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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04027-00

Fecha
14 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
57 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04027-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Jaime Cuadros Dávila en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04027-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

14 de septiembre de 2023

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04027-00
Accionante: Jaime Cuadros Dávila

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04027-00
Accionante: Jaime Cuadros Dávila
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, emitida en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la
que se confirmó la decisión de negar el reconocimiento de la
sanción moratoria, por la consignación inoportuna de las cesantías
anualizadas de un docente. Incumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Jaime Cuadros Dávila en
contra del Tribunal Administrativo de Boyacá.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Jaime Cuadros Dávila, por intermedio de apoderado judicial, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social y, junto con
ellos, los principios de favorabilidad en materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04027-00
Accionante: Jaime Cuadros Dávila

Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar al Tribunal Administrativo de
Boyacá dejar sin efectos la sentencia proferida el 26 de mayo de 2023 en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-003-2022-
00040-01, para, en su lugar, proferir una nueva decisión, en la que se aplique el
precedente judicial fijado por la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-098 de 2018,
y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en su reiterada jurisprudencia, con el
fin de reconocer y pagar la sanción moratoria en los términos en que fue solicitada en
la demanda.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

i) El señor Jaime Cuadros Dávila labora como docente en el departamento de Boyacá
después de 1990, por lo que tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías del
régimen anualizado y de los intereses cada año.

ii) El 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no consignó las
cesantías correspondientes a los servicios que aquel prestó en el 2020, al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG).

iii) Por lo anterior, el 29 de julio de 2021, al haber transcurrido 5 meses sin que fuera
realizada la respectiva consignación, solicitó a la Secretaría de Educación de Boyacá,
además de su pago, el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Sin embargo, aquella entidad, mediante el Oficio núm.
BOY2021EE026798 del 24 de agosto de igual anualidad, resolvió de manera
desfavorable ese pedimento.

iv) El señor Jaime Cuadros Dávila instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y del
departamento de Boyacá, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo
precitado y, adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitó a) el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley

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Accionante: Jaime Cuadros Dávila

50 de 1990, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados desde
el 15 de febrero de 2021, fecha en que debió consignarse el valor correspondiente a
las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, y hasta el momento en que se
efectúe el pago de la prestación; y b) la indemnización por el pago tardío de los
intereses a las cesantías, prevista en las Leyes 52 de 1975, artículo 1.°, y 50 de 1990
y el Decreto 1176 de 1991.

v) El 7 de octubre de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja negó las pretensiones de la demanda, por lo cual la parte demandante interpuso
recurso de apelación en contra de esa decisión.

vi) El 26 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la sentencia
de primera instancia, al considerar que los docentes oficiales vinculados al FOMAG se
rigen por un régimen especial consagrado en la Ley 91 de 1989, el cual no contempló
la sanción por no consignación de cesantías en una cuenta individual para cada
docente antes del 14 de febrero del año correspondiente.

1.1.3. Fundamentos de derecho

El accionante afirmó que el Tribunal Administrativo de Boyacá, al expedir la sentencia
del 26 de mayo de 2023, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social y, junto con
ellos, los principios de favorabilidad en materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica. Para el efecto, expuso lo siguiente:

i) En el presente asunto se cumplen cada uno de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, en particular,
el requisito de relevancia constitucional, por cuanto lo que se busca es la protección
de los derechos fundamentales de los docentes del sector oficial, pues, según la
Sentencia SU-098 de 2018, en virtud del principio de igualdad e in dubio pro operario,
no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, ya
que al tener también el carácter de servidores públicos, son beneficiarios de la sanción
moratoria.

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Accionante: Jaime Cuadros Dávila

ii) En la providencia cuestionada se configuró una violación directa de la Constitución
Política y un defecto sustantivo, comoquiera que la autoridad accionada aplicó una
postura restrictiva y con ello desconoció el artículo 53 constitucional, según el cual
debe aplicarse la situación más favorable al trabajador, en caso de duda en la
interpretación de las fuentes formales del derecho.

iii) El Tribunal desatendió el contenido de la ley y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional1 y del Consejo de Estado2, en las que se definió que la Ley 50 de 1990
le resulta aplicable a los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y, por ello, tienen derecho al reconocimiento de la sanción por
mora derivada de consignación tardía de las cesantías anuales.

iv) Igualmente, la corporación precitada confundió los regímenes de cesantías de los
docentes con la obligación del empleador de consignar las cesantías de los
trabajadores del sector de la educación al fondo al cual se encuentran afiliados, a pesar
de que son dos cosas diferentes. Al respecto, mencionó los antecedentes normativos
sobre las cesantías de liquidación anual y el reconocimiento de intereses y, precisó
que, a partir de la expedición de la Ley 91 de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio tiene a su cargo las prestaciones de los docentes nacionales
y nacionalizados y debe consignar las cesantías que la Nación, como patrono,
previamente le traslada, antes del 15 de febrero de 2021 y, en caso de no hacerlo, en
virtud del principio de igualdad, de favorabilidad y en atención al precedente reiterado
de las altas cortes, reconocer la sanción moratoria.

1 Citó las sentencias SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020.
2 Concretamente mencionó las sentencias de unificación del 24 de enero de 2019, expediente 76001-

23-31-000-2009-00867 y del 6 de agosto de 2020, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01, y los
pronunciamientos del 17 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01; 28 de junio de
2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04679-01, 29 de julio de 2019, expediente 11001-0315-000-
2018-03499-01; 2 de diciembre de 2019, expediente 08001 23 33 000 2014 00173-01; 10 de junio de
2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-31-
000-2014-00254-01; 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01; 17 de
junio de 2021, expedientes 08001-23-31-000-2014-00815-01 y 08001-23-33-000-2015-00331-01; 4 de
noviembre de 2021, expediente 19001-23-33-000-2015-00445-02; 11 de noviembre de 2021,
expedientes 080001-23-40-000-2015-90008-01 y 080001-23-40-000-2014-90022-01; 25 de noviembre
de 2021, expedientes 08001-23-33-000-2014-01127-01 y 40001-23-40-000-2017-00134-01; 20 de
enero de 2022, expediente 080001-23-33-000-2017-00931- 01; 3 de marzo de 2022, expediente
080001-23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01;
9 de mayo de 2022, expediente 080001-23-40-000-2017-00795-01; 19 de mayo de 2022, expediente
47001-23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de 2022, expediente 47-001-23-33-000-2019-00376-01;
22 de agosto de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00509-01; 22 de septiembre de 2022,
expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01, 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-2012-
00212-02, y 26 de enero de 2023, expediente 47001-23-33-000-2018-00231-01.

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v) El Tribunal no tuvo en cuenta las sentencias proferidas entre el 2021 y el 2023 por
la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que resolvió de manera positiva el
problema jurídico relativo a si es aplicable o no la Ley 50 de 1990 a los docentes
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, en ese sentido,
contrario a la conclusión de la autoridad accionada, sí existe la obligación de consignar
antes del 15 de febrero de cada año las cesantías y, en caso de no hacerlo, es viable
reconocer la indemnización por su pago inoportuno.

vi) Se desconoció el principio de seguridad jurídica, pues a pesar de la copiosa
jurisprudencia existente sobre la posibilidad de aplicar el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 al personal docente vinculado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, no atendió esa postura y, por el contrario, otorgó un trato diferencial a
situaciones iguales. Por esa última razón, considera necesario que en esta sede
constitucional se defina la posición jurisprudencial y, de esta forma, protejan los
derechos fundamentales de los docentes.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 2 de agosto de 2023, el despacho del magistrado sustanciador (i) admitió la
acción de la referencia en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, (ii) vinculó a
la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG y (iii) Comisionó al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, para que notificara a todos los
sujetos que intervinieron dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 15001-33-33-003-2022-00040-00/01, a excepción del señor
Jaime Cuadros Dávila y de la entidad precitada y, adicionalmente, remitiera copia
digital del expediente referido.

1.2.2. El 8 de agosto de 2023, la secretaria del Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja, en cumplimiento del anterior requerimiento, notificó del auto
admisorio de la acción de la referencia al departamento de Boyacá, en calidad de
tercero con interés en los resultados del proceso.

1.3. Contestación de la demanda

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1.3.1. Fiduprevisora S.A.

La coordinadora de tutelas, Aidee Johana Galindo Acero, indicó que las autoridades
judiciales que conocieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
actuaron conforme a la normativa establecida sin que pueda aducirse un
desconocimiento de los pronunciamientos relacionados con el tema objeto de la
demanda. Además, señaló que no es dable inferir que se haya presentado
transgresión alguna en contra de las garantías fundamentales, pues las actuaciones
judiciales fueron adelantadas con plena observancia del debido proceso. En
consecuencia, solicitó declarar improcedente el presente mecanismo de amparo.

1.3.2. Departamento de Boyacá

La apoderada judicial de la entidad territorial referida, Jennifer Rocío Puentes Socha,
adujo que no es viable que el Consejo de Estado, en sede de tutela, emita un nuevo
pronunciamiento sobre los hechos debatidos en el proceso ordinario, máxime cuando
no se cuenta con una sentencia de unificación por parte de esa corporación como
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Adicionalmente, manifestó que en las actuaciones adelantadas en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho se garantizó el derecho al debido proceso
de los intervinientes y, además, que la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá estuvo soportada en las situaciones fácticas y jurídicas probadas en el
proceso. Finalmente, sostuvo que emitir un pronunciamiento en las condiciones que
expone el demandante se aparta totalmente de los principios de la confianza legítima
y la seguridad jurídica, que deben estar presentes en todas las actuaciones judiciales.
Por tanto, solicitó negar todas las pretensiones planteadas.

1.3.3. Tribunal Administrativo de Boyacá

El magistrado Félix Alberto Rodríguez Riveros, luego de hacer un recuento de las
actuaciones judiciales adelantadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, afirmó que en el presente asunto no se acreditó el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que la parte accionante solo se refirió a la aplicación de las

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normas de la Ley 50 de 1990, sin señalar de manera precisa en qué consiste la
afectación o amenaza de sus derechos fundamentales.

Sobre el particular, resaltó que el Consejo de Estado en reciente pronunciamiento,
determinó que no es procedente la acción de tutela si lo pretendido es que con
fundamento en precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado se
aplique lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que tal pretensión
no cumple con la exigencia general de procedibilidad mencionada.

Adicionalmente, frente a las providencias que invoca el accionante para sustentar la
aplicación de la norma precitada, en virtud del principio de favorabilidad, advirtió que
en la providencia cuestionada se pronunció sobre ese aspecto, concluyendo que los
precedentes invocados comportan supuestos fácticos distintos a los que se presentan
en el caso que hoy se estudia.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para
conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 5.º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto
333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efectos de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor
Jaime Cuadros Dávila en contra de la sentencia proferida el 26 de mayo de 2023 por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-003-2022-00040-01.

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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La jurisprudencia constitucional3 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,4 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o

3 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
4 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-003-2022-00040-00/01, la
Sala de decisión establece lo siguiente:

2.4.1. El señor Jaime Cuadros Dávila, por intermedio de apoderado judicial, instauró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Ministerio
de Educación Nacional (FOMAG) y del departamento de Boyacá, con el fin de obtener
la nulidad del Oficio núm. BOY2021EE026798 del 24 de agosto de 2021, y,
adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de
(i) la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente
a un día de su salario por cada día de retardo, desde el 15 de febrero de 2021 hasta
el día en que se efectúe la consignación de la prestación; y (ii) la indemnización por el
pago extemporáneo de los intereses a las cesantías, prevista en las Leyes 52 de 1975,
artículo 1.°, y 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

2.4.2. El 7 de octubre de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Tunja, en la audiencia inicial, negó las pretensiones de la demanda, por lo cual la
parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de esta decisión.

2.4.3. El 26 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la
sentencia de primera instancia, al considerar que los docentes oficiales vinculados al
FOMAG se rigen por un régimen especial consagrado en la Ley 91 de 1989, el cual no

contempló la sanción por no consignación de cesantías en una cuenta individual para
cada docente antes del 14 de febrero del año correspondiente.

2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

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El señor Jaime Cuadros Dávila solicitó la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la
seguridad social y, junto con ellos, los principios de favorabilidad en materia laboral,
perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, los cuales consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, al proferir la sentencia del 26 de mayo de 2023,
comoquiera que desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado, en la que determinaron que a los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio puede aplicárseles la Ley 50 de 1990, en virtud
de una interpretación constitucional favorable a los derechos del trabajador y, por ello,
pueden recibir la sanción moratoria definida en el artículo 99 ejusdem, derivada de la
consignación tardía de las cesantías anuales.

Pues bien, para poder emitir un pronunciamiento de fondo, es necesario determinar si
el disenso expuesto constituye «genuinamente un asunto de relevancia constitucional
que afecta derechos fundamentales»5, ya que al juez de tutela no le es posible estudiar
«cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones»6.

Sobre el particular, se advierte que la exigencia precitada persigue las siguientes
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional7 y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad8; (ii) restringir el ejercicio de la acción

5 Sentencia T-248 de 2018. Corte Constitucional. Recoge la línea jurisprudencial en el asunto y sentencia C-590

de 2005.
6 Ibíd. De manera semejante, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) español (Ley Orgánica 2 de 1979),

exige, para efectos de la procedencia del recurso de amparo constitucional, que en la demanda se justifique “la
especial trascendencia constitucional del recurso” (numeral 1 del artículo 49, modificado por el artículo único de la
Ley Orgánica 6 de mayo 24 de 2007). La admisión del recurso de amparo, entre otras, está sujeta, en los términos
del literal b) del numeral 1 del artículo 50 de la ley en cita (modificado por el artículo único de la Ley Orgánica 6 de
mayo 24 de 2007), a que,“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia
para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del
contenido y alcance de los derechos fundamentales”.
7 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este

sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez
constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su
función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación
judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia”.
8 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la

constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o
vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la
definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos

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de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales9 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces10. Por tanto,
solo la evidencia prima facie de una afectación o vulneración de facetas
constitucionales de los derechos fundamentales permite superar el requisito de
relevancia constitucional de la tutela en contra de providencias judiciales11.

En ese orden, la Sala resalta que la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-573 de
2019, al resolver un asunto con similares supuestos fácticos y jurídicos, concluyó que
no se encontraba satisfecho el requisito de relevancia constitucional, con fundamento
en lo siguiente:

«[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga
interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional.
Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, prevista
por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las
providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por desconocimiento
del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas legales “con un
enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional
y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de la penalidad
reclamada.

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no cumplen
con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada: (i) versa
sobre un asunto meramente legal, con una connotación patrimonial privada, (ii) que no

fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la
jurisdicción constitucional” (en igual sentido, las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505
de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de
2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014).
9 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005),“los fundamentos de una

decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del
punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un
mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al
juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es
de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de
haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme
y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos
del derecho”.
10 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da

lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina
la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” (sentencia T-102 de 2006).
11 Todo derecho fundamental tiene facetas constitucionales, legales y reglamentarias. Los debates acerca de las

facetas legales y reglamentarias de los derechos carecen, por tanto, de la relevancia constitucional necesaria para
habilitar la excepcional intervención del juez de tutela en aras de controlar las decisiones proferidas en los procesos
de las jurisdicciones diferentes de la constitucional.

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tiene relación directa con la presunta afectación de un derecho fundamental, y (iii)
busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se advierte prima
facie una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial […]

55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías
no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el
carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal
cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo”. Por
tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría
procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho
al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago
adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una
penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en
los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente
patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela […]».

Así las cosas, al analizar el caso en concreto, se tiene que, en primer lugar, el
accionante pretende que en esta sede se fije la posición frente a la aplicación de la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas,
prevista en la Ley 50 de 1990, a los docentes vinculados al FOMAG y, para ello, hace
una exposición extensa de los antecedentes normativos y jurisprudenciales del
régimen de cesantías de los docentes; sin embargo, ese no es el propósito de la
solicitud de amparo constitucional, pues al juez de tutela no le corresponde entrar a
dilucidar asuntos de mera legalidad, con una connotación de contenido patrimonial.

En segundo lugar, si bien los reparos de la parte actora apuntan a la protección de
garantías constitucionales, lo cual en otras oportunidades para la Sala ha sido
suficiente para entender superado ese presupuesto, en el presente caso, no lo es,
porque lejos de revestir la importancia constitucional exigida, lo que denotan es la
utilización del mecanismo de amparo como una instancia adicional para reabrir el
debate del asunto.

Ciertamente, la redacción de la acción de tutela demuestra que el propósito del
accionante es que se estudie nuevamente la controversia puesta a consideración de
los jueces de instancia, en cuanto a si era posible o no acudir al artículo 99 de la Ley
50 de 1990 para reconocerle, en su condición de docente afiliado al FOMAG la penalidad
definida en esa norma por la presunta tardanza en la consignación de sus cesantías
anuales. Lo anterior, al encontrarse en desacuerdo con la interpretación del Tribunal
Administrativo de Boyacá y al considerar que era forzoso que aquel acogiera ciertos

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pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que, a su juicio,
definen situaciones similares a la suya.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la acción de tutela contra providencia
judicial fue instituida como un mecanismo extraordinario de protección de derechos
fundamentales que puedan verse afectados a partir de las decisiones adoptadas en el
marco de un proceso judicial, por lo que, dada su naturaleza, la procedencia y estudio
debe ceñirse a una serie de límites constitucionales que tienen por objeto impedir que
sea utilizada como una tercera instancia, pues ello sería invadir la esfera propia del
juez natural de la causa.

En tercer lugar, la Sala avizora que los desacuerdos del señor Jaime Cuadros Dávila
fueron sometidos a estudio del Tribunal accionado y, sobre estos, ya se profirió una
decisión, sin que corresponda al juez de tutela analizar el fondo del asunto, en abierto
desconocimiento de los principios de autonomía e interpretación judicial.

En esos términos, conforme al criterio adoptado por la Corte Constitucional, la
Subsección considera que el presente asunto no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, puesto que versa sobre una cuestión meramente legal y el
accionante pretende reabrir la controversia resuelta por el juez natural de la causa.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye
que la acción de tutela instaurada por el señor Jaime Cuadros Dávila no superó la
exigencia general de relevancia constitucional; por tanto, se rechazará por
improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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F A L L A:

Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Jaime
Cuadros Dávila en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto Aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

A. R. F.

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