanción por desacato es sólo una consecuencia posible del incumplimiento del fallo de tutela. De ahí que el citado artículo 27 establezca que el juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior que no cumplieren con la tutela. Dicho poder sancionatorio, en todo caso, es diferente de la facultad para hacer cumplir el fallo de tutela, aunque los dos pueden coexistir sin que sean excluyentes. Tanto el incumplimiento del fallo como el desacato tocan el tema de la responsabilidad, pero mientras que el simple incumplimiento de Ia sentencia se refiere a una responsabilidad de tipo objetivo, el desacato implica Ia comprobación de una responsabilidad subjetiva (…).

En línea de lo discurrido, la misma sentencia C-367 de 2014, ha hecho precisión respecto de las responsabilidades que pueden seguirse del incumplimiento a un fallo de tutela, a saber:

(…) 4.3.3.2. Las reglas sobre sanciones, que se encuentran en los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991, tienen el siguiente contenido.

4.3.3.2.1. En el artículo 52 se señala que incumplir una orden judicial proferida con base en este decreto, puede hacer incurrir a la persona responsable de ello en una sanción de “arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales”, salvo que se haya previsto una sanción distinta y sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan. Esta sanción se impondrá por el juez autor de la orden mediante trámite incidental.

4.3.3.2.2. En el artículo 53 se fijan tres tipos de responsabilidad penal imputables a la persona que incumple el fallo de tutela y al juez. Sea por incumplir el fallo de tutela o por repetir la acción o la omisión que dio lugar a la tutela, la persona puede incurrir en el delito de fraude a resolución judicial. Por incumplir con las funciones dadas por este decreto, el juez puede incurrir en el delito de prevaricato por omisión.

4.3.4. El juez que dictó la providencia judicial, como los demás jueces, tiene un poder disciplinario frente a la persona que incumple su providencia. Este poder disciplinario, al cual corresponde el desacato, se ejerce por medio de actos de naturaleza jurisdiccional, conforme a un trámite incidental y tiene como propósito juzgar y, si es del caso, sancionar la conducta de quien omite cumplir con la providencia judicial (…).

De lo anterior, se puede extraer que quien incumple un fallo de tutela no solo puede verse inmerso en una responsabilidad penal sino también disciplinaria, sin dejar de Iado que las órdenes que se imparten en Ias acciones de tutela son de obligatorio cumplimiento, por lo que el obligado por el fallo debe proceder a cumplirlo; de no hacerlo, además de vulnerar el artículo 86 constitucional, estará quebrantando el derecho fundamental objeto del amparo.

En otras palabras, en caso de existir incumplimiento por parte del obligado, el juez encargado de hacerlo cumplir se dirigirá al superior del incumplido y lo requerirá para 2 efectos: 1. Que el superior haga cumplir al inferior la orden de tutela, y, 2. Que el superior inicie u ordene iniciar un procedimiento disciplinario contra el funcionario remiso, tal y como lo señala el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

Ahora bien, sea del caso precisar que el trámite de cumplimiento de una sentencia de tutela no puede confundirse con el de un incidente de desacato, pues ninguna de Ias figuras es prerrequisito de la otra, aunque pueda presentarse el caso de que a través de un incidente de desacato se logre el cumplimiento del fallo.

En conclusión, se puede afirmar que la solicitud de cumplimiento de un fallo de tutela tiene como fin asegurar Ia vigencia de Ios derechos fundamentales, al paso que el incidente de desacato pretende además del cumplimiento, imponer una sanción a Ia autoridad o al particular, según el caso, que ha incumplido una orden prevista en la sentencia […]”. (Negrillas y subrayas por fuera de texto)

Por su parte, y al desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta por desacato, observa la Sala que, el Tribunal censurado, en su auto cuestionado de 11 de marzo de 2019, también sustentó razonadamente su decisión al tenor de la normativa y la jurisprudencia aplicables al caso; y máxime, cuando decidió revocar parcialmente la decisión del juzgado de conocimiento, con base en el siguiente análisis que a continuación se enseña:

“[…] INCIDENTE DE DESACATO Y RESPONSABILIDAD SUBJETIVA:

La Honorable Corte Constitucional precisó:

(…) En el trámite del desacato siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela. Sobre el particular esta Corporación ha señalado:

“30.- Así mismo, el juez de tutela al tramitar el respetivo incidente tiene el deber constitucional de indagar por la presencia de elementos que van dirigidos a demostrar la responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por tanto dentro del proceso debe aparecer probada la negligencia de la persona que desconoció el referido fallo, lo cual conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento. De acuerdo con ello, el juzgador tiene la obligación de determinar a partir de la verificación de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado cuál debe ser la sanción adecuada – proporcionada y razonable – a los hechos(…).

(…)

Entonces, entiende la Sala de Revisión que para sancionar por desacato en materia de tutela es indispensable que el juez establezca si el sujeto obligado ha adoptado alguna conducta positiva o negativa de la cual pueda inferirse que ha actuado con el ánimo (culpa o dolo)  de evadir los mandatos de una autoridad judicial o si, por el contrario, ha obrado de buena fe. La simple constatación del incumplimiento sin haber escudriñado las razones y circunstancias que le propiciaron, no puede devenir en una sanción por desacato, debido a que ello constituiría una responsabilidad objetiva del sujeto obligado, concepto que está prohibido por el texto superior (…).

La sanción de desacato, como acto ético y consciente del Juez, ha de analizar la consciencia ética de quien se pretende sancionar, y por ello, la Honorable Corte Constitucional insiste en que “…es indispensable que el juez establezca si el sujeto obligado ha adoptado alguna conducta positiva o negativa de la cual pueda inferirse que ha actuado con el ánimo (culpa o dolo)  de evadir los mandatos de una autoridad judicial o si, por el contrario, ha obrado de buena fe. La simple constatación del incumplimiento sin haber escudriñado las razones y circunstancias que le propiciaron, no puede devenir en una sanción por desacato, debido a que ello constituiría una responsabilidad objetiva del sujeto obligado, concepto que está prohibido por el texto superior…”.

Esto no impone una camisa de fuerza en torno a una abultada indignación y sustentación de la culpabilidad, sino:

(…) La Corte ha sostenido que Ia comprobación de la ausencia de motivación de las decisiones judiciales está estrechamente Iigada a la complejidad del asunto, las materias alegadas y los hechos del caso. De esa forma, mientras que en algunos casos unas breves consideraciones bastarán para dirimir el caso, en otros es indispensable que el juez arguya de manera exhaustiva la decisión que va a adoptar. En todo caso, siempre habrá de emitirse pronunciamiento sobre los asuntos entorno de los cuales gira la controversia y, si es del caso, aducir la razón jurídica por la cual el fallador se abstendrá de tratar alguno de los puntos sometidos a su consideración, como se cita:

“Ahora bien, la motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente 0, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad (…).

La sanción por desacato no es consecuencia necesaria y objetiva del incumplimiento, pues debe evaluarse si el funcionario accionado es renuente al cumplimiento y si esa conducta es negligente, toda vez que la responsabilidad objetiva resulta, cuando más, excepcional y restrictiva, sobre todo cuando se trata de aplicar severas sanciones previstas en la ley, entre ellas la privación de la libertad.

CASO CONCRETO:

Tal como se dejó reseñado en el acápite de antecedentes, el incidente de desacato fue promovido por la señora FRANCIA HELENA DÍAZ GARCÍA con el fin de que LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL – CASUR realizara la contestación completa, coherente, congruente y de fondo de la petición elevada por la actora para la sustitución pensional quede en cabeza de su hijo y ella de en un porcentaje de 50%.

Observa esta Sala Unitaria, que si bien el Juez de instancia requirió al Brigadier General JORGE ALIRIO BARÓN LEGUIZAMÓN, en su calidad de Director General del de LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR y al señor JOSÉ ALIRIO CHOCONTÁ CHOCONTÁ en calidad de Subdirector de prestaciones sociales de la misma la entidad accionada, mediante comunicación que se surtió en debida forma, no hubo pronunciamiento que diera cuenta del efectivo cumplimiento de la orden de tutela en el trámite de desacato.

Se encuentra que se cumplen los elementos subjetivos de la responsabilidad en el incumplimiento injustificado de la orden judicial proferida a favor del accionante está radicada principalmente en cabeza del Director General y Subdirector de prestaciones sociales de la misma entidad accionada, en tanto son las llamadas legalmente a cumplir con el veredicto, pues son quienes deben garantizar y satisfacer el derecho de salud en forma adecuada, oportuna y sin dilaciones; y a pesar de haberse dado la orden y habérsele notificado el requerimiento de cumplimiento, no se ha dado contestación completa, coherente, congruente y de fondo de la petición elevada por la actora para que se sustituya la pensión y quede en cabeza de su hijo y de ella en un 50%.

Resulta entonces acertado indicar que la decisión adoptada por el Juez a quo a través del auto materia de consulta, encuentra total coherencia con los lineamientos normativos, jurisprudenciales y fácticos que sustentan la situación denunciada.

Frente a la sanción de arresto, el Honorable Consejo de Estado ha estimado:

(…) No obstante lo anterior, la Sala considera que como lo expresó el Tribunal a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en cabeza de su Directora, tenía un término de 48 horas, para dar respuesta de fondo a la petición presentada por la actora el 7 de junio de 2012, el cual desatendió, pues solo estando en curso la consulta allegó el acto de cumplimiento, sin que obre prueba que permita establecer con claridad que la respuesta fue puesta en conocimiento de la demandante. Si bien la Entidad pone de presente la dificultad para tramitar las solicitudes formuladas por los administrados, no acreditó siquiera el intento de acatamiento de Ia orden o adujo razón por la cual se produjo el incumplimiento.

Ahora bien, en relación con la sanción de arresto que por el término de dos días impuso el Tribunal a la Directora de la Entidad, la Sala considera en virtud de los principios de razonabilidad y proporcionalidad y de los hechos expuestos en esta providencia que la medida debe ser revocada (…)”.

Esta tesis ha sido seguida por el ilustre Tribunal Administrativo de Caldas en auto de 16 de abril de 2015, radicado No. 17001-33-33-004-2014-00222-02, Magistrado Ponente Doctor Augusto Morales Valencia.

En este orden de ideas, se revocará del ordinal segundo, la sanción de arresto y teniendo en cuenta el precedente de este Tribunal. En cuanto a la tasación de la multa en trámite de incidentes de desacato, se confirmará la sanción de multa impuesta en el mismo ordinal del proveído consultado, la cual se fijó por el valor de tres (03) salarios mínimos legales vigentes […]”. (Negrillas y subrayas de la Sala de Decisión)

En concordancia con lo anterior, y en este punto, la Sala de Decisión estima pertinente recordar que, la Corte Constitucional, en materia de autonomía funcional e independencia de los jueces, ha indicado en oportunidades pasadas que:

“[…] Se puede afirmar que la autonomía e independencia judicial comporta tres atributos básicos en nuestro ordenamiento superior: i) Un primer atributo, cuya connotación es esencialmente negativa, entiende dicho principio como la posibilidad del juez de aplicar el derecho libre de interferencias tanto internas como externas; ii) Un segundo atributo que lo erige en presupuesto y condición del principio de separación de poderes, del derecho al debido proceso y de la materialización del derecho de acceso, a la administración de justicia de la ciudadanía; y, finalmente, iii) un tercer atributo que lo instituye en un principio estructural de la Carta Política de 1991 […]”. (Se destaca)

Así mismo, y en sentencia de tutela No. T-238 del 1º de abril de 2011, la misma Corte Constitucional señaló sobre el tema concerniente a la autonomía funcional, lo siguiente:

“[…] La actividad judicial o la administración de justicia, cuyo principal objetivo es la pacífica resolución de los conflictos generados dentro de la vida en sociedad, es una de las tareas básicas del Estado, según lo advirtieron desde tiempos remotos los pensadores de las distintas civilizaciones, y se acepta sin discusión en las sociedades contemporáneas, o al menos en todas aquellas que pudieran considerarse democráticas. La sin igual importancia de esta función es tal que las personas o funcionarios a cuyo cargo se encuentra constituyen una de las tres ramas del poder público que históricamente, pero sobre todo en las épocas más recientes, conforman los Estados. Según se ha reconocido también, la autonomía e independencia de la Rama Judicial respecto de las otras ramas, así como la de cada uno de los funcionarios que la conforman, es condición esencial y necesaria para el correcto cumplimiento de su misión. Estas elementales consideraciones se encuentran presentes en la Constitución de 1991, desde su preámbulo y sus primeros artículos, en los que repetidamente se invoca la justicia como una de las finalidades del Estado y se alude a la intención de alcanzar y asegurar la vigencia de un orden social justo.

[…]

La gran importancia de la función judicial, e incluso la celosa protección del derecho de acceder a ella resultan vacíos e inútiles, si no se garantizan de igual manera la autonomía e independencia de los jueces, reconocidas y relievadas también por varios preceptos constitucionales y por los tratados internacionales sobre la materia. En suma, los operadores judiciales deben ser autónomos e independientes, pues sólo así los casos puestos a su conocimiento podrán ser resueltos de manera imparcial, aplicando a ellos los mandatos abstractamente definidos por el legislador, de tal modo que verdaderamente se cumpla la esencia de la misión constitucional de administrar justicia […]”. (Negrillas y subrayas por fuera del texto)

En este estado de cosas, y al tenor de lo esbozado en precedencia, no se aprecia por la Sala de Decisión que los despachos judiciales atacados hayan incurrido, en manera alguna, en un supuesto defecto material o sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial; y siendo así, es ineludible concluir que dicho cargo, en definitiva, tampoco se encuentra llamado a salir avante en el sub examine.

VIII.6.3. En cuanto al defecto por error inducido

Por último, y en lo que al supuesto error inducido se refiere, la Sala pone de relieve que la aseveración manifestada por los tutelantes para efectos de sustentar este cargo, consistió en que “[…] la providencia sancionatoria de primera instancia fue producto de la inducción al error de que fue víctima el juez de la causa, por parte de la accionante cuando argumentó, que la Entidad no había dado cumplimiento al fallo de tutela, conllevando a la imposición de la sanción de multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y tres (3) días de arresto […]”.
Pues bien, y a juicio de la Sala de Decisión, se estima que este último cargo no ostenta vocación de prosperidad alguna en el sub lite, dado que, al tenor de material probatorio obrante en el plenario, se desprende de manera palmaria que los accionantes, al interior del incidente de desacato adelantado en su contra, contaron con la oportunidad procesal pertinente para ejercer su derecho de defensa y contradicción; para efectos de controvertir los hechos y supuestos fácticos planteados por la parte que lo promovió, término dentro del cual, no se pronunciaron, ni aportaron prueba alguna en relación al cumplimiento del fallo de tutela dictado en su contra.

Frente a este aspecto, es pertinente poner de presente que las pruebas que en sede de tutela se aportan para acreditar el cumplimiento al fallo, no pueden ser observadas en razón a que no fueron aportadas dentro del incidente de desacato y al interior de la oportunidad procesal oportuna para tal efecto.

Lo anterior se justifica y respalda jurisprudencialmente, en tanto que para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra las providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato se exige, entre otros requisitos, el siguiente:

“[…] iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que: a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio […]”. (Resalta la Sala)

Por ello, y a juicio de esta Sala y de manera acertada, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en su fallo de tutela impugnado de 27 de mayo de 2019, esgrimió que:

“[…] Como está establecido, los accionantes dentro del trámite del incidente de desacato que adelantó el Juzgado Primero Administrativo de Manizales, guardaron silencio, es decir, no plantearon oposición alguna, ni aportaron pruebas que demostraran el cumplimiento al fallo de tutela proferido en su contra, razón por la cual, los argumentos expuestos y las pruebas que ahora pretenden hacer valer en esta sede para tal efecto, no son de recibo. Por lo tanto, este defecto específico tampoco prospera […]”. (Negrillas y subrayas por fuera del texto original)

Aunado a lo anterior, se considera que la carga argumentativa aludida por los señores Jorge Alirio Barón Leguizamón y José Alirio Chocontá Chocontá, encaminada a tratar sustentar el presente cargo por error inducido, no es lo suficientemente sólida como para dejar sin efectos una decisión que, por su propia naturaleza, fue adoptada como en derecho corresponde y, más bien, lo que se evidencia, es que devela y/o apunta a una aseveración de carácter subjetiva y personal adoptada en esta instancia por los incidentados.

Siendo así, para la Sala, los actores no cumplieron con la carga argumentativa mínima de establecer cómo se configuró el presunto error inducido con fundamento en las reglas establecidas por la H. Corte Constitucional. Se debe recordar que este defecto se estructura cuando: “[…] i) la decisión judicial se fundamente en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación se hayan violado derechos fundamentales por la actuación irregular de terceros; y ii) que tenga como consecuencia un perjuicio iusfundamental […]”.

Lo anterior tiene pleno y pacífico respaldo jurisprudencial, pues, la Sección Primera de esta Alta Corte, en reciente y destacable sentencia de 24 de mayo de 2019 (con ponencia del doctor Hernando Sánchez Sánchez), puso de presente que:

“[…] La Sala debe hacer énfasis que para la estructuración del cargo por error inducido, el actor tiene la carga de demostrar como la actuación de un tercero que participó en el respectivo proceso, obrando de manera engañosa o fraudulenta, trajo como consecuencia que indujera en error al juez para adoptar su respectiva sentencia, lo cual, se repite no sucedió en el presente asunto.

Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos.

CONCLUSIONES DE LA SALA:

En ese orden de ideas, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos invocados en la solicitud de tutela, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala negará las pretensiones del amparo […]”. (Negrillas y subrayas de la Sala de Decisión)

Además de lo anterior, y entratándose del tema concerniente a la carga argumentativa como presupuesto sine qua non para efectos de la procedencia de la acción de amparo contra proveídos judiciales, la Sala estima oportuno y pertinente recordar que, la Sección Primera del Consejo de Estado, en oportunidades pasadas, ha señalado que en el caso específico de tutela contra providencia judicial, el deber de sustentar el defecto alegado adquiere una connotación aún más precisa y exigente, en tanto la parte que cuestiona una providencia judicial, debe cumplir con la carga argumentativa respectiva. Esto es, exponer las razones que sustentan su demanda o impugnación, al identificar y justificar si se configura o no la causal específica de procedibilidad.

Lo anterior permite conciliar la necesidad de proteger los derechos fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, los cuales podrían comprometerse en el evento en que se generalice la práctica de utilizar la acción de tutela como una tercera instancia judicial.

Por ello, la Sala de Sección ha advertido que aun cuando el trámite de la acción de tutela deba desarrollarse con arreglo a los principios de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia (artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem), lo cierto es que dicha situación no puede confundirse con el deber de la parte que demanda o impugna el fallo de tutela, de explicar las razones que motivan su disentimiento.

Cabe advertir que, en igual sentido, la Sección Quinta de esta Corporación judicial ha señalado que cuándo se pretenda cuestionar una decisión adoptada en una providencia judicial, mediante este mecanismo de protección, “[…] la parte actora tiene el deber de identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y precisar los hechos y las razones en que se fundamenta la acción […]”, exigencia que no solo se debe ostentar cuando se presenta la solicitud de amparo sino también cuando se impugna un fallo de tutela.

Precisamente, mediante sentencia del 31 de mayo de 2018, aquella Sección sostuvo lo siguiente:

“[…] 2.3. Carga argumentativa en sede de tutela.

Sobre el particular, la Sala Plena de esta Corporación sostuvo que la persona que ejerce la acción de tutela tiene la obligación de “identificar, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración, así como los derechos fundamentales presuntamente afectados por la providencia”, y que para tal efecto, se requiere de una carga argumentativa mínima que le permita al juez constitucional abordar el análisis de fondo de la providencia objeto de debate. (…)

De esta forma, la apelación requiere una carga argumentativa razonable que sustente las razones de inconformidad, sin que tal observancia sea tan solo exigida al momento en que se inicia el trámite de la tutela, sino que cobra mayor importancia cuando se emplea este recurso judicial. Criterio reiterado en fallo del 6 de octubre de 2016, en el que se indicó que:

“Cuando se trata de tutelas ejercidas en contra de providencias judiciales, la parte recurrente no puede limitar su intervención a la simple manifestación de no estar de acuerdo con la decisión judicial de primera instancia, por el contrario, debe observar una carga mínima que soporte los motivos de su impugnación, indispensable para el juez de tutela de segunda instancia conozca las razones de su desacuerdo y, así, se adentre en el estudio que la misma requiere. Lo anterior se debe a que la acción constitucional contra providencia judicial no puede ser considerada como una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural…”.

Lo anterior, debido al carácter excepcional que tiene la acción tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, en virtud del cual, el juez constitucional no está legitimado “para estudiar de oficio todas las etapas y cualquiera de los componentes de la litis”, pues ello implicaría transgredir principios como el de la cosa juzgada y la seguridad jurídica. […]”.

Asimismo, la Sección Cuarta de esta corporación judicial se ha pronunciado respecto del deber de cumplir con la carga argumentativa, cuando se pretenda controvertir una providencia judicial. Es de mencionar que, de conformidad con la sentencia de 21 de junio de 2018, “[…] no es competencia del juez de tutela realizar una revisión in integrum de las providencias judiciales, pues ello conduciría a desplazar a los jueces naturales de la causa, y finalmente, convertir la acción de tutela en una instancia adicional a las que establece la ley […]”.

No hay que olvidar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo ideado con el fin de pretender ventilar pretensiones que busquen la concepción de una tercera instancia procesal; pues sin lugar a dudas, ello atentaría contra los principios de la seguridad jurídica, la cosa juzgada y, no menos importante, la autonomía funcional de los jueces.

En ese orden, y en concordancia con lo anterior, se puede colegir que los accionantes, señores Jorge Alirio Barón Leguizamón y José Alirio Chocontá Chocontá, no cumplieron con la mínima carga argumentativa que se exige para sustentar el supuesto defecto por error inducido en su demanda de amparo, cuando se controvierten decisiones judiciales en sede de tutela y, en consecuencia, a juicio de este Juez constitucional de segundo grado, sus argumentos no ostentan vocación de prosperidad alguna en el sub lite.

En conclusión, las autoridades judiciales accionadas, no incurrieron en el presunto defecto fáctico, en el supuesto defecto material o sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial y, mucho menos, en el aparente defecto por error inducido que se acusa en la demanda de tutela, al interior de la causa constitucional con radicación No. 17001-33-33-001-2018-00474-02; y por ende, tampoco es dable afirmar y aseverar la vulneración del derecho constitucional fundamental a que se refieren los actores, en su solicitud de amparo impetrada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 27 de mayo de 2019, proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente sentencia, DEVOLVER el expediente contentivo de la causa constitucional con radicación No. 17001-33-33-001-2018-00474-02, allegado en calidad de préstamo, al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, para lo pertinente.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Ausente en comisión

Visible a folios 133 a 135 del expediente de tutela. Folios 121 a 128 de la causa constitucional. En su calidad de Director General de Prestaciones de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. En su condición de Subdirector de Prestaciones de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. Ibídem, folios 1 a 49. Actor: Francia Helena Díaz García. Accionado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. Folios 1 a 2 de la demanda de tutela. En atención a la copia que se adjuntó con la notificación de la apertura al incidente de desacato instaurado por la señora Francia Helena Díaz García.
“(…) Al no efectuarse la valoración de las pruebas que acreditaban el cumplimiento del fallo de tutela (…)”.
“(…) Por desconocer el precedente judicial, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente (…)”.
“(…) Porque la providencia sancionatoria de primera instancia fue producto de la inducción al error de que fue víctima el juez de la causa, por parte de la accionante cuando argumento (sic), que la Entidad no había dado cumplimiento al fallo de tutela, conllevando a la imposición de la sanción de multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y tres (3) días de arresto (…)”. Actor: Francia Helena Díaz García. Accionado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. Folio 14 del expediente de amparo. Folio 52 del expediente constitucional. En su calidad de Director General de Prestaciones de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. En su condición de Subdirector de Prestaciones de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. Demandante dentro de la acción de tutela con radicado No. 17001-33-33-001-2018-00474-02. Doctor Carlos Mario Arango Hoyos. Folios 57 a 58 de la causa constitucional. Doctor Publio Martín Andrés Patiño Mejía. Folios 69 a 74 del expediente de amparo. Folios 69 a 69 Vto. del expediente. Ibídem, folio 69 Vto. Demandante dentro de la acción de tutela con radicado No. 17001-33-33-001-2018-00474-02. Folios 89 a 90 del expediente de tutela. Folios 121 a 128 del expediente de amparo. En su calidad de Director General de Prestaciones de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. En su condición de Subdirector de Prestaciones de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. Folios 1 a 10 del expediente constitucional. Folios 127 a 127 Vto. de la causa constitucional. Folio 127 Vto. del expediente de amparo. Ibídem, folios 127 Vto. a 128. Folios 133 a 135 del expediente de tutela. Folios 134 Vto. a 135 del expediente constitucional. En su calidad de Director General de Prestaciones de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. En su condición de Subdirector de Prestaciones de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
“Por la cual se modifican os artículos  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1,  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. Actor: Francia Helena Díaz García. Accionado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política»
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Ver sentencias T-271 de 12 de mayo de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. T-010 de 20 de enero de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Sentencia T- 271 de 12 de mayo de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Ver sentencias 1113 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño y SU 034 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos. En su calidad de Director General de Prestaciones de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. En su condición de Subdirector de Prestaciones de la referida entidad. Folio 1 de la demanda de tutela. Actor: Francia Helena Díaz García. Accionado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. Previsto en el artículo 29 de la Carta Superior. Y por cuanto con el fin de procurar el cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 24 de enero de 2019, se inició el trámite del incidente de desacato que fue resuelto mediante proveído de 4 de marzo de 2019; decisión que surtió el grado jurisdiccional de consulta conforme a la providencia del 11 de marzo de 2019. Al respecto, ver sentencia de unificación por importancia jurídica proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014, consejero ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., que fijó parámetros en relación con los requisitos de inmediatez y subsidiaridad. Folios 17 a 20 del cuaderno No. 1 del expediente allegado en calidad de préstamo. Tal y como se observa a folios 21 a 22 del cuaderno No. 1 del expediente constitucional. Folios 3 a 5 del cuaderno No. 2 del expediente allegado en calidad de préstamo. Folio 6 del cuaderno No. 2 del expediente en préstamo. Folios 1 a 49 del expediente de tutela. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de octubre de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicación No. 11001-03-15-000-2016-02048-00. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación:

11001-03-15-000-2017-00420-00. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número de radicación: 11001-03-15-000-2018-04496-00. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de noviembre de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicación No. 11001-03-15-000-2016-00124-00. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-064 de 4 de febrero de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 14 de septiembre de 2017
H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2019, exp. No. 11001-03-15-000-2019-01321-00(AC), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“(…) se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 (…)”. Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial). Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2019, exp. No. 11001-03-15-000-2019-01321-00(AC), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia del 13 de mayo de 2008 con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto. Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Ibídem. Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Acerca de estas dificultades, agrupadas por la doctrina como el escepticismo ante las reglas jurídicas, Cfr... HART H.L.A. (2004) El concepto de derecho. Trad. Genaro Carrió. Abeledo Perrot. Buenos Aires. En especial, vid. Capítulo VII.

H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2019, exp. No. 11001-03-15-000-2019-01321-00(AC), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. H. Corte Constitucional, Sentencia T-273 de 28 de abril de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Ver Corte Constitucional, Sentencias T-590 de 27 de agosto de 2009 y SU-917 de 5 de diciembre de 2013 ambas con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia T-031 de 8 de febrero de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Sentencia SU-014 de 17 de enero de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2019, exp. No. 11001-03-15-000-2019-01321-00(AC), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. En su calidad de Director General de Prestaciones de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. En su condición de Subdirector de Prestaciones de la referida entidad. Folios 1 a 10 del expediente constitucional. Bajo el radicado No. 2018-00474-00. Los cuales obran a folios 30 a 38 del cuaderno principal del expediente de tutela. Folios 78 a 81 de la causa constitucional. Visibles a folios 59 a 64 del expediente de amparo. Folios 3 a 5 del cuaderno No. 2 del expediente allegado en préstamo. Folios 5 a 5 Vto. del cuaderno No. 2 del expediente allegado en préstamo. Folios 126 a 128 del expediente de tutela. Folio 127 Vto. del expediente de amparo. Actor: Francia Helena Díaz García. Accionado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de octubre de 2016, exp. No. 11001-03-15-000-2016-02048-00. C.P. Guillermo Vargas Ayala. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019, exp. No. 11001-03-15-000-2019-02791-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de junio de 2019, exp. No. 11001-03-15-000-2018-04133-01. C.P. Oswaldo Giraldo López. Cfr. sentencia T-442 de 1994. Corte Constitucional, Sentencia T-567 de 1998, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz. Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2011, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Cfr. sentencia SU-1300 de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”. Cfr. sentencia T-442 de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell. Cfr. sentencia T-538 de 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal. Corte Constitucional, Sentencia SU-159-2002, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019, exp. No. 11001-03-15-000-2019-01623-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
“(…) Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial (…)”.

Sentencia de unificación SU - 400 de 2012. Sala Plena Corte Constitucional. Magistrado Ponente Doctora: Adriana M. Guillén Arango. Consejera ponente, María Elizabeth García González. Folio 13 a 14 de la demanda de tutela. Folios 78 a 81 del expediente constitucional de la referencia. Cfr. Sentencias T-553 de 1995, T-406 y T-1051 de 2002, T-096 de 2008. Cfr. Sentencias T-1051 de 2002, T-363 de 2005, T-409 de 2012 y T-263 de 2013. Cfr. Sentencia T-443 de 2013. Cfr. Sentencias C-243 de 1996 y C-092 de 1997. Folios 3 a 5 del cuaderno No. 2 del expediente allegado en calidad de préstamo. Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-271 de 2015. Cfr. Sentencia de tutela No. T-113 de 2005. Reiterado en sentencia T-709 de 2010. Sentencia T-233 de 2007. Sentencia T-271 de 2015. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, C.P. Alfonso Vargas Rincón, sentencia de 13 de noviembre de 2012, radicación No. 23001-23-33-000-2012-00047-01. H. Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-450 del 19 de noviembre de 2018, Sala Tercera de Revisión, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. H. Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-238 del 1º de abril de 2011, Sala Sexta de Revisión, exp. No. T-2.860.298, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Folio 13 del expediente de amparo de la referencia. Previsto en el artículo 29 de la Carta Superior. Señora Francia Helena Díaz García. H. Corte Constitucional, sentencia T- 271 de 12 de mayo de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Folio 127 de la causa constitucional. H. Corte Constitucional, Sentencia T-273 de 17 de abril de 2007, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2019, Exp. No. 11001-03-15-000-2019-01321-00(AC). Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia de 11 de abril de 2018 con ponencia del Magistrado Hernando Sánchez Sánchez. Sobre el principio de informalidad, ver Auto A165 de 2011 de la H. Corte Constitucional. Decreto 2591 de 1991, artículo 14. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación No. 11001-03-15-000-2018-03767-01(AC). H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López, Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 13001-23-33-000-2018-00641-01(AC). Ver entre otras, H. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Rad nº. 11001-03-15-000-2016-01871-00 AC. C.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 11 de agosto de 2016. Rad. nº. 11001-03-15-000-2016-00123-01. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 19 de mayo de 2016. H. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Actor: Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 6 de octubre de 2016, C.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-03-15-000-2016-01717-01. H. Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 11001-03-15-000-2016-02895-01. H. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 31 de mayo de 2018. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Radicación número: 17001-23-33-000-2018-00093-01(AC). Al respecto ver las sentencias proferidas por la Sección Cuarta: Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ, Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03435-01(AC) Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO, Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02899-00(AC).

H. Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ, Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018). H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de agosto de 2019, exp No. 11001-03-15-000-2019-00202-01. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Actor: Francia Helena Díaz García. Accionado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. Actor: Francia Helena Díaz García. Accionado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. Folio 151 del expediente de tutela.

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