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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-33-33-004-2019-00626-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
33 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-33-33-004-2019-00626-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 21 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así: «SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNAR a la Nación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar la pensión de jubilación por aportes a favor de William Caicedo Mazuera, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios sobre los que haya efectuado cotización durante los últimos diez (10) años de servicios. La pensión por aportes reconocida es compatible con el salario que devengue William Caicedo Mazuera mientras continúe en el ejercicio de la docencia oficial. La entidad podrá exigir las cuotas partes a la caja de previsión concurrente.» 24En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 17 Radicado: 76001-33-33-004-2019-00626-01(5758-2022) Demandante: William Caicedo Mazuera Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 21 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de voto Cfr. Rad.Av.05001-23-33-000-2020- -00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. ACCR 18

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-33-33-004-2019-00626-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-33-33-004-2019-00626-01(5758-2022)
Demandante: William Caicedo Mazuera
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente, Ley
71 de 1988. Compatibilidad entre salario y pensión.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 21 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. William Caicedo Mazuera presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del acto ficto o presunto producto de la falta de respuesta a
la petición presentada el 21 de marzo de 2019 por medio de la cual el Fomag le
negó el reconocimiento de una pensión de jubilación.

1 En lo que sigue CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-33-33-004-2019-00626-01(5758-2022)
Demandante: William Caicedo Mazuera

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de la prestación solicitada en cuantía equivalente al 75%
de los salarios y primas que percibió en el año anterior a la adquisición del derecho,
a partir del 21 de noviembre de 2012, «momento en que cumplió 60 años de edad y los
1.000 semanas de cotización» (sic), y sin que sea exigible el retiro del servicio para su
disfrute; ii) la inclusión en nómina de la prestación; iii) el ajuste de las sumas «a que
haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo»; iv) el pago de las
mesadas atrasadas y de los intereses moratorios a los que haya lugar; v) el
cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA;
y vi) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. William Caicedo Mazuera nació el 21 de noviembre de 1952.

3.2. Realizó aportes al ISS por 1602 semanas y posteriormente fue vinculado a la
docencia oficial desde el año 2010, labor que continúo hasta la fecha de la
presentación de la demanda.

3.3. El 21 de marzo de 2019 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes; sin embargo, a través del acto ficto acusado, la entidad negó tal petición.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15, numerales 1 y
2, de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de
la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:

5.1. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se
vincularan después de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y
sociales, se regirían por las disposiciones de las que eran beneficiarios los
servidores públicos del orden nacional, lo cual también era extensivo a los docentes
que realizaran aportes al ISS y en el sector público.

5.2. Lo anterior, permitió concluir que «para los servidores públicos docentes vinculadas
después de 1990, SE UNIFICÓ EL RÉGIMEN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y

2 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 2 a 22.

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Demandante: William Caicedo Mazuera

SOCIALES, con el resto de empleados públicos del orden nacional, aplicando así mismo
todas aquellas disposiciones aplicables a los empleados públicos de esta denominación,
completando, de ser necesario las semanas exigidas en el antiguo ISS, como lo estableció
el artículo 7 de la ley 71 de 1988» (sic).

5.3. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que el « [e]l régimen prestacional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculadas al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley»; disposición que
debe ser entendida en el sentido de que «los docentes vinculadas con anterioridad al
año 2003, se le aplican las normas anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir la Ley
71 de 1988 como trabajadores privados, o prestando el servicio público o privado con
aportes al antiguo ISS, pues si trataba de proteger a los docentes que con alguna edad
se vinculaban al sector público después del 26 de junio de 2003, y que lograban acreditar
trabajo antes de menciona fecha, TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES
ANTERIORES A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE, le son aplicables» (sic).

5.4. Así las cosas, si el docente laboraba con anterioridad al « 26» de junio de 2003 y
había tenido aportes a alguna entidad de previsión del sector público o al ISS, se le
debía respetar el régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003.

5.5. En ese orden y en consideración a que antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 efectuó aportes al ISS, se le debía respetar el régimen contenido en la
Ley 71 de 1988, puesto que, la «expresión vinculadas, desarrollada expresamente en la
norma, se refiere como lo contemplo el Honorable Consejo de estado, a estar laborando o
haber realizado aportes al ISS, como normatividad aplicable a los servidores públicos del
estado, antes del 23 de junio de 2003» [sic].

5.6. Al encontrarse trabajando con anterioridad al 23 de junio de 2003 y haber
realizado aportes al ISS, a partir de ese momento, se entendió como vinculado para
los efectos del cumplimiento del artículo 21 de la Ley 812 de 2003.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Ministerio de Educación Nacional, Fomag se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente3:

6.1. De conformidad con la normativa y la jurisprudencia vigente y, según el historial
del demandante, no le era aplicable la Ley 812 de 2003 por cuanto se vinculó como

3 Índice 40 de Samai tribunales, expediente digital, 23_760013333004201900626001
EXPEDIENTEDIGI20220810140605 archivo pdf «14Contestación».

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Demandante: William Caicedo Mazuera

docente en propiedad con posterioridad al año 2003.

6.2. El artículo 128 de la Constitución política, estableció la prohibición de percibir
más de una asignación del tesoro público.

6.3. El régimen de los docentes corresponde al que se les aplicó a los empleados
públicos del orden nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989, por ello, las disposiciones que regularon las pensiones de invalidez
y jubilación en este asunto eran las contenidas en la Ley 33 de 1985 y en los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1968.

6.4. Propuso la excepción de inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 21 de julio de
2022, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En
tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto presunto producto del silencio
administrativo negativo por la no contestación de la petición del 21 de marzo de 2019,
presentada por el actor ante la entidad demandada, a través de la Secretaría de
Educación de Santiago de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNAR a la Nación - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar la pensión de
jubilación por aportes a favor del señor William Mazuera Caicedo, equivalente al setenta
y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios sobre los que haya efectuado
cotización durante los últimos diez (10) años de servicios. El reconocimiento y pago de
esta prestación pensional queda CONDICIONADA al retiro definitivo del servicio del
actor, de conformidad con los lineamientos señalados en la parte motiva de esta
providencia. La entidad podrá exigir las cuotas partes a la caja de previsión concurrente.

TERCERO: ORDENAR a la entidad demandada que dé cumplimiento a esta sentencia
de conformidad con los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo - CPACA» [Resaltado del texto original].

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos4:

8.1. «WILLIAM MAZUERA CAICEDO» (sic) nació el 21 de noviembre de 1952 y cotizó
en el sector privado desde junio de 1971 hasta diciembre de 2009 para un total de
1602 semanas cotizadas, se vinculó a la docencia oficial a partir del 21 de abril de

4 Índice 35 de Samai tribunales, archivo denominado 20_760013333004201900626001
SENTENCIA20220722130706

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Demandante: William Caicedo Mazuera

2010.

8.2. De acuerdo con el material probatorio el actor era beneficiario del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al momento de su entrada en
vigencia acreditó una edad de 42 años y un tiempo de servicios privados de
aproximadamente 17 años, razón por la cual le era aplicable la Ley 71 de 1988 y
reglamentada por el Decreto 2709 de 1994.

8.3. Asimismo, acreditó los requisitos dispuestos en ese régimen pues el 21 de
noviembre de 2012 cumplió con la edad requerida (60 años) y contó con más de 20
años de servicio en el sector público y privado, por lo que adquirió el estatus
pensional el 22 de noviembre de 2012.

8.4. De conformidad con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 el IBL
de las personas beneficiarias de la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
a quienes se les aplique la Ley 71 de 1988 corresponde al promedio de los salarios
sobre los cuales cotizó durante los diez años anteriores al reconocimiento de la
pensión, por ello, el actor tiene derecho al reconocimiento de la pensión por aportes
con una tasa de reemplazo del 75% del promedio de los salarios sobre los cuales
cotizó durante los últimos diez (10) años de servicio, la cual se deberá hacer
efectiva una vez se retire del servicio tal como lo dispone el artículo 2 del Decreto
2709 de 1994.

1.4. El recurso de apelación

9. La parte demandante presentó recurso de apelación con fundamento en lo
siguiente5:

9.1. La decisión de primera instancia debió ser revocada frente a la exigencia del
retiro del servicio para el pago de la pensión, ello en consideración a que la
prohibición de doble asignación del tesoro público prevista en la Constitución
Política fue regulada por el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, no obstante, en el sector
de los docentes el literal g) de ese artículo conservó las compatibilidades que
existían para sus asignaciones, razón por la cual para disfrutar de esa prestación
económica no se requiere el retiro del servicio.

9.2. Debió reconocerse la pensión de jubilación por aportes con una tasa de remplazo
del 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicio y no con el promedio de los salarios cotizados durante los diez

5 Índice 38 de Samai tribunales, archivo denominado 21_760013333004201900626002
MemorialWeb2022725153624.

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Demandante: William Caicedo Mazuera

últimos años, puesto que al aplicar el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 en materia
pensional debió acudirse a las previsiones de los artículos 6 y 8 del Decreto 2709
de 1994 que así lo establecieron.

9.3. Solicitó la corrección de su nombre toda vez que en la sentencia quedó de
manera errada.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia6, se circunscriben a
establecer lo siguiente:

12.1. ¿la pensión por aportes reconocida al demandante por ser beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 debió ser liquidada con el 75% del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de

6 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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servicio?

12.2. ¿es compatible la pensión regulada en la Ley 71 de 1988 con el salario percibido
en ejercicio de la docencia o para recibirla el docente debe retirarse del servicio?

2.2. Marco normativo

2.2.2. Régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988

13. La Ley 71 de 1988 creó la «pensión de jubilación por aportes», por la cual se
permitía que las personas que hubieran efectuado cotizaciones durante el tiempo
laborado como empleados públicos y privados pudieran obtener la pensión de
jubilación sumando tiempos del uno y del otro. Lo anterior, respondió a la dificultad
que imponían las normas que se habían expedido con antelación y que regulaban
en forma separada el régimen pensional de cada uno de estos sectores.

14. Así, el artículo 7 de la norma, permitió que la prestación se obtuviera con la suma
de los tiempos de cotización y de servicios de los «empleados oficiales y trabajadores
que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en
una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60)
años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer».

15. Ahora bien, la Ley 71 fue reglamentada inicialmente por el Decreto 1160 de 1989
y posteriormente por el Decreto 2709 de 1994, que señaló lo siguiente:

«Artículo 6°. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las
excepciones contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

Artículo 8°. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley».

16. La anterior disposición fue expresamente derogada por el artículo 24 del Decreto

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1474 de 19977. Sin embargo, dicha derogatoria fue anulada por esta Sección
mediante la sentencia del 15 de mayo de 20148, por considerar que desconocía la
finalidad del régimen de transición como mecanismo de protección ante el cambio
legislativo. Como argumentos para tal decisión se expusieron los siguientes:

«Así, en el presente caso, tratándose de una situación análoga a nivel reglamentario, se
destaca que la norma que disponía el salario base para la liquidación de la pensión por
aportes fue derogada, situación que originó un vacío normativo y obligó a remitirse a la
Ley 100 de 1993, aun cuando el legislador dispuso que el Gobierno Nacional debía
reglamentar las condiciones para el reconocimiento y pago de la pensión por aportes
(inc. 2, art. 7, Ley 71 de 1988).

Visto lo anterior, la derogatoria del artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, desconoció no
solamente la Ley 71 de 1988; sino también la Ley 100 de 1993, ya que ésta previó un
régimen de transición, como un mecanismo de protección ante un tránsito legislativo
para las personas que tenían la expectativa de adquirir su derecho pensional bajo una
normatividad anterior, en este sentido no puede el ejecutivo en virtud del ejercicio de la
facultad reglamentaria reducir de manera desproporcionada e irrazonable los beneficios
de la normatividad pensional anterior, pues dejaría sin eficacia la finalidad del régimen
de transición pensional».

17. Así las cosas, comoquiera que la norma había cobrado vigencia a partir de tal
declaratoria de nulidad, la Sección Segunda consideraba que la regla jurídica para
determinar el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen
de transición y que tenían derecho a la pensión de jubilación por aportes era la
establecida en el referido artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994, esto es que se
debía liquidar con el 75 % del salario promedio que había servido de base para los
aportes durante el último año de servicio.

18. El criterio de la corporación era congruente con la sentencia de unificación de la
Sección Segunda del 4 de agosto de 2010, que señalaba que la liquidación de la
pensión correspondía al 75 % de lo devengado por el trabajador en el último año de
servicio. No obstante, esta postura ha sido recogida, ajustada e interpretada
armónicamente, en todo, con lo dispuesto en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 20189, a partir de la cual el Consejo de Estado se inclinó por la taxatividad
de los factores de salario y concluyó que el ingreso base de liquidación del inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para
aquellas personas que se benefician de este.

19. Así, a efectos de determinar el IBL de las personas beneficiarias de la transición

7 por el cual se derogan, modifican y/o adicionan algunos artículos del Decreto reglamentario 1748

de 1995 y se dictan otras disposiciones.
8 Sentencia del 15 de mayo de 2014, radicado: 11001-03-25-000-2011-00620-00 (2427-2011), C.P.

Gerardo Arenas Monsalve
9Radicado: 52001-23-33-000-2012-00143-01.

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Demandante: William Caicedo Mazuera

prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplica como
régimen anterior la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, se deben
seguir la regla y las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 proferida por la Sala Plena de la Corporación, es decir, que el IBL
debe establecerse en los términos del inciso 3.º del artículo 36 o del artículo 21 de
la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994, y no con fundamento en el artículo
6.° del Decreto 2709 de 1994.

2.2.3. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso de
los docentes

20. El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía recibir
dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinaran las
leyes. De esta manera, el constituyente previó la posibilidad de que se establecieran
excepciones a la prohibición, las cuales inicialmente fueron « determinadas» por el
presidente de la República, quien en ejercicio de facultades extraordinarias expidió
el Decreto-ley 1317 de 196010, dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que
provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de
profesorado de tiempo completo11». Asimismo, el artículo 5 del Decreto 224 de 197212
señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía] incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario est[uviera] mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretar[ía el] retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco
(65) años de edad».

21. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida
en el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:

«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas» [Se resalta].

22. La anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a través de la
Ley 4ª de 1992, que en su artículo 19, dispuso lo siguiente:

«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de

10 Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo

64 de la Constitución.
11 Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
12 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.

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Radicado: 76001-33-33-004-2019-00626-01(5758-2022)
Demandante: William Caicedo Mazuera

instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes
asignaciones:

[…]

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]». [Se resalta].

23. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó13:

«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.

Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.

En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]

Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Se resalta].

24. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:

24.1. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].

24.2. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que « [e]l régimen prestacional aplicable
a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado

05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.

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Radicado: 76001-33-33-004-2019-00626-01(5758-2022)
Demandante: William Caicedo Mazuera

departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y

24.3. El artículo 19 de Ley 344 de 199614 dispuso:

«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»

25. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se
advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación con
el salario devengado por el docente, compatibilidad de la cual pueden ser
beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para que les sea
reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios como docentes
oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben ser afiliados al
Fomag.

26. Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
Fomag serían compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es
decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los
requisitos de un régimen determinado.

27. Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996
se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la
compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes. Es decir,
mediante dicha disposición señaló que una vez los servidores públicos adquieran el
derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, tendrían la posibilidad de optar
por una de 2 opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta que cumpla
la edad de retiro forzoso. Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero solo
hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de manera
expresa excluyó a los docentes oficiales. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:

«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la

14 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas

facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.

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Radicado: 76001-33-33-004-2019-00626-01(5758-2022)
Demandante: William Caicedo Mazuera

nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de
prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994.

[…]

La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente,
la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y
dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés
constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido
con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor
formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una razón
constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro forzoso,
para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y
que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [Se resalta].

28. Resulta claro entonces que los servidores públicos podrán disfrutar de la pensión
solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; no obstante, la Ley 344 de 1996
dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente.

29. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de
200215 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en
el sector educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de jubilación,
vejez, gracia o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones docentes o
directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre otros, por
obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.

30. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63
literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se
precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones
de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales
deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales
como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe
remitirse el Gobierno» [Se resalta].

31. En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la remuneración
de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles
de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial

15 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente»

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Radicado: 76001-33-33-004-2019-00626-01(5758-2022)
Demandante: William Caicedo Mazuera

para el sector educativo estatal, prevén que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga
del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley
4ª de 1992»16.

32. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso
de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la
regulación expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones jurisprudenciales
expuestas.

2.3. Caso en concreto

2.3.1. Hechos probados

33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

33.1. William Caicedo Mazuera nació el 21 de noviembre de 1952, según consta en
su cédula de ciudadanía17.

33.2. De conformidad con el reporte de semanas cotizadas emitido por Colpensiones
el demandante, entre el 21 de junio de 1971 y el 30 de noviembre de 2009, cotizó
1602 semanas18.

33.3. Según consta en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral con consecutivo 4758, expedido el 8 de febrero de 2019 por la Secretaría de
Educación del municipio de Santiago de Cali, el docente acreditó el siguiente tiempo
de servicio en el magisterio oficial con nombramiento en propiedad19:

Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y reing.
Sede Educativa José Holguín Resolución 2800 21/04/2010 03/05/2010
Garces Cali (Valle)
Ing. y reing.
Sede Educativa José Holguín Resolución 0434 26/01/2011 01/03/2011
Garces Cali (Valle)

16 Al efecto ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
17 Índice 3 de Samai, expediente digital, archivo en formato zip 21_760013333004201900626011
EXPEDIENTEDIGIC0120221109144457 / cd1 folio 25 A/ Demanda William Mazuera- página 74.
18 Índice 3 de Samai, expediente digital, archivo en formato zip 21_760013333004201900626011

EXPEDIENTEDIGIC0120221109144457 / cd1 folio 25 A/ Demanda William Mazuera- página 60.
19 Índice 3 de Samai, expediente digital, archivo en formato zip 21_760013333004201900626011

EXPEDIENTEDIGIC0120221109144457 / cd1 folio 25 A/ Demanda William Mazuera- páginas 68 a
70.

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Demandante: William Caicedo Mazuera

Tiempo total 1 mes y 15 días

33.4. Asimismo, de conformidad con el formato único para la expedición de certificado
de historia laboral con consecutivo 4756, expedido por la Secretaría de Educación
del municipio de Santiago de Cali, el docente acreditó el siguiente tiempo de servicio
en el magisterio oficial con nombramiento en propiedad20:

Novedad Desde Hasta
Sede Educativa José Holguín
01/01/2012 31/12/2012
Garces Cali (Valle)

Sede Educativa José Holguín
01/01/2013 31/12/2013
Garces Cali (Valle)
Tiempo total 2 años

33.5. El 21 de marzo de 2019 presentó reclamación administrativa ante la Secretaría
de Educación de la alcaldía de Santiago de Cali en la que solicitó el reconocimiento
y pago de una pensión de jubilación de conformidad con la Ley 71 de 198821.

33.6. Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 percibió como factores
salariales la asignación básica, prima de navidad y prima de vacaciones docentes22.

2.3.2. Análisis sustancial

34. Si bien tal y como se advirtió en el planteamiento del problema jurídico, el
pronunciamiento de esta Sala se limitará a los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, la Subsección encuentra necesario precisar si el demandante tiene o
no derecho al reconocimiento pensional pretendido, a efectos de determinar, a partir
de lo anterior, si la prestación debe condicionarse al retiro del servicio y cuál es el
IBL aplicable para su caso.

35. Así pues, de las pruebas allegadas al expediente se tiene que William Caicedo
Mazuera a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1994 (1 de abril de 1994) tenía
42 años de edad y más de 15 años de servicios, por lo que era beneficiario del
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la mencionada ley y en ese

20 Índice 3 de Samai, expediente digital, archivo en formato zip 21_760013333004201900626011

EXPEDIENTEDIGIC0120221109144457 / cd1 folio 25 A/ Demanda William Mazuera- páginas 68 a
72.
21 Índice 3 de Samai, expediente digital, archivo en formato zip 21_760013333004201900626011

EXPEDIENTEDIGIC0120221109144457 / cd1 folio 25 A/ Demanda William Mazuera- páginas 48 a
56.
22 Índice 3 de Samai, expediente digital, archivo en formato zip 21_760013333004201900626011

EXPEDIENTEDIGIC0120221109144457 / cd1 folio 25 A/ Demanda William Mazuera- páginas 72.

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Radicado: 76001-33-33-004-2019-00626-01(5758-2022)
Demandante: William Caicedo Mazuera

entendido le era aplicable la Ley 71 de 1988.

36. Por otra parte, el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 dispuso que los «empleados
oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus
veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en
el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre
que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o
más si es mujer».

37. En el caso bajo estudio el demandante cumplió 60 años el 21 de noviembre de
2012, fecha en la cual contaba con 1602 semanas cotizadas a Colpensiones y por
lo menos un año como docente oficial23, es decir contaba con más de 33 años de
servicio a entidades públicas y privadas, por lo que acreditó los requisitos para
acceder a una pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en la Ley 71
de 1988.

38. Ahora bien, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de
primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
reconoció al demandante una pensión por aportes «equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del promedio de los salarios sobre los que haya efectuado cotización durante
los últimos diez (10) años de servicios» condicionada al retiro definitivo del servicio.

39. Por su parte, el demandante en el recurso de apelación señaló que la decisión
del a quo tenía que ser revocada en tanto la pensión debió ser reconocida con una
tasa de remplazo del 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio y no con el promedio de los salarios cotizados
durante los diez últimos años y sin la exigencia del retiro del servicio para su disfrute.

40. Como se explicó en el marco normativo, para efectos de determinar el IBL de las
personas beneficiarias de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 a quienes se les aplica como régimen anterior la pensión por aportes prevista
en la Ley 71 de 1988, se deben seguir la regla y las subreglas establecidas en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena de la
Corporación, es decir, que el IBL debe establecerse en los términos del inciso 3.º del
artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994, y no
con fundamento en el artículo 6.° del Decreto 2709 de 1994.

41. En ese entendido, no le asiste razón al recurrente al afirmar que el tribunal debió
reconocer la pensión de jubilación con el 75% del salario promedio que sirvió de

23 De conformidad con las pruebas allegadas con la demanda.

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Radicado: 76001-33-33-004-2019-00626-01(5758-2022)
Demandante: William Caicedo Mazuera

base para los aportes durante el último año de servicio, pues el ingreso base de
liquidación del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen
de transición para aquellas personas que se benefician de este, razón por la cual,
le asistió razón al a quo al determinar que la pensión reconocida debió calcularse
con el promedio de los salarios sobre los que haya efectuado cotización durante los
últimos diez (10) años de servicio.

42. Por otra parte, en relación con la compatibilidad entre la pensión de jubilación y
el salario, como se explicó ampliamente en el marco normativo, la prerrogativa
contenida en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 relativa a la
compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso de los docentes, se
mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la regulación expedida
con posterioridad a ella y las interpretaciones jurisprudenciales actuales, razón por
la cual habrá de modificarse la decisión del a quo en este sentido.

43. Así las cosas, se modificará el ordinal segundo de la sentencia del 21 de julio de
2022 para disponer que la pensión por aportes reconocida es compatible con el
salario que devengue el demandante mientras continúe con el ejercicio de la
docencia oficial. No lo será en otro tipo de empleos, asimismo se corregirá el nombre
del demandante.

2.4. Costas

44. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

45. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

46. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una

16

Radicado: 76001-33-33-004-2019-00626-01(5758-2022)
Demandante: William Caicedo Mazuera

aplicación razonable de la norma24.

47. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

48. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

49. Con fundamento en lo expuesto, la Sala modificará el ordinal segundo de la
sentencia del 21 de marzo de 2019 para disponer que la pensión por aportes
reconocida es compatible con el salario que devengue el demandante mientras
continúe con el ejercicio de la docencia oficial. No lo será en otro tipo de empleos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 21 de julio de
2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:

«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNAR a la Nación - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar la pensión de
jubilación por aportes a favor de William Caicedo Mazuera, equivalente al setenta y cinco
por ciento (75%) del promedio de los salarios sobre los que haya efectuado cotización
durante los últimos diez (10) años de servicios.

La pensión por aportes reconocida es compatible con el salario que devengue William
Caicedo Mazuera mientras continúe en el ejercicio de la docencia oficial.

La entidad podrá exigir las cuotas partes a la caja de previsión concurrente.»

24En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: William Caicedo Mazuera

Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 21 de julio de 2022
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto Cfr.
Rad.Av.05001-23-33-000-2020-
-00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

ACCR

18

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