Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04407-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04407-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04407-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
18 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04407-01
Accionante: LIBARDO RAFAEL ARROYO MARTÍNEZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
confirma el fallo impugnado – el asunto carece de relevancia
constitucional
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial del accionante
en contra de la sentencia de 6 de octubre de 2022, proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado y a través de la cual se declaró improcedente el amparo
solicitado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El ciudadano Libardo Rafael Arroyo Martínez, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales «[…] a la seguridad social, igualdad, trabajo y debido proceso, así
como a los principios constitucionales a la seguridad jurídica, confianza legítima y
acceso material y efectivo a la administración de justicia […]», cuya vulneración le
atribuyó a las providencias de 11 de diciembre de 2019 y de 9 de febrero de 2022,
proferidas, respectivamente, por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
de Barranquilla y por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de
Decisión Oral – Sección B, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 08001-33-33-010-2018-00028-
00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que: «[…] es Infante de Marina Retirado de las Fuerzas Militares de
Colombia, quien ingresó al Ejército Nacional como soldado regular el 9 de enero de
1999 como soldado voluntario […]».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04407-01
Accionante: Libardo Rafael Arroyo Martínez
2.2. Indicó que: «[…] hasta el 31 de octubre de 2003, percibió asignación mensual
por valor de un (1) salario mínimo incrementado en un 60% conforme lo dispuesto
en la Ley 131 de 1985; y que a partir del 1º de noviembre de 2003, con ocasión de
la entrada en vigor de los Decretos 173 y 1794 de 2000, el Ministerio de Defensa
cambió la denominación del cargo, pasando de llamarse soldados voluntarios a
soldados profesionales, en virtud de la profesionalización del servicio militar en país,
de manera que se redujo su asignación mensual al pasar a percibir lo
correspondiente a un salario mínimo pero incrementado en un 40% […]».
2.3. Señaló que, desde que ingresó al servicio militar hasta el 31 de octubre de 2003,
no se le reconoció «[…] rubro o monto alguno por concepto de cesantías, pese a
ser un derecho laboral universal e irrenunciable, común de todo trabajador […]».
2.4. Relató que, mediante Resolución Nro. 234860 de 2 de agosto de 2017, el
comandante del Comando del Ejército Nacional, con ocasión de su retiro definitivo
del servicio, resolvió acerca de sus prestaciones sociales y declaró que no había
lugar al reconocimiento ni a pago de suma alguna por este concepto.
2.5. Refirió que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, con fin de obtener la nulidad de la Resolución No.
234860 de 2 de agosto de 2017, por medio de la cual se negó el reconocimiento y
pago de sus prestaciones sociales, específicamente, las cesantías.
2.6. Comentó que el Juzgado accionado, mediante providencia de 11 de diciembre
de 2019, resolvió declarar probada la excepción de ineptitud de la demanda, luego
de considerar «[…] que no se ha producido una correcta individualización del acto
que debe ser acusado, en la medida que, como ha quedado expuesto la resolución
demandada dista de definir o pronunciarse sobre aquello que se pretende en sede
judicial […]». Tales consideraciones, a juicio del accionante, sostienen «[…] una
tesis distinta a lo planteado por la entidad demandada […]».
2.7. Adujo que el Tribunal accionado, mediante providencia de 9 de febrero de 2022,
confirmó la decisión de primera instancia.
2.8. Afirmó que en las decisiones acusadas por esta vía judicial incurrieron en defecto
sustantivo por indebida interpretación de los artículos 43, 162, 163, 164 y 165 del
CPACA, y el numeral 5° del artículo 100 del CGP, por lo que, a su juicio, resultaba
«[…] improcedente la declaratoria de la ineptitud de la demanda por el hecho de
que se acreditó el cumplimiento de los requisitos formales de procedencia de aquel
medio de control, como la individualización correcta de las pretensiones respecto al
acto que se acusa, por ser este susceptible de control judicial al resolver de fondo
la situación objeto de demanda y, se establecieron con claridad los fundamentos de
lo pretendido […]».
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Accionante: Libardo Rafael Arroyo Martínez
2.9. Manifestó que también se incurrió en un defecto procedimental, en tanto que
«[…] las accionadas dan por terminado el proceso promovido por el actor, fundados
en la excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales e
incorrecta individualización de las pretensiones, aplicando de manera rigurosa lo
descrito por los artículos 162 al 164 de la Ley 1437 de 2011 y del numeral 5° del
artículo 100 del Código General del Proceso, anteponiendo los formalismos legales
como obstáculo para la realización del derecho sustancial pretendido, en el sentido
de que, según menciona, lo pretendido y los fundamentos de derecho no
concuerdan con lo resuelto por el acto que se acusó, cuestión que como se expuso
en precedencia es totalmente falsa […]».
2.10. Argumentó que se incurrió en desconocimiento del precedente fijado por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, según el cual: «[…] el acto administrativo
pasible de ser sometido a enjuiciamiento, en lo que tiene que ver a las cesantías
definitivas, es el acto que se produce al finalizar el vínculo laboral y resuelve de
fondo sobre el reconocimiento o no de esta prestación, tal como lo menciona,
verbigracia, la providencia 11 de abril de 2019 de la Sección Segunda, subsección
A, en el que reitera lo manifestado en la sentencia del 13 de febrero de 2014 […]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
«[…] 1. Amparar a favor de mi mandante, los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO MATERIAL A LA ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, IGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL, TRABAJO y MINIMO VITAL
entre otros, al igual que los principios generales del derecho y del estado social
de derecho como lo son la CONFIANZA LEGÍTIMA y SEGURIDAD JURÍDICA,
contemplados en la Constitución Política Colombiana y que están siendo
vulnerados por las accionadas quienes incurrieron en el defecto sustantivo y
procedimental por exceso de ritual manifiesto en las providencias proferidas.
2. Como consecuencia de la decisión anterior se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, a que dentro de las 48 horas siguientes
a la notificación del fallo de tutela, proceda a PROFERIR nueva providencia en
la que REVOQUE el auto proferido por el Juzgado Décimo (10°) Administrativo
Oral de Barranquilla, en audiencia inicial del 11 de diciembre de 2019, en el que
declaró la configuración de la excepción previa de “ineptitud de la demanda” y,
le ordene a dicho despacho continuar con el conocimiento y trámite regular de
aquel proceso […]»
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. La magistrada de la Sección Cuarta del Consejo de Estado a cargo de la
sustanciación del proceso, mediante auto de 17 agosto de 2022, admitió la acción
de tutela de la referencia. En la misma providencia, vinculó como tercero con interés
directo en los resultados del proceso a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional.
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Accionante: Libardo Rafael Arroyo Martínez
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a la vinculada, se
allegó el siguiente informe:
5.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral – Sección
B, a través del magistrado ponente de la providencia enjuiciada, rindió informe en
el que advirtió, en síntesis, que el «[…] accionante, en la praxis, lo anima una
inconformidad que no encaja en ninguna de las causales estructuradas por la Corte
Constitucional para posibilitar la tutela contra la sentencia emitida por nuestra
corporación. Es decir, el solo hecho de disentir de las conclusiones fáctico –
jurídicas y probatorias efectuadas por la Sección B del Tribunal Administrativo del
Atlántico, no se erige en causal alguna para afectar la validez de la providencia del
9 de febrero de 2022 […]».
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de tutela de 6 de octubre de 2022, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado por el accionante,
luego de considerar que no satisfacía el requisito general de procedibilidad atinente
a la relevancia constitucional.
7. Ello luego de considerar, en síntesis, que: «[…] la presente acción de tutela no
cumple con el requisito de la relevancia constitucional en dos sentidos: de un lado,
porque presenta argumentos que debió presentar al juez natural y que en esta
oportunidad estructura a partir de un presunto defecto sustantivo, es decir, lo
relacionado con los requisitos formales de la demanda, la naturaleza del acto
administrativo y la congruencia que a su juicio existe entre el acto demandado y la
demanda presentada y, de otra parte, reitera los argumentos ya expuestos en el
recurso, concretamente en lo que tiene que ver con el régimen que le era aplicable,
los porcentajes que debieron tenerse en cuenta en la base salarial y que tenían un
impacto directo en las prestaciones sociales y su respectiva liquidación al tenerse
en cuenta un salario inferior, traídos a la presente acción de tutela como un presunto
defecto por desconocimiento del precedente […]».
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. El apoderado judicial del accionante impugnó la sentencia de tutela de primera
instancia, argumentando que el presente asunto sí tiene relevancia constitucional,
por las siguientes razones:
[…] i) El asunto involucra vulneración de derechos fundamentales bajo el
entendido de que, en primer lugar, al aplicar las accionadas una figura jurídica
como la “ineptitud de la demanda” en una situación judicial donde esta no se
configura, significa una vulneración directa al derecho al debido proceso, al no
impartir el procedimiento regular que dispone la Ley para esa clase de procesos,
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Accionante: Libardo Rafael Arroyo Martínez
en segundo lugar, por el hecho de no permitir que el proceso culmine con
sentencia definitiva con ocasión de lo anterior, lo que concreta una trasgresión
al derecho de acceso material a la administración de justicia más aun cuando,
el interesado no tiene otra oportunidad para acusar un acto administrativo
distinto ya que el que acusó fue el acto definitivo contra el que podía accionar
por su retiro del servicio y, por último, teniendo en cuenta que lo debatido y
pretendido por el actor versa sobre sus cesantías y su correcto pago, y que no
puede obtener decisión de fondo sobre ello, concreta la violación al derecho a
la seguridad social.
ii) Argumentar con suficiencia y razonabilidad la relevancia constitucional,
esto se acredita con el simple estudio del título V de la solicitud de amparo sobre
el cumplimiento de requisitos y se expone el eje central de esta, así mismo, en
el título VII sobre los derechos fundamentales violentados, donde se expone
cómo se concreta la trasgresión sobre cada uno de ellos, exponiéndose de
manera clara las razones por las que las providencias acusadas generan la
trasgresión de derechos fundamentales.
iii) La relación entre los argumentos de la solicitud y la decisión objeto de
la solicitud de amparo, situación que se acredita al exponer con suficiencia los
razonamientos expuestos por las accionadas en sus decisiones y su
inconstitucionalidad en el asunto particular del accionante y por qué es
procedente y debe mediar intervención del juez de tutela.
iv) Que no se propongan nuevos argumentos no expuestos en el proceso
ordinario, ítem que fue el sustento de la decisión atacada pero que, se acredita
su cumplimiento bajo el entendido de que, los razonamientos expresados en la
solicitud de amparo son una simple explicación más extensa y enfocada al
ámbito constitucional de los argumentos expuestos en la demanda y del
sustento del recurso de apelación interpuesto contra el auto que declaró la
“ineptitud de la demanda”, ya que el argumento principal radica en el hecho de
que, la figura de la inepta demanda es inaplicable dado que en la demanda se
acusó el acto que se produjo en virtud del retiro definitivo del accionante y a
través del cual se resuelve de fondo lo relativo a las cesantías definitivas, siendo
este el único acto demandable para discutir lo relativo a esta prestación, por el
hecho de que esta pierde su naturaleza de “prestación periódica” con ocasión
del retiro definitivo del accionante.
v) Que no se convierta la acción de tutela en una instancia adicional del
proceso ordinario, lo que se demuestra por el hecho de que los fundamentos
de la tutela no discuten la decisión tomada por las accionadas, sino los
razonamientos que llevaron a estas entidades a la toma de la decisión, dado
que desconocen la naturaleza del acto administrativo que se acusó por centrar
su análisis del mismo, teniendo en cuenta únicamente su parte resolutiva y no
su parte considerativa donde se exponen los argumentos que generaron el
desacuerdo y motivaron la presentación de la demanda que dan por terminada
de manera indebida. […]
9. Igualmente, advirtió que la decisión del juez de primera instancia es contradictoria,
porque se fundamenta en que el asunto carece de relevancia constitucional por el
hecho de haberse planteado argumentos que no fueron ventilados dentro del
proceso ordinario, lo cual no es cierto, y, a su vez, por considerar que se están
reiterando los argumentos que se expusieron en sede contenciosa.
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Accionante: Libardo Rafael Arroyo Martínez
10. Además, enfatizó que, de acuerdo con el precedente fijado por la Corte
Constitucional en sentencias SU-215 de 2022, SU-128 de 2021 y SU-573 de 2019,
«[...] el criterio exigido por el a quo en lo relativo a los “argumentos nuevos no
expuestos en el proceso ordinario”, no es incluido por aquella corporación, por lo
que su exigencia en este evento particular demuestra un exceso injustificado por
parte del fallador de primer grado, siendo una exigencia y una decisión totalmente
inconstitucional, máxime cuando se acredita el cumplimiento de cada uno de los
criterios analizados por la jurisprudencia constitucional, impidiéndole al actor
obtener la salvaguarda de sus intereses fundamentales, por lo que debe darse
prevalencia al derecho sustancial sobre las formalidades y que, además, nunca se
trató de argumentos nuevos, ya que se trata de la misma teoría expuesta [...]».
11. Destacó que: «[...] la decisión recurrida adolece de un “exceso de ritual
manifiesto”, por acoger con rigidez un formalismo que impide la efectividad y eficacia
de la acción de tutela en este evento donde es clara la violación de derechos
fundamentales, hecho que demuestra aún con mayor certeza que la decisión
recurrida se aparta de los preceptos constitucionales en los que debió fundarse, por
lo que debe ser revocada tal providencia [...]».
12. Por los anteriores razonamientos, la parte impugnante solicitó revocar el fallo
impugnado y que, como consecuencia de ello, se amparen los derechos
fundamentales invocados.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.
VIII.2. Problemas jurídicos
14. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado4, la Sala debe establecer:
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Accionante: Libardo Rafael Arroyo Martínez
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
b) Si ello es así, determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber
incurrido, supuestamente, en defecto sustantivo, procedimental y en
desconocimiento del precedente.
15. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
16. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.
17. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución7.
5
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
7
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04407-01
Accionante: Libardo Rafael Arroyo Martínez
20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»8 que se encaje en
dichos parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
22. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
23. El ciudadano Libardo Rafael Arroyo Martínez, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales «[…] a la seguridad social, igualdad, trabajo y debido proceso, así
como a los principios constitucionales a la seguridad jurídica, confianza legítima y
acceso material y efectivo a la administración de justicia […]», cuya vulneración le
atribuyó a las providencias de 11 de diciembre de 2019 y de 9 de febrero de 2022,
proferidas, respectivamente, por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
de Barranquilla y por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de
Decisión Oral – Sección B, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 08001-33-33-010-2018-00028-
00/01.
24. En este punto es preciso indicar que aunque el extremo accionante le atribuyó
la vulneración de sus derechos fundamentales tanto a la sentencia proferida en
primera instancia como a aquella dictada en segunda instancia dentro del medio de
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04407-01
Accionante: Libardo Rafael Arroyo Martínez
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 08001-33-
33-010-2018-00028-00/01, la Sala advierte que el presente análisis se centrará en
determinar si en esta última providencia se incurrió en los defectos invocados, dado
que es la decisión que tiene los efectos de cosa juzgada y finiquitó la litis9.
VIII.4.1. De la relevancia constitucional
25. Cabe recordar que la relevancia constitucional se entiende satisfecha cuando se
acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental10 y se descarta el uso del mecanismo de amparo como una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces11.
26. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5
agosto de 2014, sostuvo que:
[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera
instancia.
(…)
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse
en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción
de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla
o declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno
a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera
legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional […]12. (Subrayado fuera del texto)
27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales13.
9
Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia
de 3 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
10
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
12
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04407-01
Accionante: Libardo Rafael Arroyo Martínez
28. Frente a los presupuestos que deben concurrir para tener por cumplido el requisito
general de procedibilidad de tutela contra providencia judicial atinente a la relevancia
constitucional, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-439 del 13 de
julio de 2017, precisó lo siguiente:
[…] la Corporación ha precisado que, tratándose de acciones de tutela promovidas
contra actos administrativos, debe tenerse en cuenta que la relevancia
constitucional concurre siempre y cuando la controversia no sea meramente
legal y/o de carácter económico, ya que al juez de tutela no le corresponde
zanjar tales aspectos14.
(…)
60. Al igual que los anteriores presupuestos, la Sala observa que el asunto
examinado también carece de relevancia constitucional, pues, en esencia, la
discusión gira en torno a aspectos legales y económicos, los cuales no son de
competencia del juez de tutela sino del juez ordinario […]15. (Negrillas de la Sala)
29. En otra oportunidad, mediante sentencia T – 447 de 10 de diciembre de 2021, la
Corte Constitucional reiteró los presupuestos que se deben cumplir para que un asunto
realmente tenga relevancia constitucional, en los siguientes términos:
[…] La jurisprudencia constitucional ha detallado con suficiencia los tres criterios
de análisis antes referidos para establecer si una tutela contra providencias
judiciales tiene relevancia constitucional. En primer lugar, la controversia debe
versar sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico, ya
que estas discusiones deben ser resueltas a través de los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite. En segundo lugar, el objeto de la acción
tutela debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional. Por tal razón, los asuntos en los que se invoca la protección
de derechos fundamentales pero cuya solución se limita a la
interpretación y aplicación de normas de rango legal, no tienen, en
principio, relevancia constitucional. En tercer lugar, la tutela no es una
tercera instancia o recurso adicional para reabrir debates propios del
ámbito legal. Esta exigencia conlleva valorar si la decisión cuestionada se
fundamentó en una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, pues solo así se garantiza “la órbita de acción tanto de
los jueces constitucionales como de los de las demás jurisdicciones”
[…]16. (negrillas fuera del texto)
30. Más recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202217
precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Rad. núm.: 2016-03249-00).
14
Ver sentencia SU-498 de 2016.
15
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-439 del 13 de julio de 2017, exp. No. T-4.770.440, M.P. Dr.
Alberto Rojas Ríos.
16
Corte Constitucional, sentencia T-447 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Accionante: Libardo Rafael Arroyo Martínez
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto
a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto
de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede
llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones
de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida
pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales.
[…]». [negrillas de la Sala]
31. De acuerdo con las anteriores citas jurisprudenciales, para la Corte Constitucional
no basta con que el actor invoque el texto constitucional o la simple enunciación de la
supuesta vulneración de uno o varios derechos fundamentales por parte de la
autoridad accionada, en tanto dicho atentado debe ser explicado y fundamentado
desde la óptica de la protección que la Constitución Política ofrece a estos
bienes jurídicos superiores.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04407-01
Accionante: Libardo Rafael Arroyo Martínez
32. De esta manera, en concepto de la Corte Constitucional, se concilia la necesidad
de proteger los derechos fundamentales con el deber de protección de los
principios constitucionales relacionados con la seguridad jurídica, la cosa
juzgada y la autonomía judicial, los cuales podrían comprometerse en el
evento en que se generalice la práctica de utilizar la acción de tutela como una
tercera instancia judicial18.
33. Descendiendo al caso de la referencia, se observa que el extremo tutelante aduce
que se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a
la seguridad social, al trabajo y al acceso a la administración de justicia, como
consecuencia de haberse incurrido en defecto sustantivo, procedimental y
desconocimiento del precedente.
34. Por su parte, el juez de primera instancia concluyó que el presente asunto no
cumplía con el requisito de la relevancia constitucional.
35. Ahora bien, de entrada, la Sala advierte que comparte la decisión de primera
instancia, por las razones que pasan a explicarse a continuación:
35.1. En primer lugar, se observa que no se cumplió con la carga argumentativa en
la estructuración del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.
35.2. Ello es así, porque el actor se limitó a manifestar, en cuanto al desconocimiento
del precedente se refiere, lo siguiente:
[…] existe desconocimiento del precedente jurisprudencial desde el hecho que
las accionadas pasan por alto que la amplia y reiterada jurisprudencia del
Consejo de Estado, que cuenta con una postura pacíficamente asumida en la
jurisdicción y que claramente acontece en este evento, donde se determinó que
el acto administrativo pasible de ser sometido a enjuiciamiento, en lo que tiene
que ver a las cesantías definitivas, es el acto que se produce al finalizar el
vínculo laboral y resuelve de fondo sobre el reconocimiento o no de esta
prestación, tal como lo menciona, verbigracia, la providencia 11 de abril de 2019
de la Sección Segunda, subsección A, en el que reitera lo manifestado en la
sentencia del 13 de febrero de 2014 proferida por esa misma Sala, que precisó:
[…]
Este solo es uno de los numerosos pronunciamientos de esta corporación, dado
que es una postura pacífica y uniforme en este sentido, entonces, el hecho de
desconocer lo resuelto en el acto que se acusó, sus fundamentos y decisión
final, así como el emolumento pretendido y su característica de prestación
unitaria, consuma el defecto enunciado que trae como consecuencia la
inconstitucionalidad e ilegalidad de las providencias expedidas por las
accionadas. […]
35.3. Comose logra apreciar, el apoderado judicial del actor para sustentar el
supuesto defecto sustantivo por desconocimiento del precedente se limitó a
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2019, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación No. 11001-03-15-000-2019-01575-01(AC).
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referenciar la fecha y citar apartes de las decisiones judiciales que, a su juicio,
fueron desatendidas; sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 202119, la carga argumentativa de esta causal
de procedibilidad se entiende satisfecha cuando, además de lo anterior, la parte
actora identifique: i) las reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las situaciones fácticas coligadas, y
iii) los problemas jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o similares;
argumentación que en el caso de autos no se cumple.
35.4. Valga mencionar que esta falencia argumentativa no puede ser suplida por el
juez de tutela, en tanto que si bien la acción de amparo se caracteriza por la
flexibilización de formalidades que impidan la garantía de los derechos
fundamentales, tratándose del reproche contra providencias judiciales, es exigible
un mínimo de argumentación que habilite un examen de fondo sobre actuaciones
que han hecho tránsito a cosa juzgada, al ser proferidas por autoridades investidas
de competencia en procesos que ofrecen los medios para proteger las garantías
constitucionales. En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional, en reciente
sentencia SU-215 de 2022, señaló lo siguiente:
[…] dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el juez
de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”20. Esto implica
que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia. […].
(Negrillas por fuera del texto original)
35.5. En segundo lugar, y en cuanto a los defectos sustantivo y procedimental, la Sala
debe advertir que en cumplimiento del precedente contenido en la citada sentencia
de unificación SU – 215 de 2022, la sola mención de la vulneración de un
derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional.
35.6. Alrespecto, el máximo Tribunal Constitucional señaló que además de la
obligación de identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por
qué se configuró el defecto denunciado, los accionantes deben hacer una
exposición a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la «[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia «[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]», y (iii) que se «[…]
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-00999-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
20
Sentencia SU-074 de 2022.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04407-01
Accionante: Libardo Rafael Arroyo Martínez
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]».
35.7. En ese orden de ideas, y siguiendo el precedente precisado por la Corte en la
citada sentencia, esta Sección considera que la controversia planteada en esta
ocasión carece de relevancia constitucional porque la discusión expuesta por el
accionante no gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho
fundamental, sino frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada por los
jueces naturales del asunto.
35.8. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte actora aduce que
fueron desconocidos sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
a la seguridad social, al trabajo y al acceso a la administración de justicia, lo cierto
es que no existe un desarrollo argumentativo en el que se expliquen las razones
por las que considera que se afectó en forma desproporcionada el núcleo
esencial de esos derechos, con ocasión de la expedición de la providencia aquí
enjuiciada.
35.9. De allí que se considere que los argumentos que fundamentan la presente
acción de amparo, más que girar en torno a la presunta vulneración del núcleo
esencial de los derechos fundamentales, son una reiteración de los argumentos
que se plantearon en el recurso apelación contra la decisión dictada el 11 de
diciembre de 2019 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 08001-33-33-010-2018-00028-00.
35.10. Es por lo expuesto, que esta Sala considera que el accionante no está
poniendo de relieve que en la providencia censurada se haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, sino que los motivos que fundamentan su inconformidad se
sustentan, básicamente, en que no se debió declarar probada la excepción de
ineptitud de la demanda porque el acto administrativo demandado sí definió lo
relacionado con sus cesantías, circunstancia que fue analizada y resuelta por el juez
natural del proceso.
36. Por tanto, se estima que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
según lo dicho por la Corte, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo
de la controversia se encuentra limitado a asuntos de mera legalidad cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
37. Porúltimo, es importante señalar que exigir el cumplimiento del requisito de
relevancia constitucional no implica desconocer los derechos sustanciales por la
formalidad, como lo pretende hacer ver el impugnante, sino que es un presupuesto
indispensable para que el juez de tutela pueda ahondar en el fondo del asunto, ya
que el mecanismo de amparo contra providencias judiciales no busca
proporcionar a los sujetos procesales de un juicio ordinario una tercera
instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos
15
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04407-01
Accionante: Libardo Rafael Arroyo Martínez
fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial.
De aquí que su procedencia sea excepcional21, toda vez que lo contrario atentaría
contra la autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio
de cosa juzgada22.
38. En virtud de todo lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado que declaró
improcedente la presente acción de tutela, ante el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de octubre de 2022, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P(18) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016,
radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala).
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016,
radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
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