Magisterio), no contestó la demanda.2
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 21 de agosto de
20193 denegó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes
argumentos:
(i) Si bien la jurisprudencia del Consejo de Estado, en particular, en la sentencia
de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 acogió el criterio de que los docentes sí son
beneficiarios de la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, para efecto de la
oportunidad en el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas y parciales,
tal tratamiento no se ha dado en torno a las previsiones de la Ley 344 de 1996,
pues la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al cual
se remite aquella, solo está destinada a fondos privados de cesantías; por lo
tanto, como el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio no tiene tal
connotación, no puede hacerse extensiva a este.
(ii) En el caso concreto de la demandante, se desempeña como docente desde el
año 1997 y fue afiliada al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a partir
del año 2005; por lo tanto, el auxilio de cesantías correspondiente a los años 1998
y 1999 debería estar a cargo del municipio de Sitionuevo y no del aludido fondo,
en tanto que este solo debe asumir la prestación respecto de los años posteriores
a su afiliación en él; sin embargo, como dicha autoridad territorial no es parte de
esta litis no es viable acceder a la pretensión al respecto. Igual ocurre en torno al
reconocimiento y pago de los intereses sobre las cesantías de los años en que el
demandante aún no estaba afiliado al fondo.
(iii) Finalmente, en lo que atañe al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
por la inoportuna consignación de las cesantías, la norma que la prevé no es
2 En el informe secretarial que obra en el folio 129 no se informó acerca de que hubiera
contestación de la demanda por esa entidad, además, no obra memorial al respecto y, en la
audiencia inicial tampoco se aludió lo pertinente.
3 Folios 179 a 187.
5
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Demandante: Trumancery Garizabalo Suárez
aplicable a los docentes y, por ello, no es viable acceder a la pretensión.
1.4. El recurso de apelación
La señora Trumancery Garizabalo Suárez, actuando por conducto de apoderado,
interpuso recurso de apelación4 que sustentó así:
(i) Tal como lo consideró el a quo, el derecho a las cesantías es irrenunciable, por
ello, como en el caso de la demandante su afiliación se produjo en el marco de lo
dispuesto en el Decreto 3752 de 2003, se debe considerar lo previsto en su
artículo 1º, parágrafo 1º, según el cual la falta de afiliación a ese fondo implica la
responsabilidad de la entidad territorial para el pago de las prestaciones a favor de
los docentes.
(ii) «[E]n virtud de la normatividad que reglamento (sic) el proceso de afiliación,
habida cuenta que el pasivo prestacional liquidado y pagado por el municipio en
favor de la demandante está en poder de la cuenta Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio representada legalmente por el Ministerio de
Educación Nacional, entidad sobre la cual recae la legitimación en la causa por
pasiva, es consecuente entonces que se orden al Ministerio de Educación
Nacional el reconocimiento de consignar en la cuenta Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio las cesantías de los años 1998 y 1999, las
cuales fueron liquidadas en el pasivo prestacional y pagadas al Fomag, pero
inexplicablemente no le aparecen depositadas en la cuenta individual que posee la
demandante en el Fomag, error que no puede ser asumido por la docente».
(iii) En lo que respecta a la sanción moratoria por la inoportuna consignación de
las cesantías, según lo previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los
docentes nacionales que se hubieren vinculado a partir del 1º de enero de 1990,
sin distinción, son destinatarios de las disposiciones vigentes, aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, entre las que se encuentra la Ley 344 de
1996; por lo tanto, en el caso de la demandante, sí es aplicable dicha normativa
4 Folios 202 a 209.
6
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ante el desconocimiento del término previsto para la consignación de las cesantías
en el fondo, tesis que fue acogida por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
098 de 2018.
(iv) La legitimación en la causa por pasiva radica, para este caso, en la Nación
(Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio) en aplicación de un precedente del Consejo de Estado,5 al respecto.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La señora Trumancery Garizabalo Suárez, por intermedio de su apoderado,
descorrió el término para alegar6 y reiteró los argumentos invocados en la alzada.
El Ministerio de Educación guardó silencio en esta etapa procesal.7
1.6. El Ministerio Público
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto8 en el
que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, para tal efecto, expuso los
siguientes argumentos:
(i) En el caso de la demandante, el régimen de cesantías aplicable es el
anualizado, por lo que sus cesantías se debían liquidar y pagar en forma anual, en
tales condiciones, su exigibilidad «procede a partir del vencimiento del término
para la respectiva consignación, por cada año en forma separada, sin atención a
que a la fecha de la demanda dicha persona aun estuviere ejerciendo el empleo».
(ii) En el sub lite se reclama la sanción moratoria por la falta de consignación de
las cesantías de los años 1998 y 1999; por lo tanto, como la petición al respecto
se presentó los días 25, 30 y 31 de octubre de 2017, es evidente que se configuró
el fenómeno prescriptivo y, por ende, las pretensiones de sanción moratoria no
5 Se cita la sentencia del 26 de octubre de 2017, radicado 08001 23 33 000 2012 00362 01,
número interno: 1800-2014. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
6 Según memorial visible en el índice 14 del aplicativo SAMAI.
7 Como consta en el informe secretarial visible en folio 222.
8 El concepto aparece en el índice 15 de la plataforma SAMAI.
7
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tienen vocación de prosperidad.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer (i) si la Nación (Ministerio de Educación Nacional,
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio) es la autoridad legitimada para el
reconocimiento de las cesantías reclamadas por la demandante, por los años
1998 y 1999; (ii) si la accionante, en su condición de docente, puede ser
beneficiaria de la sanción moratoria por la inoportuna consignación de sus
cesantías anuales, de conformidad con lo previsto en las Leyes 344 de 1996 y 50
de 1990, así como el decreto reglamentario de la primera de ellas; (iii) si tiene
derecho a la indemnización por mora en el pago de esa prestación y en qué forma
se debe liquidar; y (iii) si hay lugar a declarar extinguida la obligación respecto de
esa indemnización, por virtud del fenómeno de la prescripción.9
2.2. Marco normativo
El artículo 53 de la Constitución Política establece como principios orientadores de
las relaciones laborales, el de favorabilidad, según el cual, en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, se debe acoger la
que resulte más benéfica para el trabajador.
Ahora bien, la Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre
convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y
jurisdicción especial de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de
los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de
sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el
9 Se precisa que, en el problema jurídico, no se incluyó lo relativo a los intereses sobre las
cesantías, que constituyó una de las pretensiones de la demanda, teniendo en consideración que
la reclamación al respecto no fue materia del recurso de apelación.
8
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artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería con destino
a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.
El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló
que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo
que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se
toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo
servido, si fuere menor a ese lapso.
Más adelante, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y
dentro de los objetivos para la administración de sus recursos, fijó los siguientes:
«pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores
oficiales»10, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria» 11; con tales
finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los empleados
públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas
Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas al
Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social
realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.
Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de
cada empleado.
El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro,
se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
10 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
11 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
9
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objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías12, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la
protección contra la pérdida de su valor adquisitivo13. Además, en los artículos 11
y 12 ibidem, fijó a favor de sus afiliados un monto por concepto de intereses, con
el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías
depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.
En el evento en que el empleador no consigne, dentro del término de ley, las
cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, el artículo 6º ibidem
estableció lo siguiente:
Artículo 6º14.- Trasferencia de cesantías de servidores públicos. En la fecha
establecida para efectuar las consignaciones de los aportes a los sistemas
general de pensiones y de seguridad social en salud, las entidades públicas
empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional de Ahorro una doceava
parte de los factores de salarios que sean base para liquidar las cesantías,
devengados en el mes inmediatamente anterior para los servidores públicos
afiliados.
El incumplimiento de la obligación aquí establecida dará derecho al Fondo
para cobrar a su favor intereses moratorios mensuales, equivalentes al doble
interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, sobre
las sumas respectivas para todo el tiempo de la mora.
Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo Nacional de
Ahorro una certificación que contenga el valor total de los factores salariales que
constituyan base para liquidar cesantías, devengados en el mes inmediatamente
anterior.
Los funcionarios competentes de las entidades públicas empleadoras, que sin justa
causa no hagan oportunamente las consignaciones de los aportes mensuales o el
envío de los reportes anuales de cesantías debidamente diligenciados, incurrirán en
causal de mala conducta que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario
vigente. (Se resalta).
En todo caso, se debe señalar que la Ley 344 de 1996 «por la cual se dictan
normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones», dio un paso adicional
12 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
13 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
14 La norma en cita fue modificada por el artículo 193 del Decreto 019 de 2012; no obstante, tal
disposición es posterior a los años en que se causaron a favor del demandante las cesantías que
fueron consignadas tardíamente, por lo que no procede su aplicación.
10
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encaminado a ampliar la cobertura del sistema de liquidación anual del auxilio de
cesantías para la generalidad de los servidores públicos, al consagrar, en su
artículo 13, lo siguiente:
Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a
lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).
La norma vigente a la fecha de expedición de la previamente citada, que
estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo
99 consagró:
Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la
fracción que se liquide definitivamente.
3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá
pagar un día de salario por cada retardo.
4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.
De igual manera, es necesario indicar que el Decreto 1582 de 1998 reglamentó los
artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, y precisó que la
norma a la que se debía remitir a efecto de la liquidación anual del auxilio de
11
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cesantías de quienes se afilien a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus
artículos 99, 102 y 104.
Ahora bien, en lo que respecta al personal docente, se debe indicar que el artículo
3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las
prestaciones sociales15 que se causaran a favor del personal docente nacional y
nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.
La aludida norma, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes
territoriales son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a
partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975» y en el artículo 2 ibidem estableció lo relativo al
reconocimiento de sus prestaciones, en los siguientes términos:
Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con
el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se
causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de
cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión
Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces,
pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación
de la presente Ley a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no
causadas o no exigibles.
En lo que tiene que ver con las cesantías, su reconocimiento se estableció en el
artículo 15 ibidem, en los siguientes términos:
3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
15 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.
12
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equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio
del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que
resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del
sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional
docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las
normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.
(Resalta la Sala).
Por otro lado, la Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de
Desarrollo 2003-2006, en su artículo 81 estableció que el régimen prestacional de
«los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley».
Con fundamento en lo anterior y con el objeto de lograr la afiliación de los
docentes territoriales al aludido fondo, el Decreto Nacional 3752 de 2003,
estableció:
Artículo 1°.- Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Los docentes del servicio público educativo que estén
vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales deberán ser afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el cumplimiento
de los requisitos y trámites establecidos en los artículos 4° y 5° del presente decreto,
a más tardar el 31 de octubre de 2004.
Parágrafo 1°.- La falta de afiliación del personal docente al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio implicará la responsabilidad de la
entidad territorial nominadora por la totalidad de las prestaciones sociales que
correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y
disciplinarias a que haya lugar. (Negrilla fuera de texto).
Parágrafo 2°.- Los docentes vinculados a las plantas de personal de las entidades
territoriales de manera provisional deberán ser afiliados provisionalmente al Fondo
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Demandante: Trumancery Garizabalo Suárez
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mientras conserve su
nombramiento provisional.
Artículo 5°. Trámite de la afiliación del personal de las entidades territoriales.
Presentada la solicitud de afiliación por parte de la entidad territorial, dentro de los
sesenta (60) días siguientes, se adelantará el siguiente procedimiento:
1. Elaboración del cálculo actuarial que determine el total del pasivo prestacional,
presentando de manera separada cesantías y pensiones, del personal docente que
se pretende afiliar y, por tanto, el valor de la deuda de la entidad territorial con el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Tal cálculo será elaborado, con cargo a los recursos del Fondo, por parte de la
sociedad fiduciaria encargada del manejo de sus recursos y la respectiva entidad
territorial de conformidad con los parámetros que señale el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para el efecto.
2. Definido el monto total de la deuda, previa revisión del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, este será comunicado a la entidad territorial por parte de la
sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo. Tal
comunicado deberá indicar, adicionalmente, el plazo y la forma de pago que deberá
ajustarse, en todo caso, a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 549 de 1999. El
monto a pagar por vigencia se cubrirá con los recursos que traslade el FONPET al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Si estos recursos no
fueren suficientes, la entidad territorial aportará de sus recursos hasta cubrir la
totalidad de las obligaciones corrientes que correspondan.
3. El Ministerio de Educación Nacional, en su calidad de fideicomitente de la fiducia
mercantil por medio de la cual se administran los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, ejercerá la interventoría del mismo.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
(i) El 25 de octubre de 2017,16 la señora Trumancery Garizabalo Suárez, por
intermedio de su apoderado, radicó petición ante el departamento del Magdalena
con el objeto de lograr el reconocimiento y pago de a. las cesantías de los años
1998 y 1999; b. los intereses a las cesantías de los años 1998 a 2004, inclusive; y
c. la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996, ante la inoportuna
consignación de las cesantías de los años 1998 y 1999.
16 Folios 13 y 14.
14
Radicado: 47001 23 33 000 2018 00231 01 (0871-2020)
Demandante: Trumancery Garizabalo Suárez
(ii) El 30 de octubre de 2017,17 la accionante formuló igual solicitud ante el alcalde
del municipio de Sitionuevo.
(iii) El 31 de octubre de 2017,18 la demandante formuló nuevo requerimiento ante
la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio).
(iv) El 1 de agosto de 2017,19 el jefe de la Oficina Jurídica y Contratación del
municipio de Sitionuevo dio respuesta adversa a la anterior solicitud.
(v) El 17 de enero de 2018,20 la profesional universitaria, coordinadora de
prestaciones sociales de la Secretaría de Educación del departamento del
Magdalena dio respuesta desfavorable a la anterior petición. Entre las
consideraciones de la aludida respuesta se señala lo siguiente:
En el caso concreto, la señora Trumancery Garizabalo Suárez con C.C. 85.080.324,
fue nombrada como docente mediante el Decreto No 015 del 29/12/1997, expedido
por el Alcalde del Municipio de Sitio Nuevo (Mag), posesionada el día 30/12/1997,
afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por el Municipio
de Sitio Nuevo - Magdalena, el 29/07/2005.
Referente a sus cesantías, según el extracto suministrado por la Fiduprevisora S.A.,
entidad que maneja los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se advierte que desde el año 2000 en adelante sus cesantías han sido
oportunamente reportadas a la entidad fiduciaria, por parte de la Secretaría de
Educación del Departamento del Magdalena y por el periodo reclamado (1998/1999)
no aparece reporte alguno por parte del Municipio de Sitio Nuevo – Mag.
En ese orden de ideas, las cesantías por los años reclamados, que corresponden a
los pasivos prestacionales, y que no han sido aportados, es responsabilidad del
Municipio de Sitio Nuevo - Magdalena por ser anteriores al año en que el
Departamento ser (sic) responsabilizó de las Educación de ese Municipio y a la
afiliación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En
consecuencia, la obligación del Departamento del Magdalena surge a partir del año
2003 y la obligación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
pago de cesantías y sus intereses, con anterioridad a la afiliación, está supeditada a
que la Entidad (Municipio) a la cual el docente prestaba sus servicios haya
efectuado los aportes que estaba obligada a pagar.
17 Folios 16 y 17.
18 Folios 10 a 12.
19 Folios 18 a 21.
20 Folio 15.
15
Radicado: 47001 23 33 000 2018 00231 01 (0871-2020)
Demandante: Trumancery Garizabalo Suárez
2.4. Caso concreto
Con el propósito de pronunciarse frente a los argumentos de la demandante, se
debe advertir, en primer lugar, que, conforme a lo previsto en los artículos 320 y
328 del Código General del Proceso, aplicables por remisión del artículo 306 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
objeto del recurso de apelación se circunscribe a que el ad quem «examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante» y, por ende, su pronunciamiento debe sujetarse a «los
argumentos expuestos» por este. En consecuencia, los asuntos que se abordarán
en esta providencia comprenden, únicamente, aquellos señalados en la fijación del
litigio, los cuales concuerdan con los repartos formulados en el recurso.
Así las cosas, el primer problema que se debe resolver, consiste en establecer si
la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio) es la autoridad legitimada en la causa para asumir una
posible condena en torno a la reclamación de las cesantías de los años 1998 y
1999, a favor de la señora Trumancery Garizabalo Suárez.
Para efecto de definir lo anterior, la Sala considera oportuno señalar que, de
acuerdo con la información suministrada por la profesional universitaria,
coordinadora de prestaciones sociales de la Secretaría de Educación del
departamento del Magdalena el certificado expedido por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en el oficio del 17 de enero de 2018,21 la
afiliación de la demandante en dicho fondo ocurrió el 29 de julio de 2005; en
consecuencia, es preciso dar aplicación a lo previsto en el artículo 1º parágrafo 1º
del Decreto 3752 de 2003, según el cual «[l]a falta de afiliación del personal
docente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio implicará la
responsabilidad de la entidad territorial nominadora por la totalidad de las
prestaciones sociales que correspondan».
Lo anterior quiere decir que en quien radica la responsabilidad de reconocer y
21 Folio 15.
16
Radicado: 47001 23 33 000 2018 00231 01 (0871-2020)
Demandante: Trumancery Garizabalo Suárez
destinar los recursos correspondientes a las cesantías causadas a favor de la
demandante, antes de su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio es en la entidad territorial nominadora; por lo tanto, no es viable
atribuir responsabilidad, al respecto, en cabeza del ministerio demandado.
Ahora bien, la Sala no desconoce que, en un principio, la demanda se formuló no
solo en contra de ese ente ministerial, sino de dos autoridades territoriales, por un
lado, el departamento del Magdalena y, por el otro, el municipio de Sitionuevo; sin
embargo, tales entidades no fueron vinculadas al litigio, toda vez que en el auto
que admitió la demanda,22 el tribunal declaró la caducidad del medio de control
respecto de ellas, pues, en su sentir, la demanda se formuló en forma inoportuna
para cuestionar la legalidad de los oficios por ellas emitidos.
En tales condiciones, si la parte demandante no estaba de acuerdo con lo decidido
al respecto, debió incoar los recursos que procedían contra tal providencia, pero
en el plenario no hay prueba de que haya procedido en tal sentido; por el
contrario, a través de memorial,23 solicitó integrar el litisconsorcio necesario con el
departamento y el municipio referidos, pero tal solicitud le fue resuelta en forma
desfavorable por el Tribunal.24 Siendo así, la accionante permitió que quedaran en
firme las decisiones que impidieron que la parte demandada quedara integrada
con las autoridades que podrían ser las legitimadas para responder por el
reconocimiento de las cesantías reclamadas.
Ahora bien, no es procedente acoger el argumento de la parte recurrente, según el
cual al haberse surtido todo el trámite de afiliación, se debe entender que los
recursos del pasivo prestacional fueron remitidos al fondo, pues es evidente que la
consecuencia de no afiliación, por un periodo específico, está delimitada en el
parágrafo uno del artículo primero del Decreto 3752 de 2003, y consiste en la
responsabilidad a cargo del ente territorial, en lo que respecta al reconocimiento y
pago de la prestación. Sin embargo, como, en el sub lite, no está vinculada la
22 Auto del 7 de septiembre de 2018, que obra en los folios 80 a 82.
23 Folio 86.
24 Mediante providencia del 8 de octubre de 2018, visible en folios 92 a 94.
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autoridad territorial es forzoso confirmar lo que, al respecto, decidió la primera
instancia, sobre dicha pretensión, en el sentido de negarla, pues la autoridad que
integra la parte demandada no está legitimada para responder por ella.
Por otro lado, la Sala considera imperioso precisar que la sanción por mora que se
reclama surge de la tardanza en que incurrió la administración en el pago de las
cesantías anuales, esto es, las que se generaron a favor de la demandante
con corte al 31 de diciembre de cada uno de los años 1998 y 1999, de manera
que el análisis se circunscribirá a determinar si, en su condición de docente, tiene
derecho al reconocimiento y pago de la sanción por la presunta mora en que
incurrió el empleador en consignar su prestación en cada anualidad
Para resolver lo anterior, en primer lugar, se debe determinar si la señora
Garizabalo Suárez, en su condición de docente, es beneficiaria de la Ley 50 de
1990, en particular, del artículo 99, en lo que atañe al reconocimiento y pago de la
sanción, cuando el empleador incurre en mora para la consignación de sus
cesantías liquidadas en forma anual,25 teniendo en consideración que la
decisión del a quo se circunscribió a la inaplicabilidad de tal normativa a la
demandante.
Al respecto, la tesis de la Sala había sido la de considerar que los docentes no
están amparados por las disposiciones de liquidación anual de las cesantías
consagradas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de tales
previsiones con destino a los empleados territoriales surgió de la Ley 344 de 1996,
en cuyo artículo 13 dispuso la aplicación de las normas vigentes en materia de
cesantías, pero hizo la salvedad de que ello es «sin perjuicio de lo estipulado en la
Ley 91 de 1989» lo que se traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal
docente.
Esa postura también había sido desarrollada por la Corte, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues en Sentencia C-928
25 Se resalta lo pertinente, comoquiera que el análisis de la Sala no comporta el reconocimiento de
la sanción por mora en la consignación de las cesantías definitivas respecto de los docentes.
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de 200626 señaló que la forma de realizar el cálculo y pago de las cesantías a
favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio no era igual al establecido en la Ley 50 de 1990. Además, puntualizó
que no se configuraba violación del derecho a la igualdad porque «simplemente la
manera como se liquidan y pagan aquellos27 es distinta a la regulada en la Ley 50
de 1990, sin que por ello se configure discriminación alguna».
Sin embargo, por vía de acción de tutela, tanto la Corte Constitucional como el
Consejo de Estado28 han considerado que en virtud del principio de favorabilidad,
es viable aplicar a los docentes las disposiciones que contiene la Ley 50 de 1990,
en materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de las
cesantías anuales, de manera que, para estos, el valor reconocido con corte a 31
de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación también les debe
ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a
más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación, so pena de que se
incurra en mora equivalente a un día de salario por cada día de retraso.
En efecto, sobre ese particular, la Corte Constitucional en Sentencia SU-098/1829
sostuvo que el «hecho de que los docentes se encuentren amparados por un
régimen especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del
Estado, y menos aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter laboral
que comporta un beneficio, caso en el cual prevalece la interpretación que reporte
el mayor beneficio para el empleado, pues ésta será la que se ajuste a los
postulados del artículo 53 de la Carta Política».
De igual manera, en la sentencia en cita, la Corte señaló que aunque los jueces
han adoptado una postura jurídicamente razonable y justificada al negar el
derecho a la sanción moratoria, esta excluye otra posible interpretación, en virtud
de la cual sí los ampara la sanción moratoria por la no consignación de cesantías
26 Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
27 Refiriéndose a diferentes prestaciones, entre ellas las cesantías.
28 Ver, entre otras, sentencias del Consejo de Estado, del 17 de junio de 2019, A.C. 11001-03-15-
000-2018-04617-01, Sección Tercera, M.P. y del 28 de junio de 2019, A.C. 11001-03-15-000-2018-
04679-01, Sección Primera, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
29 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, la cual es «más favorable respecto de los derechos laborales de los
docentes oficiales», máxime cuando el «ámbito de aplicación de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 se extiende a todos los empleados públicos. Así
lo establece el Decreto 1252 de 2000». Y finalmente, concluyó:
Realizada la anterior aclaración, esta Corporación considera que, en el régimen
anualizado, aplicable al caso de los docentes vinculados después de 1990 y 1996, es
lógico que se exija la afiliación y el pago oportuno del auxilio de cesantías, ya que la
consignación es la manera de garantizar el acceso a la prestación. Sin duda,
este sistema solo puede ser equitativo si las personas pueden contar con su
pago de forma oportuna para poder disponer de la prestación en cualquiera de
los eventos en que se permite, esto es, ante el desempleo, para financiar la
educación propia, de compañeros permanentes, de los hijos o dependientes30 y
para la adquisición, construcción, mejora o liberación de bienes raíces
destinados a su vivienda31.
Adicionalmente, cabe anotar que, como quedó visto, una interpretación restrictiva
de la aplicación de la sanción moratoria incurriría en un trato desigual de los
docentes frente a otros trabajadores del Estado que gozan de la sanción como
garantía de la prestación. Esta distinción viola el derecho a la igualdad toda vez
que los docentes tendrían un derecho limitado por tener una categoría
específica dentro de los trabajadores estatales, lo cual no constituye un motivo
valido en sí mismo para negar su acceso.
[…]
30 Cita propia del texto transcrito «Ley 50 de 1990. “Artículo 102º.- El trabajador afiliado a un Fondo
de Cesantía sólo podrá retirar las sumas abonadas en su cuenta en los siguientes casos:
1. Cuando termine el contrato de trabajo. En este evento la Sociedad Administradora
entregará al trabajador las sumas a su favor dentro de los cinco (5) días siguientes a la
presentación de la solicitud.
2. En los eventos en que la legislación vigente autoriza la liquidación y pago de cesantía
durante la vigencia del contrato de trabajo. El valor de la liquidación respectiva se descontará del
saldo del trabajador desde la fecha de la entrega efectiva.
3. Para financiar los pagos por concepto de matrículas del trabajador, su cónyuge,
compañera o compañero permanente y sus hijos, en entidades de educación superior reconocidas
por el Estado. En tal caso el Fondo girará directamente a la entidad educativa y descontará el
anticipo del saldo del trabajador, desde la fecha de la entrega efectiva.
Parágrafo. El trabajador afiliado a un fondo de cesantías también podrá retirar las sumas abonadas
por concepto de cesantías para destinarlas al pago de educación superior de sus hijos o
dependientes, a través de las figuras de ahorro programado o seguro educativo, según su
preferencia y capacidad”».
31 Cita propis del texto transcrito «Código Sustantivo del Trabajo. “Artículo 256. Financiación de
viviendas. <Artículo modificado por el artículo 18 del Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el
siguiente:>
1. Los trabajadores individualmente, podrán exigir el pago parcial de su auxilio de cesantía para la
adquisición, construcción, mejora o liberación de bienes raíces destinados a su vivienda, siempre
que dicho pago se efectúe por un valor no mayor del requerido para tales efectos.
2. Los {empleadores} pueden hacer préstamos a sus trabajadores sobre el auxilio de cesantía para
los mismos fines. (…)”».
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Como se advirtió, los docentes se encuentran en la categoría de los empleados
públicos y no existe razón que justifique que en su calidad de trabajadores no
tengan derecho, de la misma forma que los demás servidores públicos, a que
sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo. Una interpretación
contraria no protegería a estas personas en la misma forma que a otros servidores
públicos, lo cual tendría como consecuencia la restricción de su posibilidad de gozar
de la garantía del pago oportuno del auxilio de cesantías y, a su vez, de las
protecciones ya mencionadas que se derivan de esa prestación.
[…]
Sumado a lo anterior, el régimen especial al que está sometido el actor no
contempla la sanción que solicita, situación distinta sería que su régimen lo
contemplara o que, en su lugar, se estableciera otro tipo de beneficios o
sanciones, lo cual, en este caso no se evidencia. Al respecto, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que hipótesis como las que ahora se encuentran
bajo estudio pueden desconocer el derecho a la igualdad.
[…]
De conformidad con todo lo expuesto, en consonancia con el principio de
favorabilidad procede aplicar lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la
Ley 50 de 1990 ya que la Ley 91 de 1989 no contempla de manera expresa
sanción por la no consignación de las cesantías en el FOMAG.
Asimismo, en Sentencia SU-332 de 201932 esa Corporación también coligió que:
52. En síntesis, con base en la jurisprudencia constitucional, es posible concluir que
(i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores,
protegida por la Constitución; (ii) los miembros del Magisterio gozan de un régimen
prestacional especial, en razón de la labor que desarrollan y su vinculación con el
Estado; (iii) los docentes oficiales se pueden catalogar como empleados públicos,
en razón de las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se
encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento, que da lugar a una
relación legal y reglamentaria; (iv) los docentes oficiales, en tanto empleados
públicos, tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
pago tardío de las cesantías. [Negrilla fuera de texto]
Bajo el anterior derrotero, la Subsección ha considerado viable acoger el criterio
de favorabilidad aplicado en sede constitucional, para resolver las controversias
relacionadas con el reconocimiento de sanción moratoria por la consignación
tardía de las cesantías anuales a los docentes, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Por ende, se aplicará la anterior postura a fin de establecer si la demandante es
beneficiaria de la sanción pretendida en la demanda, así:
32 Corte Constitucional, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
21
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Para efecto de lo anterior, es preciso determinar el período respecto del cual se
pretende el reconocimiento de la sanción moratoria por parte de la accionante,
esto es, por la tardanza en el pago de las cesantías anuales de los años 1998 y
1999.
Ahora bien, de acuerdo con lo probado en el expediente, en particular, información
extraída del oficio emanado de la profesional universitaria, coordinadora de
prestaciones sociales de la Secretaría de Educación del departamento del
Magdalena,33 los reportes de cesantías que se han hecho a favor de la señora
Garizabalo Suárez corresponden a los años 2003 en adelante, pero de ese año
hacia atrás no se reflejan abonos por ese concepto, por parte del ente territorial
correspondiente.
Por lo anterior, ante la falta de acreditación de los periodos de la prestación,
respecto de los que se reclama la mora —años 1998 y 1999—, la Sala concluye
que sí hubo mora en la consignación de las cesantías, pues no hay prueba de que
aún hayan sido dirigidos al fondo.
Siendo así, la mora corrió de la siguiente manera:
Cesantías 1998: desde el 15 de febrero de 199934 hasta la fecha no hay
constancia de su acreditación.
Cesantías 1999: desde el 15 de febrero de 200035 hasta la fecha no hay
constancia de su acreditación.
No obstante lo anterior, la sanción moratoria pretendida está afectada por el
fenómeno de la prescripción, comoquiera que la obligación —sanción moratoria—
se hizo exigible a partir del momento en que se generó el incumplimiento o
33 Folio 15.
34 Que corresponde al día posterior a aquel en que debieron acreditarse ante el Fondo. Lo propio
se predica de los demás periodos de cesantías reclamados.
35 Que corresponde al día posterior a aquel en que debieron acreditarse ante el Fondo. Lo propio
se predica de los demás periodos de cesantías reclamados.
22
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tardanza, es decir, desde el día siguiente al vencimiento del término con que la
entidad contaba para realizar el pago —15 de febrero del año siguiente al de la
causación del auxilio— y la accionante dejó transcurrir un lapso superior a tres (3)
años sin hacer la reclamación administrativa de la sanción moratoria.
En efecto, en sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020, emanada de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, CE-SUJ-SII-022-2020, se sentó
jurisprudencia, al respecto, en el siguiente sentido:
i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la
sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es
desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad
siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los
tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.
ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la
consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción
prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera independiente por
cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15
de febrero del año siguiente a su causación para reclamar la sanción moratoria por
la anualidad correspondiente, so pena de su extinción.
Así las cosas, en el caso concreto de la señora Garizabalo Suárez, el término para
reclamar la sanción moratoria por la inoportuna consignación de sus cesantías
empezó a correr en las siguientes fechas y se extinguió en el término indicado en
el cuadro siguiente:
Período de Fecha en la que surgió la Fecha en que se
cesantías debido mora y el derecho a extinguió el derecho por
reclamar la prescripción
indemnización
1998 15 de febrero de 1999 15 de febrero de 2002
1999 15 de febrero de 2000 15 de febrero de 2003
Con fundamento en lo anterior, se debe concluir que como la petición de la
indemnización moratoria se realizó el día 31 de octubre de 2017,36 ante el
Ministerio de Educación Nacional, se encuentra prescrita la sanción pretendida,
pues se reclamó cuando habían transcurrido más de tres años desde el momento
36 Folio 10 a 12.
23
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en que la obligación se hizo exigible; por ende, procedía declarar probada, de
oficio, la excepción extintiva; por lo tanto, se revocará parcialmente la sentencia
recurrida en cuanto negó esa pretensión de la demanda, para, en su lugar,
declarar probada la excepción de prescripción extintiva.
En todo caso, es preciso señalar que en la sentencia de unificación citada 37 se
dejó claro que «2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al
fenómeno de prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el
artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral» y, por ende, es procedente, en
el sub lite, acoger ese criterio en torno al fenómeno extintivo.
En esas condiciones, la reclamación al respecto debía realizarse dentro de los 3
años contados a partir del momento de su exigibilidad y, como se dejó plasmado
con antelación, la parte interesada excedió ese término.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,38 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación atiende un criterio
objetivo valorativo. Objetivo, en el sentido de que toda sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas
del Código General del Proceso; y valorativo, pues se requiere que el juez revise
si ellas se causaron (pago de gastos ordinarios del proceso, actividad profesional
realizada dentro de él), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o la
temeridad de las partes. Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en
los numerales 1 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, 39 la Sala se
abstendrá de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, en
cuanto no resultaron probadas, pues la decisión en torno a la prescripción surgió
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia CE–SUJ004 de 2016, M.P. Luis Rafael
Vergara Quintero.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
39 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
24
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de la postura jurisprudencial definida en la sentencia CE-SUJ-SII-022-2020, que
fue expedida en forma posterior a la interposición del recurso.40
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional
en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala considera que se debe declarar probada,
de oficio, la excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria de
cesantías reclamada por la señora Trumancery Garizabalo Suárez; por tal razón,
se revocará parcialmente, la providencia recurrida, que denegó las súplicas de la
demanda y, en su lugar, se declarará probado el aludido medio exceptivo. En lo
demás, se confirmará la sentencia recurrida, en cuanto el Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no es la
autoridad que deba responder por el pago de las cesantías causadas a favor de la
demandante por los años 1998 y 1999, por las razones expuestas y no se
impondrá condena en costas de segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar, parcialmente, la sentencia proferida el 21 de agosto de 2019
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en cuanto denegó la pretensión de
sanción moratoria por la inoportuna consignación de cesantías, en el proceso
promovido por Trumancery Garizabalo Suárez contra la Nación (Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio). En su lugar
se dispone:
40El recurso se interpuso el 30 de octubre de 2019 (folio 202) mientras que la providencia de
unificación data del 6 de agosto de 2020.
25
Radicado: 47001 23 33 000 2018 00231 01 (0871-2020)
Demandante: Trumancery Garizabalo Suárez
Declarar probada, de oficio, la excepción de prescripción extintiva de la sanción
moratoria reclamada por la demandante, de conformidad con las consideraciones
que anteceden.
Segundo. Confirmar, en lo demás, la providencia recurrida.
Tercero. No condenar en costas de segunda instancia.
Cuarto. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
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