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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08198-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
21 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08198-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la presente acción judicial formulada por el Ministerio de Educación Nacional. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-08198-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-0315-000-2025-08198-00
Accionante: Martha Eufemia Navarro García
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por la señora
Martha Eufemia Navarro García, contra la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cesar.

SÍNTESIS1

La accionante cuestiona la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Se
declara la improcedencia de la demanda por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, toda vez que la discusión que propone la accionante corresponde a un
asunto meramente económico.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 19 de diciembre de 2025, la señora Martha Eufemia Navarro García, mediante
apoderada, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva, los cuales, a su juicio, fueron
vulnerados por la sentencia proferida el 10 de julio de 2025, por el Tribunal
Administrativo del Cesar, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado núm. 20001-33-33-001-2024-00210-00/01, mediante la cual
se confirmó la decisión de primera instancia, proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Valledupar, que negó las pretensiones de la demanda.

2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la sentencia proferida
el día 10 DE JULIO 2025, en el expediente radicado bajo número
20001333300120240021001, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA

1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Improcedencia / Falta de relevancia
constitucional / Escalafón docente

Radicado: 11001-0315-000-2025-08198-00
Accionante: Martha Eufemia Navarro García
Se declara la improcedencia de la demanda

JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) MARTHA
EUFEMIA NAVARRO GARCIA, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al
caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente
MARTHA EUFEMIA NAVARRO GARCIA a la luz de los argumentos planteados en la
demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.

B. Hechos

3. La señora Martha Eufemia, docente de carrera ubicada en el grado 2 nivel salarial B,
presentó reclamación administrativa ante la Secretaría de Educación del departamento
del Cesar solicitando el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas
de los incrementos decretados para los años 2008 y 2009 por el Gobierno Nacional, la
cual fue negada mediante el oficio núm. CES2024ER007281-CES2024EE003667 del
26 de febrero de 2024.

4.A su vez presentó solicitud ante el Ministerio de Educación Nacional, la cual fue
negada mediante el oficio núm. 2024-EE-2-066680 del 1° de marzo de 2024.

5. Ante la negativa, la señora Martha Eufemia presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando la nulidad de los actos
administrativos mencionados, la inaplicación del Decreto 284 de 2024 y, a título de
restablecimiento, el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas
durante los últimos dos años anteriores a la presentación de la reclamación
administrativa. Lo anterior, debido a que argumentó que los docentes ubicados en
categorías inferiores en el escalafón docente, como la “2A", recibieron un incremento
salarial mayor a su categoría 2B.

6. Mediante sentencia del 10 de marzo de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de
Valledupar negó las pretensiones de la demanda, tras concluir que no hubo ninguna
discriminación salarial, pues la diferenciación salarial y prestacional que alega la
demandante obedeció a parámetros objetivos, razonables y discernibles que justificaron
tal incremento.

7. La demandante presentó recurso de apelación contra la decisión de primera instancia
y alegó, entre otros, que los actos administrativos demandados desconocieron los
principios constitucionales y legales. Sostuvo que los incrementos salariales afectaron
la base para la liquidación de los salarios en los años siguientes, generando un efecto
adverso que se mantiene hasta la actualidad.

8.El 10 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia y
confirmó la providencia judicial de primera instancia, por cuanto indicó:

En el caso concreto se evidencia que, la parte demandante se encuentra ubicada en el
escalafón 2B sin especialización y se encuentra inconforme con el aumento del salario del
grado 2A sin especialización respecto al suyo, es decir, con un grupo que, si bien comparte
el mismo grado, no comparte el mismo nivel salarial, pues uno se encuentra en el A y otro en

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Accionante: Martha Eufemia Navarro García
Se declara la improcedencia de la demanda

el B. Al respecto ha de indicarse que, si bien es cierto que en los años 2008 y 2009 el
incremento de quienes se encuentran en el escalafón 2B fue inferior a los miembros del
escalafón 2A, estos corresponden a niveles salariales diferentes y no podría predicarse de
ellos la igualdad, en tanto no son comparables, por lo que resulta infundado el cargo
formulado. (…)

De manera conclusiva, la diferencia porcentual en el aumento de la asignación salarial para
los dos grupos de docentes es ajustada a derecho, pues contrario a lo afirmado por el
apelante el Gobierno Nacional no está obligado a incrementar en un porcentaje igual el valor
año tras año, por el contrario, cuenta con amplia potestad de configuración normativa para
fijar la escala salarial en tanto se ajuste a lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992, como lo hizo en
el caso de estudio.

C. Fundamentos de la vulneración

9. La accionante alegó que la sentencia del 10 de julio de 2025 incurrió en los defectos
fáctico y sustantivo.

10. Sobre el defecto sustantivo indicó que hubo un trato discriminatorio contrario a los
principios de mérito y equidad que orientan la carrera y remuneración de los docentes.
Señaló que los actos administrativos demandados eran ilegales debido a que los
escalafones 2B, 2C y 2D, que requieren mayor preparación y requisitos que la categoría
2A, recibieron un aumento porcentual menor.

11. Alegó que los Decretos núm. 624, 714 y 1407 del 2008 y los Decretos núm. 702 y
1238 del 2009, mediante los cuales se fijaron los salarios para todos los docentes que
se rigen bajo el Estatuto de Profesionalización Docente, esto es, el Decreto Ley 1272
de 2002, fueron expedidos de manera irregular, por cuanto se afectó la base salarial.
Así, para los años 2005, 2006 y 2007 hubo incrementos salariales de manera igualitaria
y en los años 2008 y 2009 se transgredieron los principios de igualdad, progresividad y
trabajo digno, los cuales retomaron su aplicación en el año 2010 y hasta el 2024, no
obstante, se causó una diferencia en la base salarial que afectó sucesivamente en los
siguientes años.

12. La accionante manifestó que la providencia cuestionada no logró articular las
particularidades del caso concreto, debido a que el Tribunal indicó que los incrementos
salariales obedecieron a la formación académica especializada, la experiencia
adquirida, las responsabilidades asumidas, entre otros, sin embargo, no fue claro en
justificar la razón por la cual, a pesar de que la accionante se encontraba en un
escalafón superior, se reconoció un aumento inferior en comparación con los docentes
ubicados en niveles más bajos.

13. Argumentó que el análisis jurídico que realizó el Tribunal va en contravía del literal j
del artículo 2 de la Ley 4° de 1992, mediante el cual se fijan las escalas salariales de los
empleados públicos y dispone que a partir de esa disposición el legislador buscó
proteger la correspondencia entre la remuneración y las exigencias propias del cargo,
además de desconocer la Ley 1278 de 2002 que refuerza dicha normatividad al
establecer un sistema de méritos orientado a incentivar la profesionalización de los
docentes. Razón por la cual si el Tribunal hubiera realizado una interpretación
sistemática e integral de la norma referenciada no se hubiera desconocido la

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Accionante: Martha Eufemia Navarro García
Se declara la improcedencia de la demanda

correspondencia entre la formación académica, la experiencia y demás méritos y el
incremento salarial en el marco del escalafón docente.

14. Señaló que se vulneraron los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, por cuanto
se desconoció el mandato que exige una remuneración proporcional a la calidad y
cantidad de trabajo. Además, indicó que se desconoció la sentencia T-369 de 2016, en
particular:

“Respecto a los criterios válidos que pueden justificar una diferenciación salarial, la
jurisprudencia constitucional ha permitido, entre otros, los siguientes: (i) criterios objetivos
de evaluación y desempeño; (ii) diferencias de la estructura institucional de las
dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima facie
análogos; y (iii) distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se
generan diferentes escalas salariales, que responden a cualificaciones igualmente
disímiles para acceder a dichos empleos”. [Negrillas del texto citado]

15. Argumentó que a pesar de estar en el escalafón 2B, que su situación se enmarque
en el presupuesto reconocido por la jurisprudencia constitucional y que se demostró que
los incrementos fueron superiores para los docentes ubicados en el nivel 2A, el Tribunal
no proporcionó una justificación clara y coherente que permitiera concluir que la
diferencia en los incrementos fue legal y ajustada al marco normativo. Aclaro que lo que
se reprocha es que la potestad que tiene el Gobierno Nacional no puede desplegarse
de manera caprichosa o arbitraria, sino que, tal como lo precisó la jurisprudencia debe
sustentarse en criterios proporcionales, objetivos y racionales.

16. En relación con el defecto fáctico, indicó que el Tribunal realizó una indebida
valoración probatoria respecto el debate jurídico presentado, toda vez que los
demandados no demostraron de ninguna manera que el incremento salarial otorgado a
los docentes ubicados en el escalafón 2A obedeciera a razones objetivas que estuvieran
debidamente sustentadas, pues no otorgaron justificación coherente, causando
incertidumbre sobre la legitimidad de la decisión administrativa que avaló el incremento
del salario.

17. Señaló que, al omitir el deber de motivar el trato diferencial otorgado a los docentes,
se desconoció el marco normativo aplicable, en especial, la Ley 1278 de 2002, los
principios que rigen el régimen salarial de los empleados públicos y el artículo 13 de la
Constitución, desnaturalizando los fines del servicio educativo.

18. Alegó que el Tribunal confirmó la decisión de primera instancia con el fundamento
de que obedeció a una corrección de una brecha salarial, sin embargo, ese argumento
no fue acreditado ni respaldado por lo decretos que ordenaron los incrementos
salariales, objeto de discusión. Razón por la cual carecen completamente de respaldo
probatorio y la decisión del ad quo fue adoptada a partir de meras conjeturas.

19. Además, resaltó un caso con presupuestos fácticos similares en el cual el Juzgado
23 Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 25 de marzo de 20252, accedió a
las pretensiones de la demanda, al concluir que hubo un trato inequitativo derivado del
aumento salarial entre los niveles 2A y 2B, toda vez que se desconoció el principio de

2
Juzgado Veintitrés Administrativo de Medellin. Sentencia del 25 de marzo de 2025. Proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Rad núm. 05001-33-33-023-2024-00171-00.

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Se declara la improcedencia de la demanda

“a trabajo igual, salario igual”.

D. Trámite procesal

20. Mediante auto del 14 de enero de 20263, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Cesar, y en calidad de terceros con
interés, al Juzgado 1° Administrativo de Valledupar, a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y al departamento del Cesar, para que rindieran un informe sobre
los hechos objeto de la demanda de tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

21. El 19 de enero de 20264, el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar allegó el
enlace del expediente digital del proceso de nulidad y establecimiento del derecho núm.
20001-33-33-001-2024-0021-00 y precisó que los fundamentos de hecho y derecho que
conllevaron al Juzgado a negar las pretensiones de la demanda, se encuentran
expuestos en la providencia judicial del 10 de marzo de 2025. Asimismo, hizo la
salvedad de que el Juzgado no es autor del daño que alega la accionante en la acción
de tutela.

22. El Ministerio de Educación Nacional allegó memorial5 y señaló, entre otros aspectos
jurisprudenciales respecto la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, que la inconformidad de la accionante en relación con la decisión que negó
sus pretensiones no puede ser el fundamento para que la jurisdicción constitucional
actúe en reemplazo del juez natural de la causa. En ese sentido, la sentencia
cuestionada no puede ser excluida del ordenamiento jurídico, ya que dicha decisión
desconocería la independencia, autonomía judicial, presunción de acierto y legalidad de
la cual gozan los operadores judiciales.

23. En virtud de lo expuesto solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
constitucional y se desvinculara a la entidad por falta de legitimación en la causa por
pasiva.

24. El Tribunal Administrativo del Cesar6 remitió el expediente digital del proceso núm.
20001333300120240021001 y manifestó que acoge y reitera los argumentos expuestos
en la sentencia del 10 de julio de 2025, al igual que los criterios establecidos por el juez
constitucional en el presente trámite. Además, señaló que de los once despachos
administrativos del circuito de Valledupar y los seis que se encuentran en el Tribunal
Administrativo, se ha mantenido una línea jurisprudencial uniforme respecto los
procesos relacionados con el incremento salarial del escalafón docente, razón por la
cual se desestiman las pretensiones de las demandas presentadas, de acuerdo con el
marco constitucional y legal vigente.

25. El departamento del Cesar fue debidamente notificado7, sin embargo, guardó
silencio.

3
Índice 5 del expediente digital disponible en Samai.
4
Índice 11 del expediente digital disponible en Samai.
5
Índice 12 del expediente digital disponible en Samai.
6
Índice 15 del expediente digital disponible en Samai.
7
Índice 8 del expediente digital disponible en Samai.

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Accionante: Martha Eufemia Navarro García
Se declara la improcedencia de la demanda

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

26. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la señora Martha Eufemia
Navarro García contra el Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Cuestión previa

27. La Sala negará la solicitud de desvinculación de la presente acción judicial formulada
por el Ministerio de Educación Nacional, toda vez que dicha autoridad fue vinculada en
calidad de tercero con interés, por cuanto fue sujeto procesal y estuvo incorporada al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de la presente demanda de
tutela.

H. Providencia objeto de análisis

28. La accionante cuestionó la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar. La Sala analizará dicha providencia por ser la que dio por
terminado el debate en el marco del proceso ordinario.

I. Sentido de la decisión

29. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, por cuanto la parte accionante presenta una
discusión que gira en torno a aspectos netamente económicos.

J. El requisito de relevancia constitucional

30. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.8 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada9, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional
sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial”.

31. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.

8
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger
y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.10

32. En la sentencia SU-215 de 202211, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;

(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;

(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y

(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales.

33. Para la Corte Constitucional12, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

34. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico

10
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio
Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional”13.

K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

35. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

36. En el asunto sub iudice, la accionante cuestiona la sentencia del 10 de julio de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, considera que
incurrió en los defectos sustantivo y fáctico. A continuación, la Sala describirá las
características y elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el
objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.

37. Respecto del defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica
una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es,
u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica.

38. El defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del material
probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se configura
cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”14. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto se manifiesta en dos dimensiones.

39. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias15. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción
o, habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.

40. Por otro lado, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y
manifiesto en la apreciación del hecho o de la prueba16. Bajo ese esquema, el defecto
se produce en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas
que por disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una
valoración abiertamente defectuosa de los medios de convicción.17

L. El caso concreto

41. La Sala observa que la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto los argumentos presentados por la accionante, más allá de
pretender un amparo a los derechos fundamentales invocados, están orientados a
obtener el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los

13
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
14 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU-074 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU-424 de 2021. M.P Gloria Stella Ortiz Delgado.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P Cristina Pardo Schlesinger.

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incrementos decretados para los años 2008 y 2009. En ese sentido, la acción de tutela
busca reabrir el debate que ya fue resuelto en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho para obtener una decisión distinta a la adoptada por el juez
natural de la causa.

42. Si bien la accionante explicó exhaustivamente los defectos fáctico y sustantivo en
los que consideró incurrió la sentencia proferida por parte del Tribunal Administrativo del
Cesar, dichos argumentos se limitaron a manifestar su inconformidad frente al hecho de
que los docentes ubicados en el escalafón 2A recibieron un incremento salarial superior
al reconocido a quienes se encontraban en el escalafón 2B, en el cual se encontraba la
señora Navarro García. En efecto, señaló en el escrito de tutela:

la sentencia proferida en el marco de la controversia laboral incurrió en defecto
sustantivo, al haberse adoptado con desconocimiento de la normativa aplicable al
régimen salarial del personal docente, y, de manera concomitante, adolece de defecto
fáctico, dado que se omitió la adecuada valoración de las pruebas allegadas al proceso
que evidenciaban la existencia de incrementos salariales desproporcionados, en tanto
se otorgaron mayores aumentos a servidores ubicados en escalafones inferiores (como
la categoría 2A) respecto de aquellos que ostentaban un nivel superior (como el grupo
2B al cual pertenecía mi prohijada), sin que mediara justificación normativa, técnica o
probatoria que respaldara dicha alteración del principio de igualdad retributiva.

43. No obstante, el debate respecto las diferencias salariales entre los escalafones
docentes ya fue resuelto en la sentencia del 10 de julio de 2025, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Cesar concluyó, entre otros, que la competencia para la
regulación salarial del personal docente fue distribuida entre el Congreso y el Gobierno
Nacional, quienes se encargan de expedir la ley marco que define los objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno y quien desarrolla mediante decreto
dichos presupuestos. Razón por la cual fue expedida la Ley 4° de 199218 y el Decreto
1278 de 200219.

44. El reparo que hizo la accionante en el recurso de apelación, respecto a la afectación
que sufrió por la diferencia porcentual en el aumento salarial de los años 2008, 2009 y
2011, el cual reitera en sede de tutela, ya fue resuelto por parte de la autoridad judicial
accionada, así:

Ahora bien, la Ley 4ª de 1992 establece que corresponde al Gobierno Nacional fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos entre ellos la población
docente al servicio del Estado por remisión del artículo 46 del Decreto 1278 de 2002.
Bajo esta premisa, para fijar la remuneración de los servidores públicos docentes se
exige que el acto promulgado por el Gobierno Nacional se ajuste a los límites
establecidos por la ley marco, dentro los cuales se destaca (en lo que se refiere a la
modificación de las asignaciones salariales), que el valor debe aumentarse anualmente
con el propósito de contrarrestar el fenómeno inflacionario y la imposibilidad de
desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos, según fue

18
Congreso de Colombia. Ley 4° de 1992. “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”
19
Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 111 de la ley 715
de 2001. Decreto 1278 de junio 19 de 2002. “Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.”

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establecido por el artículo 2° y 4° de la ley marco.

Así las cosas, dista la Sala de la posición planteada por la parte demandante en la que
manifestó que el aumento en un porcentaje desigual que se realizó para los años 2008,
2009 y 2011 afectó negativamente el valor del importe en el año siguiente, pues este
valor no es modificado porcentualmente, sino que el decreto lo fija en un monto líquido
que solo debe seguir los preceptos estipulados por la ley marco.

De otro lado, la apelante manifestó que el porcentaje del aumento salarial debe hacerse
en igual proporción para los docentes sin tener en cuenta las diferencias inherentes a
los grados y niveles del escalafón docente, por tal razón, consideró que, con los
aumentos desiguales realizados en los años 2008, 2009 y 2011 se incurrió en una
práctica discriminatoria por realizar aumentos porcentualmente diferentes sin un
sustento razonable.

45. En efecto, la autoridad judicial accionada sustentó su tesis en la sentencia C-1064
de 2001 de la Corte Constitucional, en la cual se especificó la naturaleza de la figura del
aumento salarial de los servidores públicos y dispuso:

Sin embargo, dicho aumento salarial no tiene que ser idéntico para todos. La igualdad
matemática o mecánica es contraria al principio según el cual, los iguales deben ser
tratados igual y los diferentes deben ser tratados diferente. Este principio ha sido
continuamente reiterado por la Corte pues ocupa una posición medular en un Estado
Social de Derecho, en el que la igualdad no es formal, sino sustantiva o real. Siguiendo
este orden de ideas, la Corte constata que entre los servidores públicos hay diferencias
salariales de gran magnitud. Es decir, la brecha entre los servidores de bajos salarios y
los de salarios altos es extensa y además ha aumentado en la década de los años
noventa. Por lo anterior, la Corte concluye que debe hacerse un aumento para todos
estos servidores públicos, aunque éste no tiene que hacerse en el mismo porcentaje
para todos (...)

Ahora bien, aunque la Constitución contiene pocas disposiciones específicas en materia
salarial, hay una en la Carta que ofrece un criterio que permite distinguir, en materia de
aumento salarial, entre los servidores que están en las escalas salariales bajas, y los
que están ubicados en las escalas superiores. Se trata del artículo 187 de la
Constitución, que prevé expresamente que el aumento para todos los servidores no tiene
que ser idéntico, lo cual es compatible con el principio de igualdad material en un Estado
Social de Derecho.

46. Así, el Tribunal Administrativo del Cesar concluyó, respecto a la discusión
planteada, lo siguiente:

En este contexto, sería erróneo afirmar, conforme manifestó la recurrente, que el
Gobierno Nacional está imposibilitado para fijar valores en los que se aumente la
asignación salarial porcentualmente desigual entre los diferentes escalafones y niveles
salariales de los docentes, en otras palabras, que el porcentaje de aumento salarial debe
ser igual para todos los docentes cada año, lo indicado por la apelante pierde sustento,
toda vez que el Gobierno Nacional cuenta con amplia potestad de configuración
normativa para fijar los valores de incremento salarial cada año y los mismos deben
obedecer a razones de política macroeconómica y fiscal de acuerdo a lo estipulado en
el artículo 2, literal “h” de la Ley 4ª de 1992.

Así las cosas, la decisión del Gobierno Nacional de aumentar las asignaciones salariales

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de la población docente oficial de manera desigual considerando los grados y niveles
salariales para los años 2008, 2009 y 2011, se hizo acorde a lo consagrado por las
normas que rigen la materia y con base en la amplia potestad de configuración normativa
que fue otorgada por la misma Constitución Política.

En consonancia con lo anterior, respecto al cargo referente a la falta de motivación en
los actos administrativos demandados sobre la disparidad en el porcentaje de aumento
salarial a pagar, es necesario aclarar que los decretos que establecen la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional de los docentes están contenidos en un
acto administrativo de carácter general.

47. Por otro lado, en sede de apelación, y tal como lo reiteró en términos similares, la
accionante adujo que los actos administrativos demandados vulneraron el principio de
igualdad y “a trabajo igual salario igual”. Respecto de ese reparo, el Tribunal también se
pronunció y estimó:

Ahora bien, para el año 2008 fue expedido en el mes de febrero el Decreto 624, que fijó
la asignación básica mensual para los docentes del grado 2 distinguiendo solo por grado
de escalafón y nivel salarial, no obstante, por medio del Decreto 714 de marzo del mismo
año, se modificó el decreto anterior en el sentido que se fijó para los docentes del grado
2 en sus distintos niveles una asignación diferente para quienes tuviesen título de
especialización y quienes no, beneficiando a quienes tuvieran mejor nivel de formación
profesional, lo cual se encuentra conforme con los objetivos y criterios de la Ley 4ª de
1992. (...)

Al respecto ha de indicarse que, si bien es cierto que en los años 2008 y 2009 el
incremento de quienes se encuentran en el escalafón 2B fue inferior a los miembros del
escalafón 2A, estos corresponden a niveles salariales diferentes y no podría predicarse
de ellos la igualdad, en tanto no son comparables, por lo que resulta infundado el cargo
formulado. (...)

De lo anterior se desprende que no existe discriminación al aplicar incrementos salariales
desiguales, pues si bien desempeñan las mismas funciones, bajo las mismas
condiciones y con el mismo nivel de responsabilidad, la estructura del escalafón docente
clasifica por grupos a los maestros oficiales acorde con su formación académica y prevé
que estos puedan ascender en el escalafón si cumplen con los requisitos académicos y
la evaluación del periodo de prueba, desempeño o competencias según el caso,
descritos en el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002, y en el caso de estudio no se
evidencia que la parte activa haya solicitado el ascenso de escalafón.

Bajo esa óptica, no es posible evidenciar una vulneración al principio de “a trabajo igual
salario igual” bajo el entendido que conforme fue indicado en párrafos precedentes, la
población que se encuentra en el escalafón 2A y 2B no son iguales, dado que para
pertenecer a uno o al otro se necesita acreditar el cumplimiento de unos requisitos que
disten entre sí, en consecuencia, se despacharan desfavorablemente estos cargos.

De manera conclusiva, la diferencia porcentual en el aumento de la asignación salarial
para los dos grupos de docentes es ajustada a derecho, pues contrario a lo afirmado por
el apelante el Gobierno Nacional no está obligado a incrementar en un porcentaje igual
el valor año tras año, por el contrario, cuenta con amplia potestad de configuración
normativa para fijar la escala salarial en tanto se ajuste a lo dispuesto en la Ley 4ª de
1992, como lo hizo en el caso de estudio.

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48. Así, es claro que la accionante pretende a través de la vía constitucional reabrir el
debate planteado en el proceso ordinario sin satisfacer la carga requerida para superar
el requisito de relevancia constitucional. Si bien alegó los defectos en los que consideró
que incurrió el Tribunal, estos reprodujeron, en esencia, la discusión que ya había sido
resuelta a partir de los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

49. De este modo, la Sala observa que la controversia planteada por la accionante en
sede de tutela es de naturaleza eminentemente económica, y está encaminada a
obtener un resultado distinto al alcanzado en el proceso ordinario, sin exponer
argumentos que evidencien la afectación a sus garantías iusfundamentales.

50. Es claro que su pretensión principal en el presente asunto está orientada a que, por
vía constitucional, se disponga el reconocimiento y pago de las diferencias salariales
que ya fueron objeto de debate ante el juez natural. Empero, esa discusión desborda el
ámbito propio de la acción de tutela, pues no se dirige a demostrar la configuración de
un yerro judicial que incida en el goce efectivo de los derechos fundamentales de la
accionante, sino que busca reabrir una discusión patrimonial que es incompatible con el
carácter excepcional de la demanda de tutela.

51. En ese sentido, la Corporación20 ha precisado que:

De otro lado, conviene precisar que la Corte Constitucional reiteradamente ha
determinado la improcedencia de la acción de tutela para obtener un reajuste salarial o
para modificar el presupuesto general de la Nación e incluir nuevas partidas para
reajustar los salarios de los servidores públicos, en consideración a que esas
competencias han sido atribuidas a otras autoridades. Así, por ejemplo, al Gobierno
Nacional le corresponde formular anualmente el presupuesto de rentas y ley de
apropiaciones (artículo 346 C.P.) y fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos. Por su parte, al Congreso de la República le compete aprobar ese
presupuesto.

En efecto, al juez que conoce de la solicitud de amparo no le corresponde interferir, en
las decisiones generales que, por mandato de la Constitución Política, corresponden a
otras autoridades estatales. Empero, eventualmente, por vía de tutela podrían
ampararse los derechos afectados con decisiones generales y abstractas que se
materialicen en una situación particular que amenace o viole un derecho fundamental.

De modo que, por regla general, la acción de tutela no es procedente para sustituir al
Gobierno Nacional en su gestión de formular y aplicar la política fiscal del Estado ni
tampoco para interferir en la política salarial y prestacional que compete al Congreso de
la República. Menos aún es posible cuestionar las decisiones que se adopten en
cumplimiento de esas competencias. De lo contrario, el juez de tutela desbordaría las
facultades que le otorga el artículo 86 Superior y desconocería el principio de
colaboración que consagra el artículo 113 Ibídem.

De hecho, la orden de tutela que eventualmente se impartiere para el reajuste salarial y
su correspondiente pago, implicaría no sólo la intromisión en las competencias de las
demás ramas del poder público, sino que crearía una obligación a cargo del Estado en

20
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Radicado núm. 5001-23-31-000-2009-00106-01.
Corte Constitucional. Sentencia SU-1052 de 2000.

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detrimento de los principios de legalidad y de planificación del gasto.

Los decretos que fijan el incremento salarial de los servidores públicos para cada
anualidad son actos generales que pueden ser cuestionados por medio de las acciones
que el legislador ha previsto: acción de simple nulidad, acción de nulidad por
inconstitucionalidad, etcétera. En esa medida, la acción de tutela no es el mecanismo
judicial para obtener el reajuste de los salarios, salvo que la acción se presente como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, evento en el que el juez de
tutela deberá examinar, en cada caso, los presupuestos para la configuración de un
perjuicio de esa naturaleza.

52. Es pertinente recordar que la acción de tutela contra providencias judiciales
constituye un juicio de validez, y no de corrección. Por ello, como ocurre en el caso
concreto, al no advertirse que la sentencia cuestionada sea arbitraria o caprichosa, no
se justifica la intervención del juez constitucional, por cuanto la demanda de tutela no
está dispuesta para corregir la interpretación jurídica efectuada por los jueces del
proceso ordinario, ni mucho menos para discutir un asunto que no trasciende de un
contenido económico y legal, pues la eventual afectación alegada no comporta, por sí
misma, la vulneración de un derecho fundamental.

53. En cuanto al defecto fáctico, observa la Sala que la accionante lo edifica en la
siguiente afirmación:

“el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria respecto del debate jurídico
planteado, puesto que no se acreditó por parte del extremo pasivo que el mayor incremento
salarial otorgado a los docentes ubicados en un nivel inferior del escalafón, como es el caso
del escalafón 2A, en comparación con la accionante, quien se encontraba en la categoría
2B, respondiera a razones objetivas, verificables y debidamente fundamentadas. Ello, por
cuanto no se allegó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que
justificaran dicha decisión administrativa, por lo que, si no se tomó en cuenta la Ley 1278
de 2002, la cual reconoce la proporcionalidad salarial en función de la preparación,
experiencia, calidad, idoneidad y capacidad demostrada por el educador, resulta imperativo
cuestionar qué aspectos válidos y concretos incidieron para otorgar un trato tan inequitativo,
toda vez que ni el expediente ni la sentencia ofrecen explicación alguna al respecto, lo que
genera una profunda incertidumbre sobre la legitimidad y justificación de la decisión
administrativa que avaló este incremento salarial desigual.”

54. Por otro lado, fuerza concluir que tampoco resulta necesario ahondar en el análisis
del alegado defecto sustantivo, pues la accionante no cumplió con la carga mínima de
argumentación y demostración que le correspondía. En efecto, no indicó de manera
clara y concreta la forma en que aquel se habría materializado, ni su configuración
puede derivarse de una mera afirmación desprovista de sustento suficiente. En
consecuencia, ante la ausencia de acreditación de los supuestos que estructuran el
yerro invocado, no hay lugar a efectuar un examen de fondo sobre dicho reproche y se
reitera que el interés que gobierna a la accionante no es otro distinto a reabrir una
discusión jurídica concluida.

55. Por lo explicado, la Sala considera que la solicitud de amparo no superó el requisito
de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso

Radicado: 11001-0315-000-2025-08198-00
Accionante: Martha Eufemia Navarro García
Se declara la improcedencia de la demanda

Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la presente acción judicial
formulada por el Ministerio de Educación Nacional.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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