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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02139-00

Fecha
1 de junio de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
65 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02139-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Alfonso Rueda Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-02139-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

1 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02139-00
Demandante: Alfonso Rueda Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., primero (1º) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02139-00
Demandante: ALFONSO RUEDA RODRÍGUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Falta de relevancia constitucional:
reiteración de argumentos

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Alfonso Rueda Rodríguez
contra el Tribunal Administrativo del Huila.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 27 de abril de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado
judicial, el señor Alfonso Rueda Rodríguez pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la
administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
7 de marzo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, que denegó las
pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la
sentencia proferida el día 07 DE MARZO DE 2023, en el expediente rad. No. 41001-33-33-
41001333300520220001500-01, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO,
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN
CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE
JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan
a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre
en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,
atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte
Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02139-00
Demandante: Alfonso Rueda Rodríguez

Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la
sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…)

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

En 1993, el señor Alfonso Rueda Rodríguez fue vinculado como docente del municipio
de Neiva.

El 18 de agosto de 2021, el señor Rueda Rodríguez solicitó al municipio de Neiva el
reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías del año
2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el régimen establecido en la Ley 50 de
1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías.

Mediante Oficio No. 2650 del 26 de agosto de 2021 le fue denegado lo solicitado.

El actor interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y el municipio de Neiva, para que se declarara la nulidad del Oficio No. 2650
del 26 de agosto de 2021. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el régimen de cesantías de
la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías.

La demanda correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, que, por sentencia
del 30 de septiembre de 2022, denegó las pretensiones. Expuso que la Ley 50 de 1990
no se aplica a los docentes afiliados al FOMAG, porque tienen norma especial que regula
la materia (Ley 91 de 1989) y en ese régimen no está contemplada la sanción moratoria.

Sobre las sentencias del Consejo de Estado y la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte
Constitucional invocadas en la demanda, el juzgado explicó que no había identidad
fáctica que permitiera la aplicación y que, en todo caso, no existía un criterio unificado
del Consejo de Estado sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes.

Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló y el Tribunal Administrativo del
Huila, por sentencia del 7 de marzo de 2023 (notificada el 10 de marzo de 2023), la
confirmó básicamente por las mismas razones del juzgado de primera instancia.

4. Argumentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió:

En defecto sustantivo, pues no tuvo en cuenta que el Decreto 1582 de 19982 extendió
el sistema de cesantías del sector privado, esto es, la Ley 50 de 1990, a los empleados
del sector público del nivel territorial, vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996.
Que, por lo tanto, los empleados públicos del nivel territorial quedaron cobijados por la
sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Que si bien los docentes gozan de un régimen salarial y prestacional especial, lo cierto
es que, en virtud de los principios de favorabilidad, igualdad y condición más beneficiosa,
se les debe aplicar las normas del régimen general, que sí establecen la sanción
moratoria, por consignación tardía de las cesantías en el fondo.

2
Que reglamentó el régimen de cesantías de la Ley 344 de 1996, ley que la actora estimó aplicable por virtud del Decreto 1252
de 2000.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02139-00
Demandante: Alfonso Rueda Rodríguez

En desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, fijado
en las sentencias de unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, y
de la Sección Segunda del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias:
del 6 de agosto de 20203, 24 de enero de 20194, 29 de julio de 20195, 2 de diciembre de
20196, 10 de junio de 20207, 22 de octubre de 20208, 12 de noviembre de 20209, 17 de
junio de 202110, 4 de noviembre de 202111, 25 de noviembre de 202112, 11 de noviembre
de 202113, 20 de enero de 202214, 3 de marzo de 202215, 28 de abril de 202216, 9 de
mayo de 202217, 19 de mayo de 202218, 1 de julio de 202219, 22 de agosto de 202220 y
22 de septiembre de 202221.

Que, además, desconoció sentencias dictadas por diferentes juzgados administrativos
de circuitos judiciales del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas,
reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.

5. Trámite procesal

Por auto del 5 de mayo de 2023, el Despacho sustanciador admitió la demanda de tutela
y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del
Tribunal Administrativo del Huila y, como terceros con interés, al juez quinto
administrativo de Neiva, a la ministra de educación nacional, al presidente de la
Fiduprevisora S.A. como vocero del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y al alcalde del municipio de Neiva.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 11 de mayo de
202322.

3
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2013- 00666-01 (0833-16),
C.P. Sandra Liseth Ibarra.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000- 200900867- 01 (4854-2014),
C.P. Sandra Liseth Ibarra.
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315- 000-2018- 03499-01, C.P. Nicolás
Yepes Corrales.
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16),
C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00208-01(0324-2016),
C.P. Sandra Liseth Ibarra.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014- 00254-01(4960-
2017), C.P. William Hernández Gómez.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00132-01, C.P.
William Hernández Gómez.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017),
C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-01), C.P. César Palomino Cortés.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33- 000-2015- 00445- 02(0483-
20), C.P. William Hernández Gómez.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 01127-01 (1002-
2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 40001-23-
40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2015- 90008-01 (2387-
2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp.
080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017- 00931-01 (1001-
2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015- 00075-01 (2660-
2020), C.P. William Hernández Gómez.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013- 00756-01 (2224-2020),
C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017- 00795-01 (2659-2020),
C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00359-01 (4004-
2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00376-01 (4462-
2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00509-01 (2140-
2020), C.P. César Palomino Cortés.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33- 000-2015- 90124-01 (2394-
2020), C.P. César Palomino Cortés.
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Demandante: Alfonso Rueda Rodríguez

6. Intervenciones

La magistrada del Tribunal Administrativo del Huila, ponente de la decisión
cuestionada, pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo. Expuso que el
demandante estaba usando la tutela como una instancia adicional al proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional dijo no ser
la competente para resolver sobre lo pretendido por el demandante y pidió que se
declarara improcedente la solicitud porque no se cumplían los requisitos generales de
procedibilidad ni se habían afectado derechos fundamentales con las sentencias
cuestionadas.

La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del
FOMAG pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo y solicitó ser
desvinculada por carecer de competencia frente a las pretensiones del demandante.

El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva allegó copia del expediente digital del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pero nada dijo sobre el fondo del
asunto.

El alcalde del municipio de Neiva no se pronunció, pese a que, como se vio, fue
notificado en debida forma.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Alfonso Rueda Rodríguez contra la sentencia del 7 de marzo de 2023, dictada por el
Tribunal Administrativo del Huila, que denegó las pretensiones de reconocimiento y pago
de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.

La Sala anticipa que no se cumple el requisito general de relevancia constitucional. Por
lo tanto, se declarará improcedente.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales23 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos24 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

23
Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la
identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un
fallo de tutela.
24
Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento
del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

4
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3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos
que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se
convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

Del expediente digital26 N°. 41001-33-33-005-2022-00015-00, la Sala encuentra que
el señor Alfonso Rueda Rodríguez demandó al Ministerio de Educación Nacional –
FOMAG y al municipio de Neiva, con el objeto de que A

La demanda estuvo fundamentada en que “las previsiones contenidas en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990 amparan el auxilio de cesantías a que tienen derecho los servidores públicos
docentes, bajo los preceptos de la Ley 344 de 1996 y del Decreto 1582 de 1998, de modo que
frente a la mora en la consignación de dicha prestación resulta procedente el pago de una
sanción correspondiente a un día de salario por cada día de retardo. De tal suerte, si al 15 de
febrero de la siguiente anualidad no se verifica el depósito del monto correspondiente en el fondo
de cesantías al que el empleado se encuentre afiliado, el mismo podrá́ requerir el reconocimiento
y pago de la sanción contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, antes citado”.

Además, pidió que se aplicaran las sentencias SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-
041 de 2020 de la Corte Constitucional y del 6 de agosto de 2020, 24 de enero de 2019,
21 de febrero de 2019, 10 de junio de 2020, 12 de noviembre de 2020 y 17 de junio de
2021.

En la sentencia de primera instancia, el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva,
concluyó que (i) el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1975
y el decreto 1176 de 1991 no son aplicables a los docentes afiliados al FOMAG, por
cuanto tienen norma especial que regula la materia; (ii) la sanción moratoria por
consignación extemporánea de las cesantías de los docentes no está́ prevista en el
régimen especial (Ley 91 de 1989).

25
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
26
Aportado por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02139-00
Demandante: Alfonso Rueda Rodríguez

En cuanto al precedente citado por el actor, sostuvo que no existe identidad fáctica en
relación con las sentencias del Consejo de Estado y que, en todo caso, no existe un
criterio unificado de esa Corporación sobre la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 a los docentes. Frente a la sentencia SU–098 de 2018, el juzgado consideró que
no se aplica al caso por no guardar identidad fáctica con el asunto estudiado.

A partir de lo anterior, la Sala advierte que el señor Alfonso Rueda Rodríguez propone la
misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho donde es demandante. Si bien el demandante alega que las providencias objeto
de tutela incurrieron en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, lo cierto es
que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate jurídico sobre si la Ley 50
de 1990 es aplicable a los docentes públicos a efectos de reconocer la sanción moratoria
que prevé el artículo 99 de esa norma.

En efecto, en el recurso de apelación que presentó la parte demandante contra la
sentencia del 30 de septiembre de 2022 que denegó pretensiones (resumido en la
providencia de segunda instancia), sostuvo lo siguiente:
a.- Es cierto –como lo afirma el a quo-, que los docentes tienen un régimen especial. Sin embargo,
esa circunstancia no los excluye de la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; más aún
cuando la jurisprudencia constitucional y administrativa ha restablecido sus derechos
prestacionales, equiparándolos “a los servidores públicos bajo la modalidad de empleados públicos”
y concediéndoles -por favorabilidad- derechos laborales con fundamento en el régimen general (v.
gr. la sanción moratoria que aquí́ se depreca). (…)

c.- El hecho que los docentes pertenezcan a un régimen especial, no sustrae a los nominadores de
la obligación de “CONSIGNAR LOS RECURSOS DE LAS CESANTÍAS EN EL FOMAG”, en los
términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Maxime, cuando dicha disposición fue expedida un
año después de la Ley 91 de 1989 y cuando esta última no fijaba plazo alguno. (…)

h.- Relaciona 18 providencias proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado entre el
2018 y el 202227; en las que se acepta que los docentes son beneficiarios de la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Subraya especialmente, la sentencia de tutela proferida por el máximo órgano de lo Contencioso
18
Administrativo en el expediente T-6.736.200 y manifiesta que sus efectos se extienden a todos
los docentes oficiales (inter comunis), en la medida en que no se condenó́ la omisión de afiliación al
FOMAG, sino la consignación de las cesantías por fuera del plazo señalado en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990.

Por su parte, en la demanda de tutela, el señor Alfonso Rueda Rodríguez dijo que la
sentencia de segunda instancia, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, incurrió
en defecto sustantivo al no aplicar los principios de favorabilidad, igualdad y condición
más beneficiosa y hacer extensivo el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990
(en principio sólo para los empleados del sector público del nivel territorial, vinculados a
partir del 31 de diciembre de 1996), a los docentes públicos.

Que también incurrió en desconocimiento del precedente judicial, porque desconoció,
además de las sentencias de la Corte Constitucional y de la Sección Segunda del
Consejo de Estado invocadas en la demanda y el recurso de apelación, las sentencias
del 27 de junio de 2021, 28 de abril de 2022,19 de mayo de 2022, 1 de julio de 2022, 22

27 Cita de cita: Radicados: 08001-23-33-000-2013-006666-01(0833-16), 7601-23-31-000-200900867-01(4854-2014),
11001-315-000- 2018-03499-01, 080012333000201400173-01(1688-16), 08001-23-31-000-2014-00254-01(4960-2017),
08001-23-31-000- 2014-00815-01(4979-2017), 19001-23-33-000-2015-00455-02(0483-20), 08001-23-33-000-2014-01127-
01(1002-2021), 4001-23-40-000-2017-00134-01(2208-2020), 08001-23-40-000-2015-9008-01(2387-2020), 08001-23-40-000-
2014- 90022-01(5154-2016), 080001-23-33-000-2017-00931-01(1001-2021), 08001-23-33-000-2015-0075-01(2660-2020) y
07001-23-40-000-2017-00795-01(2659-2020).

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Demandante: Alfonso Rueda Rodríguez

de agosto de 2022 y 22 de septiembre de 2022, dictadas por la Sección Segunda de esta
Corporación.

Como se ve, al margen de que el demandante esté alegando el desconocimiento de
nuevas sentencias, lo cierto es que las invoca con el mismo propósito con el que las citó
en la demanda y en el recurso de apelación que formuló inconformidades contra la
sentencia del 30 de septiembre de 2022, dictada por el Juzgado Quinto Administrativo
de Neiva, que denegó las pretensiones de la demanda, esto es, intenta demostrar que
sí debió hacerse extensivo el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 al
personal docente para reconocer la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de esa
norma.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Huila, en
providencia del 7 de marzo de 2023, que, en lo que interesa, consideró:

a.- Como se mencionó́ en precedencia, el sistema creado por conducto del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, previó la liquidación anual del auxilio de cesantías y su consignación antes del 15 de febrero de
cada año en las Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías; so pena, de la sanción por
incumplimiento de dicha obligación, a razón de un día de salario por cada día de retardo.

Ese régimen anualizado, fue extendido por el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 a todos los “servidores
públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afiliaran a los fondos
privados de cesantías” creados por la Ley 50 de 1990. Sin embargo, en esa extensión no se incluyeron
los docentes oficiales; porque para esos efectos, cuentan con el régimen especial contenido en la Ley
91 de 1989.

b.- Es menester indicar, que las sentencias que fundamentan el escrito introductorio y el recurso de
alzada, en los términos de los artículos 10, 102 y 270 del CPACA, no constituyen precedente unificador
que vincule la posición y el criterio del operador judicial. Incluso, así́ lo señaló́ la Corte Constitucional en
la sentencia SU098 de 2018, cuando manifestó́ que “no existe una posición unificada respecto a la
aplicación de la norma de reconocimiento y pago de la sanción moratoria que contempla el numeral 3o
del artículo 99 del a Ley 50 de 1990 a los docentes. En consecuencia, no es posible afirmar que se
desconoció́ el precedente de la jurisdicción contencioso administrativo”.

Tampoco se puede afirmar que el a quo desconoció́ el precedente de unificación contemplado en la
sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020, comoquiera que el Consejo de Estado en esa
providencia determinó “el momento a partir del cual se contabiliza el termino de prescripción para
reclamar la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de cesantías anualizadas”;
sin hacer referencia a fundamentos facticos o jurídicos similares a los del sub-lite.

El accionante estima que, deben atenderse los lineamientos de unificación expresados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU098 de 2018; en el sentido, de reconocerle por favorabilidad el derecho
a percibir la sanción moratoria preceptuada en el artículo 99-3o de la Ley 50 de 1990. Sin embargo, la
Sala disiente de esta posición por las razones que pasan a exponerse:

(…) La Sala considera que para resolver el sub examine, no es necesario recurrir al principio de
favorabilidad, habida cuenta que no se está́ frente a dos disposiciones que ofrezcan un trato
diferenciado; a contrario sensu, lo que se aprecia es que la Ley 91 de 1989 (régimen especial de
los docentes) no contempló la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías que
introdujo la Ley 50 de 1990, y que por virtud de la Ley 344 de 1996 se extendió́ a los servidores
públicos, con excepción del sector educativo.

(…) Para la Sala, la aplicación del régimen contenido en la Ley 50 de 1990 desconocería la
especialidad del sistema consagrado en la Ley 91 de 1989 para los docentes, y modificaría la
forma de administrar, liquidar y cancelar sus cesantías.

(…) En la sentencia SU98 de 2018, el órgano constitucional abordó el estudio de un docente que
no fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ni a ninguno otro. Así́
es que, sin necesidad de mayores elucubraciones, se torna evidente la discrepancia fáctica con
el presente asunto y la imposibilidad de tenerlo –por los argumentos antes expuestos- como
precedente de unificación vinculante.

iv.- Contrario a lo afirmado por el demandante, la Sala observa que la jurisprudencia con relación al
tópico en discusión no ha sido pacífica. De un lado, la sentencia SU098 de 2018 indicó que el régimen
para el reconocimiento y pago de las cesantías previsto en las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, es
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aplicable a “todas las personas que se vinculen con órganos y entidades del Estado a partir del 31
de diciembre de 1996”. Y por otro, el Consejo de Estado recientemente ha sostenido –como se
transcribió́ ut supra-, que de conformidad al artículo 1o del Decreto 1582 de 1998, dicho régimen se
hizo extensivo únicamente a los “servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31
de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados”.

Aun acogiendo cualquiera de las anteriores posiciones, para la Sala el demandante no es acreedor
de la sanción moratoria y/o la indemnización procurada. En lo relacionado con la primera, no se
demostró́ que efectivamente las entidades demandadas incurrieron en la mora denunciada, ni el
tiempo que perduró el incumplimiento de la obligación contenida en las Leyes 50 de 1990 y 344 de
1996. Y en lo referente a la segunda, tampoco se acreditó que estuviera afiliado a un fondo privado.

Siendo así, como se expuso, aunque la demandante alega que la providencia objeto de
tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente y citó además de las sentencias a las que recurrió en la
demanda y el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, sentencias
nuevas de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo cierto es que, en últimas, lo
que pretende es que se reabra el debate respecto de si la Ley 50 de 1990 es aplicable a
los docentes públicos a efectos de reconocer la sanción moratoria que prevé el artículo
99 de esa norma, por lo que la acción de tutela carece de relevancia constitucional28.

Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional, en
sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:

(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues se
proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los docentes
les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la Ley 50 de 1990,
Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva a establecer aspectos
legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes (territoriales, nacionales o
nacionalizados) y sobre el fondo administrador de cesantías en que debe efectuarse la
afiliación para que se cause la penalidad por no consignación oportuna de la prestación
social.

Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la sentencia y,
en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de la jurisdicción contencioso
administrativo deben acoger acerca del alcance del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de la Ley
344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, en cuanto al reconocimiento de una
penalidad por no consignación oportuna de las cesantías en el régimen docente”

ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos
fundamentales y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del
precedente y del principio de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un
efecto decisivo en las sentencias cuestionadas y tampoco conllevaba a la afectación
de un derecho fundamental, por cuanto “las decisiones impugnadas en sede de tutela no
constituyen “desvíos del juez ordinario” ni decisiones carentes de motivación y no dan cuenta
prima facie de la inaplicación de una prerrogativa de carácter constitucional.”

(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras obtener
una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes acudían a la
tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos con el fin de que el juez
28 En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala en sentencias del 18 de mayo de 2023, Expediente 11001-03-

15-000-2023-01500-00, Actora: Sandra Elena Espinosa López, C.P. Wilson Ramos Girón; del 25 de mayo de 2023,
Expediente 11001-03-15-000-2023-02085-00, Actora: Rosa María Castañeda Valencia, C.P. Wilson Ramos Girón
y de la misma fecha, Expediente No11001-03-15-000-2023-00705-01. Actora: Luz Myriam García Camacho. C.P.
Milton Chaves García.

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constitucional accediera a las mismas pretensiones incoadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Finalmente, la Sala encuentra que la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso
11001031500020230106300 no tiene carácter vinculante en este asunto, toda vez que
esa decisión fue impugnada y no ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional.
Además, en aplicación del principio de autonomía e independencia judicial, esa decisión
no obliga a esta Sala a decidir en el mismo sentido, máxime cuando, como se expuso,
la decisión que aquí se adoptada es concordante con la sentencia SU-573 de 2019 de la
Corte Constitucional.

Lo anterior es suficiente para que la Sala declarare improcedente la solicitud de amparo
presentada por el señor Alfonso Rueda Rodríguez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Alfonso Rueda Rodríguez,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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