Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07187-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07187-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07187-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 19 de febrero de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07187-00
Demandante: Luz Elena Ortegón Uribe
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que confirmó
la decisión de primera instancia de negar las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuyo objetivo era obtener el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales presuntamente derivadas de un incremento salarial en el escalafón
docente.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Luz Elena Ortegón
Uribe contra el Tribunal Administrativo de Quindío.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 13 de noviembre de 2025, Luz Elena Ortegón Uribe, a través de
apoderada, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Quindío, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela
judicial efectiva, así como al principio de favorabilidad, con ocasión de la
Sentencia de 29 de mayo de 2025, proferida por la entidad judicial
accionada, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 63001-33-33-003-2024-00201-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la sentencia
proferida el día 29 de mayo de 2025, en el expediente radicado bajo número
63001-33-33-003-2024-00201-01, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD de la) señora LUZ
ELENA OTREGON URIBE, por considerar que las razones de la decisión no se
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07187-00
Demandante: Luz Elena Ortegón Uribe
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo
aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la
norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la
situación particular de la docente LUZ ELENA ORTEGON URIBE a la luz de los
argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente
probados en el debate jurídico.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
extraen los siguientes:
4. 1) Luz Elena Ortegón Uribe ostenta la calidad de docente oficial
perteneciente a la categoría 2A del escalafón docente vigente, reglado por
el Decreto 1278 de 2002.
5. 2) El Gobierno Nacional dispuso, mediante el Decreto 1027 de 2011,
incrementos salariales diferentes para cada escalafón, de manera que, al
grado 3AM se le aplicó un incremento del 11,3%, mientras que al grado 2A
se le aplicó un incremento del 5,7%.
6. 3) El 9 de febrero de 2024, el accionante presentó reclamación
administrativa ante el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de
Educación de Armenia, en la cual solicitó el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales y prestacionales derivadas del incremento desigual
que se hizo de los salarios. Dichas reclamaciones fueron negadas mediante
los Oficios 2024-ER-0078760 de 8 de marzo de 2024 y ARM2024EE004672 de
15 de marzo de 2024, expedidos por la Oficina Asesora de Planeación y
Finanzas del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación
de Armenia, respectivamente.
7. 4) El 9 de agosto de 2024, la señora Ortegón Uribe presentó demanda
contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el municipio de
Armenia, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, orientada a obtener la nulidad de los Oficios 2024-ER-0078760 de 8
de marzo de 2024 y ARM2024EE004672 de 15 de marzo de 2024 y, a título de
restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales, de cara al porcentaje en que se aumentó el escalafón 3AM para
el año 2011, que se causaron en los 3 años anteriores a la reclamación
administrativa prestada, así como la reliquidación de la primas de navidad,
servicios, vacaciones, bonificación pedagógica, horas extras y demás
emolumentos percibidos.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
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8. 5) Mediante Sentencia de 4 de diciembre de 2024, el Juzgado 3
Administrativo de Armenia negó las pretensiones de la demanda2. Indicó
que en el test de igualdad no se podía equiparar un nivel salarial con otro,
sino que era posible dar un trato diferenciado con miras a estimular la
profesionalización y excelencia de los docentes oficiales. En el mismo
sentido, expresó que las variables salariales en los grados de escalafón (A-B-
C-D) se encuentran justificadas por el legislador y el Gobierno Nacional, en
tanto tienen que ver con la formación, el mérito y la experiencia, por lo que
no resultaban injustificadas ni caprichosas.
9. 6) La anterior decisión fue apelada por la demandante. Argumentó
que en aquella se realizó un análisis fragmentado de la vulneración del
derecho a la igualdad y no se abordó el reproche de ausencia de
fundamentación para el trato diferenciado en los incrementos porcentuales
a la base salarial de los años 2008, 2009 y 2011, pues no se indagó sobre las
razones objetivas de hecho y de derecho para la aplicación de los
incrementos salariales, razones por las cuales los actos administrativos
demandados debían anularse por la causal de nulidad de falsa motivación.
10. 7) El Tribunal Administrativo de Quindío, a través de la Sentencia de 29
de mayo de 2025, confirmó la decisión de primera instancia3. Indicó que en
la sentencia de primera instancia se efectuó un análisis completo e integral
respecto de la justificación de la administración en cabeza del Ministerio de
Educación Nacional para la fijación de los incrementos salariales de los
docentes del escalafón 2A para el 2011 – efectuado mediante el Decreto
1027 de 2011-, el cual fue inferir al reconocido a los del escalafón 3AM.
11. Sobre el test de igualdad, citó la Sentencia de 17 de julio de 2020, rad.
2013-01320-01 (4988-15) de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, para señalar que no podía equipararse un nivel salarial
con otro, debido a que un docente ubicado en determinado grado de
escalafón tiene unas condiciones de formación y experiencia distintas a las
de un docente que se encuentre situado en otra. De manera que a la parte
actora al encontrarse en el grado 2A no le es dable pretender los mismos
beneficios salariales.
12. En ese orden, agregó que no había razón frente a la incongruencia
atribuida a la sentencia apelada por no haberse abordado las razones de
hecho y derecho para el trato diferenciado, ni en lo relacionado con la
inexistencia de fundamento técnico para disponer incrementos salariales
desiguales porque para que opere el principio “a trabajo igual, salario igual”
se requiere de igualdad de condiciones, las cuales en el caso en concreto
2 “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de las demandas propuestas por: 63001-3333-003-2024-00201-00 Luz Elena
Ortegón Uribe, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.”
3 “PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de diciembre del 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Armenia, por las razones expuestas en la parte motiva.”
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eran disímiles entre unos y otros por las calidades que se exigen para
acceder a cada uno de estos niveles.
13. Como fundamento de la vulneración, el accionante indicó que la
entidad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo.
14. Advirtió que la autoridad judicial accionada realizó una interpretación
irrazonable y arbitraria del alcance del artículo 13 de la Constitución Política,
y de los artículos 3, 4 y 6 de la Ley 4 de 1992 y, 46 y 49 el Decreto Ley 1278 de
2002, toda vez que avaló un trato salarial desigual derivado del incremento
porcentual aplicado en el año 2011, mediante el Decreto 1027 de 2011,
entre los grados 2A y 3AM, correspondiente al 5.7 y 11.3, respectivamente.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados4
15. El Tribunal Administrativo de Quindío5, luego de hacer un recuento de
los fundamentos fácticos de la acción de tutela, afirmó que no se
acreditaron los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. Sumado a ello, manifestó que el asunto era
eminentemente legal y de contenido económico, debido a que lo
perseguido por la parte actora es que se reconozcan unas diferencias
salariales y prestaciones a partir del equiparar las condiciones de dos grados
de escalafón docente diferentes (2A respecto del 3AM). En concordancia
con lo anterior, adujo que no se probó la presunta vulneración y que los
reproches esgrimidos no se fundan en causa distinta a la negativa de las
pretensiones, pese a que el trato desigual se acompasaba con los
lineamientos legales.
16. Explicó que no hubo defecto sustantivo ni defecto fáctico, ya que la
decisión cuestionada ratificó la evaluación llevada a cabo por el a quo en
torno a las regulaciones de escalafón docente contenidas en los Decretos
2277 de 1979 y Decreto 1278 de 2002, así como las sentencias C-078 de 15
de febrero de 2012 de la Corte Constitucional y la proferida el 17 de julio de
2020 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y
valoró las pruebas aportadas, con miras a reiterar que era sable realizar
distinciones entre sujetos y situaciones que incurrían en criterios de
diferenciación. Finalmente, sobre el reparo de que no obraban estudios
técnicos i otros medios de convicción que dieran cuenta de la existencia de
motivos objetivos y válidos para ordenar los incrementos desiguales carecía
de asidero, en tanto ese argumento no fue presentado en la demanda. En
todo caso, la Ley 4 de 1992 no contempló tal obligación.
4 Mediante Auto de 20 de noviembre de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la solicitud de amparo, (2)
tener como accionado al Tribunal Administrativo de Quindío y, (3) vincular a la Nación - Ministerio de Educación
Nacional, al municipio de Armenia y al Juzgado 3 Administrativo de Armenia, como terceros con interés en el
asunto.
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Índice 10 del aplicativo SAMAI.
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17. Por lo anterior solicitó declarar la improcedencia de la acción y/o
negar el amparo solicitado.
18. El Ministerio de Educación Nacional6, luego de exponer los
antecedentes del caso, puso de presente que carecía de legitimación
pasiva en la causa, por no haber sido la autoridad que profirió la sentencia
objeto de cuestionamiento, ni haber desplegado acción u omisión alguna
que derivara en la configuración de una vía de hecho judicial. Además,
destacó que la solicitud de amparo carecía de relevancia constitucional,
toda vez que el debate presentado por la parte actora era de naturaleza
estrictamente económica e involucraba intereses privados.
19. Aunado a lo anterior, indicó que no se logró demostrar que (se
trascribe) “las vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales
invocadas comprometan gravemente la existencia o supervivencia del
accionante, ni el acceso a la administración de justicia”. Agregó que,
tampoco fue posible acreditar la existencia de una vulneración en contra
de los derechos fundamentales invocados, con ocasión de la inequidad de
los porcentajes de aumento en el escalafón 3AM para el año 2011 respecto
del escalafón 2A.
20. El Juzgado 3 Administrativo de Armenia7, adjuntó el expediente y
enlace de acceso al proceso ordinario y, adicionalmente, evidenció que no
se configuro ningún defecto (sustantivo, fáctico o procedimental) en la
decisión enjuiciada, sino que el caso relevaba una simple inconformidad de
la demandante con el criterio judicial adoptado por el juez natural. En esa
medida, resaltó que la tutela no podía ser utilizada para cuestionar las
decisiones judiciales con las que no se estuviera de acuerdo, pues ello la
desnaturalizaría y la convertiría en una tercera instancia judicial. En
consecuencia, solicitó que se declarara su improcedencia.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación 2.2 Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Solicitud de desvinculación
21. En relación con la solicitud de desvinculación del Ministerio de
Educación Nacional, la Sala la negará porque su vinculación se hizo en
calidad de tercero interesado en el proceso y la eventual decisión de
amparo de los derechos fundamentales que reclama la parte actora podría
6 Índices 11 y 12 del aplicativo SAMAI.
7 Índices 14 y 16 del aplicativos SAMAI.
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Decisión: Declara improcedencia
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llegar a tener incidencia en el proceso ordinario en el que fungió como
demandado.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
22. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, tras
evidenciar que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.
23. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional8.
24. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental9.
25. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202310,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
26. Bajo este entendido, la Sala considera que la parte actora no
desplegó, en el escrito de tutela, la carga argumentativa suficiente para
explicar por qué esta controversia tiene una marcada trascendencia
constitucional que amerite la intervención del juez de tutela, y pretendió
revivir un debate propio del juez natural sobre una situación definida y
consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se estudiaran
nuevamente aspectos como el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales derivadas del incremento desigual que se hizo de
los salarios respecto de los escalafones 3AM y 2A.
8 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
9 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
10 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
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27. Aunado a lo anterior, pese a que la parte demandante hizo referencia
a que sí existía una vulneración de sus garantías constitucionales, lo cierto es
que los argumentos planteados no resultaron suficientes para que el juez
constitucional realizara algún tipo de pronunciamiento de fondo en la
presente controversia.
28. La Sala evidenció que reiteró los mismos argumentos que expuso en el
proceso ordinario, concretamente, en la demanda11 y el recurso de
apelación12, esto es, el reconocimiento y pago de las diferencias salariales,
de cara al porcentaje en que se aumentó el escalafón 3AM para el año
2011. En esa medida, se advierte que la parte buscó que, a través de la
acción de tutela, se estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir,
utilizarla como una instancia adicional. Debe precisarse que tales
11 índice 1 del aplicativo SAMAI en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 20001-33-33-002-2024-
00176-01 (se trascribe): “(…)SEGUNDO: Para el año 2008 fueron creados mejoramientos salariales para los docentes
con especialización ubicados en el escalafón 2, es decir al encontrarse dentro de la realidad laboral y el aumento
de profesionales especializándose el Gobierno tuvo la necesidad de crear nuevos escalafones en la tabla salarial
docente pero el incremento salarial aplicado para el año 2011, fue errado y estos porcentajes que fueron
desiguales en contravía de lo estipulado en los artículos 13 y 53 de la Constitución y de los artículos 3, 4 y 6 de la
Ley 4ª. de 1992 y de los artículos 46 y 49 del propio Decreto Ley 1278 de 2002, se determinaron incrementos salariales
de manera indiscriminada como docente oficial perteneciente a la 2A del escalafón del año 2011 (incremento
solo del 5.7%), con relación con el incremento salarial diferenciado que fue determinado para la categoría 3AM
(incremento del 11.3%), por medio del Decreto Nacional 1027 de 2011.
(…)
En este orden de ideas, es claro que el actuar de las entidades a quienes se les solicita la cancelación de las
diferencias salariales y prestacionales, son inconstitucionales e ilegales, además en contravía de la jurisprudencia
que ha regulado lo relacionado con la igualdad de los incrementos salariales entre iguales, siendo vulneradas por
las entidades públicas que han intervenido en la intervención de los actos administrativos que negaron el
reconocimiento, pues por tratarse de un derecho que se genera de tracto sucesivo, es lamentable que durante
tanto tiempo, se hubiesen prescrito unas diferencias salariales a reclamar pero es justo que se nivele el salario con
los incrementos salariales que debieron ser iguales.”
12 índice 26 del aplicativo SAMAI en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 20001-33-33-002-
2024-00176-01 (se trascribe): “En este sentido, el A quo no abordó el reproche central planteado en la demanda,
consistente en la ausencia de fundamentación para el trato diferenciado en los incrementos porcentuales a la
base salarial aplicados a ciertos años, sin que se adoptara medida similar para otros, omitiendo así indagar sobre
las razones de hecho y de derecho, así como el fundamento técnico que tuvo en cuenta la Administración para
aplicar incrementos salariales desiguales para determinadas anualidades. De esta manera, la primera instancia
no cumplió con el deber de verificar, a efectos de resolver los cargos de nulidad planteados en el concepto de
violación, si tal disparidad obedeció a una situación irregular e injustificada o, si por el contrario, derivó de una
causa objetiva y legítima como lo argumentó el Ministerio de Educación Nacional, y en uno u otro escenario,
identificar los elementos de juicio debidamente aportados al interior del proceso que permitieran inclinarse por
alguna posición.
(…)
Es relevante señalar que la defensa por parte de las entidades demandadas se ha limitado a argumentar que las
remuneraciones están basadas en la formación, experiencia y desempeño de los docentes según su escalafón, lo
cual no está en disputa. Lo que verdaderamente se controvierte es la inequidad en los incrementos porcentuales
aplicados en los años 2008, 2009 y 2011, incrementos que han dejado una huella en la estructura salarial actual,
perpetuando una desigualdad contraria a los derechos laborales y constitucionales de los docentes oficiales.
(…)
En este sentido, es evidente que, en este caso y en virtud del principio de favorabilidad, deben aplicarse los
incrementos salariales anuales de manera uniforme a todos los docentes. No es aceptable que algunos docentes
reciban incrementos porcentuales mayores que otros, ya que esto vulnera claramente el principio constitucional
de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política. Tal actuación por parte del Ministerio de
Educación Nacional y de la Entidad Territorial Demandada constituye una transgresión a este principio
fundamental.
(…)
Es por esta razón que dentro de las pretensiones incoadas en el líbelo de la demanda se solicitó inaplicar por ilegal
el Decreto Nacional 284 de 2024, normatividad vigente que fija la remuneración de los servidores públicos
docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, pues se
encuentra afectado por una irregularidad en las anualidades de 2008, 2009 y 2011, pues esa base salarial
efectuada con incrementos porcentuales desiguales, ha sido arrastrada año a año, pues era la base para calcular
el salario del año subsiguiente y así sucesivamente hasta la actualidad. En conclusión, es claro que los actos
administrativos demandados desconocieron los principios constitucionales y legales establecidos, generando que
en la actualidad los docentes estén percibiendo un salario inferior al que realmente deberían estar percibiendo.”.
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argumentos fueron abordados y resueltos por el Tribunal Administrativo de
Quindío, en los siguientes términos (se trascribe):
“Ciertamente se constata que contrario a los sostenido por la apelante, en la
sentencia de primera instancia se efectuó un análisis completo e integral sobre
la afirmada vulneración del derecho a la igualdad, en cuanto a la justificación
de la administración en cabeza del Ministerio de Educación Nacional para la
fijación de los incrementos salariales de los docentes del escalafón 2A para el
año 2011 -efectuado mediante Decreto Nacional nro. 1027 de 2011-, el cual fue
inferior a aquel reconocido a los docentes del escalafón 3AM, a quienes les fue
aumentado su salario en un 11.3%.
Lo afirmado encuentra sustento en que, en la sentencia apelada, luego de un
análisis amplio del régimen especial del escalafón docente regulado en la
Decreto 2277 de 1979 y el Estatuto de Profesionalización Docente que desarrolló
esa materia en el Decreto 1278 de 2002, aplicable a partir del 19 de julio de ese
año, y la sentencia C-078 del 15 de febrero 2012 de la Corte constitucional, en
la que se analizó la inconstitucionalidad propuesta mediante demanda del
numeral 2 del artículo 36 del Decreto Ley 1278 de 2002, “Por el cual se expide el
Estatuto de profesionalización Docente, concluyó que, los criterios apropiables
a cada grupo hacen admisible la diferenciación salarial, de conformidad con
el Decreto 624 del 2008, que corresponde al que primero se pretende inaplicar.
(…)
Sobre el test de igualdad, citó la sentencia del 17 de julio de 2020, radicación
2013-01320- 01 (4988-15) de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de
Estado y argumentó que no puede equipararse un nivel salarial con otro,
pudiendo darse un trato diferenciado, con base en los criterios previstos en la
misma normatividad tendiente a estimular la profesionalización y excelencia de
quienes hacen parte del magisterio (…).
Se precisa que este Tribunal comparte las consideraciones de la sentencia de
instancia para concluir la inexistencia de vulneración del derecho a la igualdad,
en tanto la Corte Constitucional ha expresado que el examen de validez
constitucional de un trato diferenciado entre dos sujetos o situaciones (tertium
comparationis) consiste en determinar si el criterio de diferenciación utilizado
observó el principio de igualdad (artículo 13 C.P), por ende, “Esta concepción
supone que el establecimiento de algunos tratos diversos es posible. El análisis
constitucional de la situación desigual reprochada exige la identificación de los
siguientes presupuestos: i) los términos de comparación, es decir, las personas,
elementos, hechos o situaciones que efectivamente son comparables; y, ii)
respecto a los cuales se establece un trato desigual”.
Así entonces, es claro que, como se sostuvo en el fallo recurrido, la situación
reprochada como desigual, no cumple las primeras exigencias de
comparación, si se verifica que, se identifica un trato disímil, pero a sujetos
distintos y en condiciones diferentes, así sean ambos docentes profesionales,
son servidores a los que se les exige distinta cualificación, evaluación y
experiencia, lo que, desde ya, supone la validez de la existencia de tratos
diversos a diferentes sujetos22. Además, la demandante pretende equiparar el
grado A con el grado AM profesional docente, sin tener en cuenta que uno y
otro reciben una remuneración de asiento o de base al momento de la
reglamentación distinta; el educador profesional que apenas ingresa al
escalafón docente grado A tenía una remuneración visiblemente menor al de
mayor trayectoria y que ha venido ascendiendo en los niveles salariales, razón
por la cual, no son dos situaciones comparables de uno y otro servidor.”
29. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07187-00
Demandante: Luz Elena Ortegón Uribe
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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el cual puso de presente las razones por las cuales consideró que debía
confirmar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
30. Así las cosas, se aclara que las diferencias interpretativas que existieren
entre la parte demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por
sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión, vía
acción de tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el
asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
contra providencia judicial, pues en este contexto, este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional13.
31. Aunado a lo expuesto, la Sala también debe destacar que el asunto
objeto de la acción de tutela tiene un carácter legal pues, de un lado, el
demandante puso de presente su inconformidad con la interpretación
realizada por la autoridad judicial, respecto de las disposiciones legales en
que se sustentó la decisión, específicamente la Ley 4 de 1992 y el Decreto
Ley 1278 de 2002, para efectos de determinar si se debía reconocer y pagar
las diferencias salariales, de cara al porcentaje en que se aumentó el
escalafón 3AM para el año 2011, respecto del aumento para el escalafón
2A. En esa medida, la Sala logra evidencia que, lo anterior fue traído a
colación por la parte actora con el fin de que se adoptara una apreciación
normativa más ajustada a sus intereses.
2.3. Conclusión
32. Para la Sala, existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, se abstendrá de
estudiar los demás requisitos y declarará la improcedencia de la tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida
por Luz Elena Ortegón Uribe, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
13 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07187-00
Demandante: Luz Elena Ortegón Uribe
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello14.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
14 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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