Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07052-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07052-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07052-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07052-01
Accionante: Laura Milena Huertas
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 9 de
diciembre de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta del requisito
de relevancia constitucional.
SÍNTESIS1
La accionante cuestiona la sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho llevado a cabo contra el Ministerio de Educación y la
Secretaría de Educación del Municipio de Armenia con el fin de que se reconocieran y
pagaran las diferencias salariales derivadas de los incrementos porcentuales dispuestos
para el año 2009. Se confirma la improcedencia declarada en primera instancia por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 7 de noviembre de 2025, la señora Laura Milena Huertas, mediante apoderada
judicial, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva los cuales, a su juicio, fueron
vulnerados con ocasión de la sentencia del 8 de mayo de 2025, emitida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado núm. 63001-3333-005-2024-00148-00/01, mediante la cual se
confirmó la decisión de primera instancia, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo
de Armenia, que negó las pretensiones de la demanda.
2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y Restablecimiento del Derecho /
Improcedencia / Confirma falta de relevancia constitucional / Escalafón docente.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07052-01
Accionante: Laura Milena Huertas
Se confirma la improcedencia de la demanda
Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la sentencia proferida
el día 08 de mayo de 2025, en el expediente radicado bajo número 63001-3333-005-
2024-00148-00, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD de la señora LAURA MILENA HUERTAS,
por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida
por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante
en el proceso ordinario.
Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular de la docente
LAURA MILENA HUERTAS a la luz de los argumentos planteados en la demanda
ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.2
B. Hechos
3.La señora Laura Milena es docente oficial ubicada en la categoría 2BE del escalafón
docente vigente, regulado por el Decreto 1278 de 20023.
4.El Gobierno Nacional decretó incrementos salariales diferentes para cada escalafón,
de tal modo que para el año 2009 dispuso un incremento del 15.61% para el grado 2AE,
mientras que para el escalafón 2BE aplicó un aumento del 7.67%.
5. Al respecto, la docente presentó reclamación administrativa ante la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del municipio de Armenia
en la que solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de
tales incrementos porcentuales.
6.Mediante oficios núm. ARM2024EE005019 del 17 de marzo de 2024 y 2024-EE-
058232 del 28 de febrero de 2024, el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría
de Educación del Municipio de Armenia, respectivamente, resolvieron
desfavorablemente a la solicitud presentada por la docente.
7. Ante la negativa, la señora Laura Milena presentó demanda en el ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio
de Educación Nacional y el Municipio de Armenia, con el fin de que se inaplicara el
Decreto núm. 284 de 2024, mediante el cual se fijó la escala salarial del escalafón
docente. A su vez solicitó la nulidad de los actos administrativos que negaron su
reclamación administrativa, y a título de restablecimiento, solicitó el reconocimiento y
pago de las diferencias salariales causadas durante los últimos tres años anteriores a
la presentación de la reclamación administrativa. Lo anterior, en virtud de que, los
docentes ubicados en categorías inferiores en el escalafón docente recibieron un
incremento salarial mayor a su categoría 2BE.
8.Mediante sentencia del 5 de diciembre de 2024, el Juzgado Quinto Administrativo de
Armenia negó las pretensiones de la demanda, tras concluir que el incremento
2 Índice 2 del expediente digital disponible en Samai.
3 Presidente de la República de Colombia. Decreto 1278 de 2002. “Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente”
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07052-01
Accionante: Laura Milena Huertas
Se confirma la improcedencia de la demanda
porcentual decretado en el año 2009 se sustentó en criterios objetivos tal como la
variación del IPC, la experiencia, la formación de los profesionales y demás criterios de
preparación y mérito, sin vulnerar el derecho a la igualdad de los docentes ubicados en
el escalafón 2EB.
9. La demandante presentó recurso de apelación en contra de la decisión de primera
instancia, en el cual reiteró que los actos administrativos debían ser declarados nulos,
por cuanto vulneraron los principios de igualdad y proporcionalidad. Además, insistió en
que los incrementos desiguales dispuestos para los años 2008 y 2009 carecen de
motivación y se adoptaron a partir de criterios subjetivos.
10. Mediante sentencia del 8 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Quindío
confirmó la decisión de primera instancia y contrario a lo alegado por la demandante,
concluyó que el Juzgado realizó un análisis integral y suficiente sobre la presunta
vulneración al derecho a la igualdad. Asimismo, señaló que es posible que se dé un
trato diferenciado en virtud de los criterios previstos en la normatividad y debido a que
un docente ubicado en determinado grado del escalafón goza de unas condiciones y
requisitos distintos a las de un docente que se encuentre situado en otra categoría,
razón los la cual la situación reprochada como desigual no cumple con las exigencias
para su comparación pues no se encuentran en iguales condiciones.
C. Fundamentos de la vulneración
11. La accionante alegó que la sentencia del 8 de mayo de 2025 incurrió en los defectos
fáctico y sustantivo.
12. Sobre el defecto fáctico manifestó que el Tribunal Administrativo del Quindío realizó
una indebida valoración probatoria, toda vez que no se acreditó que el incremento
salarial desigual otorgado a los docentes ubicados en un nivel inferior del escalafón, tal
como la categoría 2AE, obedeciera a criterios objetivos, verificables y razonables que
estuvieran debidamente sustentados, pues no obra en el expediente ningún elemento
de prueba que demuestre la existencia de motivos válidos y objetivos que justifiquen
que la decisión administrativa fue sustentada en debida forma, lo que genera
incertidumbre respecto la legitimidad de las decisiones adoptadas.
13. Señaló que se omitió la valoración del contenido del Decreto 1278 de 2002, el cual
reconoce la proporcionalidad salarial en concordancia con la calidad, idoneidad,
preparación y experiencia del docente, desconociendo a su vez el artículo 134 de la
Constitución y desnaturalizando los fines del servicio educativo.
14. En relación con el defecto sustantivo alegó que hubo un análisis incongruente
respecto los artículos 19 y 21 del Decreto 1278 de 2002 y el literal j del artículo 2° de la
Ley 4° de 19925, por cuanto en la interpretación efectuada por el Tribunal accionado se
4 Constitución Política de Colombia. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica.
5 Congreso de la Colombia. Ley 4° de 1992. “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios
que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07052-01
Accionante: Laura Milena Huertas
Se confirma la improcedencia de la demanda
avaló un trato salarial desigual originado en el incremento salarial superior a la categoría
2AE en comparación con el grado 2BE, ya que esta última exige mayor experiencia y
acreditación y aun así recibió un aumento porcentual inferior, decisión que vulnera los
principios de “a trabajo igual, salario igual” y proporcionalidad.
D. Trámite procesal
15. Mediante auto del 12 de noviembre de 20256, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo del Quindío, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y en
calidad de terceros con interés, al Juzgado Quinto Administrativo de Armenia, a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional, a la Secretaría de Educación – Municipio
de armenia, al Ministerio Público, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y a la Fiduprevisora S.A., para que rindieran un informe sobre los hechos
objeto de la demanda de tutela.
E. Oposiciones e intervenciones
16. El Ministerio de Educación Nacional7 (tercero con interés) señaló que la discusión
presentada carece de relevancia constitucional, por cuanto las pretensiones están
orientadas a una controversia de naturaleza estrictamente económica, pues el debate
promovido por la accionante corresponde a un litigio que involucra intereses privados,
situación que no es competencia del juez de tutela, razón por la cual debe declararse la
improcedencia de la solicitud de amparo. Además, solicitó la desvinculación de la
entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva.
17. La Secretaría de Educación del municipio de Armenia8 (tercero con interés) solicitó
que se declarara la improcedencia de la demanda de tutela, o en su defecto se deniegue
el amparo solicitado, por cuanto no se configuró ninguno de los defectos alegados como
requisito para la procedencia excepcional del mecanismo constitucional. En efecto, la
discusión planteada en sede de tutela es un asunto netamente legal y no constitucional,
pues no existe vulneración de los derechos fundamentales alegados por la accionante,
por el contrario, quedó demostrado que la entidad ha desplegado toda su actuación en
el marco de su competencia de acuerdo con los términos que dispone la Constitución y
la ley.
18. El Juzgado Quinto Administrativo de Armenia9 (tercero con interés) allegó el enlace
del expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con radicado núm. 63001-3333-005-2024-00148-00.
19.El Tribunal Administrativo del Quindío, el Ministerio Público, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduprevisora S.A. y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado fueron debidamente notificados10, sin embargo, guardaron
las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”
6 Índice 5 del expediente digital disponible en Samai.
7 Índice 11 del expediente digital disponible en Samai.
8 Índice 15 del expediente digital disponible en Samai.
9 Índice 13 del expediente digital disponible en Samai.
10 Índice 10 del expediente digital disponible en Samai.
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Accionante: Laura Milena Huertas
Se confirma la improcedencia de la demanda
silencio.
F. Fallo impugnado
20. Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2025, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la demanda de tutela, por
cuanto concluyó que la intención que persigue la solicitud de amparo es prolongar el
debate del proceso ordinario, como si se tratara de una tercera instancia, pues no se
evidenció ningún argumento que identifique la cuestión debatida como un asunto de
genuina relevancia constitucional.
21. La Sala resaltó que lo pretendido por la accionante corresponde a una discusión de
contenido estrictamente económica, ya que los argumentos que sustentan la demanda
de tutela están dirigidos, exclusivamente, a alegar el reconocimiento de la nivelación
salarial respecto del año 2009 y el pago de las diferencias porcentuales que se derivaron
con ocasión a tal incremento. En ese sentido, la demanda de tutela buscó someter la
decisión adoptada en el proceso ordinario a un nuevo análisis, aun cuando se constató
que el Tribunal ya había resuelto dicho asunto con suficiencia sin incurrir en ninguno de
los defectos invocados.
G. Impugnación
22. Mediante escrito allegado 14 de enero de 202611, la accionante impugnó la decisión
del 9 de diciembre de 2025 y solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia
que declaró la improcedencia de la demanda de tutela, y en su lugar, se ampararan los
derechos fundamentales invocados en el mecanismo constitucional y se dejara sin
efectos la sentencia del 8 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío.
23. Señaló que la conclusión a la cual arribó el a quo fue desacertada, toda vez que
realizó un análisis fragmentado del marco normativo y probatorio del proceso, pues
omitió valorar que la accionante, en su calidad de docente oficial ubicada en el escalafón
2BE, fue objeto de un trato salarial desigual frente a los docentes ubicados en categorías
inferiores tal como la 2AE, hecho que se encontraba plenamente acreditado en el
expediente.
24. Contrario a lo establecido, adujo que la discusión planteada sí tiene relevancia
constitucional y no es un debate meramente económico, pues la esencia de la discusión
radica en que hubo un trato salarial desigual dentro del escalafón docente para el año
2009, sin que exista un sustento objetivo que supere el estándar derivado del artículo
13 de la Constitución, comprometiendo sus derechos fundamentales a la igualdad y al
debido proceso. Entonces, la demanda promovida no se limita a controvertir una
discrepancia interpretativa, sino que cuestiona de manera directa la afectación grave y
actual de las garantías iusfundamentales con ocasión a la decisión que se apartó de los
parámetros constitucionales y jurisprudenciales que rigen el régimen salarial del
personal docente.
25. La relevancia constitucional es evidente, ya que la providencia proferida por el
11 Índice 24 del expediente digital disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07052-01
Accionante: Laura Milena Huertas
Se confirma la improcedencia de la demanda
Tribunal Administrativo del Quindío avaló los incrementos salariales desiguales, aun
cuando se quebrantó de manera injustificada el principio de igualdad retributiva, pues
permitió que los docentes ubicados en categorías inferiores del escalafón docente
recibieran aumentos salariales superiores a aquellos quienes se encontraban en un
grado mayor acreditando mejores calidades de experiencia, formación y mérito.
26. Así, alegó que existe una vulneración prolongada y continua a sus derechos
laborales, debido a que se distorsionó su base salarial, con incidencia directa en sus
ingresos presentes y futuros, su derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, su
estabilidad económica y su derecho a una remuneración proporcional a la cantidad y
calidad del trabajo que desempeña.
27. También resaltó que la demanda de tutela no fue interpuesta como una tercera
instancia y tampoco está dispuesta para redefinir el alcance de las normas legales
aplicables, ni valorar nuevamente los elementos fácticos del proceso ordinario, sino que
está orientada a verificar si la providencia cuestionada respetó los límites
constitucionales, pues reitera que, la decisión judicial convalida un trato discriminatorio
sin exigir una justificación objetiva.
28. Indicó que evidentemente se incurrió en los defectos alegados, ya que se
desconoció el principio de igualdad y se validó un esquema de incrementos
porcentuales que privilegió injustificadamente a los docentes ubicados en el escalafón
2AE frente a los ubicados en el 2BE, sin que mediara justificación alguna o existiera
medio de convicción que sustente la decisión adoptada.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
29. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la señora Laura Milena Huertas
contra el Tribunal Administrativo del Quindío, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y
en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
I. Solicitud de desvinculación
30. Al revisar la providencia impugnada, se constató que la Subsección A de la Sección
Tercera de la Corporación no resolvió la solicitud de desvinculación presentada por parte
del Ministerio de Educación Nacional. En ese sentido, la Sala negará la solicitud de
desvinculación formulada por el Ministerio, toda vez que dicha autoridad fue vinculada en
calidad de tercero con interés, por cuanto fue sujeto procesal y estuvo incorporada al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de la presente demanda de
tutela.
J. Sentido de la decisión
31. La Sala confirmará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, por cuanto la discusión planteada por la accionante
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07052-01
Accionante: Laura Milena Huertas
Se confirma la improcedencia de la demanda
corresponde a un asunto económico y está orientada a reabrir un debate propio del juez
natural respecto el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los
incrementos aplicados a los escalafones 2AE y 2BE en el año 2009. En ese sentido, y
por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los demás
requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela12.
K. El requisito de relevancia constitucional
32. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.13 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada14, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.
33. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.15
34. En la sentencia SU-215 de 202216, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;
12 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
14 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
15 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto
Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07052-01
Accionante: Laura Milena Huertas
Se confirma la improcedencia de la demanda
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y
(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales.
35. Para la Corte Constitucional17, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
36. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional”18.
L. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
37. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.
38. En el asunto sub iudice, la accionante cuestiona la sentencia del 8 de mayo de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, porque, a su juicio, considera que
incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. A continuación, la Sala describirá las
características y elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el
17 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
18 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07052-01
Accionante: Laura Milena Huertas
Se confirma la improcedencia de la demanda
objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.
39. Respecto del defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración
del material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se
configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión” 19. La jurisprudencia
constitucional ha precisado que este defecto se manifiesta en dos dimensiones.
40. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias20. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción
o, habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.
41. Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y manifiesto
en la apreciación del hecho o de la prueba21. Bajo ese esquema, el defecto se produce
en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas que por
disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una valoración
abiertamente defectuosa de los medios de convicción22.
42. Sobre el defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una
norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u
opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica.
M. El caso concreto
43. La Sala coincide en que la demanda de tutela no superó el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la controversia planteada por la accionante corresponde a un
asunto meramente económico. Si bien adujo que la discusión se centra en el trato
salarial diferenciado y desigual en el marco del escalafón docente, lo cierto es que más
allá de pretender la protección a los derechos fundamentales invocados, los argumentos
presentados por la accionante están orientados a obtener el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales derivadas de los incrementos decretados para el año 2009.
44. De tal modo, el mecanismo constitucional presentado realmente pretende reabrir
una controversia propia del juez natural del asunto en relación con el trato desigual
originado en el incremento porcentual diferenciado entre un escalafón y otro, no
obstante, tal discusión ya fue resuelta por la autoridad judicial accionada. En efecto, el
Tribunal Administrativo del Quindío concluyó:
En ese orden, las pretensiones de la demanda desconocen que la reglamentación
reprochada permite fijación salarial variable y que gira en torno a la realidad de cada
servidor docente. De igual manera, la gradualidad de los aumentos del 2009 en las bases
salariales docentes, lograron disminuir la brecha existente entre uno y otro grado, en lo que
atañe a su remuneración, lo cual se logró no con el detrimento de aquellos que más
experiencia y profesionalización tuvieran, sino por el contrario, aumentando en un mayor
19 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07052-01
Accionante: Laura Milena Huertas
Se confirma la improcedencia de la demanda
porcentaje, los salarios de aquellos que por su corto tiempo de ingreso a la carrera docente,
o en virtud de su nivel básico de especialización, ganaban menos, ello, sin que se
desconozca que el docente con mayor grado y nivel seguirá percibiendo una mejor
remuneración salarial.
Es necesario señalar que un juicio de violación del principio de “a mayor remuneración,
mayor trabajo”, sólo puede realizarse con una entrega final del salario y no del método para
calcularlo o las diferencias de los incrementos en uno u otro grado y nivel de la carrera
docente, en cuanto, solo se podrá determinar trato discriminatorio alguno, si la base salarial
de quienes han escalado en el sistema de clasificación y ostentan los mayores grados, fuera
igual o incluso menor a quienes ostentan el, o los menores grados del escalafón; sin que
sea dable realizar dicho juicio entorno a la fórmula de incremento entre grados y niveles.
(…)
Tampoco se encuentra razón al apelante en lo atinente a la incongruencia atribuida a la
sentencia de primera instancia, consistente en no haberse abordado las razones de hecho
y de derecho para el trato diferenciado en los incrementos porcentuales a la base salarial
dispuesta para ciertos años, sin aplicarse idéntica medida para otros, ni en lo relacionado
con la inexistencia de fundamento técnico para disponer incrementos salariales desiguales
en ciertas anualidades.
Al revisar la decisión recurrida, al respecto se sostuvo que no todas las diferencias salariales
que se presentaron en los grados de escalafón fueron a mayor preparación – mayor
incremento o diferencia salarial, pues precisamente dentro de la competencia privativa que
tiene el Gobierno Nacional, “para realizar ajustes a los salarios, estimó inconveniente
realizar ajustes salariales en algunos cargos que sin tener un mayor grado de escalafón,
requerían un mayor ajuste para cerrar la brecha salarial existente dentro de los grados de
escalafón”, sin que ello signifique, deparar un trato desigual o discriminatorio, sino que se
aviene a las competencias del Ejecutivo siguiendo los lineamientos legales, sin que se
encontrara un manejo injusto o ilegal por parte del Ministerio de Educación Nacional en el
cumplimiento de los Decretos del Gobierno Nacional emitidos siguiendo los parámetros
dispuestos en la Ley 4ª de 1992, concordante con los arts. 46 y 47 del Decreto 1278 de
2002. (…)
Esta Sala de Decisión, además, encuentra que el recurrente basa su argumento referido a
que no se justificó el incremento porcentual salarial diferente a cada escalafón con base en
un cálculo matemático, estableciendo los porcentajes diferentes de incremento salarial; sin
embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C-408 del 24 de noviembre del 2021,
señaló que los análisis de igualación matemática entre remuneraciones no tienen cabida,
atendiendo a que, es relevante tener en cuenta las diferencias fácticas de cada servidor,
las cuales en el presente caso sí son apreciables, como lo son la formación y la experiencia
requerida para ocupar uno u otro escalafón. Por ello, el principio de “a trabajo igual, salario
igual”, contrario a lo afirmado en el recurso, “no plantea una igualdad matemática, sino una
igualdad real, que busca un trato igual a las personas que se encuentran bajo unas mismas
condiciones, y que justifica un trato diferente sólo cuando se encuentran bajo distintas
condiciones”.
45. En ese sentido, el debate que advierte la accionante en sede de tutela fue analizado
con suficiencia y resuelto en el marco del proceso ordinario, por cuanto se determinó,
entre otros, que la actualización salarial para los docentes en la vigencia del año 2009
se realizó en virtud de las competencias conferidas al Gobierno Nacional sin transgredir
los derechos fundamentales de los miembros del magisterio, por el contrario, se realizó
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07052-01
Accionante: Laura Milena Huertas
Se confirma la improcedencia de la demanda
con el fin de garantizar la movilidad salarial, la disminución de la brecha existente entre
los grados, la capacidad adquisitiva, entre otros criterios objetivos que sustentaron tal
decisión sin transgredir las garantías de los docentes ni sobrepasar los límites
constitucionales y legales dispuestos para ello.
46. De tal modo, la accionante reiteró los argumentos del escrito de apelación
presentado contra la sentencia del 5 de diciembre de 2024, y en términos similares, en
la impugnación tramitada contra la sentencia de tutela, insistió en los mismos
argumentos. Así las cosas, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa
requerida para precisar de qué manera la providencia judicial cuestionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia, tutela judicial efectiva y el principio de progresividad, por el contrario, se limitó a
reproducir los reproches respecto al supuesto trato discriminatorio del cual fue objeto y
a la afectación que sufrió por la diferencia porcentual desigual en el aumento salarial de
los escalafones 2BE y 2AE decretada para el año 2009.
47. La Sala advierte que la discusión planteada por la accionante está orientada a
obtener un resultado distinto al alcanzado en el proceso ordinario, sin exponer
argumentos que evidencien la afectación a sus derechos fundamentales de tal manera
que justifiquen la intervención del juez de tutela.
48. Si bien la accionante alegó la configuración de los defectos sustantivo y fáctico para
superar los requisitos específicos de procedibilidad, su pretensión principal es que, a
través del mecanismo constitucional, se disponga el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales que ya fueron objeto de análisis ante el juez natural. Dicha
discusión es incompatible con el carácter excepcional y residual de la demanda de
tutela, ya que no está dispuesta a demostrar la configuración de un yerro judicial que
incida en el desarrollo efectivo de las garantías iusfundamentales de la parte accionante,
sino que busca retomar una discusión patrimonial que ya fue debidamente resuelta.
49. Por lo expuesto, la Sala comparte que la demanda de tutela presentada carece de
relevancia constitucional, pues no cumplió con la argumentación requerida ni acreditó
la existencia de los supuestos que estructuran los defectos invocados, razón por la cual
se evidenció que la solicitud de amparo se presentó con el fin de exponer las diferencias
argumentativas respecto a la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del
Quindío, sin advertir la violación de los derechos fundamentales de la accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 9 de diciembre
de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante la
cual se declaró la improcedencia de la demanda de tutela.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la presente acción judicial
formulada por el Ministerio de Educación Nacional.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07052-01
Accionante: Laura Milena Huertas
Se confirma la improcedencia de la demanda
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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