Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00234-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00234-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00234-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00234-00
Accionante: Cecilia del Carmen Perea Copete
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por la señora
Cecilia del Carmen Perea Copete en contra de la sentencia proferida el 28 de octubre de
2025 por el Tribunal Administrativo del Chocó.
SÍNTESIS1
La accionante cuestiona la sentencia del 28 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho llevado a cabo contra la Nación – Ministerio de Educación
y la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó con el fin de que se le
reconocieran y pagaran las diferencias salariales derivadas de los incrementos
porcentuales desiguales establecidos por el Gobierno Nacional para el año 2009. Se
declara la improcedencia de la demanda, toda vez que no superó el requisito de
relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 16 de enero de 2026, la señora Cecilia del Carmen Perea Copete, mediante
apoderada judicial, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, los cuales, a su juicio,
fueron vulnerados por la sentencia proferida el 28 de octubre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, que confirmó la decisión de primera instancia del 19 de marzo
de 2025 emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado núm. 27001-33-33-
001-2024-00117-00/01, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1 Temas: Acción de tutela / Improcedencia / Relevancia constitucional / Escalafón docente
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00234-00
Accionantes: Cecilia del Carmen Perea Copete
Se declara la improcedencia de la demanda
Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, en la sentencia proferida
el día 28 DE OCTUBRE DE 2025, en el expediente radicado bajo número
27001333300120240011701, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) CECILIA DEL
CARMEN PEREA COPETE, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan
a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el
material probatorio obrante en el proceso ordinario.
Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente
CECILIA DEL CARMEN PEREA COPETE a la luz de los argumentos planteados en la
demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico2.
B. Hechos
3.La señora Cecilia del Carmen Perea Copete se desempeña como docente oficial
ubicada en la categoría 2BE del escalafón docente regulado por el Decreto 1278 de
20023.
4. Para el año 2009 el Gobierno Nacional decretó aumentos porcentuales en la
asignación básica salarial para el personal docente, de tal modo, para el grado 2AE
dispuso un incremento del 15.61% y para la categoría 2BE aplicó un aumento del 7.67%.
5. Al respecto, la señora Cecilia del Carmen presentó reclamación administrativa ante
la Nación – Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Chocó
mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas
de los incrementos decretados por el Gobierno Nacional para el año 2009.
6. Mediante oficios núm. 2024-EE-093709 del 23 de marzo de 2024 y
CHO2024EE003075 del 8 de abril de 2024, el Ministerio de Educación Nacional y la
Secretaría de Educación del Chocó, respectivamente, resolvieron negativamente a la
solicitud presentada por la docente.
7. Ante la negativa, la señora Cecilia del Carmen promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio
de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó con
el fin de que (i) se inaplicara el Decreto núm. 284 de 2024, por medio del cual se fijó la
escala salarial del escalafón docente; (ii) se declarara la nulidad de los actos
administrativos que negaron su reclamación administrativa, y (iii) a título de
restablecimiento, se reconociera y pagara las diferencias salariales causadas durante
los últimos tres años anteriores a la presentación de la reclamación administrativa.
8.Mediante sentencia del 19 de marzo de 2025 el Juzgado Primero Administrativo de
Quibdó negó las pretensiones de la demanda, tras concluir que las entidades
demandadas carecían de legitimación en la causa por pasiva para responder por las
eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de los actos administrativos
2 Índice 2 del expediente digital en Samai.
3 Presidente de la República de Colombia. Decreto 1278 de 2002. “Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente”
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00234-00
Accionantes: Cecilia del Carmen Perea Copete
Se declara la improcedencia de la demanda
controvertidos. Razón por la cual, determinó, que era inocuo realizar un juicio de valor
respecto la discusión presentada, pues la remuneración de los servidores públicos
docentes se encuentra bajo la titularidad del Presidente de la República.
9. La demandante presentó recurso de apelación en el cual, entre otros, advirtió que el
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Departamento del
Chocó sí se encontraban legitimados en la causa por pasiva, debido a las competencias
que desarrollan en función de la regulación, supervisión y ejecución de las políticas
salariales del magisterio. Además, reiteró los argumentos expuestos en la demanda e
insistió en el trato desigual ocasionado por los incrementos porcentuales dispuestos
para el año 2009.
10. El 28 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la decisión
de primera instancia, al determinar que la discusión presentada por la demandada no
se limita a los decretos expedidos en el año 2009, sino también a las consecuencias
que persisten en el tiempo y continúan afectando su situación salarial actual, razón por
la cual, en aras de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia, se realizó
un estudio de fondo.
11. En ese sentido, concluyó que no se configuró ninguna causal para declarar la nulidad
de los actos administrativos cuestionados, debido a que no se acreditó que la
diferenciación aplicada entre los niveles 2AE y 2BE del escalafón docente vulnerara los
principios de igualdad y progresividad previstos en los artículos 13 y 53 de la
Constitución, ni que desconociera los parámetros establecidos en la Ley 4° de 19914 y
en el Decreto 1278 de 2002.
C. Fundamentos de la vulneración
12. La accionante señaló que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, ya que
la sentencia proferida el 28 de octubre de 2025 incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo.
13. Sobre el defecto fáctico advirtió que el Tribunal Administrativo del Chocó omitió
realizar una valoración adecuada e integral del acervo probatorio allegado al proceso,
el cual demostraba la existencia de incrementos salariales desiguales y
desproporcionados. Argumentó que las entidades demandadas no probaron de ninguna
manera que el incremento salarial otorgado a la categoría 2AE obedeciera a razones
objetivas que estuvieran debidamente sustentadas.
14. Indicó que no se allegó ningún elemento de convicción que demostrara la existencia
de un motivo válido que justificara la decisión administrativa adoptada y el trato
inequitativo que se le otorgó con ocasión a los incrementos desiguales entre un
escalafón y el otro. Razón por la cual, señaló que el razonamiento expuesto por el
Tribunal accionado carece de sustento probatorio suficiente, ya que la decisión se
4 Congreso de la Colombia. Ley 4° de 1992. Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios
que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de
las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00234-00
Accionantes: Cecilia del Carmen Perea Copete
Se declara la improcedencia de la demanda
edificó sobre apreciaciones hipotéticas y no sobre elementos de prueba debidamente
acreditados en el proceso, circunstancia que compromete el goce de los derechos
fundamentales invocados, lo que en su criterio justifica la intervención del juez de tutela.
15. Respecto del defecto sustantivo alegó que para el año 2009, a pesar de estar
ubicada en el nivel 2BE, categoría superior que exige mayores requisitos de formación
académica y experiencia profesional en comparación con el grado 2AE, recibió un
incremento salarial inferior al otorgado a este último, decisión caprichosa, irregular y
arbitraria que evidenció un trato desigual incompatible con los principios de equidad,
igualdad, progresividad y mérito que orientan el régimen de carrera y el sistema de
remuneración del personal docente.
16. Adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en un desacierto sustancial al no
articular la línea interpretativa que dispone la jurisprudencia constitucional en relación
con el caso concreto, ya que no se tuvo en cuenta que los incrementos en la asignación
salarial deben fundamentarse en criterios objetivos, tal como la formación académica
especializada, la experiencia adquirida, las responsabilidades asumidas, entre otros,
por el contrario, se validó de manera infundada el trato salarial otorgado, sin evidenciar
una motivación suficiente y razonable que explicara porqué dicha diferenciación podía
estimarse compatible con los principios y las normas que orientan régimen salarial
docente, en particular, el literal j del artículo 2° de la Ley 4° de 1992, los artículos 19,
20, 21, 25 y 36 del Decreto 1278 de 2002, los artículos 25 y 53 de la Constitución Política
y el principio de “a trabajo igual, salario igual”.
D. Trámite procesal
17. Mediante auto del 22 de enero de 20265, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Chocó, y en calidad de terceros con
interés, al Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y al Departamento del Chocó, para que rindieran un informe sobre
los hechos objeto de la demanda de tutela.
E. Oposiciones e intervenciones
18. El Tribunal Administrativo del Chocó6 (accionado) precisó que la decisión adoptada
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se fundamentó en un análisis
comparativo, detallado y suficiente de las distintas escalas salariales correspondientes
a los años en los que la demandante afirmó la existencia de un trato diferencial en
materia salarial docente. En ese contexto, indicó que tal estudio no permite concluir, por
sí mismo, la configuración de una vulneración a las garantías iusfundamentales
invocadas en el presente trámite.
19. Asimismo, señaló la jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional en la cual se determina que antes de interponer una tutela contra
providencia judicial se deben agotar los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del
marco del mecanismo constitucional, por ello resaltó que la accionante dispone de otra
vía judicial, como lo es el recurso extraordinario de revisión. En ese sentido, solicitó
5 Índice 5 del expediente digital disponible en Samai.
6 Índice 11 del expediente digital disponible en Samai.
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Accionantes: Cecilia del Carmen Perea Copete
Se declara la improcedencia de la demanda
“rechazar” la tutela por improcedente, toda vez que no se agotó el recurso extraordinario
referido.
20. El Ministerio de Educación Nacional7 (tercero con interés) señaló que la
inconformidad de la accionante respecto de la decisión que atendió desfavorablemente
a sus pretensiones no puede servir como fundamento para que la jurisdicción
constitucional actúe en reemplazo del juez natural de la causa, ya que se desconocerían
los principios de independencia y autonomía judicial, así como la presunción de acierto
y legalidad de la cual goza la providencia judicial cuestionada. Alegó que en el caso
concreto no se evidencia violación alguna a las garantías invocadas por la accionante,
razón por la cual se configura la improcedencia del mecanismo constitucional.
20.1. Adujo que la entidad no tiene competencia para pronunciarse respecto las
pretensiones de la solicitud de amparo, por cuanto no es la responsable de la conducta
cuya omisión genera la transgresión alegada, pues la discusión presentada se
circunscribe a las actuaciones desplegadas por parte del Tribunal Administrativo del
Chocó. Por ello, solicita la desvinculación del Ministerio por falta de legitimación en la
causa por pasiva, y en virtud de los argumentos expuestos por la parte accionante,
solicita que se declare la improcedencia de la demanda de tutela.
21.El Departamento del Chocó y el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó8 fueron
debidamente notificados, sin embargo, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
22. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de tutela interpuesta por la señora Cecilia del Carmen Perea Copete
contra el Tribunal Administrativo del Quibdó, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y
en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
G. Solicitud de desvinculación
23. La Sala negará la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de
Educación Nacional, debido a que tal entidad fue vinculada en calidad de tercero con
interés, por cuanto fue sujeto procesal y estuvo inmersa en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de la presente demanda de tutela.
H. Sentido de la decisión
24. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, toda vez que la controversia presentada por la parte
accionante corresponde a un asunto de mera legalidad, encaminado a la satisfacción de
un interés de carácter eminentemente económico. En ese sentido, y por razones
7 Índice 12 del expediente digital disponible en Samai.
8 Índice 9 del expediente digital disponible en Samai.
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Accionantes: Cecilia del Carmen Perea Copete
Se declara la improcedencia de la demanda
metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los requisitos generales
de procedencia de la demanda de tutela9.
I. El requisito de relevancia constitucional
25. La Corte Constitucional ha reconocido que la demanda de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.10 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada11, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.
26. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la demanda de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.12
27. En la sentencia SU-215 de 202213, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
9 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
11 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
12 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto
Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00234-00
Accionantes: Cecilia del Carmen Perea Copete
Se declara la improcedencia de la demanda
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y
(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales
28. Para la Corte Constitucional14, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
29. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional”15.
J. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
30. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.
31. En el asunto sub iudice, la accionante cuestiona la sentencia del 28 de octubre de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Quibdó, porque, a su juicio, considera
que incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. A continuación, la Sala describirá las
características y elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el
objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.
32. Respecto del defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración
14 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
15 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00234-00
Accionantes: Cecilia del Carmen Perea Copete
Se declara la improcedencia de la demanda
del material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se
configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión” 16. La jurisprudencia
constitucional ha precisado que este defecto se manifiesta en dos dimensiones.
33. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias17. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción
o, habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.
34. Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y manifiesto
en la apreciación del hecho o de la prueba18. Bajo ese esquema, el defecto se produce
en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas que por
disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una valoración
abiertamente defectuosa de los medios de convicción19.
35. Sobre el defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una
norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u
opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica.
K. El caso concreto
36. La Sala advierte que la demanda de tutela no supera el requisito de relevancia
constitucional, en tanto la controversia planteada por la parte accionante corresponde a
un asunto de mera legalidad, orientado a la satisfacción de un interés de carácter
eminentemente económico y particular. En efecto, más allá de procurar la protección de
sus derechos fundamentales, la accionante pretende, a través de la vía constitucional y
a partir de la reiteración de los argumentos expuestos en el proceso ordinario, que se le
reconozcan y paguen las diferencias salariales derivadas de los incrementos
porcentuales desiguales establecidos por el Gobierno Nacional para el año 2009.
37. Se evidencia que los argumentos presentados por la accionante fueron expuestos
ante el Tribunal Administrativo del Chocó en el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia proferida el 19 de marzo de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo de
Quibdó.
38. En el recurso de apelación la accionante alegó, como lo reitera en términos similares
en el presente trámite, que los incrementos salariales desiguales no obedecieron a un fin
legítimo ni se sustentaron en criterios objetivos, de tal manera que la disparidad respecto
los porcentajes incrementados entre el escalafón docente 2AE y 2BE carecen de
fundamentos técnicos y jurídicos, transgrediendo los principios de proporcionalidad y
equidad salarial. Particularmente, la demandante indicó:
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Accionantes: Cecilia del Carmen Perea Copete
Se declara la improcedencia de la demanda
Se alega que la decisión judicial realizó un análisis fragmentado de la problemática planteada
en sede judicial, al considerar que en el caso sub examine no se vulnera el principio de
igualdad, dado que los incrementos salariales estuvieron fundamentados en una variable
objetiva relacionada con la posición en el escalafón docente y no en una determinación
arbitraria o caprichosa de la autoridad competente, lo que en consecuencia asegura la
aplicación del principio de “a trabajo igual, salario igual”. (…)
el A quo no abordó el reproche central planteado en la demanda, consistente en la ausencia
de fundamentación para el trato diferenciado en los incrementos porcentuales a la base
salarial aplicados a ciertos años, sin que se adoptara medida similar para otros, omitiendo
así indagar sobre las razones de hecho y de derecho, así como el fundamento técnico que
tuvo en cuenta la Administración para aplicar incrementos salariales desiguales para
determinadas anualidades.
Bajo este panorama, resulta necesario precisar que la demanda cuestiona la vulneración del
derecho a la igualdad, particularmente en relación con el tratamiento desigual en la
asignación de aumentos salariales al personal docente escalafonado. Así, vemos que, si bien
entre los años 2005 y 2007 se aplicó un incremento porcentual uniforme en la asignación
básica, sin distinciones de ningún tipo; surge la pregunta sobre los factores o circunstancias
que se tomaron en cuenta para que, en los dos años siguientes y, en el año 2011 se adoptara
un tratamiento desigual en los incrementos salariales para los educadores sujetos al Decreto
1278 de 2002, irregularidad que se corrigió afortunadamente a partir del año 2012 al
reconocerse de manera definitiva un aumento salarial homogéneo.
La situación descrita pone de manifiesto el vaivén en la política salarial del personal docente,
carente de una justificación clara sobre los criterios adoptados y su coherencia con el
principio de igualdad, dado que se desconoce la fundamentación que respaldó dicha medida.
En efecto, es relevante señalar que los decretos que establecieron aumentos salariales
desiguales para los años 2008, 2009 y 2011 no ofrecen ninguna explicación sobre las
razones que motivaron esas decisiones, ni siquiera mencionan la elaboración de un estudio,
informe o análisis previo que sustente tales medidas; además, la intervención del Ministerio
de Educación en el proceso fue carente de argumentos sólidos que demostraran que dichos
actos se ajustaban a derecho y respetaban los principios fundamentales en materia laboral.
39. No obstante, dicha discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Chocó
tras advertir que los grados 2AE y 2BE no comparten las mismas características y por
ello no son grupos jurídicamente comparables. Empero, en gracia de discusión, la
autoridad judicial accionada indicó que, si se valorara una posible afectación al principio
de igualdad en virtud de la metodología del “juicio integrado de igualdad” dispuesto por
la Corte Constitucional, tampoco se vislumbra una violación a los principios y derechos
invocados por la accionante, en tanto los decretos cuestionados no fueron proferidos de
manera arbitraria o caprichosa. En particular, se destaca la siguiente conclusión:
Cabe resaltar que los aumentos porcentuales fijados por el gobierno nacional en el año
2009, no implicaron la desmejora de derechos adquiridos ni privó a los docentes de una
remuneración adecuada. A pesar de que los aumentos fueron menores para el grado 2BE,
los docentes en este nivel continuaron percibiendo una asignación salarial superior a la
de los docentes del grado 2AE, en atención a su mayor rango dentro del escalafón. Esto
demuestra que no se trató de una política regresiva ni arbitraria, sino de una diferenciación
estructurada conforme al sistema de carrera y escalafón.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00234-00
Accionantes: Cecilia del Carmen Perea Copete
Se declara la improcedencia de la demanda
Si se mira el cuadro comparativo expuesto en líneas superiores, se evidencia que los
incrementos salariales aplicados en el año 2009 para el grado 2AE fueron de 7.67% y
7.37%, respectivamente, mientras que para el grado 2BE fueron de 7.67% y 0%.Si bien
se observa una diferencia porcentual significativa, el valor absoluto de la asignación
básica mensual del grado 2AE se mantuvo siempre superior al del grado 2BE, sin que se
hubiera producido una regresión en las condiciones salariales previamente reconocidas o
una desmejora en términos reales. Por tanto, no puede determinarse que hubo una
afectación sustancial al principio de progresividad laboral.
En consecuencia, no hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados, a través de los cuales se le negó a la demandante el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales derivadas de los incrementos porcentuales diferenciados
establecidos por el gobierno nacional durante el año 2009, ni a la inaplicación del Decreto
284 de 202420, al no evidenciarse que los incrementos porcentuales diferenciados
aplicados por el gobierno nacional durante el año 2009 entre los niveles 2AE y 2BE del
grado 2 docente, atenten contra los principios de igualdad y progresividad consagrados
en los artículos 13 y 53 Constitucionales, ni contraríe las disposiciones contenidas en la
Ley 4.ª de 1992 que fija las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, y
en el Decreto Ley 1278 de 2002 que establece el Estatuto de Profesionalización Docente.
40. Así las cosas, resulta evidente que la parte accionante, a través del mecanismo
constitucional, pretende reabrir la controversia ya definida en el proceso ordinario. Si
bien invocó la configuración de los defectos sustantivo y fáctico como presupuesto de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, lo cierto es que tales reproches
se sustentan en los mismos argumentos que fueron oportunamente planteados y
analizados por la autoridad judicial accionada en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
41. En ese contexto, la Sala advierte que la controversia planteada por la accionante se
circunscribe a un asunto de mera legalidad, en tanto pretende que el juez de tutela
efectúe una nueva interpretación de las disposiciones que regulan el régimen salarial
docente y una revaloración del material probatorio que obra en el expediente. Asimismo,
se trata de una controversia de naturaleza eminentemente económica, ya que lo que en
realidad persigue la accionante es que, a partir de un nuevo examen de la discusión ya
valorada por el juez natural, se ordene el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales derivadas del incremento porcentual fijado para el año 2009 por el Gobierno
Nacional.
42. Por ello, la discusión presenta connotaciones estrictamente particulares, orientadas
a la satisfacción de una pretensión patrimonial individual, sin que se advierta de manera
concreta y suficiente cómo la providencia judicial cuestionada incurrió en los yerros
alegados y vulneró el desarrollo, ejercicio o goce efectivo de los derechos
fundamentales de la parte accionante.
43. La Sala advierte que los planteamientos formulados por la parte accionante no
satisfacen la carga argumentativa mínima para que el juez de tutela, excepcionalmente,
intervenga, ya que no se expusieron argumentos específicos y suficientes que permitan
evidenciar una afectación real, directa y actual a las garantías iusfundamentales de la
accionante con ocasión de la sentencia cuestionada. Por el contrario, las
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00234-00
Accionantes: Cecilia del Carmen Perea Copete
Se declara la improcedencia de la demanda
inconformidades expresadas se limitan a manifestar el desacuerdo de la parte
accionante con el sentido del fallo adoptado por el Tribunal Administrativo del Chocó.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito
de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de
Educación Nacional.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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