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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01070-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
21 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01070-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Mayurys Colpas Sánchez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 15 Expediente: 11001-03-15-000-2026-01070-00 Actora: Mayurys Colpas Sánchez Acción de tutela 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01070-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

5 de marzo de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01070-00
Demandante: MAYURYS COLPAS SÁNCHEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR FALTA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la actora cuestionó la sentencia que confirmó la decisión que le negó sus
pretensiones en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho encaminado a obtener
el reconocimiento y pago de las diferencias salariales presuntamente derivadas de un
incremento salarial en el escalafón docente. La Sala encontró que no se superó el requisito de
relevancia constitucional porque la controversia se orientó a reabrir un debate propio del juez
natural.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por la señora Mayurys Colpas Sánchez
en contra del Tribunal Administrativo del Cesar para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia
consagrados en los artículos 29, 13 y 229 de la Constitución Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 14 de agosto de 2025 en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 20001-33-33-010-2024-
00086-01.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 13 de febrero de 2026. (Índice 00002 del
aplicativo SAMAI)

2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01070-00
Actora: Mayurys Colpas Sánchez
Acción de tutela

1) Se desempeña como docente oficial, vinculada con el régimen del Decreto Ley 1278
de 2002, en el grado 2BE del escalafón docente.

2) El Gobierno Nacional decretó incrementos salariales iguales para los docentes
regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 durante los años 2005, 2006 y 2007; sin
embargo, para el año 2008 dispuso aumentos porcentuales diferenciados entre
diferentes grados y niveles del escalafón, de manera que al grado 2AE se le aplicó un
incremento del 15,61%, mientras que al grado 2BE se le aplicó un incremento del
7,67%, circunstancia que, en su criterio, generó una afectación económica por la
disminución de la base salarial proyectada hacia vigencias posteriores.

3) Con fundamento en lo anterior, presentó reclamación administrativa ante la
Secretaría de Educación del Municipio de Valledupar y el Ministerio de Educación
Nacional, en la cual solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestacionales derivadas del incremento desigual del año 2008; dichas reclamaciones
fueron negadas mediante los oficios VAL2024ER002502 y VAL2024EE006018 del 16
de febrero de 2024 y 2024-EE-054153, expedido el 27 de febrero de 2024, por la
Secretaría de Educación Municipal de Valledupar y el Ministerio de Educación
Nacional, respectivamente.

4) En ese contexto, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de
Educación de Valledupar, con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos
que negaron su reclamación y se ordenara el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales que estimó causadas, debate que fue resuelto por el
Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, mediante sentencia
del 20 de marzo de 2025, en la cual se negaron las pretensiones2.

2
El juzgado consideró que no se configuraba vulneración del derecho a la igualdad con ocasión de los
incrementos salariales cuestionados.

El régimen del escalafón docente regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002 prevé una estructura por
niveles y grados que responde a criterios objetivos asociados con la formación, experiencia y evaluación,
y, por tanto, permite diferencias salariales entre quienes se encuentran ubicados en distintos niveles del
escalafón.

La distinción salarial entre niveles como 2AE y 2BE no implica, por sí misma, un trato discriminatorio, en
tanto obedece a parámetros normativos previamente establecidos y a la potestad de configuración
normativa del Gobierno Nacional en materia salarial, ejercida en desarrollo de la Ley 4 de 1992; en esa
medida, estimó que la existencia de incrementos porcentuales diferenciados no desconoce el principio
de igualdad cuando la diferenciación encuentra sustento en criterios objetivos derivados de la estructura
del régimen docente.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01070-00
Actora: Mayurys Colpas Sánchez
Acción de tutela

5) La demandante apeló esa decisión3 y, mediante sentencia del 14 de agosto de 2025,
el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión de primera instancia con
fundamento en que no se configuraba una vulneración del derecho a la igualdad, en
tanto el trato salarial diferenciado entre los niveles del escalafón docente se encontraba
justificado en criterios objetivos derivados de la estructura del régimen previsto en el
Decreto Ley 1278 de 2002 y en la potestad de configuración normativa en materia
salarial.

2. Los fundamentos de la vulneración

La actora alegó que la providencia judicial cuestionada adolece de un defecto
sustantivo en la medida en que la autoridad judicial demandada avaló un trato salarial
desigual derivado de los incrementos porcentuales aplicados en las vigencias 2008 y
2009 entre los niveles 2AE y 2BE del escalafón docente, a pesar de que se trataba de
una diferencia porcentual que no podía justificarse únicamente en la estructura general
del escalafón docente.

Conforme con lo debatido en el proceso ordinario, resaltó que al grado 2AE se le aplicó
un incremento superior al reconocido al nivel 2BE, lo cual habría generado una
afectación permanente sobre la base salarial y, por ende, sobre los ingresos posteriores
de quienes se encontraban ubicados en el grado 2AE.

Las asignaciones salariales y sus variaciones anuales no resultan arbitrarias ni caprichosas, pues se
vinculan con variables propias del sistema escalafonario y con políticas públicas en materia de
remuneración docente.

En relación con los incrementos decretados en las vigencias discutidas, entre ellas 2008 y 2009, el
juzgado consideró que no se acreditó la existencia de un trato inequitativo que implicara vulneración de
derechos fundamentales o desconocimiento del ordenamiento jurídico.
3
De acuerdo con los documentos obrantes en el expediente, los fundamentos de la apelación se
centraron en reiterar que se vulneró su derecho fundamental a la igualdad derivada de los incrementos
salariales diferenciados aplicados en las vigencias 2008 y 2009, particularmente entre los niveles 2AE y
2BE del escalafón docente.

El incremento porcentual aplicado al nivel 2AE fue superior al otorgado al nivel 2BE, lo cual configuró un
trato desigual e injustificado, pese a que el nivel 2BE exige mayores requisitos de formación y experiencia
dentro de la estructura del Decreto Ley 1278 de 2002.

La diferencia porcentual no obedecía a la lógica ordinaria del escalafón docente, sino a una decisión que
impactó de manera desfavorable la base salarial de quienes se encontraban en el nivel 2BE, con efectos
que no se agotaban en la anualidad correspondiente, sino que se proyectaban hacia vigencias
posteriores.

Dicha desigualdad no fue compensada en años subsiguientes y no existían elementos suficientes que
acreditaran la existencia de criterios objetivos, razonables y válidos que justificaran la disparidad en los
porcentajes de incremento.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01070-00
Actora: Mayurys Colpas Sánchez
Acción de tutela

Si bien en la demanda se mencionó la existencia de un defecto fáctico, la parte actora
no desarrolló un contenido específico respecto de tal cargo.

3. Pretensiones.

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la
sentencia proferida el día 14 DE AGOSTO DE 2025, en el expediente
radicado bajo número 20001-33-33-010-2024-00086-01, transgredió los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) MAYURYS COLPAS
SANCHEZ, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al
caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de
la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la
situación particular del (la) docente MAYURYS COLPAS SANCHEZ a la luz
de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos
debidamente probados en el debate jurídico.”. (mayúsculas del original -
archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo
SAMAI)

4. Actuación procesal.

Mediante auto del 16 de febrero de 2026 (índice 00005 del aplicativo Samai) se admitió
la acción de tutela, se notificó al presidente y magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo del Cesar y se vinculó al titular del Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito Judicial de Valledupar, al ministro de Educación Nacional y al secretario de
educación de Valledupar, entregándoles copia de la demanda y los anexos.

5. Actuación de la autoridad judicial demandada y las autoridades vinculadas

El Tribunal Administrativo del Cesar no presentó un informe de respuesta a la acción
de tutela pese a estar debidamente notificado el 20 de febrero de 2026 (índice 0008 del
aplicativo SAMAI)

La oficina asesora jurídica del Ministerio de Educación Nacional solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela y, en subsidio, que se negaran las

5
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01070-00
Actora: Mayurys Colpas Sánchez
Acción de tutela

pretensiones por considerar que no se configura ninguno de los defectos que habilitan
la procedencia excepcional del amparo contra providencias judiciales.

La apoderada judicial del Municipio de Valledupar pidió declarar la improcedencia de
la acción de tutela por falta de relevancia constitucional y sostuvo que la demanda
pretende reabrir un debate de mera legalidad ya decidido por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, y 2) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Cesar con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes referidos, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01070-00
Actora: Mayurys Colpas Sánchez
Acción de tutela

del 14 de agosto de 2025, mediante la cual se confirmó la decisión que negó las
pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por la actora para lograr el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales que estimó causadas a partir del incremento salarial
diferencial aplicado en las vigencias 2008 y 2009 entre los niveles 2AE y 2BE del
escalafón docente regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.

En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
conforme se expone a continuación:

3.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia
de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales
se la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una
genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se

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Actora: Mayurys Colpas Sánchez
Acción de tutela

convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales
ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente 4, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez
constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el
ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional
que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de
índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de
un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos
legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de
una norma procesal5”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se
acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos
fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora
“busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos
con la intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste
la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la

4
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
5
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01070-00
Actora: Mayurys Colpas Sánchez
Acción de tutela

que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales6”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su
pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se
presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de
un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema
jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se
pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre
el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración
concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del
requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia
de una restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”. 7

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o
simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de
la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7
Ídem.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01070-00
Actora: Mayurys Colpas Sánchez
Acción de tutela

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de
las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta
diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único
fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente
por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas
facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una
genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales,
en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de
vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de
tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias
proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a
reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser
contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción
de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela
debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación,
aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia
no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de
proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación
grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una
decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una

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Actora: Mayurys Colpas Sánchez
Acción de tutela

pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y
resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción
competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo
establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta
hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).”8.

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara
y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones
probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.

3.2. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

1) La Sala considera que la acción de tutela no superó el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, a partir del examen integral de la demanda, se desprende
que los reproches de la actora se dirigen, esencialmente, a controvertir la conclusión
adoptada por el Tribunal Administrativo del Cesar en la sentencia del 14 de agosto de
2025.

8
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.

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Actora: Mayurys Colpas Sánchez
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2) En el presente asunto, si bien la demandante invocó la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia, así como la existencia de supuestos defectos en la providencia cuestionada,
lo cierto es que la sustentación de tales cargos se limitó a reiterar su inconformidad
con la decisión judicial adversa a sus intereses, en tanto insiste en que el incremento
salarial aplicado en las vigencias 2008 y 2009 para el grado 2BE (7,67%) debió ser
equiparado al reconocido para el grado 2AE (15,61%) y que esa diferencia afectó su
base salarial.

3) No obstante, tales aspectos fueron objeto de análisis en la providencia que aquí se
cuestiona, en la cual el tribunal explicó las razones por las cuales no se configuraba
una vulneración del derecho a la igualdad y por qué el trato diferenciado se encontraba
justificado en el marco del escalafón docente, con lo cual descartó que existiera un
deber de equiparación automática entre categorías distintas:

"(...) Con lo anterior, es posible concluir en primer lugar que el valor fijado
como asignación salarial en los años posteriores al 2004 no se establece en
función de una cifra porcentual sobre el salario pagado el año inmediatamente
anterior, pues el decreto no lo fija de esa manera, sino que determina un
monto líquido, en otras palabras, no se puede confundir el acto de fijar la
asignación salarial con aumentar su valor de manera porcentual anualmente,
toda vez que en la primera se determina un monto y en la segunda para llegar
a un valor determinado es necesario sumar el aumento porcentual con base
en el salario anterior.

Ahora bien, la Ley 4 de 1992 establece que corresponde al Gobierno Nacional
fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos entre ellos
la población docente al servicio del Estado por remisión del artículo 46 del
Decreto 1278 de 2002. Bajo esta premisa, para fijar la remuneración de los
servidores públicos docentes se exige que el acto promulgado por el
Gobierno Nacional se ajuste a los límites establecidos por la ley marco, dentro
los cuales se destaca (en lo que respecta a la modificación de las
asignaciones salariales) que el valor debe aumentarse anualmente con el
propósito de contrarrestar el fenómeno inflacionario6 y la imposibilidad de
desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos,
según fue establecido por el artículo 2° y 4° de la ley marco. Y eso es lo que
hacen los decretos de que trata este proceso.

Así las cosas, dista la Sala de la posición planteada por la parte demandante
en la que manifestó que el aumento en un porcentaje desigual que se realizó
para los años 2008, 2009 y 2011 afectó negativamente el valor del importe
en el año siguiente, pues este valor no es modificado porcentualmente, sino
que el decreto lo fija en un monto líquido que solo debe seguir los preceptos
estipulados por la ley marco.

De otro lado, el apelante manifestó que el porcentaje del aumento salarial
debe hacerse en igual proporción para los docentes sin tener en cuenta las
diferencias inherentes a los grados y niveles del escalafón docente, por tal
razón, consideró que, con los aumentos desiguales realizados en los años
2008, 2009 y 2011 se incurrió en una práctica discriminatoria por realizar
aumentos porcentualmente diferentes sin un sustento razonable. (...)

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01070-00
Actora: Mayurys Colpas Sánchez
Acción de tutela

En este contexto, sería erróneo afirmar, conforme manifestó el recurrente,
que el Gobierno Nacional está imposibilitado para fijar valores en los que se
aumente la asignación salarial diferente entre los escalafones y niveles
salariales de los docentes, en otras palabras, que el aumento salarial debe
ser igual para todos los docentes cada año, lo indicado por el apelante pierde
sustento, toda vez que el Gobierno Nacional cuenta con amplia potestad de
configuración normativa para fijar los valores de incremento salarial cada año
y los mismos deben obedecer a razones de política macroeconómica y fiscal
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2, literal “h” de la Ley 4 de 1992.

Así las cosas, la decisión del Gobierno Nacional de aumentar las
asignaciones salariales de la población docente oficial [s]e específica para
cada grado y nivel salarial para los años 2008, 2009 y 2011, se hizo acorde
a lo consagrado por las normas que rigen la materia y con base en la amplia
potestad de configuración normativa que fue otorgada por la misma
Constitución Política (...).

De otro lado, el recurrente alegó que los actos administrativos demandados
vulneran el principio de igualdad y el principio de “a trabajo igual salario igual”
de la población docente afectada (...).

En el caso concreto se evidencia que, la parte actora está inconforme con el
aumento del salario fijado al nivel y grado que le corresponde. con respecto
al de otro punto del escalafón, pero por ello no puede predicarse la igualdad,
porque el comparativo muestra que no lo son, acorde con la estructura de la
población docente, dejando infundado el argumento de desigualdad alegado
por la parte activa.

Desde este análisis, es posible afirmar que no existe discriminación al aplicar
incrementos salariales desiguales, pues si bien desempeñan las mismas
funciones, bajo las mismas condiciones y con el mismo nivel de
responsabilidad, la estructura del escalafón docente clasifica por grupos a los
maestros oficiales acorde con su formación académica y prevé que estos
puedan ascender en el escalafón si cumplen con los requisitos académicos y
la evaluación del periodo de prueba, desempeño o competencias según el
caso, descritos en el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002 y en el caso de
estudio no se evidencia que la parte activa haya solicitado el ascenso de
escalafón.

Bajo esa óptica, no es posible evidenciar una vulneración al principio de “a
trabajo igual salario igual” bajo el entendido que conforme fue indicado en
párrafos precedentes, la población que se encuentra en los diferentes niveles
y grados del escalafón no son iguales, dado que para pertenecer a cada uno
se necesita acreditar el cumplimiento de unos requisitos específicos, en
consecuencia, se despacharan desfavorablemente estos cargos.

De manera conclusiva, la diferencia traída a términos porcentuales en el
aumento de la asignación salarial para los diferentes niveles y grados
salariales es ajustada a derecho, pues contrario a lo afirmado por el apelante
el Gobierno Nacional no está obligado a incrementar en un porcentaje igual
el valor año tras año, pues cuenta con amplia potestad de configuración
normativa para fijar la escala salarial en tanto se limite a lo dispuesta en la
Ley 4 de 1992, como lo hizo en el caso de estudio (...)”. (archivo disponible
en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

4) De ese modo, la autoridad judicial demandada dio cuenta de las razones que
justificaban la confirmación de la negativa de las pretensiones, incluso frente a los
mismos argumentos que hoy reproduce la actora en sede de tutela, lo cual evidencia

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01070-00
Actora: Mayurys Colpas Sánchez
Acción de tutela

que la presente acción se orienta a replantear un debate propio del juez natural y de
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, sin que se advierta la formulación de
un problema autónomo de naturaleza constitucional que habilite el estudio de fondo en
esta sede.

5) Así entonces, los argumentos de la parte actora no se refieren a una afectación
grave, específica y desproporcionada de derechos fundamentales, puesto que se
limitan a insistir en que el incremento salarial diferencial aplicado en los años 2008 y
2009 entre los grados 2AE y 2BE vulneró el derecho a la igualdad y debió dar lugar al
reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales reclamadas,
planteamiento que corresponde al ámbito propio del juez natural del proceso ordinario.

6) Sin embargo, la providencia transcrita evidencia que la autoridad judicial sí examinó
tales alegaciones y explicó, de manera razonada, por qué el trato diferenciado entre
niveles del escalafón docente se encontraba vinculado con la estructura normativa del
régimen previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002 y a la potestad de configuración
normativa del Gobierno Nacional en materia salarial, sin que resultara procedente una
equiparación automática entre categorías distintas sin que en ese análisis se evidencie
una actuación caprichosa, irrazonable o abiertamente contraria a derecho.

7) La inconformidad central de la parte actora se orienta, en realidad, a obtener un
nuevo examen sobre la validez constitucional y legal de los incrementos salariales
decretados por el Gobierno Nacional en las vigencias discutidas, así como a que el juez
constitucional reabra una discusión ya dirimida por las autoridades judiciales en sede
natural, pretensión que corresponde al campo de la legalidad y del debate ordinario, no
al de la configuración de un problema constitucional autónomo.

8) En otras palabras, el debate planteado no se estructura como la denuncia de una
ruptura protuberante del debido proceso, sino como un desacuerdo con la
interpretación y aplicación que el juez natural realizó del régimen salarial docente y de
los criterios de comparación propios del juicio de igualdad.

9) En estas condiciones, la controversia planteada no trasciende el ámbito de la
legalidad ni se proyecta como un problema constitucional nítido en los términos fijados
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre acción
de tutela contra providencias judiciales, sino que lo que en realidad se pretende es que

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01070-00
Actora: Mayurys Colpas Sánchez
Acción de tutela

el juez de tutela sustituya el criterio del Tribunal Administrativo del Cesar en un asunto
propio de su competencia como juez de segunda instancia del proceso ordinario.

10) De igual manera, la Sala advierte que, en el escrito de la acción de tutela, la actora
mencionó de manera genérica la existencia de un defecto fáctico en la providencia
cuestionada; sin embargo, no desarrolló una argumentación concreta que permitiera
identificar la forma en que dicho defecto se habría configurado.

11) En efecto, la demandante no precisó cuáles pruebas habrían sido indebidamente
valoradas, omitidas o apreciadas de manera arbitraria por la autoridad judicial
demandada, ni explicó de qué manera tal supuesto yerro probatorio habría incidido de
manera determinante en la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cesar.

12) En esas condiciones, la referencia al defecto fáctico se limita a una mención
meramente enunciativa, carente de una carga argumentativa mínima que permita
estructurar un cuestionamiento constitucional autónomo frente a la providencia
cuestionada, circunstancia que refuerza la conclusión según la cual la acción de tutela
no plantea un problema constitucional relevante, sino que se orienta a replantear un
debate propio del proceso ordinario.

13) En conclusión, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por cuanto el interés de la
parte actora es emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso
ordinario en función de cuestionar las razones que tuvo en cuenta el juez natural de la
causa para adoptar su decisión, con el único fin de mostrar su desacuerdo con esa
determinación, proceder que se encuentra vedado.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Mayurys Colpas
Sánchez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01070-00
Actora: Mayurys Colpas Sánchez
Acción de tutela

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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