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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06923-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
30 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06923-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de enero de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que negó las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Magdalena Castro Morales, pero por las razones expuestas en el presente proveído. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06923-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

18 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06923-01
Demandante: Magdalena Castro Morales
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06923-01
Demandante: MAGDALENA CASTRO MORALES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Temas: Mora judicial – confirma sentencia que negó amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la señora Magdalena
Castro Morales contra la sentencia del 25 de enero de 2024 del Consejo de Estado,
Sección Primera, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito enviado el 14 de noviembre de 2023, la señora Magdalena Castro
Morales, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Chocó, con el fin de que sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.

La accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales debido a la
mora judicial en la que presuntamente incurrió el Tribunal Administrativo del Chocó al
no ordenar la entrega de los depósitos judiciales constituidos en el proceso ejecutivo
identificado con el número de radicado 27001-23-31-000-2008-00079-00.

1.2. Pretensiones

Solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia,
pidió:

Se ordene al TRBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, Magistrado Ponente
Dr. ARIOSTO CASTRO PEREA que, en el término improrrogable de 48 horas
haga entrega del título de depósito judicial a favor de MAGDALENA CASTRO

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Demandante: Magdalena Castro Morales
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó

MORALES con C.C. No. 32.507.369 a la Cuenta Corriente del Banco Davivienda
No. 0560029660007302, y de esta manera no se siga vulnerando mis derechos a
la resolución pronta y oportuna de la administración de justicia, derecho a la
igualdad y debido proceso.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

Ante el incumplimiento de la obligación contenida en un acuerdo conciliatorio1, la
señora Magdalena Castro Morales presentó demanda ejecutiva identificada con el
radicado 27001-23-31-000-2008-00079-00, contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, por lo que el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante auto de
21 de enero de 2019, libró mandamiento de pago por la suma de $1.191.946.800,
más intereses moratorios.

Posteriormente, a través de auto del 19 de febrero 2021 se ordenó seguir adelante
con la ejecución y con auto del 12 de diciembre de 2022 se liquidó el crédito por la
suma de $6.962.774.135,75.

Igualmente, mediante auto de 12 de septiembre de 2022 se modificó la liquidación
del crédito y se determinaron las siguientes sumas adeudadas: i) capital:
$1.191.946.800, ii) intereses moratorios: $ 5.651.632.655,75 y iii) agencias en
derecho: $119.194.680.

El 3 de noviembre de 2022 se profirió auto de obedézcase y cúmplase.

El 12 de diciembre de 2022 la actora presentó cuenta de cobro ante el Ministerio de
Defensa Nacional, entidad que mediante resolución 3657 de 12 de septiembre de
2023 reconoció y ordenó el pago por la suma de $7.407.066.947,61, dinero que fue
consignado a la cuenta de depósitos judiciales del Tribunal Administrativo del Chocó.

El 13 de enero de 2023, el abogado Jorge Luis Martínez Palacio presentó incidente
de regulación de honorarios y con auto del 2 de marzo de 2023 se ordenó correr
traslado a todas las partes.

El 7 de marzo de 2023 la parte actora interpuso recurso de reposición contra el auto
antes referido y el 21 de marzo de 2023 ingresó el expediente al despacho del
magistrado sustanciador.

1 El 7 de noviembre de 2002 la señora Magdalena Castro Morales celebró un acuerdo conciliatorio con

la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional con ocasión de un proceso de reparación
directa, cuyo objeto era la reparación de los daños padecidos por la ocupación de un inmueble de su
propiedad. El acuerdo conciliatorio fue aprobado por el Tribunal Administrativo del Chocó mediante el
auto del 20 de noviembre de 2003.
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El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, mediante escritos radicados el 13 y 26 de
octubre de 2023 solicitó la terminación del proceso por pago total de la obligación.

El 17 de octubre de 2023 la señora Castro Morales solicitó la entrega de los dineros
consignados a su favor y coadyuvó en la solicitud de terminación del proceso.

El 1° de diciembre de 2023 el Tribunal Administrativo del Chocó recibió solicitud de
embargo de crédito ordenado por el Juzgado Primero Civil Municipal de Quibdó. 2

El 25 de octubre de 2023 la parte actora reiteró la solicitud de entrega de los dineros
consignados a su favor.

El Tribunal Administrativo del Chocó a través de auto de 23 de noviembre de 2023
citó a las partes a la audiencia que trata el inciso 3. ° del artículo 129 del C.G.P.3,
para el 4 de diciembre de 2023 a las 09:00 A.M.

Posteriormente, el abogado Jorge Luis Martínez Palacio solicitó ante el Tribunal
Administrativo del Chocó regulación de sus honorarios a los cuales adujo tener
derecho por haberse desempeñado por más de 24 años como apoderado de la
señora Castro Morales tanto en el proceso de reparación directa, como en el
ejecutivo. Ello, en razón a que la incidentada confirió poder a otro apoderado judicial
para que adelantara el cobro ante la entidad demandada cuando dichas facultades
también fueron otorgadas a él.

Así, el referido tribunal el 5 de marzo de 20244 decidió el incidente y resolvió lo
siguiente: «PRIMERO: Fijar los honorarios del doctor Jorge Luís Palacio Martínez (sic),

2 Comedidamente, me permito comunicarle que mediante providencia 2178 de 14 de noviembre de

2023 se decretó por este juzgado el EMBARGO Y RETENCION de los dineros depositados por el
Ministerio de Defensa Ejercito Nacional en los procesos ejecutivos radicado
27001233100019910157801 y 2700123331702 2008 000790 que cursan en el H. Tribunal
Contencioso Administrativo del Chocó, y demás bienes que existen a favor de la aquí demandada
señora MAGDALENA CASTRO MORALES con cédula de ciudadanía No. 32.507.369
Dichos descuentos deben limitarse a la suma CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE
PESOS ($144.000.000) MCTE
Sírvase usted proceder a efectuar las retenciones ordenadas y consignar los respectivos valores en la
cuenta de depósitos judiciales que tiene este juzgado en la entidad financiera Banco Agrario de
Colombia de esta ciudad bajo código Nº 270012041001.
Igualmente se advierte que el incumplimiento a dicha orden convertirá al que la incumpla en
responsable de dichos valores conforme lo dispuesto en el artículo 593 numeral 10º ibídem de la Ley
1564 de 2012 -Código General del Proceso- así mismo, será merecedor de la sanción dispuesta en el
art 44 numeral 1º - de multa de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos mensuales.
3 Artículo 129. Proposición, trámite y efecto de los incidentes

(…)
En los casos en que el incidente puede promoverse fuera de audiencia, del escrito se correrá traslado
por tres (3) días, vencidos los cuales el juez convocará a audiencia mediante auto en el que decretará
las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere pertinentes.
4 Notificada el 5 de marzo de 2024.

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Demandante: Magdalena Castro Morales
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó

identificado con cédula de ciudadanía No. 3.512.647 y T.P. No. 29.415, por los servicios
prestados como abogado de la señora Magdalena Castro Morales en la suma de dos mil
ciento noventa y dos millones cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y tres
pesos con siete centavos $2.192.446.333,07».

Contra la anterior decisión, el 8 de marzo de 2024, tanto la parte actora como el
abogado incidentista interpusieron recurso de apelación, el cual, a la fecha de esta
sentencia, no ha sido concedido.

• El abogado Jorge Luís Martínez Palacio ejerció el mencionado mecanismo por
cuanto se liquidaron los honorarios con una tarifa del 16%, cuando actualmente es
de 19%.
• La señora Magdalena Castro Morales por su parte, manifestó su inconformidad total
con la providencia, solicitando su revocatoria.

El 15 de marzo de 2024 la señora Magdalena Castro Morales, por intermedio de su
apoderado judicial, nuevamente solicitó que se entregaran los dineros consignados
por el Ministerio de Defensa Nacional al proceso de la referencia, y que los mismos,
fueran girados a su cuenta personal.

El Tribunal Administrativo del Chocó con auto del 8 de abril de 2024 5 negó la petición
de entrega de los dineros consignado al interior del proceso. Como fundamento de
su decisión citó el numeral 3. ° del artículo 446 de CGP, que reza:

“Artículo 446. Liquidación del crédito y las costas. Para la liquidación del crédito y
las costas, se observarán las siguientes reglas:

1. Ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la
sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente
favorable al ejecutado cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del
crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha
de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de
aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo,
adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios.

2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la forma
prevista en el artículo 110, por el término de tres (3) días, dentro del cual sólo
podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite deberá
acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen
los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada.

3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación
por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de
oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido,
no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al
ejecutante en la parte que no es objeto de apelación. (Negritas del texto
original).

5 Notificada el 9 de abril de 2024.

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Conforme a dicha normativa explicó que, aun no resultaba procedente ordenar la
entrega de los dineros consignados en el proceso, ni mucho menos la entrega del
título judicial como lo pretendía la actora toda vez que, contra la providencia del 5 de
marzo de 2024 ambas partes formularon el mecanismo de alzada, una por el
porcentaje del IVA aplicado, y la otra, censuró toda la providencia en cuestión,
argumentos que «aún no han sido resueltos».

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales debido a que, a
la fecha de la interposición de la tutela el Tribunal Administrativo del Chocó no había
consignado en su cuenta bancaria personal los dineros pagados por el Ministerio de
Defensa Nacional mediante resolución 3657 de 12 de septiembre de 2023, pese a
que lo había requerido mediante escritos elevados el 17 y 25 de octubre de 2023, así
como el 15 de marzo de 2024.

Hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas al interior del proceso
ejecutivo y adujo que pertenecía a la tercera edad y que lleva 32 años esperando
que se hiciera justicia, por consiguiente, el pago de los perjuicios ocasionados.

Finalmente, manifestó que solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de
la Nación y de la Defensoría del Pueblo a fin de que realicen las gestiones
necesarias para que se garantice la entrega de los dineros pagados a su favor.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 17 de febrero de agosto de 2023, el magistrado ponente del
Consejo de Estado, Sección Primera admitió la demanda y notificó a la parte actora,
así como al Tribunal Administrativo del Chocó, como autoridad judicial accionada.

Igualmente, ordenó la vinculación como terceros con interés a la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC
(quienes hicieron parte del proceso ejecutivo), al señor Jorge Luis Martínez Palacio
(quien fue abogado de la actora en el proceso ejecutivo), así como a la Defensoría
del Pueblo, Regional Chocó, a la Procuraduría 41 Judicial II para la Conciliación
Administrativa de Quibdó y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Por último, se solicitó el expediente ejecutivo en medio digital.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, de conformidad con
las constancias que obran en el expediente digital, se presentaron las siguientes:

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1.6.1. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Solicitó su desvinculación del presente tramite ya que no es el competente para
manifestarse sobre los hechos que originan la acción de tutela, toda vez que estos
recaen única y exclusivamente en cabeza del Tribunal Administrativo del Chocó.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Chocó

Requirió declarar la improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, toda vez que actualmente se está tramitando el incidente de
regulación de honorarios interpuesto por quien fungió como apoderado judicial de la
ejecutante.

Adujo que, aunado a ello, en el expediente también obra oficio por el cual se notificó
la medida cautelar de embargo proferida el 14 de noviembre de 2023, donde el
Juzgado Primero Civil Municipal de Quibdó ordenó el embargo de los dineros que
fueron depositados en el proceso ejecutivo por el valor del $144.000.000, el cual,
también debe resolverse.

Los demás sujetos pese a haber sido debidamente notificados, no rindieron informe
alguno.6

1.7. Fallo impugnado

En providencia del 25 de enero de 20247 el Consejo de Estado, Sección Primera,
negó la solicitud de desvinculación propuesta por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi y también negó las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:

Como fundamento de su decisión, explicó que de conformidad con las actuaciones
procesales surtidas al interior del proceso ejecutivo, no se incurrió en mora judicial
porque la autoridad accionada había sido diligente en la sustanciación del proceso.

Lo anterior teniendo en cuenta que, conforme a las circunstancias fácticas
mencionadas por el tribunal en el informe de tutela y como se observó al interior del
expediente, obran solicitudes previas de incidente de regulación de honorarios y la
orden de embargo expedida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Quibdó a
través de auto 2178 del 14 de noviembre de 2023.

Concluyó que no se observaba que la autoridad judicial accionada hubiera actuado
de manera negligente en el trámite de la solicitud de entrega de dineros; sino que
existía justificación válida por la que no se hubiere resuelto de fondo.

6 Tal y como consta en el índice 9 del expediente.
7 Notificada el 2 de febrero de 2024.

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1.8. Impugnación

La señora Magdalena Castro Morales con escrito allegado el 7 de febrero de 2024
inconforme con la anterior decisión, la impugnó, con el fin de que se revoque y se
acceda a las pretensiones de la demanda.

Adujo que abundante jurisprudencia constitucional ha determinado que los incidentes
son cuestiones accesorias y no corresponden al proceso judicial. Lo anterior, toda
vez que el objeto de este mecanismo reside únicamente en determinar el valor de la
labor desempeñada por el profesional del derecho dentro del asunto especifico, con
cuya decisión el interesado deberá iniciar la acción ejecutiva pertinente, sin que sea
procedente la solicitud de medidas cautelares u ordenes de fraccionamiento o
cualquier otra determinación sobre los dineros producto de la resolución 3657, «so
pena de invadir la esfera del derecho privado en una clara infracción normativa y procesal».

Indicó que se desconoció el inciso tercero del artículo 129 del C.G.P. y el artículo 210
del CPACA que ordenan que «los incidentes no suspenden el curso del proceso (…)», en
donde el legislador taxativamente indicó que los incidentes no suspenden el curso
del proceso, teniendo en cuenta que el artículo 76 de la Ley 1564 de 2012 señala
que la regulación de honorarios mediante incidente, «se tramitará con independencia
del proceso o de la actuación posterior».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la señora
Magdalena Castro Morales contra la sentencia de primera instancia proferida el 25
de enero de 2024, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991,
1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la
impugnación, se revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia del 25
de enero de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, para lo cual
se deberá resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿El Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en mora judicial injustificada por
la falta de entrega de los dineros consignados a su favor por parte del
Ministerio de Defensa en el marco del proceso ejecutivo identificado con el
radicado 27001-23-31-000-2008-00079-00?

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2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) la mora judicial injustificada; (iii) el derecho
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y (iv) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable8.

2.5. La mora judicial injustificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar
a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos
casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la
complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de
carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de diligencia y en la omisión
sistemática de sus deberes por parte de los mismos9.

Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales
no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»10.

Continuando con el criterio de esa corporación, frente al particular se tiene que:

… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable
al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo,
no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012,

8 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
9 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
10 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta
Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra
justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración
de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden
la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en
los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación
injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y
que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones.

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial11, según la cual sólo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez, que,
de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un
proceso.

2.6. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica del artículo 229 de la Constitución12, del derecho fundamental al debido
proceso13 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia14.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para que
resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el
mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a
derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]»15.

11 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-2012-

01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
12 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley

indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
13 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
14 Sentencia T-006 de 1992.
15 Sentencia T-476 de 1998.

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Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no puede
concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los
jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de
los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad
y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador
acerca de los hechos materia de su decisión […]»16.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una respuesta
rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y garantías”17, y de otro lado,
“la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las
condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio
público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no
logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la
necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»18.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1. ° de la Ley Estatuaria de la
Administración de Justicia19 y con sustento en los principios de celeridad, eficiencia y
respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director del
proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste
que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia
inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial que
aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se proyecta
más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su
responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez
que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas
imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material […]»20.

16 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
17 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
18 Ibídem.
19 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que

cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y
lograr y mantener la concordia nacional”.
20 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Demandante: Magdalena Castro Morales
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó

2.7. Caso concreto

La señora Magdalena Castro Morales solicitó el amparo de su derecho fundamental
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, cuya
vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo del Chocó con ocasión de la
presunta mora judicial en la que se incurrió al no ordenar la entrega de los depósitos
judiciales constituidos en el proceso ejecutivo identificado con el número de
radicación 27001-23-31-000-2008-00079-00.

Se observa que, luego de instaurada la presente acción constitucional el Tribunal
Administrativo del Chocó con auto del 8 de abril de 2024, notificado el 9 de abril
siguiente, negó la petición de entrega de los dineros consignados al interior del
proceso al estimar que aún no resultaba procedente acceder a dicha solicitud toda
vez que, contra la providencia del 5 de marzo de 2024, ambas partes formularon
recurso de apelación, el cual está en trámite y aún no ha sido concedido.

Por otro lado, en su escrito de contestación el referido tribunal manifestó que, aunado
a ello, en el expediente también obraba oficio por el cual se notificó medida cautelar
proferida el 14 de noviembre de 2023, donde el Juzgado Primero Civil Municipal de
Quibdó ordenó el embargo de los dineros que fueron depositados en el proceso
ejecutivo, por valor de $144.000.000, aspecto que también debe resolverse.

La Corte Constitucional ha indicado que, la dilación injustificada que configura la
violación de derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos
señalados en la ley para adelantar actuación por parte del funcionario competente;
(ii) la omisión en el cumplimento de las obligaciones en el trámite de los procesos a
cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo razonable y prueba de que la
demora obedece a circunstancias que no se pueden contrarrestar.

Ahora bien, esta sala evidencia que, si bien hasta la fecha no se ha hecho entrega de
los dineros reconocidos por el Ministerio de Defensa a la cuenta personal de la
actora, a cuya dilación hace referencia la parte actora, lo cierto es que ello ha
obedecido a que se debían surtir algunas actuaciones procesales previas, como lo es
que se resuelvan: i) los recursos de apelación contra el auto del 5 de marzo de 2023,
que decidió la solicitud de incidente de regulación honorarios propuesta por el
abogado Jorge Luís Martínez Palacio, y ii) la orden de embargo expedida por el
Juzgado Primero Civil Municipal de Quibdó a través de auto del 14 de noviembre de
2023.

Es así que, si bien a la fecha la autoridad no se ha pronunciado sobre el recurso de
apelación contra la decisión del 5 de marzo de 2024, debe recordarse que este
mecanismo de alzada tan solo se interpuso el 8 de marzo siguiente. Así, teniendo en
cuenta que la acción constitucional se presentó el 14 de noviembre de 2023, no se
evidencia que el tribunal accionado haya dilatado de manera injustificada el proceso,
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pues ha venido adelantando todas las actuaciones pertinentes, sin que se evidencie
que hubiese transcurrido un lapso excesivo o desproporcionado que evidencie la
ocurrencia de alguno de los requisitos que permitan establecer que se trata de una
mora judicial injustificada.

Por el contrario, el proceso ejecutivo ha obedecido al normal desarrollo de sus
etapas procesales, pues no se observa que el tribunal accionado hubiera actuado de
manera negligente en el trámite de la solicitud de entrega de dineros, sino que existe
justificación válida por la que no ha realizado dicha entrega, debido a que,
previamente debe decidir sobre el recurso de apelación y resolver la otra solicitud
cautelar referida, las cuales se están surtiendo actualmente.

Por lo anterior, esta sala de decisión negará el amparo deprecado ya que no
evidencia una situación de dilación injustificada o indebida, pues no se observa que
el tribunal accionado haya actuado de manera negligente o que su comportamiento
sea el resultado de una omisión en el cumplimento de sus funciones.

2.8. Conclusión:

Por todo lo anterior, esta sala de decisión confirmará la negativa plasmada por el a
quo, al evidenciarse que se no se configuró una mora judicial injustificada en el caso
concreto, pero por lo desarrollado previamente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de enero de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, que negó las pretensiones de la demanda
instaurada por la señora Magdalena Castro Morales, pero por las razones expuestas
en el presente proveído.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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